divendres, 13 de març del 2009

PP Vice. 13/03/2009. La familia Aznar, invitada en el palco VIP de Francisco Correa.

Paco Correa en su palco, junto a Alejandro Agag, Ana Aznar y Jacobo Gordon.
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Viernes, 13 de Marzo de 2009

Ricardo Costa Climent , un pijus magnificus con sastre a la medida

Caso Gürtel : A Mariano se le acumulan los imputados las 24 h judiciales incluidas

Caso Gürtel : La trama de Madrid se acerca a la condesa gacela

Caso Gürtel : La trama de Valencia ya tiene cercado al piadoso de Camps

Serafín Castellano : Otro Consejero del piadoso de Camps con amistades peligrosas y muy rentables

Rinconete González González : siempre viaja en metálico con sus amigos de concursos

Caso Granados $ González : Crónica de un ajuste de cuentas las 24 h judiciales incluidas

50 genoveses prometedoramente sospechosos

Alberto Núñez Feijóo : Crónica de un trilero

Valcárcel ya tiene a un ex Consejero propio detenido por cohecho y prevaricación

El yernisisimo de La Cosa, un tal Agag ya tiene donde explicarse

Los amigos de Acebes fichan por " El Albondiguilla ". Pura casualidad y el que diga lo contrario es un miserable

Michavila & Letrados de Cortes varios, SL : ¿Un despacho bajo sospecha?

Juan Cotino : El Opus Dei y la familia marcan a su espíritu, a su Consejería y a su C/C

Rouco & Gallardón se ganan la tierra y el cielo respectivamente

Cortadillo Granados Lerena : El dan domina su vida y su C/C las 24 h judiciales

D. Fabricio : un imputado bocazas y en ocasiones sincero

Jaume Matas investigado por su patrimonio acumulado

Baltar : la trayectoria de un perillán en versión caciquil y cutre

D. Zaplanini aparece tapando sus agujeros míticos

Los pisitos más populares : Suma y sigue

La Condesa gacela sigue aportando Consejeros bajo sospecha.

La sucesión de Mariano

Pedro J Ramírez ya tiene su ERE

Operación salmón : Las cuentas del clónico Soria al descubierto

Para habernos matado : crónica inacabada de navajazos entre los genoveses amigos

El rock de la cárcel genovesa continúa en su esplendor
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La familia Aznar, invitada en el palco VIP de Francisco Correa

El presunto líder de la trama vinculada al PP, invitó a su palco del Master Series de Madrid a importantes figuras del PP nacional y madrileño

MARIELA RUBIO / CADENA SER 13-03-2009

Francisco Correa, presunto líder de la trama vinculada al Partido Popular, invitó a su palco del Master Series de Madrid a importantes figuras del PP nacional y madrileño. Por su palco VIP personal pasaron incluso miembros de la familia Aznar: su hija Ana y su yerno Alejandro Agag

AUDIOS: Correa: "Dile a Sepúlveda que me debe el Range Rover, 14millones, me iba dar una obrita"

Aznar se niega a responder sobre su relación con Correa
Galeote presentará este viernes la renuncia a su acta de concejal de Estepona tras su imputación en el caso Correa
De Cospedal asegura que "la espiral" iniciada por Garzón lo convierte en "víctima"

"El palco VIP más rentable del Master", así solían llamarlo en el entorno de Correa. ¿La razón? A pesar de su elevado coste, el presunto líder de la trama corrupta pudo sacarle un elevado rendimiento en negocios para sus empresas.

Correa invertía cada año cerca de 18.000 euros en palcos en este evento deportivo y lo hizo desde 2002 hasta 2007. La encargada de la gestión, según fuentes próximas a Correa, era la también imputada Isabel Jordán.

Jordán alquilaba cada año al menos dos palcos en el Master Series: uno de ellos a nombre de Special Events (empresa considerada por Garzón como epicentro del la trama) y otro a nombre de Correa. El primero era para los clientes de la empresa y por allí pasaron, como aseguran en el entorno de Correa, alcaldes populares madrileños, tenientes de alcalde e incluso importantes cargos del PP regional. El segundo palco era reservado para el presunto líder de la trama y sus amigos más próximos. Este es el palco que aparece en la foto y por el que además de la hija y el yerno de José María Aznar, según fuentes próximas a Correa, pasaron importantes miembros del PP nacional.

Jacobo Gordon
El hombre que aparece en la foto con chaqueta verde, Jacobo Gordon, es amigo, compañero de universidad y antiguo socio de Alejandro Agag (fue testigo en su boda y mantenían una estrecha relación desde su etapa en el Cunef (la conocida como la universidad de los banqueros). Gordon está imputado en el caso Gürtel ya que es administrador único en una de las sociedades de la trama presuntamente corrupta: la sociedad de inversión inmobiliaria Castano Corporate, donde los también imputados Pablo Crespo y Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol con Alfonso Cortina, fueron socios y administradores.

