_
Once de las causas contra el ex alcalde de Orihuela llevan dos años paradas
Medina pide «celeridad» para resolver los asuntos abiertos
J. E. M., Alicante
Hace más de tres años, el 15 de septiembre de 2005, el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, puso en marcha su investigación contra el ex alcalde de Orihuela, el popular José Manuel Medina, por una larga serie de supuestas irregularidades contables en el Ayuntamiento y en la relación con promotores urbanísticos. Un año después, el 22 de septiembre de 2006, Medina renunció a repetir como candidato a la alcaldía tras haber protagonizado un sinfín de noticias de alcance nacional en prensa, radio y televisiones sobre esos 15 asuntos judiciales repartidos por los seis juzgados de Orihuela, entre los que llamó especialmente la atención el presunto uso de bienes de lujo -dos coches de alta gama, un Audi A8 y un Rolls Royce, y un chalet en la costa-, que eran propiedad de constructores adjudicatarios del consistorio. Las investigaciones abiertas por Briones tuvieron su origen en las denuncias de la oposición -particularmente del ex portavoz socialista Francisco García Ortuño- y en las declaraciones del ex interventor municipal, José Manuel Espinosa, que se había autoinculpado previamente de apropiarse de 30.000 euros de las arcas del Ayuntamiento.
Hoy, más de dos años después de los escándalos del «alcalde del Rolls» y de las actuaciones judiciales, el balance de las investigaciones se salda con cuatro casos archivados -el último de ellos, el pasado 28 de octubre, sobre las obras de reforma de la Glorieta Gabriel Miró-, ocho causas todavía pendientes de que se practique alguna diligencia, dos paralizadas desde que declaró Medina en agosto de 2006 y enero de 2007 y una más por facturas supuestamente falsas en la que prestó declaración como imputado el ex secretario municipal sin que se haya acusado al ex alcalde. «Yo sólo pido que me juzguen»Medina reclama insistentemente que se resuelvan «con celeridad» los muchos asuntos que tiene pendientes en los tribunales, pero en estado latente, sin que se practiquen pruebas o diligencias. «Yo sólo pido que me juzguen», asegura José Manuel Medina. «No quiero morirme siendo sospechoso».
El ex alcalde atribuye todo su calvario judicial a las denuncias de la oposición -particularmente de García Ortuño y de Izquierda Verde- y del ex interventor municipal. «Son denuncias formuladas por alguien que se ha autoinculpado por llevarse dinero del Ayuntamiento», recalca. También es consciente de que buena parte de los argumentos para la acusación llegaron del «fuego amigo», es decir, de su propio partido (PP) y de su equipo de gobierno, inmerso por entonces en una frontal lucha por el poder interno.
«Tengo la conciencia tranquila porque no he cometido ningún delito ni falta, aunque sí dos mil errores en la gestión municipal, como puede ocurrir en todas partes», sostiene el ex alcalde. «La prueba de ello es que se están archivando las causas conforme los jueces analizan los documentos aportados», añade. «Para mucha gente sigo siendo el alcalde del Rolls, el sinvergüenza», se lamenta. «Y yo no tengo un Rolls. Necesito que el juzgado lo busque y, si lo encuentra, que me suban en el coche y me den la vuelta a España para escarnio público. Como tampoco recibí regalos de chalets, ni cometí delitos contra el territorio; me limité a dar cumplimiento a los trámites municipales y fue la Generalitat quien aprobó los planes urbanísticos».
_
Un empresario de Alicante admite que pagó comisiones a un ex alto cargo de Matas
Otro asesor valenciano también fue detenido por este caso en octubre
Felipe Armendáriz/J. F. Mestre, Palma de Mallorca
Sergio Pereletegui, un empresario de Alicante que en la legislatura pasada facturó unos 230.000 euros para el consorcio del Govern balear CDEIB, admitió ayer ante la jueza que investiga el caso Scala, que abonó comisiones de hasta el 40% de sus trabajos a la entonces gerente de dicho organismo público, Antònia Ordinas (alto cargo durante el Gobierno de Jaume Matas). La jueza interrogó a otro proveedor del CDEIB, Mateo Arnaldus Van der Hurk, quien, por contra, rechazó haber abonado sobornos a Ordinas o a Kurt Viaene, el ex director general de Promoción Industrial del Govern.
