Las asociaciones, ciudadanos particulares y partidos nacionalistas y de izquierda que libraron la batalla contra la familia del dictador también tuvieron que convencer al Estado para lograr la devolución del pazo.
A Coruña-
La sentencia del Tribunal Supremo que devuelve definitivamente al Estado las Torres de Meirás, pero que admite que la familia de Francisco Franco sea indemnizada por los gastos de mantenimiento durante los años en los que poseyó el pazo tras la muerte del dictador, es el resultado de una larga lucha social que forzó a la Administración pública a ponerse del lado de la justicia y de la democracia. "Una victoria del memorialismo gallego y la memoria histórica antifranquista", lo definió este jueves la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña.
El fallo también devuelve su memoria, la verdadera, a Meirás, la parroquia del municipio de Sada (A Coruña) que durante los años 30 del siglo pasado fue ejemplo de la lucha campesina y feminista contra la opresión y la explotación de la Iglesia y la oligarquía, y cuyo nombre la dictadura convirtió en sinónimo del poder económico y político tiránico y corrupto que durante décadas ejercieron los Franco. El franquismo ejerció en la parroquia una sanguinaria represión nada más comenzada la guerra, y hay sadenses que aún recuerdan como sus padres, republicanos o hijos de republicanos, eran encarcelados sin cargos ni juicio pocos días antes de que el dictador hiciera alguna de sus habituales visitas al pazo. No los soltaban hasta que se había ido.
"Es una sentencia muy positiva, que tiene de negativo la parte que permite a los herederos reclamar una indemnización. Y eso tiene responsables", explica Carlos Babío, el historiador cuyo trabajo junto a Manuel Pérez Lorenzo permitió al Estado documentar y probar que a Franco no le regalaron las Torres de Meirás, el inmueble construido por Emilia Pardo Bazán sobre las ruinas de una antigua fortificación medieval, sino que lo robó mediante un falsa operación de compra auspiciada por las élites franquistas coruñesas en connivencia con el régimen.
Alcaldes franquistas
Durante la dictadura y desde la Transición hasta 2003, Sada estuvo regida por alcaldes franquistas. El último de ellos, Ramón Rodríguez Ares, del PP, había sido el mancebo de botica que llevaba a Franco a las Torres las medicinas que precisaba durante sus estancias estivales en Meirás. Pese a que los grupos nacionalistas y de izquierda del municipio, especialmente al BNG, intentaron durante su mandato iniciar el proceso para recuperar el inmueble, Rodríguez Ares, amigo personal de Manuel Fraga y que tenía un gran retrato del dictador colgado en su despacho, siempre los torpedeó. En 2003 perdió la Alcaldía, que recuperó en 2004 gracias a un tránsfuga del PSOE con una moción de censura que le costó su expulsión del partido, que no la amistad con Fraga. En las elecciones celebradas tres años después, volvió a perderla.
Por entonces, la hija y los nietos de Franco seguían acudiendo todos los veranos a Sada para disfrutar del pazo robado, construido sobre una parcela de cerca de 100.000 hectáreas –como todo el parque del Oeste de Madrid– con vistas inigualables sobre el valle de Sada y la ría de Betanzos, a escasos kilómetros de algunas de las playas más hermosas de la comarca. Bajo el mandato de Abel López Soto (BNG), el Concello inició los trámites para que la Xunta declarara las Torres bien de interés cultural (BIC), lo que obligaría, al menos, a abrir el inmueble al público algunos días a la semana. La declaración se logró en 2008 bajo el Gobierno bipartito de BNG y PSOE en la Xunta presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño y con la nacionalista Ánxela Bugallo como conselleira de Cultura, y obligaba a abrir el pazo unas horas cuatro días al mes, el mínimo legal. En la práctica, los Franco lo cerraban cuando les venía en gana, sin que la Administración autonómica, en manos de Alberto Núñez Feijóo desde 2009, hiciera nada por evitarlo.
Las elecciones locales de 2015 dieron la Alcaldía de Sada a Benito Portela, de una agrupación local independiente pero vinculada a Anova, la escisión de los afines a Xosé Manuel Beiras en el BNG. De hecho, Portela había sido secretario del alcalde nacionalista López Soto. En el plan de ordenación urbana que presentó al año siguiente su concejal de urbanismo, Francisco Xosé Montouto y que fue aprobado en 2017, se contemplaba recuperación de la titularidad del pazo. "Hasta entonces nadie se planteaba la posibilidad de exigir a los Franco que lo devolvieran", explica Portela.