En las grabaciones de la Operación Gürtel, su nombre aparece en reiteradas ocasiones vinculado con una promoción inmobiliaria en Majadahonda, con el "tema valenciano", con su "desastrosa" (así lo dice Correa en las cintas) gestión en algunos negocios y con su relación con Aznar. "Jacobo, todo el verano con Aznar y no es capaz de pedirle que nos eche una mano para desbloquear la licencia. No ha hecho nada", asegura Francisco Correa en las grabaciones del caso. _

España 13-03-2009
Galeote presentará este viernes la renuncia a su acta de concejal de Estepona tras su imputación en el caso Correa
... facturó casi 54.000 euros a una empresa vinculada a Francisco Correa, principal imputado en la causa y cuya mujer fue, durante unos meses, jefa de prensa del Ayuntamiento de Estepona durante el mandato del PP. El popular está citado a declarar el próximo 18 de marzo como imputado en el caso Correa ...

España 13-03-2009
Garzón afirma que sus cuentas "están claras"
... demasiado". Prefirió no hacer comentarios sobre la querella por prevaricación presentada en su contra por el PP por el llamado 'caso Correa', que investiga supuestos casos de corrupción vinculados a políticos ese partido. "Estoy fuera de mi país y no me gusta hablar de temas de mi país cuando no ...

España 13-03-2009
De Cospedal asegura que "la espiral" iniciada por Garzón lo convierte en "víctima"
La secretaria general del PP ha dejado al margen de la trama de corrupción a Ana Mato: "Ha pasado ya tiempo en España desde que las mujeres somos independientes de nuestros maridos"

España 12-03-2009
Aznar se niega a responder sobre su relación con Correa
El ex presidente del Gobierno guarda silencio ante las preguntas sobre Correa, el supuesto cabecilla de la trama de corrupción

España 13-03-2009
Audio: Entrevista a María Dolores de Cospedal en Hoy por Hoy (13/3/2009)
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha culpado al juez Garzón de llevar el caso Correa sin demasiada "discreción"

España 11-03-2009
Correa: "Me voy a calzar a Beltrán"
por Correa es falso. Se asegura que los contratos del PP de Madrid con Correa se hicieron con ...

España 12-03-2009
Audio: Ana Mato: "No me consta nada"
La diputada del PP Ana Mato ha dicho hoy que a ella no le consta "nada" sobre las informaciones que apuntan a que su ex marido, Jesús Sepúlveda, recibió del principal encausado en el "caso Gürtel", Francisco Correa, un coche de lujo como regalo cuando era secretario electoral de este partido en el año 1999.

España 12-03-2009
Audio: Camps: "Queda un ratito largo"
El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, en el Parlamento esta mañana se refiere así a las preguntas de la oposición sobre el 'caso Correa': "No hay nada que esconder, nada que esconder y nada de lo que arrepentirse durante estos años". Sé que queda un ratio largo, que se van a seguir montando esta fiesta ustedes. Estoy preparado personalmente y políticamente para soportar este ratito largo".

Las noticias del caso Correa
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De la Vega insta al PP a que deje de presionar a Garzón

La secretaria general del PP pide "la misma vara de medir" la presunción de inocencia del juez y de los militantes de su partido imputados en la trama

ELPAÍS.com - Madrid - 13/03/2009

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha salido al paso de las críticas lanzadas desde el Partido Popular (PP) al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la instrucción del caso Gürtel exigiendo "respeto" a la "independencia" del magistrado. "Me parece exigible que se respete el trabajo de los jueces" ha manifestado De la Vega en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La número dos del Gobierno ha pedido que se deje trabajar con independencia a la Justicia y no se ejerza "presión", en referencia a las protestas del PP ante el CGPJ.
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Garzón dice que la investigación por sus cobros en el extranjero "no tiene fundamento"

Maria Dolores De Cospedal García

"Tenemos la obligación de crear un clima de seriedad y respeto exigible" hacia la Justicia ha continuado la portavoz del Ejecutivo socialista quien ha añadido que "eso no se ha producido" en las últimas semanas. No obstante y sobre las palabras expresadas ayer por el magistrado de la Audiencia Nacional, De la Vega ha afirmado que le corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) actuar si considera que el juez ha hecho declaraciones que no debe hacer.
Garzón volvió a negar anoche que cometiera irregularidad alguna y aseguró que respondería a las acusaciones cunado regresara a España de una estancia en Guatemala. "Hablaré y a lo mejor hasta me dicen que tengo que callarme", aseguró.

Garzón, víctima de sí mismo
Por su parte, la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy en una entrevista en la Cadena Ser que el juez es "víctima de una espiral que el mismo ha provocado; empezó como una causa presentada contra el PP, después se van produciendo filtraciones y ahora aparecen informaciones sobre actuaciones de Garzón".

