Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
La Asociación Manuel Azaña investiga una ejecución franquista ocurrida en el cementerio de Huecas en noviembre de 1936. Entre las ocho víctimas estaba Victoriano Bautista Félix, que logró sobrevivir tras desmayarse en el momento del fusilamiento
Victoriano Bautista Félix (foto facilitada por la familia). Fuente: Asociación Manuel Azaña / Fosa común en el cementerio de Huecas, de Roberto Félix García. Fuente: https://vestigiosguerraciviltoledo.blogspot.com/
Hay historias que parecen imposibles hasta que alguien empieza a tirar del hilo. La de Victoriano Bautista Félix, vecino de la localidad toledana de Fuensalida, es una de ellas. El 7 de noviembre de 1936 fue conducido junto a otros siete vecinos hasta el cementerio de Huecas (Toledo) para ser fusilado por falangistas en los primeros compases de la represión franquista en la provincia de Toledo. Todos fueron dados por muertos. Pero Victoriano sobrevivió.
Noventa años después, la Asociación Manuel Azaña trabaja para localizar los restos de las otras siete víctimas de aquella ejecución extrajudicial, conocidas hoy como los integrantes de la denominada 'saca del tío Resucitao', un episodio que mezcla memoria histórica, tradición oral y una de las historias más insólitas de la Guerra Civil en la provincia de Toledo.
La investigación comenzó cuando familiares de una de las víctimas se pusieron en contacto con la asociación para buscar a una mujer desaparecida en aquellos días de noviembre de 1936. Fue entonces cuando apareció el nombre de Victoriano.
"Nuestro objetivo no era el tío Resucitao. Es una historia paralela que surge cuando estamos buscando a las personas que fueron fusiladas", explica Ignacio Cabello, investigador de la Asociación Manuel Azaña. "Buscando a una persona concreta, cuya familia quería encontrar a su abuela, nos pusimos sobre la pista de Victoriano".
A partir de ahí comenzó un trabajo que se ha prolongado durante más de un año. Los investigadores rastrearon inscripciones tardías en el Registro Civil de Fuensalida, reconstruyeron las desapariciones producidas en torno al 7 de noviembre de 1936 y contactaron con descendientes de las víctimas, entre ellos familiares de Victoriano Bautista Félix.
Victoriano Bautista Félix (foto facilitada por la familia). Fuente: Asociación Manuel Azaña
Una noche de lluvia y viento
La historia sitúa la ejecución en el interior del cementerio de Huecas. Toledo había caído en manos de las tropas sublevadas apenas unas semanas antes y la represión contra quienes permanecieron en los pueblos ocupados se había intensificado.
Aquella tarde fueron sacadas de Fuensalida ocho personas. Según la reconstrucción realizada por la asociación, el tiempo era adverso: llovía y soplaba un fuerte viento. Los detenidos fueron atados entre sí y conducidos hasta el cementerio.
Lo que ocurrió después ha sobrevivido gracias al relato que el propio Victoriano transmitió durante décadas a su familia. "Él lo contó. Se desmayó", resume Cabello. Según esa versión, Victoriano perdió el conocimiento justo cuando el pelotón abrió fuego.
Cayó al suelo antes de que los disparos le alcanzaran y quedó tendido junto a los cuerpos de sus compañeros. "Cuando despertó empezó a llamar a los demás. Iba atado a un hombre y a una mujer. Nadie contestaba", relata el investigador.
Con los dientes consiguió soltarse de las ligaduras. Después saltó la tapia del cementerio y recorrió los pocos kilómetros que separan Huecas de Fuensalida. Se cubría con la toquilla de una de las mujeres asesinadas aquella noche, Antonia Álvarez Félix.
Del escondite al apodo que marcó a una familia
De vuelta en su casa, Victoriano permaneció oculto durante un tiempo con la ayuda de su esposa, María Hernández Sánchez-Vallejo. Vivió escondido en un altillo hasta que una vecina lo descubrió a través de una ventana y lo denunció.
La Guardia Civil acudió a detenerlo. Entonces contó lo sucedido y pidió clemencia para él y su familia. Contra todo pronóstico, le perdonaron la vida. A partir de ese momento comenzó a ser conocido en Fuensalida como 'el tío Resucitao', un sobrenombre que acabaría acompañando también a sus descendientes.
