Neus Roig Pruñonosa, presidenta del Observatorio de Desapariciones Forzadas de Menores (ODFM), presenta en León el documental La herencia de Franco. Los bebés robados en España
Neus Roig Pruñonosa trascendió su historia personal en una tesis doctoral para hacer luz sobre los bebés robados en España. Su libro No llores que vas a ser feliz fue un punto de inflexión en las investigaciones llevadas a cabo en este siglo para esclarecer el sistema organizado durante la Guerra Civil y que pervivió hasta los años 90, primero con fines ideológicos y después de la democracia con el lucro como telón de fondo.
Actualmente es la presidenta del Observatorio de Desapariciones Forzadas de Menores (ODFM). Este martes presentó en León el documental La herencia de Franco. Los bebés robados en España, dirigido por Inga Bremer,dentro del ciclo de documentales incluidos en el XI Encuentro Internacional de Investigaciones sobre el Franquismo.
—¿Cómo afecta la nueva ley de Memoria Democrática a la causa de los bebés robados?
—La Ley de Memoria Democrática reconoce el tráfico de menores de 1936 a 1978. Exactamente dice «adopciones irregulares sin el consentimiento de los padres biológicos». En mi opinión es una muy buena ley que ayudara en la mayoría de casos y los posteriores al 78 tienen en común que los médicos, hospitales, monjas... eran los mismos que en la etapa anterior. Es decir «entramos en democracia con la entrada en vigor de la Constitución» pero los traficantes de bebés siguieron impunemente con el negocio que ya tenían montado.
—¿Cómo empezó el tráfico de bebés en España?
—El tráfico de bebés empieza en 1936 en las cárceles del bando nacional y va cambiando de modelo hasta bien entrada la democracia, pero el modus operandi es el mismo y por tanto es «delito de lesa humanidad de tracto continuo». Esa es la fuerza de la ley.
—¿Por qué se prolonga esta práctica durante la etapa democrática?
—Es la Ley de adopción de 1987 que cambia las reglas de juego y equipara a los hijos adoptados con los biológicos a nivel de derechos y en las adopciones tiene que intervenir el Tribunal de Menores. Ya no pueden llevarse una criatura de madre desconocida y registrarlo como biológico. Esa misma Ley dice que es para evitar las irregularidades que se venían cometiendo.
—Pero hay casos denunciados hasta los años 90...
—En 1990 se secularizan los hospitales. Es decir, hasta ese año en todo hospital o clínica español había una Orden religiosa en la dirección. A partir de 1990 ya no. En 1996 vuelve a cambiar la Ley de adopción y ya dice que los adoptados a partir de los 12 años tienen que saber q lo son y a los 18 entregarles su identidad biológica. En 1999 se deroga el famoso parto anónino y todos los nacidos a partir de ese año les consta el nombre de la madre a nivel documental (Registro Civil). No es hasta 2011 que se cambia la Ley de Registro Civil vigente desde 1958 que impedía que toda criatura que nacia muerta o moría antes de las 24 horas se considerara feto y la familia no tenía derecho a verle ni a enterrarle.
—¿Se podrán rastrear los casos de los primeros años de la dictadura?
—Gracias a la Ley de Memoria se cubre esa laguna negra entre 1936 y 1978 y se podrá pedir y rastrear las identidades biológicas de los que nacieron en las cárceles, de las madres solteras forzadas a abandonar porque el alma de la mujer era inferior a la del hombre y si no había un varón que se hiciera cargo de ella y de la criatura no lo podía sacar ni del hospital. Esto favoreció el negocio de trafico de bebes auspiciado por la demanda.
—Pero la ley reconoce el robo hasta 1978. ¿Qué pasaría con un caso del 1 de enero de 1979?
—Si son los mismos médicos, monjas u hospitales habría una posibilidad. Pongamos por caso un médico que trafica con un bebé en diciembre de 1978 y la ley ampara a la víctima. El mismo médico, en el mismo hospital, en enero de 1979. ¿Sería lógico que el juez le dijera que su caso no es juzgable? Otra cosa es no poder demostrar que el médico de 1979 cometió delito de tráfico de menores antes de ese caso. Ya hablaríamos de democracia y quizás, solo quizás, el delito sería visto de otra manera.
—¿Entonces cree que la ley puede tener efectos sobre los casos archivados por la justicia en los últimos años?
—Sí. El archivo solo es porque el juez o fiscal «lo aparca» hasta nuevas pruebas, pero la denuncia está admitida a trámite y ahora con la Ley se podrá pedir que reabran la investigación vía Fiscal de Sala que es la nueva figura judicial que crea la Ley (en León hay 21 casos sin resolver)
—El artículo 16 de la ley dice que «corresponderá a la Administración General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad». Será un Fiscal específico y especialista en la Ley de Memoria Democrática en toda la amplitud de la misma. El artículo 28 recoge la figura del «fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática» y dice que «a este fiscal de sala se le atribuirán asimismo funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas».
