Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
El proyecto se llevará a cabo en Segura de León, Fregenal de la Sierra y Puebla de Alcocer gracias a los 100.000 euros aportados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática
La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha explicado este martes que el proyecto es posible gracias a los 100.000 euros aportados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, cuyos trabajos comenzarán a final de año y se prolongará hasta junio de 2026.
Esta subvención es la primera colaboración entre la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Diputación de Badajoz, tras la creación el pasado ejercicio del Servicio de Memoria Democrática por parte de la institución provincial, que no obstante “impulsa proyectos en este ámbito desde hace muchos años”, ha manifestado.
En el caso de Segura de León se llevarán a cabo trabajos de campo en una fosa ya localizada, con medidas de seguridad y estabilización de su estructura y labores de exhumación e individualización de los cuerpos.
Estas tareas, con una inversión de 50.000 euros, corresponden a una segunda fase de exhumaciones en el cementerio del municipio, pues ya se llevaron a cabo labores anteriores el pasado año, con la identificación del espacio y la exhumación de nueve cuerpos.
En el caso de Fregenal de la Sierra y Puebla de Alcocer se llevarán a cabo labores de identificación genética-forense de restos humanos ya localizados previamente. En las primera de estas dos poblaciones se identificarán 55 cuerpos gracias a una inversión de 30.000 euros, y en Puebla de Alcocer 42 cuerpos gracias a una partida de 20.000 euros.
La directora general de Atención a las Víctimas del Gobierno central, Zoraida Hijosa, ha manifestado que tanto Fregenal de la Sierra como Puebla de Alcocer ya ejecutaron las exhumaciones en sus fosas y ahora “se cierra el círculo” a través de la identificación genética de estos cuerpos.
Hijosa ha adelantado que esta financiación tendrá su continuidad en proyectos a desarrollar en otros municipios de la provincia en 2026, pues está en tramitación un nuevo real decreto que incluirá una subvención nominativa,en principio también de 100.000 euros, aunque “se intentará llegar a los 150.000 euros”.
Fuentes: El Diario [Foto: El dictador Francisco Franco saluda a las tropas en lo que su régimen denominó el "Desfile de la victoria", en mayo de 1939 en Madrid (EFE)]
Entre campos de concentración, prisiones femeninas y trabajos forzados, surgieron las primeras células que desafiaron el hambre, la represión y las condiciones infrahumanas impuestas por el poder falangista en las islas.
La década de los 40 supuso una etapa extremadamente complicada para la clase trabajadora de las Illes Balears debido a las repercusiones de la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, por la política autárquica e intervencionista practicada por el régimen franquista que provocó un hundimiento inédito en las condiciones de vida del grueso de la población. Al hambre y las condiciones infrahumanas que padecían amplias capas de las clases populares hay que añadir la represión que sufrieron aquellos que defendieron al gobierno legítimo de la República o que durante los primeros años del franquismo lucharon para restaurar el orden democrático anterior.
El descontento fue recogido por el propio régimen a través de archivos oficiales de diferentes organismos, como documenta el historiador David Ginard i Ferón en Contra Franco i Falange. Les resistències clandestines a les Balears (1939-1948) de la editorial Edicions Documenta Balear. El malestar propició la organización de amplios sectores de la sociedad civil a través de diferentes corrientes ideológicas, principalmente el comunismo representado por el Partido Comunista de España (PCE) y el anarcosindicalismo de la Confederación Nacional de los Trabajadores (CNT).
Durante los años de la contienda, la economía balear creció estimulada por los encargos del ejército golpista y de sus aliados nazifascistas, aunque tras la victoria de los falangistas y afines a Franco, el racionamiento de productos básicos fue implantado en la misma primavera de 1939 y hasta 1951. La miseria fue el denominador común de los años de la posguerra, especialmente en las clases populares. Además, las familias que se habían identificado con la causa republicana se vieron especialmente amenazadas “por el hambre y la marginación” alentado por el régimen fascista cuya base moral se sostenía por el nacionalcatolicismo representado por la Iglesia Católica.
Grupo de niños junto a la iglesia de Sant Francesc, en Maó, durante la guerra civil. Arxiu d’Imatge i So de Menorca
Los informes oficiales de 1940, poco después del final de la Guerra Civil, ya describían “escasez extrema” de alimentos básicos como aceite, café, azúcar, patatas, garbanzos, arroz, judías, la carne, la mantequilla o la leche. Estos productos eran, según un informe del 30 de julio de 1940, casi imposibles de encontrar en Balears, aunque la situación más acuciante se daba en Formentera.