"La historia era muy conocida en el pueblo. Es una historia que se contaba en Fuensalida", señala Cabello. Victoriano vivió el resto de su vida bajo el franquismo. Falleció por causas naturales en 1979, cuatro años después de la muerte de Franco, y está enterrado en Madrid.
Victoriano Bautista Félix junto a su mujer (foto facilitada por la familia). Fuente: Asociación Manuel Azaña
Una reclamación laboral que acabó en una saca
La investigación también ha permitido reconstruir las circunstancias que pudieron situar a Victoriano en el punto de mira de los represores. Según la documentación y los testimonios recopilados, trabajaba como jornalero y pequeño propietario.
En una ocasión sufrió un accidente laboral en una bodega al cortarse un pie con un cristal. Durante su convalecencia reclamó una compensación económica para poder mantener a su familia. "Reivindicó que le pagaran por haberse cortado porque la herida le impedía trabajar. Desde entonces quedó señalado por haber hecho una reclamación laboral", explica Cabello.
A juicio de los investigadores, ese conflicto pudo contribuir a que fuera incluido en la saca organizada por falangistas locales en noviembre de 1936.
Buscar a quienes no regresaron
Más allá de la historia excepcional de Victoriano, el objetivo de la Asociación Manuel Azaña es localizar a las siete personas que sí murieron aquella noche y cuyos restos continúan desaparecidos.
La entidad trabaja por encargo de la Dirección General de Atención a las Víctimas, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, para ubicar la fosa en el cementerio de Huecas y proceder a la exhumación de los cuerpos.
"Sabemos que la fosa está en Huecas por distintas fuentes y por la tradición oral", señala Cabello. La intención es recuperar los restos, identificarlos mediante técnicas científicas y entregarlos a sus familiares.
Casi nueve décadas después, la investigación ha devuelto a la actualidad una historia que parecía destinada a desaparecer entre los recuerdos familiares. La del hombre al que fusilaron y sobrevivió. Pero también la de quienes fueron asesinados junto a él y siguen esperando ser encontrados.
Tras décadas intentando localizar y recuperar los restos de los fusilados, familias e investigadores ponen ahora el foco en quienes participaron en los consejos de guerra, identificados en una página web que recopila sus nombres
Página web articulo238.org que recoge los nombres de más de 1.500 personas. / L-EMV
El pasado 2 de mayo, Levante-EMV publicaba por primera vez el rostro del hombre que presidió el consejo de guerra que envió a la muerte al prestigioso médico, político y rector de la Universitat de València, Joan Peset Aleixandre. Llegar hasta una imagen pública del teniente coronel Óscar Boán Callejas llevó su tiempo, pero permitió saber qué aspecto tenía y quién era este militar que sentenció a morir en el paredón no solo a esta figura tan relevante de la sociedad valenciana y española, sino también, según la información acreditada hasta el momento, a un mínimo de 80 personas más en los distintos consejos de guerra que presidió durante su paso por territorio valenciano.
Pero Boán no fue el único. Decenas de militares de alta graduación recalaron en la Comunitat Valenciana desde abril de 1938, con la toma de las comarcas del interior de Castelló, y permanecieron incluso varios años después del fin de la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, para presidir o formar parte de muchos de los tribunales militares articulados para ajustar cuentas con los vencidos. Aunque la mayoría solo estuvo un par de años, su firma aparece estampada en miles de expedientes de juicios sumarísimos que acabaron con condenas a muerte. Gregorio González López, Camilo Lloveras Merino, Óscar Boán Callejas, Francisco Gómez Marín, Manuel Batlle, Álvaro Reyero, Pedro Peñarredonda Samaniego o Camilo Figueras Luna presidieron aquella "farsa judicial", en palabras del magistrado valenciano Joaquim Bosch, mediante la cual el régimen de Franco "buscaba dotar de una escenografía supuestamente jurídica" lo que, en realidad, era "un proceso de eliminación del oponente".
