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Los abogados de los querellantes exigen que se juzgue a los mandos policiales de aquellos años por crímenes de lesa humanidad
Cinco víctimas de la represión franquista han presentado querellas en los juzgados de Valencia por las torturas sufridas en el verano y otoño de 1975 en la Jefatura Superior de Policía y Guardia Civil en Valencia, según informaron fuentes de Ceaqua, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Los querellantes son Vicente Carrión, Rafael Juárez, Ramón Gurillo, Valeriá Martin y Lucila Aragó. Todos ellos eran jóvenes que militaban en aquel tiempo en distintos partidos de la izquierda (MCE, PCE(m-l)-FRAP y PCE), y que sufrieron la oleada represiva que acompañó los últimos meses de la dictadura.
El franquismo, desde el golpe contra la República de 1936 hasta sus últimos días, se caracterizó por la violencia continuada contra quienes consideró los enemigos de España, la represión sistemática y el intento de aniquilación de la disidencia. En aquel año, en el que se produjeron las últimas condenas a muerte, en el País Valencià hubo frecuentes y amplias redadas policiales.
“Muchos de los detenidos, como han testificado en primera persona los querellantes, sufrieron la aplicación del decreto ley antiterrorista y estuvieron en dependencias policiales sometidos a todo tipo de torturas y vejaciones, algunos de ellos hasta nueve días”. En las querellas denuncian a algunos de los miembros de la Brigada Político Social que presuntamente les maltrataron: B.S., M.B., y el brigada de la guardia civil C. “Policías y guardias civiles tristemente famosos entre el antifranquismo, algunos de los cuales siguieron adelante con brillantes carreras durante la Transición”, aseguran los querellantes.
Las víctimas de este nuevo caso de torturas durante el tardofranquismo reclaman justicia “en el marco de los crímenes de lesa humanidad que representa la cruel y extensa represión franquista”. La abogada Aràdia Ruiz, que defiende los derechos de los torturados, asegura que estos crímenes podrían perfectamente ser juzgados como tales en el Estado español.
Por su parte Pablo Mayoral, representante de Ceaqua, señaló que “no cejaremos en buscar en todos los ámbitos internacionales la justicia para las víctimas de la dictadura y la ruptura de la impunidad franquista”.
Las víctimas demandan que los hechos represivos del franquismo sean contemplados por los tribunales españoles como crímenes contra la humanidad, lo que supone que sus actos contra los derechos humanos no prescriben y deben ser investigados judicialmente en la actualidad, según defienden los querellantes.
Los torturados por la Policía franquista han exigido que acabe la impunidad para los represores de la dictadura y que no se archiven sus denuncias, como ha venido sucediendo anteriormente con otras acciones similares. La clave está, una vez más, en la consideración de los hechos como crímenes contra la humanidad.
“España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos políticos”, recuerda la abogada Aràdia Ruiz. “Todos los torturados pertenecían a grupos opositores al régimen dictatorial”. Para la letrada, supone una “aniquilación sistemática del enemigo ideológico” que debe ser considerada como crimen de lesa humanidad. Ruiz sostiene que esta consideración anularía los argumentos que, hasta el momento, han impedido que se abrieran investigaciones judiciales contra hechos como los denunciados en los juzgados valencianos: la Ley de Amnistía anterior a la Constitución de 1978; el principio de legalidad penal y la no retroactividad; la prescripción de los delitos y la muerte de los posibles responsables.
“La misma noche que murió Franco, me soltaron”, recuerda Antonio Molla, sindicalista torturado durante al menos una semana en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Valencia y luego ingresado en prisión como represalia por sus actividades antifranquistas. El resto de las víctimas han relatado los puñetazos, patadas y corrientes eléctricas que sufrieron durante las detenciones ilegales y las ejecuciones simuladas a las que fueron sometidos.
La Brigada Político-Social (BPS) fue la policía secreta que existió en España durante la dictadura de Franco, encargada de perseguir y reprimir a todos los movimientos de la oposición al régimen. Orgánicamente constituía una sección del Cuerpo General de Policía (CGP). Tras la muerte del dictador, durante los años de la Transición, la brigada fue reestructurada y sustituida por la Brigada Central de Información (BCI). Entre la oposición antifranquista fue conocida comúnmente como “La Social”, “La Secreta” o “La Brigada”. Durante años sembró el terror entre los opositores antifranquistas y luchadores por la democracia y la libertad.
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