El Gobierno de Pedro Sánchez entrega un acta de reconocimiento a familiares de asesinados y desaparecidos por el régimen militar
Familiares de los 307 españoles víctimas de la dictadura argentina han descrito como “un acto de justicia” el homenaje del Gobierno español a los ciudadanos que fueron asesinados o desaparecidos por el régimen militar al otro lado del Atlántico entre 1976 y 1983 celebrado este martes en Buenos Aires. La mayoría de las víctimas españolas del terrorismo de Estado en Argentina —100 mujeres y 207 hombres— eran emigrantes o descendientes de exiliados que habían escapado del franquismo.
El ministro de de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, encabezó el tributo realizado en la Embajada de España en Buenos Aires. “Hoy estamos aquí para cumplir una promesa que nació hace siete meses, en este mismo lugar, ella nos puso ese día un deber, nos dijiste que el primer paso para reconocer a los españoles desaparecidos era cumplir el compromiso de publicar sus hombres y sus apellidos. Los números no tienen rostro, no tienen miedo, no sangran; los números no cuentan historias”, dijo Torres.
El ministro se refería a la presidenta de la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina, Consuelo Castaño, sentada en primera fila. Castaño, gallega de nacimiento y llegada a Argentina con apenas seis años, fue secuestrada junto a su marido, el canario Regino Adolfo González, y sus tres hijas (Delia, Judit y Mariana) en septiembre de 1979. Su padre acudió a la prensa internacional a denunciar la desaparición de toda la familia y el director del Buenos Aires Herald, Robert Cox, reveló sus desapariciones durante una visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Cox nos salvó la vida”, dijo Castaño, al recordar que sus hijas fueron entregadas a sus abuelos y ella encarcelada en una prisión de Buenos Aires durante cuatro años. De su marido, en cambio, no volvió a saber nada. Sus restos siguen sin aparecer. Aunque la búsqueda continúa, esta activista de los derechos humanos subraya la importancia de “recordar la luz” de quienes desaparecieron y “el heroísmo de las Madres [de Plaza de Mayo]” para salir a preguntar por ellos cuando los militares aún seguían en el poder.
El pasado 24 de marzo, el día en que Argentina conmemoró el 50 aniversario del golpe de Estado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la lista de las 307 víctimas de la dictadura. Los familiares agradecen el reconocimiento en un momento en el que el Gobierno de Javier Milei minimiza los crímenes del terrorismo de Estado y desfinancia a los organismos de derechos humanos. “En este momento supone un compromiso todavía más fuerte porque significa que pueden negar lo que quieran, pero nosotros aquí estamos”, subrayó Consuelo.
El ministro de Política Territorial advirtió que hay que mantener viva la memoria y la defensa de la democracia: “La juventud debe saber qué pasó, quiénes se sacrificaron por la democracia que nosotros disfrutamos, es la manera de no sucumbir a cantos de sirena que dicen hablar en nombre de la libertad”.
Entre esos 307 nombres está también el del seminarista palotino Salvador Barbeito Doval, gallego de nacimiento, asesinado el 4 de julio de 1976 en la Iglesia de San Patricio junto a tres sacerdotes. O la familia Labrador (Miguel Ángel, Palmiro y Víctor), de raíces salmantinas, víctimas del terrorismo de Estado en ese mismo año.
Desde la Embajada se recordó también la historia de Urbano López Fernández, nacido en Galicia en 1948, emigrado de bebé a Argentina junto a su madre, viuda, y secuestrado a las afueras de Buenos Aires en diciembre de 1976, cuando tenía 28 años. López Fernández estuvo desaparecido durante un cuarto de siglo, hasta 2011, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó sus restos en un cementerio en el que había sido enterrado sin nombre.
Su mujer, María del Carmen Luppo, participó en el acto de homenaje. “Los vecinos me salvaron”, recuerda Luppo sobre el día del secuestro en diálogo con EL PAÍS. Le avisaron que habían visto a los militares en su casa y ella comenzó a correr, con una bebé de once meses en brazos y un embarazo de tres meses. El hijo que Urbano López Fernández nunca conoció, Rodolfo, acompañaba este martes a su madre y contó la emoción de toda la familia cuando el nombre de Urbano apareció en el BOE el pasado 24 de marzo. “Siento emoción y orgullo”, dice ahora, al recordar que la familia mantiene una gran relación con España, donde vive su hermana.
El ministro español recordó también los lazos que unen a ambos países, como demuestra que más de un millón de argentinos han solicitado la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática, también conocida como Ley de nietos. 86.000 ya la han obtenido, pero para los demás es cuestión de tiempo, aseguró Torres, sin dar plazos.
María Consuelo Castaño y Ángel Víctor Torres en la embajada de España en Argentina, en Buenos Aires, este martes.Juan Ignacio Roncoroni (EFE)
María Consuelo Castaño y Ángel Víctor Torres en la embajada de España en Argentina, en Buenos Aires, este martes.
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