Los datos proceden de la Causa General, el archivo judicial y propagandístico con el que el franquismo persiguió a los vencidos
Un hallazgo en los papeles del régimen
Madrid conserva todavía una cartografía incompleta de su represión. No solo por lo que falta excavar, sino por lo que ni siquiera ha sido incorporado a los registros oficiales. Una investigación de la historiadora Miriam Saqqa Carazo, investigadora de INCIPIT-CSIC, ha localizado 56 fosas comunes de republicanos en la provincia de Madrid que hasta ahora no estaban registradas. En ellas podrían encontrarse restos de miembros del Ejército Popular de la República y de civiles víctimas de la violencia sublevada y dictatorial.
El hallazgo procede de una fuente tan incómoda como reveladora: la Causa General, el gran procedimiento judicial impulsado por el franquismo para perseguir, señalar y construir el relato de los vencedores.
La paradoja de la Causa General
La paradoja es central. Los documentos concebidos para legitimar la represión franquista han permitido ahora seguir el rastro de quienes quedaron fuera de toda reparación. “Lo más significativo fue comprobar que esa información no solo existía, sino que estaba contenida en los propios archivos del régimen franquista”, explica Saqqa en conversación con Diario Red. Para la historiadora, el hallazgo implica una responsabilidad: analizar críticamente esos documentos y hacer visibles los datos que el propio aparato franquista dejó en sus márgenes.
La investigación, publicada en Huarte de San Juan. Geografía e Historia, parte del estudio de documentación judicial de la Causa General, en concreto del expediente “Localización e identificación de mártires de la Cruzada en Madrid y su provincia” y de la “Pieza Principal o Primera de la Provincia de Madrid”. El trabajo sostiene que, pese a su finalidad represiva y propagandística, esos archivos pueden convertirse en fuentes primarias de enorme valor si se someten a un proceso riguroso de deconstrucción crítica.
Un archivo creado para perseguir a los vencidos
La Causa General fue creada por la dictadura en 1940 para reunir pruebas sobre los llamados “hechos delictivos cometidos durante la dominación roja”. Pero, además de perseguir a los vencidos, incluyó procedimientos para localizar, exhumar, identificar y homenajear a quienes el régimen denominó “mártires y caídos”.
Esa maquinaria judicial y simbólica no se aplicó a las víctimas republicanas. Al contrario: sus muertes quedaron excluidas del reconocimiento legal y sus cuerpos permanecieron en fosas, trincheras, cementerios o terrenos alterados por el paso del tiempo.
El “apartheid funerario” de la dictadura
Saqqa usa el concepto “apartheid funerario”: una desigualdad radical en el tratamiento de los cadáveres y en el reconocimiento de las víctimas. Mientras las fosas vinculadas a los vencedores fueron investigadas, exhumadas y convertidas en espacios de homenaje público, las víctimas de la represión sublevada y de la dictadura quedaron fuera de ese proceso.
En la provincia de Madrid, la historiadora ya había documentado 241 fosas asociadas por el régimen a “mártires” y “caídos”, de las cuales 116 fueron exhumadas entre 1939 y 1952. Frente a ello, la primera exhumación de una fosa común derivada de la violencia sublevada o dictatorial en la Comunidad de Madrid no llegó hasta 2022.
Las fisuras del archivo franquista
El trabajo no solo aporta una cifra nueva. También muestra cómo se produjo esa ocultación. El expediente clave es el legajo 1536 de la Causa General, compuesto por 20 unidades documentales y 1.723 páginas. En una de sus piezas, el fiscal instructor Ildefonso Alamillo Salgado envió en enero de 1942 una comunicación a los ayuntamientos madrileños para que informaran sobre enterramientos situados fuera de cementerios o en lugares considerados “inconvenientes”.
Entre enero y abril de ese año respondieron 135 ayuntamientos. En 23 de esas respuestas aparecieron referencias a enterramientos de “soldados del ejército rojo”, “milicianos rojos”, “fuerzas rojas” o personas “fusiladas por las tropas Nacionales”.
Al menos 2.627 cuerpos
A partir de esas respuestas, la investigación identifica enterramientos tanto dentro como fuera de cementerios. El estudio estima un número mínimo de 2.627 individuos, aunque advierte de que la cifra real puede ser mayor por las limitaciones de las fuentes y por las menciones imprecisas a cadáveres numerosos o indeterminados.
Ciempozuelos, Chinchón y el frente del Jarama
Algunos casos permiten dimensionar la magnitud del vacío. En Ciempozuelos, el ayuntamiento informó en 1942 de ocho enterramientos fuera del cementerio con unos 1.457 cadáveres, atribuidos a fuerzas republicanas que guarnecían el municipio y que habrían sido bajas tras la ocupación por las fuerzas sublevadas en febrero de 1937.
En Chinchón se mencionaban fosas comunes con un número muy elevado de soldados del Ejército republicano muertos en el frente del Jarama, así como enterramientos vinculados a hospitales próximos al frente.
Morata de Tajuña y Carabanchel Bajo: dos ejemplos de una deuda pendiente
Morata de Tajuña resume, para Saqqa, buena parte de lo que todavía queda por investigar. Allí la documentación menciona “más de mil cadáveres” en zanjas, una cifra que ilustra tanto la escala del fenómeno como la falta de precisión sobre la ubicación y características de esos enterramientos.
En Carabanchel Bajo, el problema es distinto, pero igual de inquietante: cinco fosas documentadas en espacios urbanos como jardines de conventos, prisiones o cuarteles de la Guardia Civil, lugares con riesgo evidente de haber sido transformados, alterados o directamente desaparecidos.
Un mapa oficial todavía incompleto
La investigación obliga también a mirar de otra manera el mapa de fosas de Madrid. Según recoge Saqqa, la provincia no cuenta con un mapa propio sistemático. La herramienta disponible es el “Buscador de fosas” creado por el Estado, donde Madrid aparece con 60 fosas registradas. De ellas, el 73% corresponden a traslados al Valle de Cuelgamuros.
Por eso, la historiadora considera necesario incorporar estas 56 nuevas localizaciones al registro oficial y avanzar hacia un mapa propio de fosas de la Comunidad de Madrid.
Del archivo al terreno
Pero el trabajo no puede quedarse en el archivo. La propia Saqqa subraya que la información de la Causa General debe combinarse con otras fuentes y con estudios sobre el terreno. Harían falta investigaciones archivísticas complementarias, protección de las localizaciones y trabajos arqueológicos que permitan confirmar la ubicación, características y estado de conservación de las fosas.
Leer contra el verdugo
El hallazgo tiene una fuerza política evidente, pero su base es estrictamente documental. No se trata de una hipótesis lanzada al aire, sino de una lectura crítica de los papeles del propio régimen. Ahí reside precisamente su potencia: el franquismo, en su esfuerzo por perseguir a los vencidos y glorificar a los suyos, dejó rastros de quienes quiso borrar.
La tarea de la historiadora consiste en leer esas fisuras, separar el dato del lenguaje del verdugo y devolver al presente una información que durante décadas permaneció atrapada en los archivos.
Una pregunta que ya no puede aplazarse
Madrid, una de las provincias con mayor centralidad política y simbólica en la guerra y la posguerra, sigue sin una radiografía completa de sus fosas republicanas. La investigación de Miriam Saqqa no cierra esa deuda; la abre con más precisión. Señala lugares, nombres posibles, cifras mínimas y documentos concretos.
Y plantea una pregunta que ya no puede aplazarse: si el archivo franquista conservaba esas pistas, ¿por qué siguen fuera del mapa oficial?
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