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Hagamos una ley que apueste por la concordia en Euskadi sin llamar “terroristas” a los miembros de ETA porque “nunca ha habido un relato consensuado” en la sociedad vasca y “tampoco entre los historiadores”. Con el mismo argumento, animemos a las naciones europeas a que se “concordien” muy fuertemente con una legislación que no llame “nazis” a los nazis, que ni siquiera mencione a Adolf Hitler, que equipare el Holocausto con los crímenes de guerra cometidos por los Aliados y que otorgue la misma consideración a los SS que a los miembros de la Resistencia, a quienes murieron luchando contra el III Reich que a los que cayeron defendiéndolo.
¿Consideran descabelladas estas dos opciones? Pues eso es exactamente lo que están haciendo el Partido Popular y Vox en las comunidades autónomas donde gobiernan. Este martes, la extrema derecha y la derecha extrema de Castilla y León han presentado la “Ley de Concordia” con la que liquidan la Memoria Democrática, blanquean la dictadura franquista y manipulan, una vez más, la Historia. De momento, no se atreven a decirlo con esas palabras y por eso han decidido tratarnos a los ciudadanos, de nuevo, como si fuésemos idiotas y enmascarar burdamente sus objetivos con el supuesto objetivo de que los españoles nos “concordiemos”. “Concordiémonos” con los alemanes que envió Hitler a bombardear nuestras ciudades, con los legionarios fascistas de Mussolini que invadieron nuestros pueblos, con los regulares que violaron a nuestras abuelas, con los falangistas y militares que asesinaron a decenas de miles de compatriotas, con los jerarcas que secuestraron nuestras libertades durante 40 años. “Concordiémonos” nosotros, los descendientes genéticos o ideológicos de sus víctimas, con aquellos verdugos que no han reconocido sus crímenes, no han pagado por ellos y ni siquiera han pedido perdón.
Leyendo el texto de la nueva ley queda claro que el concepto de “concordia” del PPVox se basa, simplemente, en el olvido para las víctimas, la impunidad de los criminales y la falsificación histórica. La nueva ley toma como un todo indivisible el periodo 1931-1978, sin mencionar la palabra “dictadura”, sin citar a Franco, sin distinguir entre la etapa democrática republicana y el régimen totalitario que se prolongó durante 40 años. Ignoran, intencionadamente, que en Castilla y León no hubo guerra, ya que toda la región cayó rápidamente en manos de los golpistas, y la única violencia que se dio fue la despiadada represión fascista contra los hombres y las mujeres que habían participado en actividades políticas y sindicales durante la II República. Ignoran, también intencionadamente, que durante las cuatro décadas de dictadura se exhumó, reconoció y homenajeó a los franquistas que murieron en combate o que fueron asesinados por extremistas republicanos durante la guerra en otras partes de España. Las familias de esos “caídos” fueron reparadas moral y económicamente. Quienes permanecieron enterrados en cunetas, como perros, y quienes fueron encarcelados y torturados fueron aquellos que habían luchado y luchaban por la libertad. Sus familias fueron señaladas, expoliadas y represaliadas. Una represión que, con asesinatos y torturas incluidas, se prolongó hasta 1975. Esa injusticia histórica es la que se estaba empezando a paliar con las leyes de Memoria. La democracia, restablecida en 1978, tardó más de 40 años en empezar a reparar a quienes murieron y sufrieron por defenderla. Esa injusticia histórica es la que renace ahora bajo el falso paraguas de la concordia.
En la ley presentada ayer, la única referencia a la dictadura se hace en estos términos: “Nunca ha habido un relato consensuado sobre la II República, la Guerra Civil y el franquismo (…) tampoco entre los historiadores”. Eso es todo y eso es, además, falso. Es obvio que hay hechos puntuales sobre los que existen discusiones y diferencias en el marco académico, pero los historiadores no discrepan a la hora de calificar como “dictadura” al régimen franquista. Tampoco lo hacen a la hora de relatar cómo se fraguó y ejecutó el golpe de Estado de julio del 36, cuál fue la estrecha relación de Franco con Hitler y con Mussolini, qué características políticas y represivas tuvo la “Nueva España”, cuántas cárceles y campos de concentración operaron por todo el territorio nacional, qué cifras aproximadas de víctimas se cobró el franquismo durante 40 años, de qué libertades se nos privó a todos los españoles durante esas cuatro décadas… No puede haber discrepancias en lo fundamental porque son los archivos, son los propios documentos del régimen franquista los que reflejan la cruda realidad de lo ocurrido durante aquellos años.
¿No hay, pues, historiadores que defiendan incluso que el régimen de Franco no fue dictatorial? Alguno hay, claro que sí, pero se trata de casos aislados, que sesgan sus trabajos en función de su ideología filofranquista y cuyas investigaciones son refutadas, una y otra vez, por el conjunto de la profesión. Si Alemania tiene sus negacionistas del Holocausto, entre los que también hay algún que otro historiador, nosotros tenemos nuestro particular negacionismo. La gran diferencia es que allí esos personajes no solo no tienen eco mediático, sino que son perseguidos por la Justicia, mientras que aquí son capaces hasta de condicionar la estrategia política y la actividad legislativa de las derechas.
Esta ley, al igual que la aprobada la pasada semana en la Comunidad Valenciana y las que vendrán en el futuro, está impulsada por nostálgicos del franquismo, pero también por profundos ignorantes a los que nunca les ha interesado conocer la verdad histórica. Lo demostraron los portavoces del PPVox valenciano cuando defendieron encendidamente que su ley abarcara desde el año 1931 porque pretendía cubrir “los crímenes del Frente Popular”. Tuvo que ser un periodista, allí en plena presentación de la ley, el que les informara de que el Frente Popular no existía en 1931 ni en 1932 ni en 1933… porque no nació hasta enero de 1936. “No estamos aquí para dar una lección de Historia”, replicó el legislador ultraderechista. No hacía falta que lo dijera; era obvio que no pueden dar lecciones de Historia porque, además de mentir, ni saben ni quieren saber.
Si el Tribunal Constitucional no lo remedia, gracias a estas nuevas leyes las comunidades autónomas gobernadas por el PPVox enterrarán la Memoria y pasarán a promover la “Concordia”. Si para ellos “concordia”, como hemos visto, es equiparar democracia y dictadura, libertad y fascismo, lo que también se hace con esta legislación es abrir la puerta a que el dinero público fluya hacia organizaciones como la Falange, para que pueda reivindicar a sus camaradas fascistas muertos durante la guerra, o hacia cualquier asociación neonazi decidida a exaltar la figura de los aviadores de Hitler y de Mussolini que masacraron a la población vasca, aragonesa, valenciana, madrileña o catalana.
De estas nuevas leyes de desmemoria y falsificación histórica solo se desprende una concordia real. La concordia que hermana al Partido Popular de Feijóo y de Ayuso con la ultraderecha franquista de Vox.
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