Ya unos años antes, en noviembre de 1942, uno de los partes de la Jefatura Provincial de Balears reflejaba el clima de tensión política que el hambre y la escasez estaba causando: “Es de notar en el ambiente político la circulación de insidias y calumnias contra las autoridades provinciales, nacionales, etc, lanzadas, en muchos casos, incluso por elementos pertenecientes a la Organización. (…) El partido, en general, carece de entusiasmo, los acontecimientos internacionales, produciéndose sobre todo en el medio rural, un apartamiento, casi total, de los afiliados a nuestra organización”.
Este descontento se hizo visible incluso entre la población de Eivissa —tradicionalmente la más conservadora entre las cuatro islas—. Así, la Jefatura Provincial de Balears asumía que “en Ibiza, hoy en día, mucha población obrera simpatiza con la causa roja”, lo que atribuía al paro obrero y la crisis de abastecimiento de productos básicos.
La represión política del franquismo en Balears
Can Mir era un antiguo almacén de maderas ubicado en el espacio del actual Cine Augusta, que a partir de verano de 1936 se convirtió en prisión habilitada, es decir, una cárcel franquista en la que se encarceló a más de 2.000 personas. Uno de los presos políticos fue Guillem Gayà Nicolau, militante del PCE, que en 1936 ejercía como maestro de escuela en Llucmajor. Poco después del golpe de Estado fue detenido, torturado por miembros de Falange en la antigua Casa del Pueblo de Palma, entonces reconvertida como cuartel de Primo de Rivera. Tras su detención fue conducido a las afueras de la ciudad para ser ejecutado extrajudicialmente, aunque huyó por sorpresa y consiguió esconderse en una finca rústica del municipio de Andratx.
Una de las pocas imágenes existentes del interior de la prisión de Can Mir
Finalmente, fue detenido en Palma por un guardia municipal en marzo de 1938 y encarcelado en Can Mir. Según la investigación de Ginard, desde Can Mir creó un comité comunista, “así como una red de contactos con simpatizantes afines a la causa republicana que actuaban desde fuera”. Por ello, Gayà fue condenado a 30 años de prisión y Lluïsa Vilardell a 12 años y un día. Ella, pareja de Gayà, era una militante comunista que actuaba de enlace exterior con el interior de la prisión de Can Mir, a la que proporcionaba paquetes de alimentos y documentación política. Fue detenida el 28 de junio de 1939 y encarcelada en la prisión de mujeres de Palma. Estas detenciones fueron posibles gracias a la infiltración de la policía franquista en las actividades clandestinas.
Es Campament, el campo de concentración que se instaló en Formentera, albergó las condiciones más pésimas de todas las cárceles de Balears. Una prisión en la que los reclusos rebuscaban entre sus propias heces para encontrar comida. Los primeros presos llegaron, precisamente, de Can Mir. Eran principalmente carpinteros a quienes se ofrecía la posibilidad de “redimir” su condena a través del trabajo forzoso en el centro penitenciario, que en la práctica era una cárcel al aire libre. “La disciplina de un cuartel, la seriedad de un banco, la caridad de un convento”, rezaba el cartel de entrada, ideado por Máximo Cuervo, director general de prisiones del franquismo hasta 1942.
Este campo de concentración, instalado en la isla más pobre de Balears, generó “preocupación” entre las autoridades militares del franquismo en el archipiélago balear, según Ginard, “debido a las dificultades para controlar el orden interno, así como a sus posibles implicaciones internacionales”. Un centro en el que los presos morían por inanición debido a la corrupción y crueldad sin límites que desplegaron los responsables de la cárcel.
Fotografía aérea de la cárcel de Formentera tomada en 1941 por la Real Fuerza Aérea británica. Fòrum per a la Memòria d’Eivissa i FormenteraEl patio de la cárcel franquista de Formentera. Cedida por Andreu Manresa
La preocupació de les autoritats franquistes al voltant d’Es Campament es va originar després d’unes investigacions de la Guàrdia Civil, que a finals de juny de 1941 va tenir indicis que alguns presos intentaven comunicar-se amb el primer ministre britànic, Winston Churchill. L’objectiu era demanar-li un rescat a canvi de defensar el Regne Unit durant la Segona Guerra Mundial.
La inquietud al voltant del camp de concentració de Formentera no va anar més enllà perquè, entre finals d’octubre i principis de novembre de 1942, va ser desmantellat i els presos traslladats a presons de la península. La importància de la colònia penitenciària formenterera també residí en el fet que va ser allà on es va constituir el primer Comitè Provincial del Partit Comunista d’Espanya (PCE) de les Illes Balears durant la postguerra. El seu principal dirigent fou Bartomeu Amorós i Amorós, un jove comunista originari d’Elx.
