El ministerio público indaga la denuncia de Blanca Serra, víctima de malos tratos por la brigada político-social durante su detención en la comisaría de la Via Laietana
La Fiscalía investigará, por primera vez, las torturas perpetradas durante el franquismo por miembros de la brigada político-social en las dependencias de la actual Jefatura Superior de Policía, en la Via Laietana de Barcelona. El ministerio público ha actuado tras la denuncia por crímenes de lesa humanidad interpuesta por Blanca Serra en su nombre y en el de su hermana Eva, fallecida. Activistas de izquierda independentista, fueron detenidas en cuatro ocasiones en 1977, en plena transición democrática. Durante esos arrestos, sufrieron presuntamente malos tratos y torturas en dependencias policiales de Barcelona y Madrid. “Este es un acto de justicia para las víctimas, un gesto necesario para acabar con su impunidad”, dijo Serra el pasado noviembre, en la presentación de la denuncia.
La decisión de la Fiscalía se ampara en el contenido de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a “realizar una investigación efectiva que satisfaga el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. La Fiscalía considera que en el caso de Serra se dan, al menos de forma provisional, los requisitos que exige la ley: que sean violaciones graves de los derechos humanos y que los hechos se hayan producido entre el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, que dio origen a la Guerra Civil en España, y el 29 de diciembre de 1978, día en que entró en vigor la Constitución. Además, para poderse investigar, los hechos tienen que haber sido perpetrados “en el contexto de un régimen institucionalizado de represión contra la población civil”; en este caso en particular, “por motivos políticos”.
La investigación correrá a cargo de la Fiscalía de Barcelona en coordinación con la unidad de derechos humanos y memoria democrática de la Fiscalía General del Estado, que dirige Dolores Delgado. Según la institución, es la primera vez que se abren diligencias de investigación penal. El criterio de la Fiscalía es que, en aplicación de la ley, se deben llevar a cabo investigaciones para garantizar el derecho de las víctimas a la “verdad, la justicia y la reparación”, independientemente de cuál sea “el resultado final del proceso”.
Escaso recorrido judicial
Hasta ahora, las denuncias por crímenes durante el franquismo y la transición no han tenido demasiado recorrido. Más de un centenar de esas denuncias fueron archivadas de plano antes de que un juzgado de Madrid decidiera admitir a trámite la presentada por el activista Julio Pacheco, que acusó de torturas a cuatro policías de la llamada Brigada Político Social; entre ellos, el comisario jubilado José Manuel Villarejo. El juzgado acabó archivándola de todos modos en septiembre de 2024, con el argumento de que, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, no es posible investigar hechos acaecidos durante el franquismo, pues están prescritos.
En Barcelona, el sindicalista Carles Vallejo también logró que un juez investigara su caso con apoyo de la fiscalía, aunque el resultado fue idéntico: el archivo, que fue confirmado definitivamente por la Audiencia de Barcelona el pasado mes de febrero. Vallejo sostiene que fue víctima de torturas, en 1970, también en la Jefatura Superior de Policía de la Via Laietana, emblema de la represión franquista. Las entidades memorialistas y de derechos humanos llevan tiempo exigiendo que el edificio policial, en pleno corazón de Barcelona, se convierta en un centro de memoria e interpretación de la tortura. La resolución del caso de Vallejo se basa en los argumentos habitualmente usados en estas querellas: la prescripción de los delitos y los principios de legalidad e irretroactividad de las normas penales (en el momento de los hechos, el delito de crímenes de lesa humanidad no existía como tal).
Tanto la denuncia de Vallejo como la que ahora investigará la Fiscalía, la de Blanca Serra, han sido impulsadas por la entidad de derechos humanos Irídia. “La denuncia de las hermanas Serra evidencia la continuidad de las estructuras represivas del franquismo durante la transición, que si bien con nuevas denominaciones institucionales, mantuvieron las prácticas de tortura de forma sistemática contra una parte de la población”, denunció Sònia Olivella, abogada de Irídia, durante la presentación de la denuncia, el pasado noviembre. Apenas cuatro meses antes se había constituido, en la fiscalía de Barcelona, la sección especializada de derechos humanos y memoria democrática, de la que es delegada la fiscal Sara Gómez Expósito, lo que animó a la entidad a acudir al ministerio público.
Irídia ha celebrado la apertura de diligencias como “un primer paso en el ámbito jurídico” y ha subrayado que la investigación debe servir para esclarecer la verdad con la posibilidad, entre otras cosas, de “acceder a los archivos policiales, tomar declaración a los testimonios y peritos y, especialmente, identificar a los responsables de las torturas sistemáticas cometidas en Via Laietana, 43″. La entidad pide a los tribunales que “dejen de obstaculizar el acceso a la justicia” de las víctimas del franquismo.
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