Militares franquistas procedentes de toda España y civiles militarizados integraron en 1939 las primeros tribunales que saldaron cuentas, mediante penas de muerte masivas, con la República
Estos consejos, una "farsa" según el magistrado Joaquim Bosch, sirvieron para eliminar al oponente a través de "una escenografía supuestamente jurídica"
Varias firmas de integrantes de un consejo de guerra en València en 1939. / L-EMV
De formar parte de un tribunal de guerra en los años más duros de la tras la Guerra Civil, a ocupar durante décadas lugares de prestigio en la judicatura y en otros ámbitos relevantes de la sociedad española, o participar con normalidad en la represión franquista en todas sus facetas. Muchos de los mimebros de los que enviaron a miles de valencianos y valencianas a la muerte mediante causas sumarísimas a partir del 1 de abril de 1939 se integraron posteriormente y sin contratiempo alguno en la estructura dictatorial. Casi todos, con aumento de sueldo, medallas, insignias y loas públicas de todo tipo.
Este sábado, en colaboración con , ponía rostro a uno de los tenientes coroneles más implacables, , que presidió el tribunal que condenó al paredón al rector de la Universitat de València, el prestigioso médico Pero fueron muchos más quienes participaron de manera activa en los consejos de guerra a lo largo y ancho de la C. Valenciana. Algunos, con una voracidad desatada.
A raíz de la publicación en marzo del reportaje de sobre , la vecina de Torrent de 35 años y madre de dos hijos, que fue arrestada, juzgada y sentenciada a muerte en el paredón de en tan solo 17 días por haber abofeteado a un soldado que la había golpeado previamente con un fusil, este periódico ha ido reuniendo decenas de datos sobre los perfiles que protagonizaron, muy a pesar de sus víctimas, esta 'farsa' de juicio, en palabras del , . Una farsa "porque no era un juicio en un Estado de Derecho sino un montaje en el que solo requerían formación jurídica el vocal ponente y el fiscal. El resto lo único que tenían que ser era militares", explica Bosch. Además, estos tribunales "ni eran independientes, ni respetaban la separación de poderes, ni se podía escoger un abogado defensor, por eso digo que eran una farsa: lo que buscaba el régimen era dotar a este proceso de eliminación del oponente de una escenografía supuestamente jurídica". El objetivo: erradicar cualquier presencia republicana, cualquiera, en territorio conquistado. , hasta amas de casa. Y el procedimiento se llevó a cabo sin contemplaciones desde el primer momento.
Según la estructura establecida en 1936 por el bando franquista, los consejos de guerra debían de estar integrados por siete hombres: un presidente, tres vocales, un vocal ponente, un fiscal y un defensor. Todos ellos, militares o militarizados, como ocurría en algunos casos con los responsables de la defensa. Los delitos por los cuales se hacían los consejos eran, principalmente, la adhesión a la rebelión (castigado con pena de muerte o penas de entre 30 a 20 años) y que estaba vinculada a la participación decidida en favor de la República y el auxilio a la rebelión (de 20 años a 12 años y 1 día) , que se solía aplicar a quién cooperó con la República.
Pero, ¿quiénes eran estos hombres y de donde venían?
- Teniente Coronel Gregorio González López: era un guardia civil retirado en 1935. Residía en València, donde pasó la guerra civil, hasta que en junio de 1939, con 59 años, regresa a la vida activa para formar parte de los tribunales encargados de la depuración de republicanos tras la victoria franquista. Fue especialmente activo en , y en València, donde presidió numerosos consejos de guerra con sentencia de muerte como la que llevó al paredón al ; a , alcalde pedáneo del Balneario de Fuentepodrida; a , labrador y originario de Real; a Trinidad Garrigues, ama de casa de Torrent; a de Camporrobles o a Juan Bautista Isabel Perez, vecino de . Con una larga trayectoria militar que incluía su participación en las guerras de Cuba y Marruecos, González López falleció en València en 1943, no sin dejar tras de si la condena al paredón a muchos valencianos y valencianas. Le fue concedida la medalla de la Orden de San Hermenegildo por 'su constancia en el servicio e intachable conducta'.
Orden por la que se 'repesca' de la jubilación a Gregorio González López. / L-EMV
- Capitán Enrique Entrena Klett. Fue el vocal ponente en el caso de Trinidad Garrigues, en el de , fusilada junto a su marido Santiago Olmo el 8 de noviembre de 1939 por un tribunal presidido, también, por Gregorio González López y en el del torrentino Salvador Blasco Serer, entre otros muchos. Forma parte de una familia de trayectoria militar y judicial. En 1936, Enrique Entrena Klett estaba destinado al protectorado español de Marruecos, donde desarrollaba su carrera como secretario judicial. Tras la guerra civil y su destino temporal en València, volvió a Marruecos para retomar su carrera en el registro de Nador. Con su regreso a la península, a partir de los años 60 se introduce como censor de catalán en el Ministerio de Información y Turismo. De hecho, su figura forma parte del aparato de control literario y cultural sobre la literatura catalana entre 1962 i 1977. Fue el encargado de redactar el informe para el Ministerio de Información y Turismo del libro de Jaume Fuster 'Abans del foc'. También fue secretario del Tribunal de Vagos y Maleantes.