Tomados de Esporles (Mallorca), fotografiados en la prisión de Es Campament. Fòrum per a la Memòria d’Eivissa i Formentera
Entre los presos socialistas que pasaron por Formentera destacaron Ramón Hernández Delgado, dirigente extremeño de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y Cándido Méndez Núñez, sindicalista y padre del futuro secretario general de la UGT, Cándido Méndez Rodríguez. Entre los militantes de la CNT —uno de los sindicatos clandestinos más importantes durante el franquismo— se pudo documentar la presencia de Francesc Buades Pons y Joan Sastre Carbonell.
La represión contra las mujeres comunistas
Algunas de las dirigentes más importantes de la izquierda balear durante y después de la guerra fueron Aurora Picornell, asesinada junto a cuatro compañeras suyas la noche de Reyes de 1937 y Matilde Landa, quien se acabó suicidando debido a la presión religiosa que ejercieron sobre ella las monjas de la cárcel de las Hermanitas de los Pobres —más conocida como prisión de Can Sales—. Ambas fueron cuadros importantes dentro del PCE. En cuanto a Picornell, sus restos fueron identificados en octubre de 2022 gracias a las políticas de memoria en una fosa común del cementerio de Son Coletes.
Ateu Martí y Aurora Picornell, junto a varios compañeros comunistas antes de partir de excursión.
Modista de profesión, Picornell fue responsable de la organización de mujeres del PCE en Balears y miembro de la directiva de la Liga Laica de Mallorca. Fue detenida en el inicio de la Guerra Civil, encerrada primero en la Prisión Provincial de Palma y más tarde en Can Sales. Hija de Gabriel Picornell y Joana Femenias, la familia Picornell Femenias fue muy conocida por su actividad política en torno a la defensa de las clases trabajadoras y populares, motivo por el cual fue una de las más represaliadas.
Otra de las presas más conocidas que pasó por esta prisión fue Matilde Landa, nacida en el seno de una familia liberal y progresista vinculada al Instituto Libre de Enseñanza. El 26 de marzo de 1939, el PCE le encomendó el trabajo de organizar el partido en el interior de la península ante la inminente entrada de las tropas franquistas en Madrid. Sin embargo, su comité fue desmantelado a los pocos días y detenida el 4 de abril de 1939. El 14 de agosto de 1940 fue trasladada desde la prisión de Ventas de Madrid a Can Sales de Palma, donde debía cumplir una condena de 30 años de cárcel.
Grupo de presas en la prisión de mujeres de Palma (septiembre, 1941). Matilde Landa está situada en la fila superior -es la cuarta por la derecha, debajo de la columna- Libro ‘Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas’Matilde Landa, a la izquierda de la imagen, en Siete Picos, Sierra de Guadarrama (Madrid). Libro ‘Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas’
Con la guerra finalizada, el castigo diseñado por el régimen de Franco golpeó también a las mujeres del Madrid rojo, por la defensa que habían hecho del sistema democrático republicano. En las cárceles, la alimentación era pésima y las condiciones higiénicas, deplorables. A mediados de 1940, en Madrid ya había unas 17.000 mujeres presas. Sin embargo, iniciaron procesos de autoorganización y solidaridad mutua desde las prisiones, a menudo, de manera clandestina.
Can Sales era una de las cinco prisiones centrales de mujeres de España, junto a las de Málaga, Alcalá de Henares, Segovia y la de castigo instalada en Guadalajara. Una cárcel cuyas condiciones eran espantosas, con una masificación insoportable. Según narraron reclusas que sobrevivieron, dormían en el suelo sobre unos sucios y descompuestos jergones de paja que daban náuseas y se tapaban con mantas putrefactas. Siempre iban con el pelo blanco por la cantidad de polvo que caía, polvo que tragaban y que les causaba picores y molestias en los ojos, la garganta y la nariz.
La presencia de monjas al frente de la organización de las prisiones de mujeres es consecuencia de la moral nacionalcatólica del régimen y la colaboración de la Iglesia Católica en la represión de los derrotados de la Guerra Civil. Estas monjas, además, intentaban convertir al catolicismo a las mujeres de tendencias republicanas o izquierdistas mientras cumplían su condena de prisión por sus ideas republicanas, socialistas y marxistas. Y el objetivo número uno, en Can Sales, era Matilde Landa, a quien querían doblegar a través del bautismo y la conversión a la fe católica, lo cual hubiese supuesto un éxito propagandístico muy importante para el franquismo.
A partir del verano de 1942, Landa fue sometida a un progresivo chantaje: se le comunicó que la cantidad de alimentos que se proporcionaran a los hijos de las madres dependería de su conversión al catolicismo. Estos hechos continuados, probablemente, condujeron a que en la tarde del 26 de septiembre de 1942, Landa cayera desde la galería superior de la prisión, donde estaba la enfermería, lo que terminó con su vida.