Pereletegui facturó a título individual al CDEIB entre 2003 y 2007, 169.152 euros y también cobró a través de la sociedad Camino Export, de la que es administrador único, otros 60.249 euros. Camino Export tiene su domicilio social en El Campello (Alicante) y su objeto social es el asesoramiento o servicios de consultoría a entidades públicas o privadas.
Pereletegui declaró que se hizo proveedor del CDEIB a instancias de Kurt Viaene, que le ofreció trabajar de consultor externo. Viaene no le habló del pago de comisiones y, según el empresario, el primer encargo que se le hizo fue abonado sin ningún tipo de contratiempo.
El asesor alicantino, no obstante, añadió que los problemas surgieron con el segundo trabajo para el consorcio de la conselleria de Comercio e Industria, cuando Antònia Ordinas le exigió una mordida del 40 por ciento del contrato, siempre según su versión.
30.000 euros por informes
El asesor imputado añadió que sí hizo los trabajos que le habían encomendado y ayer aportó copias de los mismos. Pereletegui cobró varias partidas de 30.000 euros por informes como Elaboración y definición de los elementos que configuran el marketing exterior
Elaboración de estrategias de acceso a mercados internacionales.
La versión del otro empresario interrogado ayer, Mateo Arnoldus Van den Hurk Mir, fue radicalmente distinta. Arnoldus facturó al CDEIB a través de la empresa de Lloseta Comarca Global Consulting cientos de miles de euros, pero dijo que no aceptó pagar soborno alguno por sus contratos. Su antiguo socio, y también imputado, Felipe Ferré, ha declarado que Arnoldus abonó comisiones a Ordinas. Arnoldus insistió en la calidad y utilidad de sus informes.Cabe recordar que en esta investigación también se ha visto afectado otro empresario valenciano. El pasado 3 de octubre, F. G. C. fue detenido en Valencia por policías de Palma, tras haber facturado a la empresa pública balear casi dos millones en los últimos cuatro años por estudios de mercado. Fue detenido bajo la acusación de haber pagado comisiones. Quedó en libertad tras prestar declaración.
_
El PP blinda a sus presuntos corruptos
Los Estatutos nacionales aprobados en junio, que siguen sin ser públicos, fijan que sólo se suspenderá automáticamente de funciones y militancia a quien tenga una "condena firme".
MARÍA JESÚS GÜEMES - Madrid - 02/11/2008 21:04
Saltaron todas las alarmas. Hace unos días se puso el grito en el cielo al estallar la noticia de que el PP de la Comunidad Valenciana había incluido en la reforma de sus Estatutos una cláusula que blindaba al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por la posible comisión de varios delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. Pero lo cierto es que ésta medida no era ni más ni menos que una copia literal de la que actualmente figura en el reglamento nacional.
En el Preámbulo de los conservadores valencianos se indicaba que "dentro de su compromiso ético con la sociedad" el partido de Francisco Camps había decidido incorporar a su procedimiento disciplinario "la suspensión automática de funciones y militancia cuando existiese una condena firme en un procedimiento penal por la comisión de un delito doloso".
Manuel Vilanova, sentenciado por prevaricación, sigue como presidente local
El texto, con exactamente las mismas palabras, aparece recogido en el artículo 16, apartado 6, de la normativa interna que salió aprobada del XVI Congreso del PP, cuando Rajoy fue reelegido presidente. Cuatro meses después del cónclave los Estatutos siguen siendo secretos pero fuentes del partido confirmaron a Público este dato.Durante el desarrollo de la ponencia se mantuvo que se incluía este aspecto para que en casos de "alarma social" se procediera a una "rápida actuación". Pero lo cierto es que la urgencia contrasta con lo aprobado en los nuevos Estatutos: antes de que se dicte una condena firme suelen pasar muchos años entre la instrucción del sumario, las sentencias de primera y segunda instancia y los posibles recursos ante el Tribunal Supremo o el Constitucional.
En sus Estatutos los conservadores introducen este importante matiz y mantienen, como en etapas pasadas, otras medidas cautelares como "la suspensión provisional de funciones y la de militancia de los afiliados". Para aplicarlas se exige "siempre" el acuerdo de la mayoría absoluta del Comité de Derechos y Garantías.
En el PP niegan que con esta redacción se trate de proteger a todos aquellos dirigentes del partido que se están viendo envueltos en los casos de corrupción que han salpicado a la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares o Castilla y León. Pero lo cierto es que la medida resulta desconcertante frente a un PSOE que procede a expulsar a sus cargos en cuanto resultan imputados o el fiscal pide cárcel.
