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Una constructora que pagó comisiones a Correa sacó 7 millones en billetes de 500
Hacienda destapa un posible fraude al investigar el 'caso Gürtel' en Castilla y León - El consejero que adjudicó una obra sospechosa es ahora presidente de las Cortes
CARLOS E. CUÉ - Madrid - 27/07/2009
El caso Gürtel, una red corrupta vinculada a Administraciones controladas por el PP que ya tiene más de 100 imputados, continúa su imparable expansión. Cinco meses después de las primeras detenciones, los investigadores siguen descubriendo nuevas irregularidades y operaciones sospechosas.
"No conozco a Correa. El expediente es impecable", dice el ex consejero
Los documentos apuntan a un pago del 3% de la obra por gestiones de Correa
En el informe de la Agencia Tributaria, definitivo para que el Tribunal Supremo haya decidido asumir el caso por la posible implicación de Luis Bárcenas, tesorero del PP, y el diputado Jesús Merino, se detalla cómo la investigación de los tentáculos de la red de Francisco Correa en Castilla y León ha destapado unas sospechosas operaciones de casi siete millones de euros en billetes de 500 que se están investigando.
La deriva de Gürtel en Castilla y León ya apareció en el primer auto del juez Baltasar Garzón que implicaba a Bárcenas. Los investigadores encontraron entre la documentación del contable de Correa un fax de la Consejería de Fomento de Castilla y León, dirigida entonces por José Manuel Fernández Santiago (conocido entre sus íntimos como Toti), ahora presidente de las Cortes, con la concesión definitiva de la variante de Olleros de Alba, por 2,45 millones de euros, en noviembre de 2002, a TECONSA, una empresa relacionada con la trama y que tenía entre sus directivos a José Ramón Blanco Balín, uno de los imputados en el caso Gürtel.
Garzón detallaba, basándose en los informes de los investigadores, que la red de Correa había anotado junto al fax 73.650= 12.255. 73.650 euros es exactamente el 3% de los 2,45 millones de euros de la adjudicación, y 12.255 la traducción de 73.650 euros a millones de pesetas. Esto es, que TECONSA habría pagado una comisión del 3% a Correa para que utilizase sus contactos políticos para influir en la adjudicación, un dinero que éste repartió después entre algunas personas aún sin identificar, y que aparecen con las siglas T.O; G; L y J. El 3% es el porcentaje del que siempre se ha hablado como el más habitual para comisiones de adjudicaciones. Más tarde, los investigadores encontraron otra documentación que apunta en el mismo sentido [ver gráfico]: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y León" sobre otro reparto similar de 96.100 euros.
Todo esto hizo que los investigadores se pusieran en contacto con la Agencia Tributaria, que realizó un informe demoledor sobre TECONSA, una constructora de origen leonés. Según se puede leer en ese documento [ver gráfico reproducción de la izquierda], "la información recibida en relación con las operaciones de movimiento de efectivo realizadas por TECONSA en los ejercicios 2004 a 2007 se refiere al manejo por parte del obligado tributario de billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004, 242.000 en 2005, 893 en 2006 y 202.000 en 2007".
En casi todas las operaciones, TECONSA aparece como ordenante y beneficiario de las entregas de dinero. En 2004, en un mes, la empresa hizo nueve operaciones, una de ellas de 2,4 millones de euros, todas en billetes de 500. "No parece razonable el manejo en efectivo de cantidades tan elevadas, existiendo hoy día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos. Llama la atención la secuencia temporal de las operaciones, todas en un mes. De ser empleados los fondos dispuestos en efectivo en la gestión corriente de TECONSA, como indicaron don José Luis Martínez Parra (administrador y autorizado en cuentas de la sociedad) y don Pedro Durán Sanz (trabajador de TECONSA), parecería más lógico que fueran retirados de una forma más continua a lo largo del ejercicio, y no concentrados en un solo mes", escribe la Agencia Tributaria en su informe.
Este mismo organismo ya había destapado en ese mismo informe que Constructora Hispánica, otra empresa relacionada con la red de Correa -aparecen pagos de esta constructora en la contabilidad B de 1,6 millones de euros que también habrían ido a parar en parte a Bárcenas, según la fiscalía- había realizado pagos superiores al millón de euros en billetes de 500 a empresas pantalla que emitían facturas falsas. Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento.
La polémica por la variante de Olleros de Alba, el nexo principal entre el caso Gürtel, radicado fundamentalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, y Castilla y León, ha llegado incluso a las Cortes. La oposición del PSOE, dirigida por Óscar López en esta comunidad, exigió explicaciones y el actual consejero, Antonio Silván, insistió en que el expediente de adjudicación es "impecable". TECONSA y FCC empataron a puntos, pero la primera ofreció un preció más barato, aunque al final, según denunció la oposición socialista, la obra costó 4,2 millones, frente a los 2,8 que había ofrecido inicialmente TECONSA.