La número dos de los populares ha admitido como lógico que el juez esté "irritado" si aparecen informaciones sobre "actuaciones no muy éticas", en relación al supuesto cobro de unos cursos y conferencias durante su estancia como docente en EE UU, además de su sueldo en España, pero ha pedido que se aplique la misma vara de medir. "¿Quién restituye la honorabilidad de las personas que aparecen en los periódicos y luego son inocentes?", ha preguntado Cospedal para referirse a los miembros de su partido imputados en la investigación de la trama corrupta de empresas dirigidas por Francisco Correa.

Preguntada sobre si ha sido el propio Garzón quien ha filtrado a la prensa las informaciones antes de que se conociera el sumario, Cospedal se ha limitado a asegurar que habrá que demostrar de donde proceden. "Hay cuestiones que se han filtrado que van más allá de de las denuncias presentadas", ha afirmado. En cuanto a Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), imputado en la trama y ex marido de Ana Mato, Cospedal ha defendido a la dirigente popular. "Ha pasado ya tiempo en España desde que las mujeres somos independientes de nuestros maridos y lo que hace un marido no arrastra a la mujer", ha indicado, preguntada por el Jaguar que supuestamente Correa regaló a Sepúlveda.

Comisión de espionaje en Madrid
Sobre el otro escándalo que afecta al PP, la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid y el cerrojazo impuesto por su grupo en la Asamblea, Cospedal considera que hay que esperar a conocer las conclusiones el próximo miércoles antes de emitir cualquier valoración y decidir si se reabre la investigación interna que inició en su partido y que quedó aparcada cuando empezaron los trabajos en el Parlamento madrileño. "La tarea de recabar información dentro de un partido es muy complicada; yo no soy juez", ha indicado. El pasado martes, la secretaria general del PP sugirió que no le disgustaba la forma en que se había cerrado la comisión, aunque posteriormente matizó que habría que esperar.

Dispuesto el PP a dejar a un lado en el País Vasco las disputas con el PSOE, Cospedal ha afirmado que "desea de corazón" que Patxi López sea el próximo lehendakari. "Tiene que desparecer el miedo a la democracia y a la alternancia", ha señalado Cospedal, que ha reiterado que "no pasa nada" porque el PNV esté en la oposición, gracias al acuerdo entre socialistas y populares.

Cospedal ha extendido la predisposición del PP a colaborar con el PSOE para luchar contra la crisis económica, pero ha precisado que el hombro hay que "arrimarlo para hacer cosas útiles". La número dos del PP ha señalado que no va a "decretar la muerte política de nadie", en relación al ministro de Economía, Pedro Solbes, pero considera que "no ha tenido muchos aciertos".
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Los escándalos que afectan al PP

Garzón envía la investigación de la trama a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia

El magistrado hace efectiva la inhibición al haber aforados en la red corrupción dirigida por Correa.- El sastre de Camps vuelve a declarar en la Audiencia

ELPAÍS.com - Madrid - 13/03/2009

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha enviado hoy la investigación del caso Gürtel a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, tras acordarse el pasado jueves 5 de marzo la inhibición en favor de estos al hallar indicios en la causa contra aforados regionales de ambas comunidades. El magistrado ha remitido los correspondientes oficios, aunque los había dejado firmados antes de irse de viaje el pasado martes. El envío no se ha hecho efectivo hasta hoy por problemas técnicos con los servicios de reprografía, dada la gran cantidad de fotocopias que han tenido que hacerse para remitir la causa completa a ambos tribunales, según han informado fuentes jurídicas.
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El PP lanza un nuevo ataque contra Garzón para tapar la trama corrupta
De la Vega insta al PP a que deje de presionar a Garzón
Camps: "Estoy preparado para aguantar" Aguirre: "Los implicados han dimitido"

Auto de Garzón de inhibición en favor del TSJ de Valencia
DOCUMENTO (PDF - 172,5Kb) - 05-03-2009

Francisco Camps Ortiz

Veinte minutos después de las dos de la tarde han comenzado a salir las nueve primeras cajas de folios de la Audiencia Nacional con destino a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia. Ante el aparente retraso de la remisión de la causa, el PP presentó ayer un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denunciando al juez por ausentarse de España sin cumplimentar el escrito de remisión.

A pesar de haber acordado la inhibición con respecto a los aforados, entre los que se encuentran el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, el secretario general del PP en esta Comunidad, Ricardo Costa, y los diputados autonómicos madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, Garzón mantiene la instrucción de la causa con respecto a los otros 37 imputados no aforados a los que ya ha tomado declaración y a los que se suman otros seis a los que ha citado para tomar declaración el próximo miércoles, entre los que destacan los alcaldes de las localidades madrileñas de Pozuelo y Arganda, Jesús Sepúlveda y Ginés López.