—¿Habrá un fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática por cada provincia?
—Eso es lo que prevé la ley. Uno por cada provincia.
—En León ha habido 21 casos archivados. ¿Les diría usted a las familias que pidan su reapertura?
—En todas partes el archivo ha sido masivo. En mi opinión deben asesorarse con su abogado.
—¿El robo está directamente relacionado con la posición de la mujer dentro del franquismo?
—En mi opinión durante la Guerra y la dictadura la mujer sufrió la peor violencia machista al ser considerada por la Iglesia y por el Estado como un «ser inferior» y por tanto ella y sus hijos recibían un trato vejatorio como simples objetos de deseo (sexual ellas y de poder sus hijos). Cosificación tanto de la madre como del hijo en pos del mejor postor y sin derechos.
—¿El Banco de ADN que se prevé crear a raíz de esta ley servirá para la causa de los bebés robados?
—El artículo 23 establece la «creación del Banco Estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura» e incluye en su punto 4 a «las personas afectadas por una posible sustracción de niño o niña cuya denuncia haya sido admitida por los hechos objeto de esta ley, podrán solicitar que les sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y compararlos con los datos almacenados en la Base de datos». La ley añade que «en la Base de datos también se conservarán las muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones llevadas a cabo, con su secuencia de ADN y los perfiles genéticos de las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos».
—Teniendo en cuenta que la mayoría de los presuntos culpables del periodo reconocido expresamente para el robo de bebés han fallecido y la responsabilidad penal se extingue con la muerte. ¿No cree que va a ser difícil hacer justicia?
—Personalmente, estoy más a favor de que los culpables que quedan, que pueden rondar los 80 años y no van a ir a la cárcel, ayuden a los reencuentros más que a juzgarlos. A mí me gustaría que personas como Vela digan lo que hicieron y ayuden a los reencuentros.
—¿Prevé la ley reparación?
—Sí. El artículo 30 que «las víctimas de la Guerra y la Dictadura definidas en esta ley tienen derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado».
—¿Reparaciones económicas?
—La ley habla de reparación y las familias de los bebés robados lo que quieren es encontrar. La reparación económica se puede dar y se ha dado ya. Tenemos el caso de dos gemelas en Canarias que fueron ‘confundidas’ y han recibido una indemnización de un millón y medio de euros. Lo ha determinado un juez. Mi experiencia con la ley catalana, que es anterior, es que no nos admitieron indemnizaciones ni juicios para pasar la aprobación en el Parlament. Pero a cambio de no encerrar a nadie hemos conseguido que la maternidad de Barcelona haya entregada 2.500 identidades. La ley tiene menos de dos meses y hay que dejarla andar. La reparación para cada persona puede consistir en una cosa: para unos juzgar, para otros reencontrar, para otros que pongan una calle con el nombre bebés robados... Personalmente, yo abogo por el reencuentro. Hasta ahora el mayor problema era acceder a cada documento y eso es lo que nos facilita esta ley. Y el hecho de que la ley considera que serán víctimas todas las personas que se suponen víctimas. Hay mucho trabajo por hacer aún.
—¿A qué se dedica ahora mismo el Observatorio de Desapariciones Forzadas de Menores?
—A lo mismo de siempre: investigar, divulgar y luchar por leyes que ayuden a reencontrarse las familias.
Los 21 casos de León
La Fiscalía de León archivó entre 2011 y 2018 un total de 21 casos de familias que buscaban a bebés robados en la provincia, principalmente en la maternidad de León. Las primeras en presentar la demanda en la Audiencia Provincial de León fueron las hermanas Encarna y Elena García que investigaron la desaparición de dos hermanas gemelas, las primogénitas del matrimonio de Irene y Aquilino, sus padres, tras dar a luz en la Maternidad de León en 1959.
A su madre le dijeron que las niñas habían muerto y que las habían enterrado en el jardín. Nunca vio sus cuerpos inertes. Las niñas, a pesar de que vivieron 24 horas, no estaban registradas en Libro de Familia. El archivo de las causas en loz juzgados y la falta de un banco de ADN dejó a las familias que buscan a sus bebés desaparecidos sin herramientas para seguir investigando y en muchos casos con frustración por resultados confusos en los exámenes de ADN que se realizaron de forma privada en bancos que no han aportado apenas reencuentros.
El hospicio de León fue otro de los puntos en los que se pudieron producir estos robos de bebés. Neus Roig alude a esta institución en su libro ‘No llores que vas a ser feliz’. gar menciona la inclusa de León. «Fue una de las más importantes de España, llegó a tener 5.000 niños y niñas y arroja unos índices de mortalidad superior a lo normal», comentó.
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