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No podemos permitir que de esa memoria antifascista y antifranquista se apropien quienes realmente nunca lucharon contra el fascismo ni contra el franquismo
Entre el 8 y el 12 de febrero de 1937, tuvo lugar una de las peores matanzas de civiles de toda la Guerra Civil Española. Durante esos días, decenas de miles de personas –familias enteras con sus escasas y miserables pertenencias: hombres, mujeres, ancianos y niños, a pie, a caballo, montados en burros o en precarias e inestables carretas– salieron de Málaga en dirección a Almería huyendo de las tropas franquistas que estaban a punto de ocupar la ciudad –y huyendo, sobre todo, de los temidísimos regulares marroquíes–, precedidas por su fama macabra de asesinos, saqueadores y violadores.
Pero aquella ruta de escape –aquellos doscientos kilómetros de carretera de costa, encajonada entre el Mar Mediterráneo y las estribaciones de Sierra Nevada– se convirtió en una terrorífica ratonera: las vulnerables columnas de refugiados, indefensos y desarmados, fueron perseguidas durante todo el trayecto por la Aviación Legionaria italiana, que las ametrallaba sin piedad dejando, tras cada pasada, decenas de cadáveres tendidos sobre el terreno. El propio general Queipo de Llano, siniestro “Virrey” de Andalucía, se jactaba de ello desde los micrófonos de Radio Sevilla, con su peculiar sentido del humor fanfarrón y truculento, en su “charla” radiofónica del día 9 de febrero: “Un parte me comunica que grandes masas huyen a todo correr hacia Motril. Para acompañarles en su huida y hacerles correr más aprisa, hemos enviado a nuestra aviación, a bombardearles.”
Para acabar de cerrar la trampa, además, no sólo se les hostigaba desde el aire: desde el mar, los cruceros Baleares, Canarias y Almirante Cervera disparaban también sus cañones sobre las indefensas columnas, encajonadas entre la costa y los acantilados; quienes no morían alcanzados por la metralla, lo hacían aplastados por las mortíferas rocas que se desprendían de los cantiles. Muchos años después, los supervivientes de aquella matanza –la famosa Desbandá de la Carretera de Almería a Málaga– aún lo recordaban con lágrimas en los ojos, como la peor tragedia de todas sus vidas; muchas de aquellas personas no habían podido volver a aproximarse a una playa, ni a ver un barco u oír un avión sobre sus cabezas, sin rememorar aquella espantosa pesadilla.
Para recordar y tratar de hacer justicia a todas aquellas víctimas anónimas de la guerra, del odio y del fascismo a las que se había ninguneado durante más de 70 años, se promulgó la Ley de Memoria Histórica española de 2007, y también la Ley de Memoria y Reconocimiento Democrático de las Islas Baleares de 2018, en aplicación de la cual el Ayuntamiento de Palma de Mallorca (gobernado por una coalición de socialistas, podemitas y nacionalistas baleares) acaba de decidir, hace pocos días, la retirada de los almirantes Churruca, Gravina y Cervera del callejero de Palma, por el supuesto “origen fascista” de los nombres de dichas calles, y siguiendo para ello el ejemplo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien también decidió hace un par de años retirar el nombre de Almirante Cervera del callejero de Barcelona, sustituido por el del humorista Pepe Rubianes.
Sin embargo, ese almirante Pascual Cervera Topete (Medina Sidonia, 1839-Puerto Real, 1909) a quien se le había dedicado calles en Palma y Barcelona, y en cuyo honor había sido bautizado también uno de aquellos barcos de infausta memoria de la Carretera de la Muerte, no sólo no era “un facha”, como torpemente dijera en su momento la alcaldesa de Barcelona, sino que había sido un militar progresista y defensor de la legalidad constitucional durante la I República Española (1873-1874), además de haber sido reconocido, ya desde hace años, como un héroe de guerra frente al imperialismo yanqui por el propio gobierno cubano.