Matilde Landa con su hija Carmen en 1932 en Madrid. Libro ‘Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas’
Según el historiador Ginard, no hay duda de que se trató de un suicidio inducido, posiblemente debido a las durísimas condiciones de vida de la cárcel y las terribles presiones a las que estaba siendo sometida por las autoridades eclesiásticas. Landa fue bautizada in articulo mortis (es decir, cuando se encontraba a punto de morir) y enterrada en el cementerio de Palma, lo que causó una gran indignación en su hermana, Aida Landa. Su hermana mantuvo la convicción de que el traslado de Matilde a la prisión de Palma había sido una circunstancia determinante para su suicidio.
El PCE: principal instrumento antifranquista en Balears
Entre 1943 y 1948 el PCE y las JSU —su organización juvenil— fueron, con diferencia, la principal formación política clandestina de las Balears. Integrada principalmente por antiguos militantes de base de las diferentes organizaciones políticas de izquierdas de los años de la Segunda República y por jóvenes de familias obreras que durante la guerra eran niños o adolescentes.
Entre los años 1942 y 1943 se iniciaron los primeros contactos para reorganizar al PCE en Palma. La primera célula comunista de la posguerra la integraron el exdirigente sindical de la construcción Jaume Cañellas Quetglas; el panadero Joan Vicens Maimó y el trabajador industrial Domingo Perelló Llompart. Las actividades clandestinas consistieron en escribir octavillas a mano para repartirlas y estar en contacto con el comité que se formó para ayudar a los presos.
A mediados de 1943 se incorporó al Comité Provincial del PCE el escayolista Antoni Martínez Juliana, quien durante la segunda mitad de los años 20 y primeros de los 30 militó en la CNT, hasta que en abril de 1932 se afilió al PCE. Después del golpe de Estado de julio de 1936, participó en la organización de una huelga que tuvo cierto seguimiento entre los trabajadores del muelle, de la construcción y de las salinas de Eivissa. Fueron unas semanas muy turbulentas. Según la versión de Martínez, se enfrentó a los milicianos de la FAI —anarcosindicalistas catalanes— después del asesinato de presos favorables al bando golpista que se cometieron el 13 de septiembre en el castillo de Eivissa.
Imagen de un fusilamiento real en el Fortí de Illetes. Fuente: Bartomeu Seguí Salleras
Los asesinatos perpetrados aquel día por las fuerzas leales a la República (se calcula casi un centenar de asesinatos) fueron una respuesta a las bombas que la aviación fascista de Mussolini había lanzado sobre diferentes lugares de Dalt Vila, La Marina y el puerto de Eivissa y cuyas muertes también se contabilizaron por decenas. Entre ellos, fue asesinado Abel Matutes Torres, fundador de la banca que llevaba su nombre, corresponsal del Banco de España, presidente de la Cámara de Comercio de Eivissa en 1904, propietario de la primera fábrica de producción eléctrica creada en 1907, naviero y almacenista. También fue líder en la sombra del Partido Liberal Disidente en la isla —una escisión del Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta fundado en alianza con el político y Joan March, el banquero de Franco—.
Abel Matutes Torres. Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera
En febrero de 1939, Antoni Martínez fue nombrado secretario general del PCE en Balears. Pocos días después se produjo el desembarco de las tropas franquistas en Menorca, procedentes de Alcudia y Barcelona. Martínez participó en el intento desesperado de establecer un frente de resistencia republicana en la zona del Mercadal. Por este motivo, no llegó a tiempo al puerto de Maó para embarcarse en el exilio en el barco británico Devonshire. Caída Menorca en manos franquistas fue inmediatamente detenido, juzgado y condenado a muerte, pena que le fue conmutada por 30 años de cárcel. De su paso por diferentes prisiones recordó, en particular, las terribles condiciones alimentarias del campo de concentración de Formentera. Entre 1943 y 1946, Antoni Martínez y Jaume Cañellas, junto al exteniente republicano Guillem Terrassa Pujol y el fundidor Guillem Galiana Deyà, fueron los cuadros políticos más relevantes en la reconstrucción del PCE en las Balears.
Al final del verano de 1946 Joan Albertí Moll, antiguo responsable del comité de Capdepera, se convirtió en nuevo secretario provincial de las Balears. Anteriormente, en los primeros compases de la guerra, fue detenido y procesado por no haberse incorporado al ejército golpista. Después de pasar por la cárcel volvió a Mallorca, donde participó en la organización del PCE en Capdepera. Durante el periodo de 1946-1949, los comunistas de Balears consiguieron una expansión organizativa importante en un contexto marcado por la difusión del ambiente antifranquista ante las dificultades económicas y el aislamiento internacional que padecía la dictadura. El PCE consiguió rehacer sus células en diferentes pueblos de Mallorca y retomó la confección de un órgano de prensa propio, la edición isleña de Mundo Obrero.