Interrogatorio al Sastre de Camps
Garzón ha vuelto hoy a tomar declaración como testigo a José Tomás, empleado de las dos tiendas en las que supuestamente se adquirieron varios trajes para el presidente valenciano por parte de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. El interrogatorio ha durado aproximadamente una hora y a la salida ni Tomás ni su abogado han realizado declaraciones. Garzón acusa a Camps de recibir trajes por valor de 12.783 euros pagados por la empresa Orange Market a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad desde 2005 a 2009 por una cantidad próxima a los cuatro millones de euros.

En el auto emitido por el magistrado el pasado 5 de marzo se detallaban una serie de pruebas en las que se apoya la acusación de sobornos a Camps y otros dirigentes valencianos, como el secretario general del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; un ex vicepresidente del Gobierno autónomo y ex secretario de organización, José Víctor Campos Guinot, y el director del gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.

Facturas y grabaciones
Entre dichas pruebas hay facturas de los establecimientos, las declaraciones del sastre que les suministraba el vestuario e incluso les tomaba las medidas en sus despachos y las grabaciones de los cabecillas de la trama en la que confirmaban los obsequios a los políticos valencianos. Los implicados pagaban a las empresas con facturas falsas para no dejar pistas.

De acuerdo con la instrucción del juez, Camps acudió a Madrid "a instancias" del imputado Álvaro Pérez de Alonso, El Bigotes (administrador de Orange Market) para comprar ropa en las tiendas Milano y Forever Young, en las que trabaja el hoy interrogado José Tomás, persona de confianza de Pérez de Alonso. Garzón apuntaba también a la supuesta financiación ilegal del PP, de al menos 420.000 euros, según consta en las cuentas de las empresas investigadas.

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El PP lanza un nuevo ataque contra Garzón para tapar la trama corrupta

La formación denuncia al juez ante el Poder Judicial por maniobras "torticeras" - La fiscalía pide al Supremo el archivo de una querella anterior por prevaricación

P. X. SANDOVAL / M. A. - Madrid - 13/03/2009

El PP redobló ayer sus ataques contra el magistrado Baltasar Garzón mientras arrecian las revelaciones sobre la trama de corrupción con empresas de Francisco Correa y que afecta a cargos vitales del partido. No hubo reacción alguna de la dirección de la formación ante la cacicada del PP de Madrid al cerrar la comisión sobre la red de espionaje, con graves acusaciones a un miembro de la dirección del PP. Tampoco hubo movimientos sobre la trama de corrupción que afecta a sus cargos de Madrid y la Comunidad Valenciana. Eso sí, los populares presentaron un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que piden de nuevo que se sancione al juez que lleva el caso, Baltasar Garzón.

El PP acusa al juez de "dar apariencia de legalidad" a sus actuaciones

Todo, en el día en que se conocían nuevos detalles de la vinculación de Correa con Jesús Sepúlveda, dimitido alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuando era secretario electoral del PP y estaba casado con la actual secretaria de organización, Ana Mato.

El escrito del PP no ahorra calificativos para el juez. La estrategia de desacreditación de Garzón como juez político -"es un socialista", dicen para descalificarle- ha pasado de mera defensa mediática a verdadera estrategia política del PP. En los últimos días se ha instalado en el partido la convicción de que la cúpula no depurará responsabilidades. Y sigue haciendo todo lo posible por desacreditar la causa judicial.

"Actuaciones publicitarias"
En la queja al CGPJ, el PP atribuye al magistrado prevaricación, desprecio a la legalidad y a las garantías, instrucción perversa, especulaciones, maniobras, y uso fraudulento del secreto de sumario. También acusan al juez de "cubrir de apariencia de legalidad sus actuaciones publicitarias".

Entre ellas, el PP cita que a Camps se le comunicó la resolución telefónicamente, con una llamada a su número personal el día que se notificó la resolución. Un policía que se identificó como miembro de la Unidad de Delitos Económicos pidió al presidente valenciano un número de fax para remitírsela. Al día siguiente, otro inspector de policía de Madrid contactó con el ex vicepresidente valenciano Víctor Campos con el mismo objetivo. A Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, el auto se le notificó en una comisaría de Valencia, según el PP.

La causa contra los dos hombres más poderosos del PP valenciano, Francisco Camps y Ricardo Costa, es la principal preocupación del partido, que se ha empeñado en defender su inocencia, aunque por tener el mismo tipo de relación con las mismas empresas han dimitido tres alcaldes y un consejero en Madrid.