- No debemos pasar sin mencionar a más miembros de la familia Entrena Klett, muy próxima al régimen. Carlos, hermano de Enrique, fue integrante del polémico y continuó su carrera durante la democracia llegando a ser Presidente de la Audiencia Territorial de Cáceres, cargo del que cesó en 1986. Otro de sus hermanos, Miguel Entrena Klett, falangista y piloto de caza del Ejército del Aire, tuvo una gran notoriedad dentro del régimen (y continúa teniéndola en las páginas web de los nostálgicos de la Falange), al ametrallar con su He-112 a un P38 Lightning norteamericano, obligándole a realizar un . El motivo: haber violado el espacio aéreo español en plena II Guerra Mundial. El incidente, ocurrido entre Argelia y Marruecos, no fue a mayores pero le podría haber provocado un serio problema diplomático al Gobierno español.
Miguel Entrena Klett, a bordo de su avioneta Heinkel. / L-EMV
Los jueces militares de instrucción también jugaban un papel importante a la hora de dictaminar el nivel de gravedad del delito y remitirlo al consejo de guerra. Uno de los más activos fue el de , localidad donde se habían producido numerosos asesinatos en la retaguardia republicana a principios de la guerra civil.
- Capitán Francisco Almazán y Francos: deriva a los consejos de guerra de València los expedientes relativos a hechos acontecidos en el partido judicial de Torrent relacionados con la el apoyo a la República. Por ello, además de los acontecidos en la capital de l'Horta Sud, instruye numerosos casos de Catarroja, Albal, Aldaia, Alaquàs, Paiporta, Alfafar, Picanya, Benetússer, Massanassa o Xirivella. Nacido en Extremadura, y presidente de la Federación de Maestros Católicos fusilado por los republicanos en agosto de 1936 en Aravaca (Madrid). Tras ser destinado como juez militar en Torrent se encarga de la instrucción de cientos de personas vinculadas al bando republicando, la mayoría de las cuales acaba enviando al Consejo de Guerra considerando los hechos estimados como 'adhesión a la rebelión', castigados con la pena de muerte. Así procede con; la torrentina y los tres alcaldes republicanos de Torrent, Salvador Miquel Puchades, Vicente Silla Tronch y, todos ellos fusilados, entre otros muchos. Tras su paso por la localidad, en 1948 Almazán Francos desempeña su carrera en Madrid y es allí donde, casualidades de la vida, es el juez encargado de firmar la defunción del ilustre pintor valenciano Joaquín Sorolla. En 1962 es nombrado Magistrado de la Audiencia Territorial de Madrid donde desempeña toda su carrera profesional hasta 1975, año en el que fallece en un accidente de tráfico. No obstante, la boda de su hija con el descendiente de una acaudalada familia torrentina le unirá para siempre con el municipio del que fue juez los años más cruentos de la represión.
Publicación del BOE en el que se nombra magistrado de la Audiencia de Madrid a Francisco Almazán. / L-EMV
Aunque también formaron parte de los consejos de guerra franquistas, capítulo aparte merecen algunos de los defensores encargados de librar a los 'rojos' de la pena capital. Los había quienes se limitaban a una defensa 'ligera' pero había otros que se expusieron a denuncias por los propios compañeros militares. Este es el caso del valenciano Antonio Colomer de Figueroa. Fue el abogado defensor en el caso de Trinidad Garrigues y del reconocido pintor y cartelista valenciano Rafael Raga Montesinos, condenado a pena de muerte que fue conmutada. Al finalizar la guerra, los vencedores le militarizan como alférez abogado defensor de oficio, un cargo que desempeña durante meses en decenas de causas. En 1943 retoma las oposiciones interrumpidas por la contienda y, un año después, obtiene su plaza en Valencia. Dedicaría su carrera a ser abogado de empresa. En el marco de su difícil situación al ser abogado defensor de 'rojos' en los tribunales, Colomer de Figueroa era conocido por pedir siempre la mínima pena posible para su defendido. Su esposa procedía de una conocida familia liberal de Cheste.
Otros militares que formaron parte de los tribunales de guerra contra miles de personas en las comarcas valencianas fueron:
- Francisco Gómez Marín
- Miguel González Tébar
- Alejo Ibáñez Ibáñez
- Miguel García Ortíz
- Luis Gimón Gil
- Vicente Quintana Pombo
- Alfonso García Martínez
- Federico García León
- Carlos Pombo Somoza
- Pedro López Gil
- Cristobal Guardiola Girones
- Francisco Gómez Marín
- Luis Olleros Céspedes
- Emilio Robles Gomez
- Andres Gallardo Ros
- Carlos Revuelta Garcia Platero
- Eduardo Blat Gimeno
- Miguel Garcia Fernández
- Fernando Escuin Llop, entre otros muchos.
Cabe destacar también el extenso trabajo que está desarrollando el investigador valenciano Vicente Muñoz Gimeno, que lleva reunidos también más de 1.500 nombres de personas que formaron parte del cuerpo jurídico militar en España en los tiempos más opacos de nuestra historia. Estudios recientes de la Coordinadora de Associacions de Memòria Democràtica han documentado más de 8.500 muertes por represión franquista en territorio valenciano entre 1938 y 1956. El buscador de la Diputación de València arroja la escalofriante cifra de 1.189 nombres a lo largo y ancho de la Comunitat.
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