El Ejecutivo refuerza su plan de choque de exhumaciones con ayudas para 189 fosas más y un total de 303 proyectos
Fosa común de la guerra civil, en Málaga.
Los asesores del Gobierno en memoria histórica calculan que quedan entre 20.000 y 25.000 cuerpos “rescatables” de republicanos asesinados y arrojados a fosas comunes durante la Guerra Civil y la posguerra. Se considera así a aquellos restos cuyo paradero se puede rastrear y en principio se pueden recuperar. Cosa aparte es la posibilidad científica de filiarlos una vez hallados, o la legal de exhumarlos.
De 114.000 desaparecidos -inhumados en fosas y pozos la mayoría- que se estimaban en 2007 -gobernando José Luis Rodríguez Zapatero y cuando se aprobó la primera ley de Memoria Histórica- el cálculo actual resta 9.000 ya recuperados desde el año 2000, y cerca de 15.000 que estarían en el Valle de los Caídos. Un gran número, salvo los 25.000 rescatables, está en paradero desconocido, su enterramiento ha sido destruido o fueron arrojados al mar.
Esos 25.000 son el objetivo de un nuevo impulso que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha decidido dar a la recuperación de restos de represaliados por el franquismo.
Al tiempo que, esta semana, presentaba para su envío a las Cortes la nueva Ley de Memora Democrática, el Ministerio de la Presidencia ha puesto en marcha un plan cuatrienal de fosas que en su año I supera en actuaciones las del plan de choque desplegado en 2020. A las 114 tumbas colectivas cuya apertura está en marcha desde entonces se añaden este año 189. En total son 303 en los que el Estado interviene con subvención. Gobernando Zapatero, última legislatura en la que se impulsaron exhumaciones, se hicieron algo menos de 180 excavaciones en seis años, según fuentes gubernamentales.
Madrid y Murcia a la cola
Solo dos gobiernos autonómicos no han pedido aún financiación para proyectos de exhumación de fosas comunes: Madrid y Murcia.
A ambas comunidades las caracteriza la influencia de Vox en instituciones clave de su territorio, pero hay una tercera, Andalucía, que aun compartiendo ese factor político, su gobierno (PP + Ciudadanos con apoyo de la formación de extrema derecha) sí ha pedido ayuda estatal; en total, para seis proyectos.
La reticencia de Vox a la exhumación en fosas comunes no es tan frontal como su oposición al relato político que sale a la luz en estos hallazgos. Preguntado por la nueva Ley de Memoria Democrática el pasado 20 de julio durante un viaje a Aragón, el portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, la deploró, pero se mostró ante los medios partidario de que “todos los españoles, con independencia del bando en el que lucharon sus abuelos, puedan, por supuesto, abrir, recuperar las fosas en las que haya, en cualquier sitio, los restos mortales de sus antepasados”.
Más de seis millones
Este plan de ayudas a la exhumación suelta dinero público por primera vez desde que el Gobierno Rajoy cerró el grifo, en 2012. Las subvenciones se llevan el 60% de los 11,35 millones de euros del presupuesto de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
Presidencia dedicará 665.000 euros a ayudas para las familias que quieren recuperar restos trasladados al Valle de los Caídos
El departamento del secretario Fernando Martínez ya ha gastado un millón de euros en ayudas para ayuntamientos. y dedicará este año tres millones a ayudas para 15 comunidades autónomas.
Otra partida gruesa, de 665.000 euros, está ya destinada a ayudar a las hasta el momento 65 familias que han reclamado recuperar a sus antepasados trasladados al Valle de los Caídos.
Presidencia tiene además comprometidos 400.000 euros en ayudas para investigación de fosas comunes en los cementerios de San Rafael y La Salud de Córdoba.
Muchos huesos
Entre los lugares de concentración de fosas que el Estado ayuda a abrir, pocos hay como la provincia de Córdoba, con 11 municipios en los que habrá exhumaciones, rastreos, testimonios o análisis de restos.
Córdoba es un territorio paradigmático de la memoria. Solo en un radio de 75 kilómetros al sur de la capital de la provincia se acumulan excavaciones previstas en Cabra, Monturque, Castro del Río, Aguilar de la Frontera, Puente Genil, La Carlota y Hornachuelos. Los once proyectos para los que asociaciones y ayuntamientos han pedido ayuda son el grueso de los 60 que subvenciona el Estado en Andalucía.
Localización de esqueletos en la fosa común de Pico Reja (Sevilla), que contiene más de 1.000 fusilados por el franquismo.
/Está entre los proyectos andaluces el de Pico Reja, una fosa en el camposanto de San Fernando de Sevilla con 1.103 cuerpos de represaliados. A casi todos –incluido Blas Infante, padre del nacionalismo andaluz, a quien un concejal sevillano de Vox llamó “tarado” en redes sociales- les quitaron la vida en tapias y cunetas durante las primeras semanas de guerra. Pico Reja se lleva este año 105.000 euros del Estado.
Noticias relacionadasEn Catalunya tres ayuntamientos barceloneses han pedido apoyo: Polinyà -donde se recogen testimonios de la represión-, Torrelló y Terrassa, donde el ministerio prevé “investigación y prospección”. A la capital del Vallès Occidental han ido a parar 3.000 euros para estudiar la fosa (o fosas) de la ciudad, de las que el franquismo se llevó cadáveres en 1958 al Valle de los Caídos.
Castilla y León -gobierno PP -Cs- es la segunda comunidad en petición de ayudas a autonomías: 33 proyectos para un total de 41. Destacan allí las investigaciones en la provincia de Burgos: en la Merindad de Valdivielso, en la cartuja de Santa María de Miraflores y en el cementerio de San José de la capital, donde se planea identificar a 600 cuerpos. Ahí se necesitan fondos para estudios de ADN: los voluntarios de la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos solo han podido filiar documentalmente a 300; los demás son esqueletos de desconocidos que no figuran en ningún papel.
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