El PP asegura que esas actuaciones sólo se deben a "las necesidades personales del juez Garzón que tenía programado su viaje [esta semana ha participado en varios actos en Panamá y Guatemala] y concedido su permiso para asuntos propios". Sin embargo, dos magistrados especialistas en derecho penal aseguraron ayer a este diario que el procedimiento es "perfectamente legal" y "bastante usual en macroprocesos en los que son muchas las partes y los afectados". La ley, dicen, permite que se notifiquen resoluciones "por cualquier medio idóneo", como el fax o la comunicación en comisaría.

Respecto a que Garzón notificara a Camps el auto a pesar de que no es competente para investigar sus delitos -por lo que no es parte en la causa- los magistrados subrayan que el juez ordenó que la resolución se notificara no sólo a las partes, sino también a las "personas afectadas", entre las que se encontraría el presidente valenciano. "Se trata de asegurar que todas estas personas, incluidas las aforadas, no sufran indefensión y tengan conocimiento de los hechos por los que en el futuro podrían ser imputados".

El PP acusa además a Garzón de haberse ausentado de España sin haber enviado copias de las actuaciones a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, a favor de los cuales se ha inhibido. Pero según los jueces consultados, la labor del juez en estos casos se circunscribe a elaborar el auto de inhibición en el que se ordena remitir las actuaciones a los tribunales competentes, como hizo Garzón. "La realización de las copias y su envío efectivo es una labor burocrática cuya ejecución corresponde al secretario judicial y los funcionarios del juzgado, no al magistrado".

Es la cuarta maniobra del PP para neutralizar la investigación. Primero, intentó sin éxito personarse en la causa para recusar al juez. Después, denunció ante el CGPJ la asistencia de Garzón a una cacería con el entonces ministro de Justicia, Fernández Bermejo. El escrito fue archivado. Antes de la iniciativa de ayer, presentó una querella ante el Supremo acusando a Garzón de prevaricación. La fiscalía pidió ayer el archivo de la querella al no encontrar "delito alguno" y desairó al PP al decir que los hechos denunciados "plasman una disconformidad del partido con la marcha del procedimiento, sin que constituyan el delito de prevaricación".

En una entrevista en RNE, Rajoy dijo sobre Francisco Correa, organizador de los actos del PP cuando él estaba en el Gobierno, que no recordaba si lo conocía, pero sí que había cortado los vínculos de la cúpula del PP con él.

Al día siguiente de que el secretario general del PP de Madrid acusara públicamente de mentir a un miembro de la dirección del partido, Alfredo Prada, Rajoy le quitó importancia y dijo que "pasa en todas partes".

Eso no le pareció importante. Lo importante, replicó, es "¿qué hace Garzón en Guatemala?". El juez está en Guatemala desde el pasado día 10 impartiendo un curso. Ha pedido que le descuenten los tres días de sueldo, informa José A. Hernández.
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Camps no aclara ninguna duda sobre su implicación en la 'operación Gürtel'

El presidente ignora el contenido del auto y se presenta como una víctima

JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 13/03/2009

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no despejó ayer en el pleno de las Cortes ninguna de las dudas que suscita su implicación en la operación Gürtel ni su relación con Orange Market, y su responsable en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes. Acosado por la oposición parlamentaria, que insistió por cuarta vez consecutiva en preguntar sobre el contenido del auto del juez Baltasar Garzón, Camps arremetió contra la oposición.

El Consell no ha desmentido las informaciones publicadas

Lo hizo reforzado anímicamente, tras lograr el pasado martes el respaldo del PP nacional, y con la bancada popular aplaudiendo ayer en cada pausa de su intervención. Camps se presentó en el hemiciclo como una víctima de la "insidia, la infamia y el insulto" de una oposición que, en su opinión, "ha traspasado una línea incomprensible".

Pero ¿qué línea traspasó la oposición ayer? El portavoz socialista, Ángel Luna, pidió a Camps una "explicación razonada y razonable" del contenido del auto judicial, basado en los informes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), del fiscal anticorrupción nombrado durante los gobiernos del PP y redactado por el juez Baltasar Garzón.

Luna exigió al presidente de la Generalitat explicaciones de lo que consideró un "relato verosímil y concreto" que incluye un conjunto de "evidencias" como que la trama corrupta desembarcó en la Comunidad Valenciana con Camps y que "con su amparo" se produjeron los negocios.

El portavoz socialista no quiso entrar en el asunto de los trajes, que consideró una "cuestión accesoria" frente al asunto de las adjudicaciones. "Esta situación le coloca como sospechoso sin coartada. Con este relato de hechos usted está moralmente imputado", indicó Luna.
Camps replicó: "Usted se ha adentrado hacia lo peor de la política".

Luna reprochó al presidente de la Generalitat su decisión de enrocarse en el silencio. "No sé si tiene miedo a explicar algo que luego se contradiga en el sumario, pero usted es penalmente responsable de los hechos que le achaca Garzón, no solo políticamente", explicó el portavoz socialista, que además negó el derecho a Camps a envolverse en la bandera de todos los valencianos para no afrontar los hechos.