Grupo de reclusos de Pollença (Mallorca), en la cárcel franquista de Formentera. Fòrum per a la Memòria d’Eivissa i Formentera
En cuanto a Menorca, hubo una reorganización del PCE —que incluyó al Socorro Rojo Internacional (SRI) y a las JSU— a partir de 1943. Como en el resto de la zona republicana, los comunistas habían conseguido una implantación considerablemente fuerte en la isla durante la Guerra Civil. Por este motivo, y a pesar de la enorme trascendencia de la represión y el exilio posteriores a febrero de 1939, había un grupo relativamente numeroso de potenciales militantes candidatos a volver a conectar con su antiguo partido. Se formaron pequeños núcleos en Maó, Ciutadella y Sant Lluís que se centraron en la ayuda a los presos menorquines y en la edición y distribución de propaganda.
El mismo año, el PCE creó un grupo en Eivissa cuyo origen estaba en el grupo de apoyo a los presos de Formentera. Militaron en él Josep Bonet Cardona, Josep Roig Marí, Jaume Escandell y Benjamí Costa Bailach.
El papel del anarquismo y comunismo libertario en la resistencia
A pesar de la extrema dureza de la cual fue objeto entre 1936 y 1939 el movimiento libertario balear, durante el primer franquismo articuló una red militantes que tuvieron una actividad continuada entre 1941 y 1948. Antoni Gilabert Mayol provenía de las Juventudes Libertarias anteriores a 1936. Sus compañeros de la empresa vidriera Can Llofriu, del barrio de Santa Catalina, ocuparon una posición central dentro del anarcosindicalismo de Palma. Gelabert explica que fue el propietario de la vidriera el que salvó a unos cuantos sindicalistas que estuvieron amenazados durante la guerra: “Llofriu, el propietario de la vidriera, tenía a cuatro o cinco trabajadores escondidos en su casa. (…) Los salvó. Nos hubieran matado a todos”, afirmó. Bartomeu Albertí Caubet perteneció a la logia masónica Renovación entre 1924 y 1928, motivo por el cual en 1951 fue condenado a 12 años de reclusión por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo.
Algunas de las publicaciones libertarias que se publicaban en España antes del golpe franquista. Wikipedia
En ocasiones, cuando eran detenidos por la policía, los militantes de la CNT se definían como republicanos, federalistas o demócratas para evitar que se les relacionara directamente con la CNT ya que pensaban que iban a ser catalogados como “extremistas”. Consideraban que si se les encuadraba dentro del anarquismo recibirían una sentencia condenatoria más severa, por lo que intentaban ocultarla ante las autoridades franquistas.
Uno de los lugares frecuentados por los anarcosindicalistas era el Bar Popular de Palma, donde en junio de 1944 agentes de la Brigada de Información de la Policía detuvieron al propietario —que fue liberado al cabo de unas horas— y cinco personas más, entre ellas, Bartomeu Albertí Caubet, a quienes se acusaba —tras haber sido interrogados y forzados a través de la violencia física— de recaptar dinero para presos, así como de connivencia ideológica con las potencias aliadas que luchaban contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial.
Algunos de los clientes del bar, que no formaban parte de estas actividades clandestinas ni se identificaban con ninguna fuerza del bando republicano, afirmaban no entender la actitud de la policía. “Lo único que hacían era recoger dinero para estos pobres que estaban encarcelados. Yo mismo les daba dinero y lo daría porque considero que es una limosna (…) un fin humanitario”, aseguraba uno de ellos, Antoni Fuster Tramuellas.
Por su parte, el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), una rama trotskista que se oponía al estalinismo, tuvo una incidencia especialmente relevante en Catalunya entre 1939 y 1951. Hacia 1942 contaba con comités regulares en Tarragona, Girona, Barcelona y Lleida, sumaba en torno a los 500 militantes. En la primavera de 1945 fueron detenidos los principales simpatizantes isleños del POUM. En las navidades del año anterior ya se había producido la caída de dirigentes catalanes importantes, como Josep Pallach y Manel Alberich. En el caso balear, la Brigada de Información de la Policía detuvo en Palma, entre finales de abril y principios de mayo, a seis militantes del partido. Uno de los detenidos, Llorenç Masferrer Vilaseca, fue condenado a seis años de prisión como “autor responsable por participación directa y voluntaria de un delito de rebelión militar en grado de conspiración”, mientras que Andreu Llodrà Torrilla, otro de los detenidos, fue condenado a 10 meses.