El teniente coronel Óscar Boán Callejas y Joan Peset Aleixandre, a quien condenó a muerte. / J. Calvo/L-EMV
Durante años, familias e investigadores han puesto el foco, por necesidad, en recuperar los restos de los represaliados, en muchas ocasiones sin saber siquiera cuál era la ubicación exacta de su enterramiento tras décadas de silencio. Pero desde hace algunos años crecen las voces que reclaman mirar también hacia los verdugos, los perpetradores y todas aquellas personas que formaron parte activa del aparato represivo franquista. Los colaboradores necesarios.
Una de estas voces es la del investigador valenciano Vicente Muñoz Gimeno, que hace pocas semanas publicaba una página web —articulo238.org— en la que, por primera vez, se incluyen datos e identidades de los participantes en tribunales de auditoría de guerra y del Cuerpo Jurídico Militar entre los años 1939 y 1945. Muñoz explica que la web que acaba de impulsar "tiene un carácter exclusivamente documental e histórico" y que su objetivo es recopilar información histórica "extraída literalmente de fuentes oficiales públicas sobre miembros que formaron parte de tribunales declarados ilegítimos por la Ley de Memoria Democrática 20/2022".
La web articulo238.org nació a raíz de la lectura en Levante-EMV de la historia de Trinidad Garrigues Ortí, una vecina de Torrent de 35 años, ama de casa y madre de tres hijos, que fue sentenciada a muerte y fusilada en el Terrer de Paterna. "Esa necesidad de querer saber qué pasó, quién pudo juzgarla tan injustamente con un castigo tan desproporcionado o quiénes fueron esos déspotas impulsó una búsqueda individual para contrastar la información aparecida en la prensa y conocer la verdad", explica Muñoz. El artículo 238 del antiguo Código de Justicia Militar "fue la herramienta legal principal para justificar condenas masivas a muerte por 'rebelión', invirtiendo completamente los términos: los sublevados se presentaban como defensores del orden y los leales a la República como rebeldes". Muñoz, nieto de un represaliado y sobrino nieto de un desaparecido en el frente, señala que actualmente la página incluye más de 1.500 registros de militares que formaron parte de estos tribunales. Gracias a la unificación de nombres, fechas, graduaciones, destinos y otros datos en un mismo espacio de consulta, es posible reconstruir expedientes, actas y sentencias.
Pagar por saber de tu familiar
Si para los investigadores recabar información era —y sigue siendo— una odisea, para las familias, desconocedoras de dónde dirigirse y cómo hacerlo, lo es todavía más. "Fue todo muy complejo", recuerda Amparo Belmonte, presidenta de la Plataforma Fosas de Paterna, al rememorar su propia experiencia. "Era el año 2016 y nos dijeron que, para empezar, necesitábamos el juicio sumarísimo. Nosotras no sabíamos ni qué era eso", explica. "Llamamos al Ministerio de Defensa y allí nos dijeron que los expedientes no estaban digitalizados y que teníamos que ir a Madrid en persona. Y allí nos fuimos. Una vez en el archivo, la sorpresa fue que solo nos dejaban fotocopiar 20 páginas por persona. Nosotros íbamos a por los expedientes de mi abuelo, José Orts, que había sido concejal de Meliana y al que habían fusilado, y también a por el de mi abuela, Asunción Granell, que había sido encarcelada. Como éramos tres personas, pudimos obtener 60 páginas. Y además había que pagarlas, hoja por hoja. Hay familias que han desembolsado más de 200 euros por el expediente de su familiar".
Primera página del sumario de Trinidad Garrigues, en la imagen de la derecha. / L-EMV
A partir de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática de 2022, la copia de muchos documentos ya es gratuita, pero la espera para recibirlo supera los muchos meses. Eso, siempre que el estado de conservación lo permita, ya que la riada de 1957 destrozó buena parte de ellos y algunos solo pueden consultarse in situ. Porque la digitalización y la conexión entre los archivos españoles continúan siendo la gran asignatura pendiente. "En cumplimiento del espíritu de la Ley de Memoria Democrática, las administraciones deberían impulsar una digitalización masiva y el acceso online a los expedientes civiles y militares dispersos en innumerables archivos históricos, diputaciones y ayuntamientos", reivindica Muñoz.
