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Dependència
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Una firma participada por la familia de Cotino factura millones al Consell
En 2007 percibió 15,9 millones de euros por plazas en asilos subvencionados
JAIME PRATS - Valencia - 02/11/2008
La familia del consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, es uno de los principales propietarios de Gerocentros del Mediterráneo, empresa líder del sector de residencias de la tercera edad en la Comunidad Valenciana. Esta firma, que opera en el mercado de los geriátricos bajo el nombre comercial Savia Centros Residenciales, recibió en 2007 la suma de 15,9 millones de euros en concepto de plazas subvencionadas por la Generalitat. Así se desprende de las respuestas a las preguntas parlamentarias formuladas por el diputado socialista Antonio Torres, en las que el Gobierno valenciano indica que 18 residencias del grupo Savia obtuvieron fondos públicos para sufragar 955 plazas.
Gerocentros fue la principal adjudicataria del plan de construcción de nuevos centros de la tercera edad impulsado en 2001 por el entonces consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco. Este plan, que entró en vigor en 2003, incentivó la construcción de nuevas residencias por parte del sector privado a cambio de garantizar la Administració que ocuparía un tercio de estas plazas, las llamadas de accesibilidad social. Gerocentros recibió en 2007 un total de 11,2 millones de euros por este concepto y casi cinco por el bono-residencia, otra fórmula de financiación pública.
Los acuerdos de esta empresa con la Administración son previos a la llegada de Juan Cotino a la consejería, una circunstancia que se produjo en junio de 2007. Gerocentros del Mediterráneo, que cerró el año 2006 con una facturación de unos seis millones de euros, está participada en un 38,7% por Sedesa Concesiones (filial de la matriz Servicios de Excavaciones SA, ligada a la familia de Cotino). Enrique Ortiz e Hijos posee también un 38,7%, la empresa castellonense Doalco el 10,96% y el grupo murciano Fuertes un 11,64%, según el último cambio accionarial que trascendió el año pasado.
Fuentes de la Consejería de Bienestar Social indicaron a este diario que el consejero de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Consell "no mantiene ninguna relación con empresas de este sector".
Nueve meses de silencio
En enero de 2008, un acuerdo del Consell introdujo un cambio de modelo en la gestión de las plazas denominadas de accesibilidad social. Se acordó fijar contratos individualizados con las 52 residencias con las que se conciertan plazas. Además, se incorporó la posibilidad de rebasar el tercio del total de la capacidad del centro para uso público (concertado) y se establecieron acuerdos de 15 años de duración, frente a los de cinco años prorrogables del plan de Rafael Blasco. El diputado socialista Antonio Torres ha solicitado en dos ocasiones una copia de este acuerdo, anunciado el 25 de enero pasado y que comportaba una financiación de 436,7 millones de euros. La primera petición, dirigida a la presidenta de las Cortes Valencianas es del 29 de abril de 2008. La segunda es del 12 septiembre. En ningún caso ha obtenido respuesta. Para Antonio Torres, estos cambios han supuesto "blindar" las condiciones de estas empresas, entre las que se encuentra la participada por la familia del consejero. Además, denuncia que este departamento se está centrando en potenciar la asistencia residencial, cuando "lo que demandan las personas es recibir asistencia en casa, no desplazarse a una residencia". Bienestar Social apunta que esta modificación de las condiciones del plan Blasco responde a la adecuación a la ley de la Dependencia.
El viernes, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps,presentó un nuevo acuerdo para concertar 8.109 plazas residenciales a partir de 2009 que sustituirá el bono residencia y que también, señaló, responde a las necesidades de la ley de Dependencia.
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