Llorenç Masferrer Vilaseca, militante del POUM detenido y condenado a seis años de prisión rebelión militar. Wikipedia
El fin de la resistencia política
La primavera de 1948 la policía franquista desarticuló por completo las principales organizaciones clandestinas que permanecían activas en una operación represiva que afectó especialmente a militantes del PCE, de las JSU y de AFARE (Agrupación de Fuerzas Armadas Republicanas Españolas). Esta operación franquista supuso el fin de la resistencia política balear en la posguerra. La caída de los mandos del PCE balear fue consecuencia directa de la detención, poco antes, de la dirección del partido en Valencia.
El informe mensual del mes de abril elaborado por la Falange Española Tradicionalista y de las JONS concluyó que habían sido detenidos “unos 60 elementos comunistas complicados en la confección y distribución de hojas subversivas de dicha tendencia, siendo buena parte de ellos los enlaces encargados de su difusión en los pueblos de la isla”. El régimen aguantaría 27 años más, hasta la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975.
Uno de los agentes que simbolizó la represión franquista en Balears fue Antonio Carrillo Fernández. Mientras que durante la Segunda República trabajó como contable, se incorporó a las milicias de Falange el 19 de julio de 1936, pocas horas después de producirse el golpe de Estado. Estuvo al servicio de la causa golpista como chófer y colaboró con los golpistas durante el desembarco republicano de agosto y septiembre de 1936, aunque sin combatir en el frente.
Con el final de la guerra, el 1 de mayo de 1939 se incorporó a la Secretaría de Orden Público de Palma. Tras su importante intervención para detener a militantes antifranquistas entre marzo y abril de 1948 recibió la felicitación de sus superiores jerárquicos al conseguir “desarticular una organización atentatoria contra la seguridad del Estado”. En 1956 consiguió su último ascenso: inspector de primera clase. Sin embargo, un año después se le abrió un expediente y fue suspendido de funciones tras un caso de malversación de fondos relacionado con la expedición de un documento nacional de identidad. El 12 de enero de 1962 su cadáver fue localizado en Can Pastilla, un barrio de Platja de Palma. Circularon diferentes rumores sobre su muerte aunque la autopsia determinó que falleció por causas naturales.
Miles de huérfanos republicanos fueron despojados de su identidad y sometidos a una represión ideológica y física bajo el régimen de Franco, que utilizó a estos menores para borrar la memoria de la derrota y explotarlos como mano de obra forzada
La Guerra Civil Española dejó heridas profundas en la sociedad, no solo por las bajas inmediatas, sino por las consecuencias a largo plazo de la represión franquista. Uno de los capítulos más oscuros de esta represión fue la política sistemática de despojar a los hijos de los vencidos de su identidad, su familia y, en muchos casos, de su vida misma. La historia de los niños huérfanos del bando republicano, aquellos que perdieron a sus padres y fueron arrancados de sus hogares, es una de las más dolorosas y olvidadas de la posguerra. Miles de menores fueron víctimas de un sistema que los consideraba una amenaza ideológica, una carga para el nuevo orden nacionalista que nacía con el régimen de Francisco Franco, según Luz C. Souto, quien en su estudio Formas de la expropiación. Historia, memoria y narración sobre los niños robados del franquismo analiza este proceso de represión a través de la infancia.
La barbarie del franquismo vista desde los ojos de los huérfanos Luz (3 años) y Manuel Sanjurjo Otero (9)
Uno de los casos más desgarradores es el de Luz y Manuel Sanjurjo Otero, hijos de María Otero Veiga, quien fue asesinada en Ferrol el 20 de septiembre de 1936. Su padre, Manuel Sanjurjo, alistado forzosamente con aquellos que habían asesinado a su esposa, murió en combate el 26 de septiembre de 1937. Así lo recoge Hernán Fernández, creador del buscador digital de desaparecidos de la Guerra Civil, en su cuenta de Twitter (X). Los niños, huérfanos a una edad temprana, vivieron la cruel barbarie de un régimen que no solo les arrebató a sus padres, sino también su identidad y dignidad. Los hijos de los vencidos heredaron el desprecio y la vigilancia del régimen franquista, una condición que se extendió a miles de menores en circunstancias similares. Esta tragedia refleja la inhumanidad del proceso de represión, que no se limitaba a los combates, sino que perduraba en la persecución de la memoria de los perdedores de la guerra.