Los conservadores dicen que su nueva norma asegura una "rápida actuación"
Además, los socialistas no han hecho más que pedirle al PP en repetidas ocasiones un pacto contra la corrupción urbanística. Rajoy siempre lo ha rechazado. Pero no por ello, dicen en desde el Grupo Parlamentario Popular, se despreocupan. Recuerdan que en julio presentaron una proposición no de ley en la que pedían el endurecimiento de las penas por los delitos vinculados a la corrupción urbanística, mayores medios para combatirla y que los bienes decomisados se destinaran a fines de interés general y se traspasaran a las corporaciones locales afectadas.
"Presunción de inocencia"
Miembros del Comité Ejecutivo Nacional defienden que esta norma, no recogida anteriormente, se incluyó precisamente para dar "otra garantía más". Desde la sede del PP no hacen más que insistir en la "presunción de inocencia". Explican que lo que no quieren es culpar a alguien y que luego se demuestre que era inocente.
Pero los conservadores no aplican sus propias directrices. La prueba de ello es que hace tan solo unos días se podía ver al ex alcalde de Vila- real Manuel Vilanova, dando una rueda de prensa junto a Andrea Fabra. Vilanova, que fue condenado por un delito de prevaricación por el Supremo en 2006, abandonó su cargo municipal pero no la presidencia local del PP.
El PP sostiene que no busca proteger a nadie, sino reforzar las garantías
Al pedir explicaciones al PP valenciano, Ricardo Costa afirmaba que no se le pensaba expulsar porque su gestión había sido "ejemplar". La mano derecha de Camps incidía en que las competencias de permanencia en las estructuras del partido no sólo dependían de su partido sino que también eran decisión de la dirección nacional. Mientras él lanzaba la pelota al tejado de Génova, Carlos Fabra le daba a la historia otra vuelta de tuerca al argumentar que no hay sentencia firme hasta que no se pronuncia el Tribunal de Estrasburgo.
El presidente del PP de Castellón insiste en que los cargos del partido "tienen derecho a agotar todas las vías judiciales". Un planteamiento que retrasaría aún más la adopción de medidas disciplinarias.
En el PP también se saltan otro artículo que ya figuraba en sus antiguos Estatutos. En este se establece que al conocerse "la existencia de hechos o conductas de afiliados en el ejercicio de cargo público que pudieran ser éticamente reprobables o comprometieran el honor o imagen del PP" se encargaría tramitar "un expediente informativo". Si alguien pregunta si se ha activado la maquinaria en este sentido, sólo se obtiene por respuesta un incómodo silencio.
Tratamiento "impecable"
Desde la dirección del PP afirman que el trato que su partido le ha dado a la corrupción siempre ha sido "impecable" y que así seguirá siendo en el futuro. Pero para todos sus dirigentes es tema tabú. No lo quieren abordar en público. Y hasta en privado lo sortean.
Atrás ha quedado el Código Ético del PP de abril de 1993. En este documento los conservadores pedían a sus cargos públicos que se comprometieran a "comunicar a la dirección del partido y a poner a su disposición el puesto público que desempeñaran si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional pudieran derivarse indicios racionales de comisión de un delito".
No era el único control. También se sostenía que sería motivo de expulsión inmediata "la utilización del propio nombre, posición o relación dentro del partido o en un cargo público para obtener lucro, trato o favor personal o beneficio para sí o para terceros". Los tiempos han cambiado y los Estatutos se imponen por encima de dicho código.
_
EXPULSIONES
El PP balear toma cartas en el asunto
Se activa un Comité de Ética, autónomo, con prestigiosos juristas.
MARÍA JESÚS GÜEMES - 02/11/2008 21:08
La situación del PP en Baleares se puede resumir con dos frases. La primera es de la presidenta de la formación, Rosa Estarás, quien no tuvo inconveniente en reconocer que no ponía "la mano en el fuego por nadie" en la trama de cobro de comisiones ilegales en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (Cdeib), en el que se han visto envueltos varios dirigentes de su partido.
La otra es la de Catalina Cirer, la portavoz conservadora en las Islas, quien aseguró que no iba a aceptar que el PSOE o Unió Mallorquina le dieran "lecciones de corrupción".