La intervención de Luna encrespó a Camps. Hasta el punto de que le acusó de haber cruzado una línea infranqueable por "decir cosas que no se deben ni pensar". Tan agria fue la reacción de Camps que tras acabar la sesión de control, el vicesecretario de Organización del PP y portavoz adjunto, David Serra, anunció en los pasillos que su partido "tomará las medidas oportunas" por lo que consideran una "extralimitación de la oposición". A la de Serra le siguió una oleada de advertencias de similar contenido por parte de consejeros y altos cargos populares indignados por que se hubiese considerado al presidente Camps penalmente responsable en sede parlamentaria.

La oposición, en cualquier caso, no pareció ayer muy afectada por la indignación popular. Hasta el punto de que siguió utilizando las referencias a los trajes y al sastre de Camps con naturalidad en sus intervenciones en el Parlamento. Razón por la que el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, llegó a exclamar: "Han renunciado a hacer oposición, se dedican a hacer carroñerismo político. Es una especie de cuento que se cuentan con ayuda de algunos medios de comunicación".

Unos medios de comunicación que han informado sobre el contenido del sumario, los informes del fiscal, el auto del juez Baltasar Garzón y las contrataciones de la Generalitat con Orange Market y que el Consell no ha podido desmentir.

La portavoz de Compromís, Mònica Oltra, pidió a Camps una valoración política de la imputación del ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y del contenido del auto del juez Baltasar Garzón. Y Camps insistió en el enroque: "Creo en la inocencia absoluta de todas las personas y se demostrará en sede judicial".

Oltra reaccionó con una intervención en la que intercaló la relación de las piezas de ropa que, según el auto, Orange Market pagó para los cargos del PP con versículos de San Marcos. En su alocución advirtió sobre la pérdida de confianza de la sociedad en la justicia a raíz de las reuniones de Camps con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, e interrogó al presidente del Consell sobre el momento en el que dejó de ser "un hombre recto". Una intervención cuyo contenido Camps tachó de ridículo y absurdo. "Cada vez que unen sus objetivos y discursos [PSPV y Compromís] la gente se hace más del PP", sentenció.
En este clima de tensión, Ricardo Costa acudió ayer al balcón del Ayuntamiento de Valencia para asistir a la mascletà y tantear el ambiente antes de decidir cuándo acudirá Camps, informa Lidia Maseres.
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AUDIO: Escucha la entrevista a Cospedal (Cadena Ser)
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De la Vega pide al PP que explique sus "barullos"

La vicepresidenta pide que aclaren el presunto regalo de un Jaguar por parte de Correa al ex alcalde de Pozuelo.

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Sepúlveda asegura que Correa no le ha regalado ningún coche
El PSOE pide explicaciones a Mato sobre los regalos a su ex marido
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Garzón calla a su regreso

El juez afirmó ayer que al volver a España hablaría y "a lo mejor me dicen que me tengo callar".
Garzón envía las cajas del 'caso Gürtel' a Madrid y Valencia
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Los espiados del PP se revuelven contra Esperanza Aguirre

El Ayuntamiento de Madrid anuncia el recurso contra los estatutos de Caja Madrid.

JUANMA ROMERO - MADRID - 13/03/2009 08:00

Que Esperanza Aguirre haya cerrado con cajas destempladas la comisión del supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid no significa que la ley del silencio funcione. Ayer lo pudo comprobar la presidenta. Dos de los presuntos espiados del PP, Manuel Cobo y Alfredo Prada, a los que ha impedido comparecer, se rebelaron. Levantaron el dedo. Y dijeron que sí, que padecieron seguimientos. La fractura en el PP volvió a asomar. Por el espionaje y por la guerra en Caja Madrid.

Primero terció Cobo, vicealcalde de Madrid: "No cambio nada de lo dije cuando se supieron los seguimientos, que creo que, efectivamente, se han realizado. Se me ha seguido". El número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, durante 45 minutos, buscó liberarse del fardo, rechazar las acusaciones de "mentir" que los aguirristas habían arrojado al equipo del alcalde; la última vez, el miércoles, por boca del consejero de Interior, Francisco Granados. Explicó con detalle cómo los movimientos que describen los partes, en abril de 2008, "coinciden" con su agenda pública y privada.

El vicealcalde quiere que se equipare su espionaje al de Ignacio González

No hay más vía que ésta, repitió Cobo: "Conocer quién lo hizo, por qué, quién lo ordenó y con qué fines". Por eso él mismo interpuso una denuncia ante la Fiscalía y otra en el juzgado de guardia, cuando El País señaló a un técnico de seguridad, gracias a exámenes grafológicos, como posible autor de las notas. "Granados querrá saberlo", escurrió. "Y si hay falsedad documental [como alega Aguirre], mi partido en Madrid querrá saberlo".