El error del Ayuntamiento de Palma, como antes el de Ada Colau, parece digno de un mayúsculo analfabetismo histórico por parte de nuestros supuestamente progresistas gobernantes. El propio alcalde de Palma, el socialista José Hila, parece haber tratado de justificar la metedura de pata alegando que la damnatio memoriae que pretende realizar desde el consistorio no recae sobre la propia persona de los tres almirantes decimonónicos aludidos (dos de ellos muertos a raíz de la Batalla de Trafalgar en 1805, ciento veinte años antes de que existiese el propio concepto de fascismo), sino sobre la de los barcos de guerra que llevaron dichos nombres durante la Guerra Civil Española; con lo cual no ha conseguido sino hacer dicha metedura de pata aún más grande, puesto que los destructores Churruca y Gravina (ninguno de los cuales llevaba la palabra “Almirante” en su nombre) lucharon, efectivamente, en la Guerra Civil Española, pero no en el bando franquista, sino en el republicano. Uno de ellos, incluso (el Gravina), llegó a enfrentarse contra el crucero Almirante Cervera en las aguas del Estrecho de Gibraltar, en la batalla del Cabo Espartel, en septiembre de 1936.
Sin embargo, detrás de esos supuestos errores de nuestros progresistas gobernantes lo que podemos reconocer es algo, probablemente, mucho más grave y más siniestro: una voluntad deliberada –especialmente en las denominadas nacionalidades históricas– de borrar y negar cualquier rastro de la historia y de la identidad comunes de la nación común española.
En el caso del Ayuntamiento de Palma, la contradicción es patente: pues, aunque lo que afirman pretenciosamente pretender con el cambio de nombres es “recuperar la historia y los topónimos tradicionales y reivindicar el papel de las mujeres en la historia”, lo cierto es que los nombres que han elegido para sustituir a los de los almirantes Churruca, Gravina y Cervera son los de Mateu Pruners, Angelí Dulcert y Pere Rossell, respectivamente. O sea, que lo que pretenden es, únicamente, sustituir los nombres de tres marinos españoles del siglo XIX por los de tres cartógrafos y marinos medievales de la Corona de Aragón; es decir, de lo que la historiografía romántica y nacionalista del siglo XIX decidió rebautizar, pomposamente, como Corona Catalano-Aragonesa.
Esa estratagema de utilizar falsamente la memoria histórica como mero pretexto para tratar de borrar la memoria común de todos los españoles ya ha sido puesta en práctica en otras ocasiones: una de las más escandalosas –y que por eso mismo no consiguió tener éxito– se produjo hace cuatro años, cuando el Ayuntamiento de Sabadell encargó (y pagó) a un presunto historiador –militante de la independentista Assemblea Nacional Catalana y la hispanófoba Plataforma per la Llengua– la realización de un informe para la reforma del nomenclátor de dicha ciudad, en cuyas conclusiones se proponía suprimir por su “españolismo”, entre otros, los nombres de Antonio Machado, Quevedo, Góngora, Calderón, Bécquer, Espronceda, Moratín o Larra, e incluso los de figuras progresistas y revolucionarias tan destacadas como el general Riego o La Pasionaria.
Frente al revisionismo neofranquista que elimina a Miguel Hernández o a Largo Caballero de las calles de Madrid o de Oviedo, en una afrenta a quienes lucharon por la libertad de todos los españoles, desde la izquierda hemos de seguir reivindicando la necesidad de la recuperación de la Memoria Histórica, y declarándonos herederos de la mejor tradición republicana de la I y de la II República, así como de la Ilustración, de la Revolución Francesa, y de las luchas políticas y sociales del movimiento obrero. Y, también, de la memoria de los esfuerzos y sufrimientos de los luchadores antifranquistas que hicieron posibles los avances democráticos y de progreso durante la Transición española, que ahora algunos menosprecian y ningunean.
Pero nunca deberíamos permitir que de esa memoria antifascista y antifranquista se apropien quienes realmente nunca lucharon contra el fascismo ni contra el franquismo, y que únicamente pretenden destruir los lazos de solidaridad y fraternidad entre las clases trabajadoras de los distintos territorios de la Nación Común Española.
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