Como lo documentan los archivos de la Junta Provincial de Beneficencia de A Coruña, los niños huérfanos no solo eran víctimas de la violencia física, sino también de una categorización social brutal que se basaba en la "moralidad y ciudadanía" de sus familiares. Esta clasificación, utilizada para determinar su destino, revelaba el grado de criminalización que el régimen aplicaba a las familias republicanas. La vida de estos huérfanos se veía marcada no solo por la orfandad, sino por un estigma ideológico, que se reflejaba incluso en los registros oficiales de la época, como muestra la documentación de los "Huérfanos de la Revolución y de la Guerra", en la que se especifica el "grado de moralidad" de los familiares más cercanos al huérfano.
El registro de "Huérfanos de la Revolución y de la Guerra" de A Coruña
El registro de "Huérfanos de la Revolución y de la Guerra", gestionado por la Junta Provincial de Beneficencia de A Coruña, reflejaba una categorización de los huérfanos en base al "Grado de moralidad y ciudadanía de los familiares más allegados al huérfano". Este mecanismo de clasificación colocaba a los niños en una jerarquía ideológica, en función de las características políticas de sus padres y familiares cercanos. De este modo, los huérfanos eran clasificados como "rojos", "marxistas", "revolucionarios", o, en el caso contrario, como "buenos" y "apolíticos". Este registro no solo sirvió para asignarles un destino, sino que también permitió al régimen realizar una distribución ideológica de los huérfanos, separándolos según su potencial político. Así lo mostraba Hernán Fernández, en su cuenta de Twitter (X), al referirse a la investigación sobre la represión y la categorización social de estos menores durante la dictadura franquista.
La creación de este registro oficial no solo permitía que el régimen controlara a los huérfanos, sino que también servía para eliminar cualquier rastro de los vínculos familiares de los menores, modificando sus identidades y separándolos para evitar que pudieran reunirse con sus familias biológicas. Este proceso se extendió incluso a la alteración de nombres y apellidos, una de las medidas más crueles adoptadas por el franquismo, tal como lo documenta la ley de 1941, que autorizaba esta alteración de identidad.
La creación de un sistema de "purificación" ideológica
Desde el final de la guerra en 1939, el régimen franquista implementó una serie de políticas orientadas a erradicar cualquier vestigio de la ideología republicana en la sociedad española. Uno de los principales blancos de esta "purificación" fue la infancia, que se consideraba el futuro del país y la clave para garantizar la perpetuidad del régimen. Bajo la dirección del psiquiatra Antonio Vallejo Nágera, el régimen promovió la teoría del "gen rojo", según la cual los niños de los republicanos heredaban, por naturaleza biológica, las ideas comunistas y antifranquistas de sus padres. Vallejo Nágera, jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares, fue uno de los principales impulsores de esta teoría, que justificaba la separación de los niños de sus familias como una forma de eliminar su "peligrosidad" genética, como se recoge en el análisis de Souto.
Políticas de despojo y reeducación
Con esta ideología en mente, el régimen franquista puso en marcha una serie de medidas legales que permitieron la separación de los niños de sus padres y su "reeducación" en instituciones controladas por el Estado y la Iglesia. Desde 1940, el Ministerio de Justicia aprobó un decreto que obligaba a las madres republicanas encarceladas a ceder a sus hijos mayores de tres años, quienes eran enviados a orfanatos lejanos, donde eran separados de sus hermanos y dispersados por toda España. Esta medida fue parte de un plan sistemático de reeducación, donde los niños republicanos fueron apartados de sus raíces familiares y sometidos a un proceso de adoctrinamiento en los valores del régimen, como indica Neus Roig en su tesis doctoral La búsqueda de la filiación biológica. La detención ilegal de recién nacidos y la usurpación de su identidad.
En particular, el Decreto de 29 de mayo de 1940 BOE 1940/150 permitió la retirada de la patria potestad a los padres considerados "rojos" o republicanos. Este acto marcó el comienzo de la desposesión legal de los hijos republicanos, quienes quedaban bajo tutela del Estado. En 1941, la Ley de 4 de diciembre de 1941 BOE 1941/350 autorizó la alteración de los nombres y apellidos de los niños bajo la tutela del Estado, lo que facilitaba el borrado de su identidad y dificultaba cualquier intento de reunificación con sus familiares.
