- El ayuntamiento asturiano de Navia se inventa una tasa para cobrar por la exhumación de una fosa de represaliados por el franquismo.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica llevó a cabo la actuación con sus propios recursos.
“Es como si nos pusieran una multa por ayudar a las familias a enterrar dignamente a sus seres queridos”.
El ayuntamiento de la localidad asturiana de Navia ha impuesto a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) una tasa por llevar a cabo la exhumación de una fosa común. La ARMH solicitó al ayuntamiento de Navia, gobernado por el PSOE en 2022, un permiso sanitario necesario para poder iniciar los trabajos de exhumación pero finalmente ese permiso fue concedido por la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. Pero cinco meses después de que las víctimas hubieran sido exhumadas en la fosa, el consistorio notificó a la ARMH la obligación de pagar una tasa por un permiso de obra que el colectivo que ayuda a las familias de los desaparecidos por la represión franquista no había solicitado.
“Nosotros hacemos una labor social y humanitaria, ayudando a las familias con nuestros propios recursos porque no solicitamos ni aceptamos subvenciones”, explica Marco Antonio González, vicepresidente de la ARMH y coordinador de la exhumación. Y añade: “Es como si nos pusieran una multa por ayudar a las familias a enterrar dignamente a sus seres queridos y eso es una penalización cuando el ayuntamiento debería colaborar con la ayuda a esas familias y no penalizar que quieran encontrar los restos de sus seres queridos”.
En los trabajos realizados durante julio de 2022, en una fosa común en el cementerio de Villapedre, Navia, Asturias, se buscaron los cuerpos de Manuel Pérez Méndez, natural de Vigo, concejo de Navia (Asturias); y de José Pérez González, natural de Bárzana, Navia (Asturias), asesinados por los golpistas de la zona el 12 de agosto de 1936.
El ayuntamiento no era propietario del terreno en el que se llevó a cabo la exhumación ni tiene competencias en materia de memoria al respecto, porque esas dependen del Gobierno del Principado. Eso hace más incomprensible la reclamación de una tasa.
El cementerio en el que se llevó a cabo la actuación pertenece a la iglesia católica que no tuvo ningún problema en la concesión de los permisos. “El problema –explica González- no es el importe, sino lo que significa. Porque a quién habría que multar es a los responsables de todas las instituciones que no han hecho nada mientras las familias de estos desaparecidos republicanos morían angustiadas sabiendo que sus seres queridos permanecerían en una cuneta”, concluye.
Documentos de las tasas
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