"Igual de infame y mafioso"
El vicealcalde insistió, y no por casualidad, en el doble rasero de la Comunidad, al equiparar el seguimiento que él asegura haber sufrido, y que Aguirre ha despreciado, con el que afecta al número dos de la presidenta, Ignacio González, "igual de infame y de mafioso". Así que, en su caso y en el del vicepresidente, "se debe llegar a las últimas consecuencias", subrayó.

El Gobierno regional insiste en que nunca hubo seguimientos
Cobo eludió censurar el cierre de la comisión ya finiquitada en la Asamblea de Madrid, aunque precisó que habría estado "encantado" de comparecer si le hubieran citado. Se cuidó asimismo de elevar responsabilidades a la cúpula nacional del PP. Tiró a dar a Aguirre. Por un lado, refrendó lo que los ex consejeros de Gallardón dijeron en la comisión, que la Comunidad no tiene competencia para tareas de vigilancia o contravigilancia. Y por otro, deslizó la sospecha: "Nada tiene que ver la estructura de un cuerpo con que se mande hacer a alguien algo legal o ilegal".
Prada, ex consejero de Aguirre y hoy escudero de Mariano Rajoy, convergió con Cobo. Ayer, en declaraciones a Europa Press, se etiquetó como "víctima" de espionaje y se ratificó en que "nunca" había mentido cuando dio credibilidad a los partes. Confiaba, añadió, en que le dejaran explicarse en la Asamblea. La Justicia dirá y si exculpa a la Comunidad, le satisfaría mucho, sostuvo.

La otra grieta se llama Caja Madrid. Cobo anunció que el Ayuntamiento de la capital interpondrá dos recursos contra la Comunidad por "imponer" los nuevos estatutos de la entidad, que menguan la representación del Consistorio en los órganos de gobierno, porque se consideran "lesivos" para los intereses de los madrileños. CCOO también prepara un recurso similar, informa Virginia Zafra. El sindicato estudia acudir incluso al Defensor del Pueblo: juzga inconstitucional la Ley de Cajas de Aguirre, aprobada a toda prisa en diciembre de 2008.
González respondió seco. Cree "incongruente" que Gallardón recurra ahora los estatutos de la caja, que tendrá que aprobar la asamblea de la entidad el día 23 y, si no es así, los impondrá el Gobierno regional. Sobre Cobo, nada: "Se ha dejado en evidencia que no ha habido espionaje".
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Rajoy congelará la investigación

El PP "no se inmiscuirá" en los trabajos de la Comunidad de Madrid

MARÍA JESÚS GÜEMES - MADRID - 13/03/2009 08:00

Mariano Rajoy no parece dispuesto a activar ninguna investigación interna en el PP. Ni para esclarecer la presunta trama de espionaje y corrupción en la Comunidad de Madrid, a pesar del portazo que Esperanza Aguirre le ha dado a la Comisión en la Asamblea regional, ni para ver hasta dónde se extienden las redes de Francisco Correa y sus socios dentro del partido conservador.

El presidente del PP lo dejó claro ayer en una entrevista que concedió a RNE. Al hablar de Correa, el principal implicado en el caso Gürtel, Rajoy dijo que va a estar "a lo que digan los tribunales". "Le es más fácil investigar a la policía y al juez que al PP", sostuvo.

En cuanto a la comisión de investigación madrileña a Rajoy cree que se le está dando un "trato injusto", sobre todo si se tienen en cuenta "los precedentes". El presidente del PP recordó que su partido pidió "once comisiones en la última legislatura y no se hizo ninguna". Por eso valoró positivamente que su partido, al menos, hubiera aceptado ponerla en marcha porque con mayoría absoluta "podía no haberlo hecho". En cualquier caso, antes de pronunciarse definitivamente sobre este asunto, el líder del PP prefiere esperar a "conocer las conclusiones".
Pero por si en unos días todo queda en el olvido, el dirigente conservador empieza esgrimir ya los argumentos que empleará para justificarse. Así ayer se quejó de que el PSOE no haya realizado "ni una" sola comisión de investigación desde que gobierna en Andalucía, incidió en que él en su día exigió una sobre los afectados por Forum y Afinsa, otra sobre los incendios de Guadalajara y otra sobre Endesa y, por último, especificó que, en estos momentos, tenía dos planteadas en el Congreso: una para esclarecer la cacería de Jaén, en la que participaron el juez Garzón y el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, y otra por el caso Lukoil. "Yo quiero una comisión aunque dure un mes", reclamó.

Evitar la encrucijada
Varios miembros del PP creen que lo mejor que puede hacer Rajoy es "congelar" definitivamente la investigación que abrió en su momento a la espera de lo que dictaminen los jueces. Así no se verá en una encrucijada: ni entra en una guerra abierta con Aguirre ni le da carpetazo total. En el PP algunos están "indignados" por cómo se ha actuado en la Asamblea madrileña, pero otros defienden "que más vale algo que nada". "Antes de criticar si ha sido corta o breve, por lo menos se debe resaltar que ha existido", comentan.