A falta de saber que ocurre con el ex conseller de Comercio, Josep Cardona, que está imputado pero cuenta con la confianza del partido, y a la espera de ver si algún día Jaume Matas da alguna explicación sobre su gestión al frente del Gobierno balear, el partido ha tratado de hacerse con las riendas de la situación con el fin de que no se dañe más su imagen. Para ello se constituyó en septiembre un Comité de Ética que funciona de forma autónoma y que está compuesto por cuatro prestigiosos juristas, con Román Piña Homs como presidente.
Retirada del carné a la fuerza
Por otro lado, el partido ha decidido expulsar del partido o suspender de militancia a varias personas implicadas en casos diferentes. Así llevan un total de 12 nombres, entre involucrados por temas de gobierno, un concejal del Ayuntamiento de Palma y varios empresarios afiliados al PP. Muchos mandaron ellos mismos la solicitud de baja voluntaria. A otros se les tuvo que exigir el carnet. Es es el caso del ex director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, a quien consideraron "cabecilla" de la trama del consorcio de Turismo Joven.
_
PROTECCIÓN
El método de alabar a los imputados
El PP valenciano considera "ejemplares" a sus imputados.
MARÍA JESÚS GÜEMES - 02/11/2008 21:10
Hace tan sólo unos días, el PP de la Comunidad Valenciana presumía de "su entrega, valores y principios" en las instituciones donde gobierna. "Transparencia, lealtad, profesionalidad, dignidad y decoro, honestidad, fidelidad, dedicación, sentido del deber buena fe y moralidad sellan el compromiso de los cargos públicos con los valencianos", remarcaba en sus nuevos Estatutos.
Mientras se aplican esta ristra de atributos, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se encuentra imputado por nueve delitos, entre los que se encuentra el fraude fiscal, la malversación de fondos, el tráfico de influencias, el cohecho y la falsificación de documento público. Y su caso no es el único de la zona.
Pero el partido de Francisco Camps prefiere lavarse las manos y se limitan a proclamar que todos sus integrantes son ciudadanos "ejemplares". El PP continúa protegiendo a Fabra aunque saben, y sólo lo reconocen en la más estricta confidencialidad, que tienen un problema de difícil solución.
La dirección nacional sólo se remite a la acción de la justicia y no adopta ninguna medida en este territorio. Sólo Esteban González Pons apuntaba hace unos días, en una entrevista en Público, su interés porque el caso abandonara el juzgado de Nules y pasara al de Castellón. De esa manera, a su juicio, se podría resolver de una vez por todas un procedimiento que lleva más de seis años con diligencias abiertas.
Este es el discurso que ha adoptado también Ricardo Costa, secretario general del PPVC, quien ante el monotema de todas sus ruedas de prensa ha dedicido ampararse en que la Justicia "tiene que trabajar con rapidez y diligencia". El PPCV pide que no se hagan "juicios paralelos".
_
A LA ESPERA
La técnica de mirar hacia otro lado
En Canarias y en Castilla y León prefieren no investigar
MARÍA JESÚS GÜEMES - 02/11/2008 21:17
En el PP canario cuentan que su presidente, José Manuel Soria, aguarda a que "le llamen para declarar" y están convencidos de que con sus explicaciones "se archivará la causa". "Él está muy interesado en personarse para aclararlo todo", dicen los que le rodean. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se le investigue por un presunto delito de cohecho. Pero sus compañeros de partido creen que todo obedece a una venganza orquestada. Explican que el periodista Carlos Sosa, autor de la denuncia, era "el anterior jefe de prensa socialista" y que desde que se puso al frente de un medio digital todo lo que ha escrito "ha sido en contra de Soria". "Tanto que ha sido condenado por injurias y calumnias", remarcan.
Carpetazo a la comisión
En Castilla y León todos los ojos están puestos en los huertos solares. En las Cortes regionales, el partido de Juan Vicente Herrera se ha opuesto a la creación de una comisión de investigación. Se le dio carpetazo porque, según ellos, a "todos los implicados que eran funcionarios de libre designación y no altos cargos, se les instó inmediatamente al cese". Además, argumentan que siempre se ha hablado de "autorizaciones" y no de "concesiones, donde habría trato de favor y perjuicio a terceros". También explican que se pidió un informe a la inspección de servicios sobre el director general de la energía del Gobierno castellano-leonés, Ricardo González Mantero, que concluyó una actuación "transparente".
Tras verse implicada la vicepresidenta del Parlamento autonómico, Carmen Luis Heras, en el PP dicen que no harán nada hasta que se conozca su declaración de actividades.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada