La Asociación de familiares represaliados por el Franquismo del Cementerio de Alicante pide a las instituciones mayor apoyo para "hacer justicia" y seguir con los trabajos de exhumación que se iniciaron con el Botànic
Fosas comunes del Cementerio Municipal de Alicante / ALEX DOMÍNGUEZ
María José recibió una llamada: su abuelo estaba enterrado en el Cementerio de Alicante. La primera Ley de Memoria Histórica, surgida tras un proceso abierto por el juez Baltasar Garzón en 2007, consiguió hacer público un censo de desaparecidos que puso nombres y apellidos a los represaliados que fueron víctimas del franquismo. "Nos desplazamos hasta el cementerio y, cuando vimos su nombre escrito a mano en las fosas, nos quedamos de piedra", explica la nieta de Ginés Pérez Egidio.
No obstante, sus hijos murieron sin poder enterrar dignamente a su padre y ahora, María José Pérez Galant preside la Asociación de familiares represaliados por el Franquismo Cementerio de Alicante, donde se han unido más de 150 familias que luchan por conseguir desenterrar los cuerpos de sus antepasados, que todavía se mantienen amontonados en una serie de fosas sin nombre, esperando que se pueda cerrar una parte de la historia de este país sacándoles de ese agujero.
"Además del silencio burocrático, había mucho miedo en las familias. En mi casa no había fotos de mi abuelo por temor, nos ha criado el silencio. Se lo llevaron por su forma de pensar, lo metieron en la cárcel y lo fusilaron por un juicio sumarísimo sin garantías. Y como mi abuelo, hay muchas personas más, también mujeres", lamenta la presidenta de la asociación alicantina.
Por eso, ver que la justicia comenzaba a responder ante los crímenes del franquismo avivó una esperanza que continuó con las subvenciones por parte del anterior gobierno de la Generalitat para exhumaciones, en colaboración con el , que cedió los permisos para que se pudiesen llevar a cabo las excavaciones. Sin embargo, tras haberse desenterrado de fosas comunes un total de 284 cuerpos de represaliados en el cementerio, las actividades se frenaron debido a un problema con la empresa adjudicataria para llevar a cabo las labores de exhumación.
Exhumación de la Fosa 10 del Cementerio de Alicante en una foto de 2021 / INFORMACIÓN
Actualmente, según datos aportados por la propia asociación, todavía quedan 15 fosas comunes por ser tratadas, y se calcula que hay unas 83 personas en ellas. Por esta razón, María José sigue luchando por que se consiga «hacer justicia»: "No se trata de abrir heridas, sino al contrario, consiste en cerrar las que ya están abiertas".
Alicante, punto y aparte
Alicante fue la provincia donde acabó la democracia y sus tierras guardan todavía víctimas del franquismo sin localizar. Municipios como Monóvar, Orihuela o Dénia contienen, según revelaciones, fosas comunes con fusilados. Sin embargo, tan solo se han analizado las existentes en el cementerio alicantino. Según José Ramón García Gandía, profesor de Historia Contemporánea de la UA, en Alicante murieron 751 personas fusiladas, pese a que "no se sabe la cifra exacta de muertos represaliados porque muchos murieron en cárceles y cada día salen casos y nombres nuevos".
Este número, sin embargo, nada tiene que ver con el reducido porcentaje de cuerpos que acaban siendo reconocidos con nombre y apellidos. Para poder llegar a ello, es necesario disponer de un banco de ADN que la antigua conselleria se encargó de hacer y, aun así, "es un proceso químico lento que tarda mucho tiempo hasta poder mostrar resultados concretos", admite el docente, que también ejerce de arqueólogo.
Los familiares que formaron la Asociación de represaliados por el Franquismo Cementerio de Alicante, respecto a este tema, ruegan más ayudas a las instituciones que no pasan solo por demandar subvenciones, sino una reducción burocrática para agilizar todos los temas que tienen que ver con la memoria histórica.
Esto coinciden con la nueva ley de Concordia promovida por el nuevo gobierno de la Generalitat, con la que derogará la norma que había impulsado el tripartito de izquierdas en 2017. Según José María Llanos, síndic de , "era una ley sectaria y partidista que solo recordaba a unos y olvidaba a otros". Por ello, ha crecido la desconfianza al entender que esta nueva norma que "reconoce a todas las víctimas de la violencia social" hasta nuestros días en la Comunidad Valenciana "destruye lo que se había conseguido". Desde represaliados por los sublevados hasta víctimas de terrorismo o por persecución religiosa, todo entra en una ley que, entienden, desvirtúa el objetivo principal.
Hay muchas personas, como María José, que todavía no han podido dar un descanso digno a sus antepasados porque no han sido encontrados. "En febrero del 2021 se abrió la primera fosa, la número 10, la de mi abuelo, pero no estaban los restos de los fusilados", lamenta la nieta de Ginés. "Había restos de balas, un trozo de cráneo con impacto de proyectil... Pero los cuerpos no. No se sabe si se los llevaron sin permiso al Valle de los Caídos o si reutilizaron la fosa y los llevaron a otro sitio, pero todavía tengo la esperanza de encontrarlo", finaliza María José.
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