En marzo de 2017, y después de varios actos, manifestaciones y marchas populares exigiendo la restitución de las Torres y con los guías de la Fundación Francisco Franco haciendo apología de la dictadura en las visitas públicas al BIC, Antón Sánchez, diputado de En Marea –la coalición que agrupaba a Anova, Podemos, Esquerda Unida y las mareas– presentó en el Parlamento de Galicia una iniciativa para elevar al Congreso de los Diputados un propuesta de modificación de la ley de memoria histórica. Tenía un solo artículo e instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a obligar a los Franco a devolver las Torres sin que se les pagara ni un euro. Porque no era una expropiación, sino la recuperación de un bien robado. El PP de Alberto Núñez Feijóo tumbó la propuesta con su mayoría absoluta.
Moción de censura
Poco más de un año después, sin embargo, el PP gallego la aceptó. Fue el 11 de julio de 2018. Habían pasado menos de seis semanas desde que la moción de censura que dio el Gobierno al PSOE. Lo que Feijóo no quería reclamar a Mariano Rajoy, se apresuraba a exigírselo a Pedro Sánchez, que acababa de mudarse a La Moncloa. Poco después, los Franco pusieron el pazo a la venta por ocho millones de euros. Fue entonces cuando la Deputación de A Coruña, cuya vicepresidenta y responsable de cultura era la hoy alcaldesa de Santiago por el BNG, Goretti Sanmartín, instó por escrito a la Abogacía del Estado y a Patrimonio Nacional para que iniciaran los trámites para recuperar el inmueble y evitar que los Franco lo vendieran y consumaran el expolio. Un año después el Estado los demandó, con la Xunta, la Deputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada y A Coruña personados en apoyo de la causa.
En septiembre de 2020, el juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña les dio la razón y ordenó la devolución del inmueble sin indemnización a los herederos, pero estos recurrieron a la Audiencia Provincial de A Coruña, que sentenció que tenían derecho a ser resarcidos porque habían poseído las Torres "de buena fe". Es decir sin ser conocedores de que su madre y sus abuelos les habían dejado en herencia un inmueble robado. La sentencia que el Supremo hizo público este jueves se ratifica en ese extremo. Y los jueces explican por qué: en la propuesta que el PP de Feijóo aceptó en 2018 en el Parlamento de Galicia se acordó crear una comisión de expertos impulsada por la Xunta que estudiaría las vías de reclamación. En las conclusiones de esa comisión, en la que la Abogacía del Estado se basó para su demanda junto a las investigaciones de Babío y Pérez Lorenzo, se admitía la posibilidad de resarcir a los Franco. El dictamen no tuvo en cuenta el voto particular en contra del representante legal de Ayuntamiento de Sada, Miguel Torres Jack.
"Hay responsables de que los Franco puedan reclamar ahora dinero, porque el Estado español no ha entendido de qué va lo de la recuperación de la memoria democrática" (Carlos Babío, historiador)
"Por eso digo que hay responsables de que los Franco puedan reclamar ahora dinero, porque el Estado español no ha entendido de qué va lo de la recuperación de la memoria democrática", advierte el historiador Carlos Babío. Explica que la familia Franco tendrá que dirgirse ahora de nuevo al juzgado de A Coruña, que en su caso creará una pieza separada de la causa, para aportar la documentación que pruebe los supuestos gastos "de buena fe" que realizaron en Meirás desde 1975 hasta el 10 de diciembre de 2020, cuando entregaron sus llaves al Estado. El resto de partes –la Xunta, la Deputación de A Coruña y los concellos de Sada y A Coruña– también podrán alegar.
A Babío, cuyo abuelo fue asesinado por falangistas en aquel Meirás de las rebeliones feministas campesinas de los años 30 del siglo pasado, y a quien la familia Franco ha presentado cuatro demandas, todas desestimadas, nadie le indemnizará ni le resarcirá por décadas de trabajo ni le devolverá nada físico. Ni siquiera la casa de su abuela, aledaña al pazo y que Franco también le robó. Nunca las ha reclamado. Pero sí su memoria: "Mi padre, que ya ha muerto, me decía que era una batalla perdida, que acabarían conmigo, que nunca les ganaría porque esa gente habían sido capaces de todo y aún lo era. Creo que si estuviera vivo, me diría: ‘Lo has conseguido’. Y que se sentiría muy orgulloso".
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