Los archivos, todavía un fortín
En la misma línea se pronuncia Juan Luis Porcar, del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, un equipo multidisciplinar con más de 20 años de trabajo en las comarcas de la Comunitat Valenciana. Aunque en los últimos años se ha progresado en el acceso a los archivos de diferentes organismos, en el ámbito estatal "sigue siendo difícil consultar los distintos archivos militares, como el Archivo General Militar de Madrid, donde se conservan todos los procedimientos militares sumarísimos incoados en el País Valenciano contra los vencidos de la Guerra Civil y de los que no disponemos de copia en nuestro territorio. Tampoco conocemos ni tenemos acceso a toda la documentación relativa a valencianas y valencianos depositada en los archivos militares de Guadalajara y Ávila", explica Porcar.
Todavía sigue siendo difícil consultar los archivos militares, donde hay mucha información de valencianos y valencianas
Del mismo modo, añade el también profesor de la Universitat Jaume I de Castelló, "todavía no disponemos del fondo documental valenciano conservado en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca de forma digitalizada o en copia en nuestro territorio. Ningún gobierno autonómico ha sido capaz de resolver esta anomalía, pese a tratarse de una documentación que nos fue arrebatada como botín de guerra".
Las tareas pendientes se acumulan también en lo referente a los archivos penitenciarios, la catalogación de los archivos municipales o la accesibilidada otras fuentes no depositadas en archivos, como la documentación de los registros civiles y juzgados de paz o los registros de cementerios —fundamentales para el estudio y la cuantificación de las víctimas de la guerra y de la represión—, explica Porcar. "El acceso a los archivos es fundamental en el marco del derecho a la verdad que asiste a las víctimas de guerras y deviolaciones de los derechos humanos y constituye una pieza clave para impulsar políticas de memoria, verdad, justicia y reparación", reflexiona este investigador, cuando ya se han cumplido más de 50 años de la muerte del dictador que impusola ley del silencioa toda la sociedad.
'No hace tanto': las redes sociales que llegan a los más jóvenes
"La memoria democrática tiene que llegar al máximo de gente, y la juventud es clave. Por eso hay que estar en TikTok, en Instagram, en X o donde haga falta", me explicaba hace poco un veterano luchador por los derechos humanos en València. Saltar la barrera generacional, adaptar el lenguaje y contar lo sucedido a chicos y chicas de entre 18 y 30 años es lo que ha logrado Pilar, una historiadora del arte de 27 años que, en pocos meses, ha conseguido que su cuenta, 'No hace tanto', se convierta en todo un referente a la hora de explicar algunos de los episodios más oscuros de nuestra historia con mensajes contundentes. "Lo que empezó como un proyecto pequeño para poner mi granito de arena contra el olvido ha terminado convirtiéndose en algo que no me esperaba para nada. A partir del momento en que el canal cogió un poco más de difusión y fuerza, he visto cómo mucha gente ha empezado a perder el miedo y a hablar abiertamente de memoria histórica en sus propias redes", explica Pilar, quien siente que, entre ella y otros creadores de contenido jóvenes que se han sumado tras su proyecto, han ayudado a "romper un tabú" y a demostrar que el público joven "sí tiene ganas de conocer la historia real de su país, con sus luces y sus sombras".
Con la gente joven también trabaja a diario Carlos López Olano, vicerrector de Comunicación, Participación y Transparencia de la Universitat de València, quien hace años creó el proyecto El Mur de la UV para abordar la memoria histórica con los alumnos a través de una iniciativa docente. "Nuestro objetivo es que aquello que durante tantos años permaneció enterrado y oculto saliera a la luz y pudiera conocerse a través de los trabajos de los estudiantes", explica el también profesor de Comunicación, quien asegura haber detectado en los últimos años "una cierta reticencia por parte de los alumnos, además de un gran desconocimiento que llega al punto de que muchos apenas saben quién fue Franco. Hay que animarlos a participar porque hemos detectado un desinterés patente entre la gente joven".