Eso sí, la mayoría es consciente de que este "stand by" puede no ser bien visto por la opinión pública. A pesar de ello los que rodean a Rajoy creen que lo que hay que hacer ahora es aprovechar el "halo vencedor" y están convencidos de que lo único que quiere su jefe de filas es tranquilidad para encarar las europeas.

Los colaboradores de Rajoy confirman que no habrá movimientos. Explican que no tiene mucho sentido que el PP a nivel nacional "se inmiscuya" en los trabajos de la Comunidad de Madrid y que cuando Rajoy decidió que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, se encargara de la investigación no había en marcha una política ni una judicial. Ahora ya no lo ven necesario.
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Agricultura encargó dos días antes la obra que sirvió a Camps para su acto de apoyo

Firmó una resolución de encargo destinada a la empresa pública Tragsa por valor de 3,2 millones

S. C., Valencia

La Conselleria de Agricultura encargó las obras para construir el nuevo centro de investigaciones agrarias que acogerá en un futuro la localidad de Carlet sólo dos días antes de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, colocase la primera piedra de dicha instalación durante el transcurso de un acto celebrado el pasado lunes. El viernes 6 de marzo, los responsables del departamento agrario de la Generalitat firmaron una resolución de encargo a través de la cual se ordenaba a la empresa pública Tragsa la ejecución del ya referido centro de investigaciones. La naturaleza pública de la citada firma no hace necesario el trámite de licitación pública de un determinado proyecto para que puedan concurrir las empresas que lo deseen porque en casos como estos se considera que la administración actúa con medios propios. El mismo día en el que se firmó esa resolución de encargo de la obra, la propia Conselleria de Agricultura convocó para el lunes siguiente -es decir, el 9 de marzo-, el encuentro con dirigentes del sector agrario valenciano en Carlet para que Francisco Camps colocase la primera piedra del centro de investigación. El evento en cuestión se transformó de inmediato en un acto de desagravio a la figura de un presidente de la Generalitat que venía de pasar los días más complicados de su carrera política tras desvelarse su implicación en el caso Gürtel por parte del juez Baltasar Garzón. La alcaldesa de Carlet, María Ángeles Crespo, fletó incluso autobuses gratuitos para que algunas asociaciones, como las de amas de casa, acudiesen a arropar a Camps.

"La dignidad del cargo"
Durante el citado encuentro, la cuestión agraria y el instituto de investigaciones pasaron de inmediato a un segundo plano. La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, no disimuló en absoluto ni sus intenciones ni los objetivos de la convocatoria: "Todos ustedes están hoy aquí -dijo- para poner en valor un proyecto, pero también para defender la dignidad de un pueblo, la dignidad de un hombre y la dignidad del cargo que ostenta Francisco Camps". El jefe del Consell se dio aquel día un pequeño baño de multitudes en el que no faltó la presencia de destacados dirigentes agrarios como el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, y el de las cooperativa del sector (Fecoav), José Vicente Torrent.El centro de investigaciones agrarias de Carlet cuyo proceso de construcción inició la Conselleria de Agricultura la semana pasada y que sirvió como escenario para tributar un homenaje a Camps arrastraba en realidad un retraso de dos años, ya que fue el anterior conseller de Agricultura, Juan Cotino, quien anunció este proyecto en septiembre de 2006. En cualquier caso, es ahora cuando se retoma la iniciativa y se hace en los términos ya apuntados. Desde la Conselleria de Agricultura se aseguró ayer a este diario que el procedimiento empleado para dar curso legal al comienzo de las obras, esto es, la llamada resolución de encargo, cumple a todo los efectos la función de un contrato con la empresa pública Tragsa, con la cual no será siquiera necesario firmar un documento contractual al uso. Con la resolución de encargo basta, según el punto de vista del departamento que dirige Maritina Hernández. Mediante esa fórmula, también denominada encomienda, la Conselleria de Agricultura establece en este caso un plazo de 16 meses para la ejecución de las obras del centro de investigaciones agrarias de Carlet y un presupuesto de 3,2 millones de euros.

Desde el mismo departamento del Consell se aseguró igualmente que el todo el procedimiento ya cuenta con la preceptiva fiscalización previa a cargo del interventor y que, por tanto, ya está todo a punto y las obras comenzarán "en breve".

Otras fuentes, sin embargo, apuntaron que la mecánica no es tan sencilla y que este tipo de relaciones mercantiles, aún cuando se materialicen con una empresa pública como en este caso, deben sustentarse en la firma de contratos específicos, por lo que consideran que el proceso para el comienzo de las obras todavía se alargará durante algún tiempo.
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