El testimonio de la represión: "niños perdidos"
Los testimonios de aquellos que vivieron esta tragedia son desgarradores. Los huérfanos de guerra fueron colocados en orfanatos, centros religiosos y patronatos estatales, donde vivieron condiciones precarias, a menudo sometidos a abusos físicos y psicológicos. La vida en estos centros estaba marcada por la disciplina férrea, la constante propaganda ideológica y, en muchos casos, el maltrato. Numerosos niños murieron por malnutrición o enfermedades, mientras que otros sobrevivieron, pero con secuelas emocionales y psicológicas difíciles de superar. Muchos, al ser separados de sus familias, llegaron a perder toda noción de su identidad, un tema ampliamente abordado por Roig en su tesis doctoral.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Vicenta Álvarez, quien a la edad de seis años fue internada en un centro regentado por monjas. A pesar de recordar perfectamente su nombre y el de su padre, a los pocos meses fue renombrada con un apellido completamente ajeno al suyo, "Flores Ruiz". Esta alteración de su identidad se repitió en varias ocasiones a lo largo de su niñez. En su relato, Vicenta expresaba su dolor por no haber podido reconectar con sus raíces, señalando que, al cambiarle el nombre, "me separaron para siempre de mi padre", tal y como recoge Roig en su estudio.
La explotación de los huérfanos: de la reeducación a la mano de obra forzada
Además de la represión ideológica, el régimen franquista utilizó a los huérfanos como mano de obra barata. A partir de la década de los 40, estos niños eran enviados a familias afines al régimen, donde realizaban tareas domésticas o agrícolas, camufladas bajo el nombre de "adopciones" o "acogimientos" caritativos. Así, el régimen no solo les arrebataba a los niños de sus familias, sino que también los explotaba económicamente. En muchos casos, estos menores eran "cedidos" a varias familias, quienes los empleaban en trabajos que roza el concepto de esclavitud. Este proceso se mantuvo durante varios años, y muchos niños fueron tratados como objetos, siendo transferidos de una familia a otra sin ningún tipo de regulación, tal y como señala Souto en su investigación.
Las adopciones ilegales: una red de tráfico de menores
Una de las prácticas más crueles fue la adopción irregular de niños, especialmente durante los primeros años tras la guerra. En las cárceles de mujeres republicanas, muchos recién nacidos eran arrebatados de los brazos de sus madres y entregados a familias franquistas que no podían tener hijos. Esta adopción ilegal se realizaba sin ningún tipo de procedimiento formal, y los niños eran registrados como hijos biológicos de sus nuevos "padres". Esta práctica de sustracción de bebés se mantuvo en silencio durante años, y no fue hasta las últimas décadas que se ha comenzado a conocer la magnitud de este crimen. Según Neus Roig Pruñonosa, miles de bebés fueron separados de sus madres en las cárceles y entregados a familias afines al régimen en un tráfico clandestino de adopciones.
El marco legal para los robos de identidad: La Ley de 1941
El marco legal aprobado por Franco fue un factor clave para posibilitar estos robos de identidad. La Ley de 4 de diciembre de 1941 BOE 1941/350 autorizó expresamente a las instituciones del régimen (Auxilio Social, patronatos, etc.) a cambiar el nombre y los apellidos de los menores bajo su tutela. Esta medida fue justificada bajo el argumento de que algunos niños no recordaban su nombre, pero en la práctica se utilizó para borrar el rastro de miles de niños y evitar que fueran reclamados por sus familias. La historiadora Luz C. Souto, en su investigación, subraya cómo el proceso de alteración de la identidad de estos niños fue una de las tácticas más eficaces de represión y ocultación, permitiendo que los menores se convirtieran en "propiedad" del régimen.
El número de fosas comunes del franquismo que existen en territorio español oscila entre las 2.500 y las 4.000, según cifran los datos oficiales e investigaciones de organizaciones memorialistas. El motor de sus hallazgos no es otro que la Ley de Memoria Histórica, que trata de exhumar e identificar a nada menos que 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura que aún no tienen sepultura digna.
A pesar de que España y Andalucía siguen conviviendo con esta cruenta realidad casi un siglo después, todavía hay partidos políticos y dirigentes que se permiten la osadía de atacar a la propia ley, al afán de recordar, homenajear y dignificar a esas centenares de miles de víctimas del franquismo o de bromear con semejante cuestión. La mayoría de ellos, son de Vox, pero no es el único partido en el que sus políticos practican esta infamia. También los hay en el PP, y no precisamente solo en su militancia, también en la alta dirección.
Hoy mismo, el ‘número dos’ de Feijóo, Miguel Tellado, ha querido dejar su particular barbaridad en torno al holocausto franquista. El dirigente popular, que no es baluarte precisamente de la corrección y las buenas formas políticas, ha asegurado en un acto político de su partido durante el día de hoy que «este puede ser el último curso político de este Gobierno» y «aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido». Unas viles palabras, que acercan más que nunca al PP y a Tellado al radicalismo de la extrema derecha de Vox, que han encontrado fuertes críticas entre numerosas voces progresistas y entre la ciudadanía, incluso entre descendientes de víctimas del alzamiento militar y el franquismo.
Cristian López Domínguez
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