La ley aprobada por el PP y por Vox en las Corts en 2024 y actualmente en el Tribunal Constitucional tras un recurso del Gobierno central presenta muchos aspectos discutidos por los investigadores y por las asociaciones mientras desde la Generalitat, sin embargo, defienden su utilidad pese a no disponer de datos de fosas pendientes por exhumar o de una planificación prevista
Acto de recuerdo a las víctimas enterradas en el cementerio de Paterna. / Miguel Ángel Montesinos
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Manuel Lillo
La derogación en la Ley de Memoria Democrática y la aplicación de la llamada Ley de Concordia ha comportado cambios legislativos significativos y refleja una nueva sensibilidad en el Consell muy diferente a la del anterior ejecutivo.
Fuentes de la antigua Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, que durante la anterior legislatura lideró Rosa Pérez Garijo, contabilizan que en las fosas pendientes de exhumación cuando cambió el gobierno autonómico en julio de 2023, como en la número 9 del Cementerio de Alicante, quedaban “unas cincuenta personas”, entre las que se hallan quien fuera alcalde republicano de Elda, Manuel Bellod; o el presidente del Real Madrid durante la Guerra Civil (entonces denominado Madrid Club de Fútbol), Antonio Ortega.
Esta última fosa se prevé abrir en otoño gracias a una subvención del Ministerio de Memoria Democrática. Otras fosas pendientes estarían en Llíria, “con unas 40 o 50 personas”, además del entorno geográfico que presenció la 'Batalla de Levante', cuando el ejército franquista fracasó en su intento de tomar Valencia entre abril y julio de 1938, alrededor de la conocida como línea de defensa XYZ, especialmente recordada en Almenara, donde tiene dedicado un centro de interpretación.
Muchos antiguos cementerios fueron cerrados y reconvertidos, y en muchas fosas se depositaron cuerpos a posteriori
Vicent Gabarda
— Historiador e investigador
Estos datos han sido facilitados por integrantes de la anterior conselleria. Actualmente es la de Justicia la que asume las competencias de “concordia”, término con el que se ha rebautizado la “memoria democrática”. Desde el departamento que dirige Nuria Martínez, preguntados por el número de fosas pendientes por exhumar y cuantos cuerpos calculan que quedan por encontrar, se limitan a decir “son muchas las administraciones y entidades trabajando en la materia, por eso es complicado tener una foto fija de lo que hay pendiente por exhumar, máxime cuando además se sigue investigando y siguen apareciendo nuevas ubicaciones”.
Y preguntados, también, por las zonas de exhumación o intervención prioritaria, afirman que “para la Generalitat todas las víctimas son igual de importantes”, y señalan que con las subvenciones “son las entidades locales las que activan las exhumaciones”.
Este aspecto, el de que sean los ayuntamientos los que activen las exhumaciones de cuerpos de víctimas, es uno de los aspectos más criticados por las asociaciones memorialísticas. Felipe Mejías, director del proyecto arqueológico del campo de concentración de Albatera, en Alicante, afirma “tener la suerte de canalizar subvenciones por el Ayuntamiento de San Isidro”, localidad en la que se halla el antiguo campo (pese a que su denominación coincide con la del nombre de otro municipio adyacente) y donde gobierna el PSOE. De hecho, destaca que “en el primer año del PP y de Vox en el Consell no se sacaron subvenciones y en 2025 solo sacaron la línea de exhumaciones con una dotación de 200.000 euros frente al medio millón anterior”, limitando además la posibilidad de pedirlas a los ayuntamientos, cantidad y procedimiento que coinciden con el que se ha sacado en este 2026.
Trabajos en el antiguo campo de concentración de Albatera, en Alicante. / Pilar Cortés
María José Pérez Galant, presidenta de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo Cementerio de Alicante, también señala este “obstáculo” que, sin embargo, reconoce que no siempre obedece al color político del gobierno local de turno. “El Ayuntamiento de Alicante, ya con Luis Barcala (PP) como alcalde, nos atendió en etapa del Botànic a través del concejal Antonio Manresa (Cs), cosa que en el Ayuntamiento de Elche no hicieron con el PSOE en la alcaldía”, detalla. Pese a eso, reconoce que tras el cambio de gobierno en la Generalitat el consistorio alicantino, ahora gobernado en solitario por el PP y con el apoyo externo habitual de Vox, no les ha vuelto a recibir.
