La legislación prevé un banco de ADN para identificar a los fallecidos, una Oficina y Censo de las Víctimas y más presupuesto para los diferentes proyectos
Esta vez, después de cuatro décadas de democracia, España ha asumido su compromiso con la recuperación de la memoria histórica. Hasta la llegada al poder del Gobierno de coalición existía una Dirección General que se encargaba de todo lo que tuviera que ver con las fosas comunes y la búsqueda de los represaliados, pero a partir de la entrada en vigor de la nueva ley la Secretaría de Estado de la Memoria Democrática se encargará definitivamente de estos asuntos, dando un nuevo impulso a la política de reparación y justicia. Por fin la ley va a ir acompañada de fondos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, algo que hasta la fecha no ocurría. Se abrirá un banco de ADN para identificar a los fallecidos, se creará una Oficina y Censo de las Víctimas, se dotará al proyecto de medios −técnicos, humanos, materiales e informáticos−, de unidades didácticas, de toda una compleja logística al servicio del objetivo de desenterrar la verdad. Este año la partida presupuestaria será de 750.000 euros, pero se irán aprobando nuevos fondos que “darán dotación suficiente” al proyecto, según fuentes de Moncloa.
No obstante, a medida que se avanza surgen preguntas y dudas relacionadas con la dimensión histórica del problema. Todavía hoy es una incógnita cómo los 33.000 cadáveres enterrados en el Valle de los Caídos llegaron a su destino. Se sabe que una parte procedía del bando nacional y otra de fosas comunes republicanas. Todo ello habrá que investigarlo minuciosamente porque los restos humanos que teóricamente proceden del ejército franquista figuran con nombres y apellidos mientras que en la actualidad hay más de 12.000 cuerpos, quizá de republicanos, de filiación y origen desconocido. Como también se tendrá que indagar en qué empresas tomaron parte en la faraónica obra del Valle de los Caídos, cómo se construyó (se sabe que se empleó mano de obra forzada, como en cualquier campo de concentración) y qué ocurría con los poblados ocupados por los obreros en Cuelgamuros.
En esa línea, el Gobierno confeccionará un exhaustivo inventario sobre las empresas beneficiarias que se lucraron con el trabajo esclavo de los presos internados en el Valle. La idea es llegar a una posibilidad de conocimiento real de la trama empresarial que floreció alrededor del régimen franquista y una posible reparación a las víctimas mediante algún tipo de compensación o indemnización. Pero todo ello está aún por estudiar. Esta tarea de indagación en las industrias afines al fascismo, aquellas fábricas que colaboraron con importantes sumas y cantidades al sostenimiento del totalitarismo, ya se abordó en Alemania, donde la aportación de las grandes empresas al régimen nazi fue todavía mayor que en España.
Por supuesto, queda en el aire otra importante cuestión: saber qué pasará con el expolio a las familias republicanas, todo el inmenso patrimonio que el régimen franquista robó a los represaliados del bando perdedor. La nueva ley contempla medidas de reparación a las víctimas. Se incluyen actuaciones como la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la dictadura, así como compensaciones para quienes realizaron trabajos forzados. Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se prevé un mecanismo administrativo para la adquisición de la nacionalidad española de “los nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia”. A su vez, los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales también podrán adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.
La tarea que queda por delante es larga y ardua. Está por analizar, por ejemplo, toda la simbología del Valle de los Caídos e incluso los estudios paisajísticos de la zona. Sin duda, será necesario profundizar en un mayor conocimiento sobre lo que supuso para la sociedad española el mausoleo a mayor gloria del dictador. El Gobierno ha pensado poner en marcha una nueva página web sobre Cuelgamuros que marcará el tránsito entre el discurso franquista y el relato en clave de memoria democrática. Todo ello indica que nos encontramos todavía en una fase de análisis y reflexión en la que la aportación de historiadores y expertos será clave y decisiva.
En cuanto al “Panteón de hombres ilustres” (donde también hay mujeres desaparecidas), será sustituido por el nombre de “Panteón de España” y recogerá personajes tanto masculinos como femeninos que hayan destacado en la lucha por las libertades o desempeñado un papel importante en la historia del país. También ese proyecto está por concretar. A su vez, la ley pretende incluir la memoria histórica en los planes de estudio de la ESO y Bachillerato “con el fin de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”.
Lo que sí parece determinante es la intención del Gobierno de castigar duramente cualquier infracción a una normativa que nace con vocación de permanencia, no de simple papel mojado. Quienes no respeten la memoria democrática serán por fin sancionados. Las infracciones muy graves como el traslado de los restos de represaliados sin la autorización administrativa, la destrucción de fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura, el daño o menoscabo de lugares relacionados con la memoria democrática y elementos simbólicos o de homenaje a las víctimas y determinadas conductas que supongan no poner fin a actos vandálicos, la exaltación de la dictadura y el menosprecio o humillación a las víctimas o a sus familiares serán castigadas con multas de entre 10.000 y 150.000 euros. Ahí se incluye cualquier campaña publicitaria contraria a la normativa sobre memoria histórica que incite a la exaltación de la Guerra Civil o el fascismo. Las infracciones graves se castigarán con multas de 2.000 a 10.000 euros y las leves entre 200 y 2.000.
En relación con la Comisión de la Verdad se garantizará la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos durante el golpe, la guerra y la dictadura. En ese sentido, el Consejo Nacional de Memoria Democrática podrá solicitar informes a expertos españoles y de otros países para que aporten sus conocimientos a los casos de genocidio que se produjeron en esos años. A su vez, la ley lleva implícito un reconocimiento al movimiento memorialista, que se ha distinguido a lo largo de los últimos años por reivindicar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Todo ese esfuerzo de las asociaciones ha cristalizado en un conjunto de leyes autonómicas promulgadas en los últimos años e incluso en la propia ley de 2007 de Zapatero.
El Censo de Víctimas, junto con un mapa de fosas comunes, es otro capítulo importante de la ley que está por concretar. Este organismo incluirá los nombres de todos los desaparecidos de uno y otro bando. En este país todavía nos seguimos moviendo por estimaciones. Cada cual da una cifra. El Estado democrático debe tener un censo oficial de víctimas pero no se conocen los datos de los caídos en combate durante la Guerra Civil Española. La estimación es que se podrían exhumar entre 20.000 y 25.000 cadáveres, pero en ese punto el Gobierno solo puede garantizar que se va a hacer “todo lo posible” por identificar la mayor cantidad de restos mortales y entregarlos a sus familias, aunque la tarea será compleja al haber transcurrido más de 80 años desde el final de la contienda bélica. Por eso el trabajo se abordará desde un planteamiento realista que abarque una legislatura o incluso dos. Todo ello lo irá marcando el propio proceso de exhumaciones y colaboración entre administraciones.
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