Existe incapacidad para buscar familiares, hacer estadísticas y desarrollar proyectos por parte de nuestra asociación ante la falta de ayudas
María José Pérez Galant
— Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo Cementerio de Alicante
De hecho, las críticas no sólo se centran en los gobiernos de la derecha. José Miguel Santacreu, catedrático de Historia en la Universidad de Alicante y uno de los investigadores que más ha trabajado los temas de memoria democrática, apunta que con el cambio en el Consell “las ayudas disminuyeron a los trabajos de investigación”, pero a su vez “el Gobierno central destina una cantidad muy inferior a la que dedicaba anteriormente”.
El investigador Vicent Gabarda, actualmente jubilado y que se dedicó, a través de un convenio entre la Universitat de València y la fundación Fisabio promovido por la Generalitat, a localizar cuerpos para su identificación, lamenta la “ausencia de presupuestos” y la finalización del proyecto que él mismo lideró hasta la extinción de la anterior legislatura. “Exhumábamos muchísimas fosas, actualmente sólo hay dos personas trabajando en un departamento en el que antes trabajábamos ocho y todo va más lentamente”.
La ley de Concordia sirve para que no haya víctimas de primera y de segunda
Marisa Gayo
— Diputada del PP
Este estudioso, que desde los años ochenta se ha dedicado a trabajar en fosas y a consultar los sumarios en los que constan las sentencias a fusilamiento tras la Guerra Civil, señala que “quedan pocas fosas por exhumar”, y sitúa la mayoría de cuerpos por encontrar en localidades como Begís o El Toro, en el interior de Castellón, “en lo que fue la zona de combate” de la citada 'Batalla de Levante'. Sin embargo, en cuanto a víctimas de la represión franquista, “quedan muy pocas fosas”, ya que en Paterna, “en cuyo cementerio fusilaron a más gente, prácticamente no quedan”, mientras que en Alicante “quedaría más trabajo por hacer”.
Uno de los principales problemas a la hora de investigar, explica Gabarda, es que “muchos antiguos cementerios fueron cerrados y reconvertidos, y en muchas fosas se depositaron cuerpos a posteriori” que impedirían localizar a los represaliados. María José Pérez Galant contabiliza restos de unas 200 personas por localizar en diferentes fosas del cementerio de Alicante, y lamenta la “incapacidad” para “buscar familiares, hacer estadísticas y desarrollar proyectos” por parte de su asociación ante la “falta de ayudas” y unas subvenciones que “las sacan con cuentagotas y con cantidades muy escasas”.
Incluir a las víctimas de ETA es una manera de mezclarlo todo y de generar confusión
Felipe Mejías
— Director del proyecto arqueológico del campo de concentración de Albatera
Otra de las dificultades es la convivencia de restos de personas que sufrieron la represión y muertos posteriores en una misma fosa, hecho que ahuyenta a las empresas, “que reciben subvenciones por represaliados y no quieren excavar en fosas donde van a localizar más muertos corrientes que víctimas del franquismo”. Galant es nieta de un represaliado natural de Rafal y residente en Dolores que militó en el Partido Comunista y cuyo cuerpo sigue sin ser localizado en el cementerio de Alicante.
Uno es la ampliación del abanico temporal de las víctimas, que comienza en 1931, cinco años antes del inicio de la Guerra Civil, en el periodo de la Segunda República, que coincide con la primera experiencia democrática española. A su vez, la ley reconoce a las víctimas de otros periodos políticos ajenos al franquismo, como las de ETA, que ya cuentan con un reconocimiento legal propio desde hace décadas a nivel estatal.
Acto de recuerdo a las víctimas del bombardeo del Mercado Central de Alicante, convocado por la Comisión Cívica. / Jose Navarro
Marisa Gayo, diputada autonómica del PP y ponente de la ley, defiende que la ampliación de la ley sirve para “dar seguridad jurídica a todas las víctimas, antes de la Guerra Civil, durante la República y hasta la época de ETA, para que no haya víctimas de primera y de segunda”.
Esta ley, afirma, “sirve para reconocer el papel de todas las víctimas”. A su vez, el hecho de que las víctimas de ETA tengan una ley propia no sería contraproducente, ya que con la ley autonómica estos damnificados también podrán optar a “subvenciones y convenios”. Respecto a las víctimas del franquismo, asegura que el compromiso del Consell “sigue intacto” y apunta que se destinarán 1,18 millones de euros para la identificación y las exhumaciones, así como “para actividades de promoción de la concordia”.
Volviendo a la ampliación de la etapa temporal para incluir víctimas de otra época, el catedrático José Miguel Santacreu entiende que “las víctimas son víctimas en todas las épocas y la memoria democrática debe afectar a todas”, dice recordando que él mismo ha hecho investigaciones sobre represión política y memoria den siglo XIX. Felipe Mejías, que trabaja en el antiguo campo de Albatera, donde estuvo recluido el rector Joan Peset dos años antes de ser fusilado y en el que llegó a haber unos 14.000 presos, cree que incluir a víctimas de ETA “no es acertado”, ya que “es una manera de mezclarlo todo y generar confusión”. Según él, “la concordia pretende difuminar la responsabilidad del franquismo extendiéndola a otras épocas como la II República, cuando también hubo represión, pero sin contextualizarla, como también la hubo en la Transición”.
Las víctimas son víctimas en todas las épocas y la memoria democrática debe afectar a todas
José Miguel Santacreu
— Catedrático de Historia en la UA
Coincide con esta interpretación Robert Manrique, víctima del trágico atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona en 1987 (que causó 21 muertos y 45 heridos) y quien abandonó la Asociación de Víctimas del Terrorismo por considerar que el PP acabó instrumentalizando la entidad. “Si ya hay una ley que atiende a las víctimas del terrorismo, hacer otra y volver a incluirlas es un caso claro de aprovechamiento político”, dice este superviviente.
Por inclusiones como esta, entienden los responsables que desplegaron la ley valenciana de Memoria Democrática en 2017, “se derogó su espíritu disfrazándolo de concordia para que las víctimas del franquismo queden diluidas”, dicen recordando que “se llegaron a tener identificadas a unas 11.000 víctimas de los dos bandos”. Además, justifican que el marco temporal se ciña a la dictadura porque “surgió de un golpe de Estado, no como los periodos anterior y posterior”, y las víctimas del franquismo “nunca pudieron presentar denuncias o exigir averiguaciones”, como sí que pudieron llevar a cabo los damnificados de otras épocas.
Otro debate es el de la resignificación de símbolos franquistas, que se está llevando a cabo en ciudades gobernadas por el PP y por Vox, como en Elche, que las personas consultadas rechazan. Mejías, por ejemplo, recuerda que el franquismo “se apoderó de símbolos como la cruz o la bandera, y las cruces se erigieron por orden del Gobierno para conmemorar el recuerdo a una parte de los caídos, por lo que no son monumentos inocentes”.
A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie, la ley de Concordia parece estar muy lejos de lograr el propósito que refleja su propio nombre.
Uno de los debates de memoria democrática más recurrentes en la Comunitat Valenciana surge a raíz del bombardeo de la aviación fascista italiana, aliada del bando franquista, en el Mercado Central de Alicante el 25 de Mayo de 1938. Murieron más de 300 personas y en su momento el ayuntamiento se negó, en primera instancia, a incluir el término “fascista” en el memorial para subrayar la ideología de quienes propiciaron el atentado.
No ha sido la única división. La Comisión Cívica de Alicante, encargada de organizar cada año el homenaje por el aniversario, no cuenta con la participación del gobierno municipal, que realiza su propia conmemoración cada año intentando evitar referencias a la motivación política del ataque. Recientemente, además, el alcalde Luis Barcala cuestionó la colocación de una nueva placa en el lugar del atentado, señalando la existencia de otras señalizaciones que recuerdan la tragedia.
Actualmente aún quedan víctimas del bombardeo del Mercado Central enterradas en el Cementerio de Alicante. Teóricamente en fosas reutilizadas con muertos posteriores y entre los que también podría haber, a falta de investigaciones exigidas, féretros vacíos correspondientes a bebés robados, cuyas muertes pudieron ser fingidas de cara a sus familiares biológicos.