A pesar de esta aparente tranquilidad, en el PP, según varios dirigentes consultados, existe un gran temor de que el escándalo se extienda judicialmente a Castilla y León, ya que serían tres de las seis comunidades gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy las afectadas por Gürtel, un caso que no para de dar disgustos al PP.
De hecho, los populares están preocupados porque se ha trasladado en el partido que Bárcenas, cuando fue interrogado el pasado miércoles en el Tribunal Supremo por su posible implicación en la concesión de la variante de Olleros, contestó al juez y a los fiscales que debían investigar a los responsables de esa adjudicación para identificar esas iniciales. Bárcenas no llegó al extremo de señalar nombres de compañeros suyos de partido, pero dejó caer dónde había que mirar, según las mismas fuentes. Sí fue tajante con Luis Delso, presidente de Isolux, al asociarle al apunte de "Luis, el cabrón".
El actual presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, máximo responsable de esa adjudicación, contestó ayer a algunas preguntas de EL PAÍS. Él insiste en que el expediente "es impecable". "Se concedió la obra a la empresa más barata. Toda la operación es de lo más correcta que se pueda imaginar. Estoy muy tranquilo", insiste.
Fernández Santiago asegura que él no tiene ningún tipo de relación con la trama de Gürtel. Admite que conoce de hace muchos años a Gerardo Galeote, uno de los principales implicados, pero nada más. "No conozco de nada a Correa, no le he visto en mi vida. No tengo la menor idea de a qué se refieren esas iniciales, pero en cualquier caso la presunción de inocencia en un Estado de derecho debe llevar a que a nadie le acusen de algo tan grave sólo porque su inicial pueda coincidir con la que hay en un papel que ha aparecido", sentencia.
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Rubalcaba califica de "delirante" la denuncia del PP por las supuestas filtraciones del 'caso Gürtel'
Federico Trillo exigió una 'caza de brujas' contra los policías que han investigado a su partido
EFE - Santander - 27/07/2009
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha calificado hoy de "delirante" desde el punto de vista jurídico la denuncia que ha presentado el PP por las presuntas filtraciones del caso Gürtel y ha afirmado que el objetivo de este partido es que no se discuta de "la corrupción que tiene en casa".
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Trillo exige una 'caza de brujas' contra los policías que han investigado al PP
El ministro de Interior ha afirmado en una rueda de prensa en Santander que el PP sabe que su denuncia "no va a ningún sitio", pero la ha presentado para que se discuta sobre las filtraciones porque "de lo único que no le gusta discutir es de los problemas de corrupción que tiene en su casa". "Esos los tiene, a la vista de todo el mundo", ha apostillado.
La denuncia fue presentada el viernes por el portavoz del PP en materia de Justicia, Federico Trillo. En ella se exige que se investiguen varios delitos relacionados con la revelación de información supuestamente contenida en los sumarios secretos del caso Gürtel, que ya se reparte por tres tribunales (superiores de Madrid y Valencia y Tribunal Supremo). En su denuncia, el PP cita cinco informaciones del diario EL PAÍS y una de la Cadena SER, que reproducen el contenido de documentación que supuestamente obra en los sumarios.
Negativa rotunda
Después de subrayar que la policía persigue presuntos delincuentes, Pérez Rubalcaba ha "negado rotundamente" las acusaciones que se vierten, a su juicio, de forma subvertiría en la denuncia. "Lo niego rotundamente", ha afirmado el ministro, quien ha advertido al PP de que si lo que pretende es que la policía desista, es "una pretensión inútil".
Y ha añadido que si lo que el PP pretende es "amedrentar o asustar" al Estado de derecho también es "inútil".
"El Estado de Derecho está funcionando y lo que pretende el PP es amedrentar al Estado de Derecho y eso no lo va a conseguir", ha señalado el ministro, quien ha subrayado que tampoco lo va conseguir con la policía o con el Gobierno.
Pérez Rubalcaba, quien hoy ha inaugurado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander un seminario sobre seguridad, también ha pedido al PP que no busque conspiraciones donde no las hay y dar explicaciones que "son falsas" y que "no eche la culpa de sus problemas ni al Gobierno, ni a la policía, ni a los jueces ni a los fiscales".
"Que miren dentro, que examinen lo que les pasa y que resuelvan, pero que no le echen la culpa a quien no la tiene, porque eso, sencillamente, no cuela", ha añadido.
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"Te envío las compras. Camps: cinco trajes a 950=4.750 euros"
Nuevos correos electrónicos de la red de Correa acreditan el supuesto cohecho
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid - 27/07/2009
Nuevos documentos incorporados al sumario del caso Gürtel en Valencia apuntalan que el presidente, Francisco Camps; el secretario general del PP regional, Ricardo Costa; el ex vicepresiente Víctor Campos; el ex asesor de Turismo Rafael Betoret y el director de la televisión autonómica, Pedro García, recibieron regalos de la trama corrupta. Los cuatro primeros están imputados por cohecho.
El Bigotes: "Llevo el día a día del PP, la feria de Valencia y poco más"
Francisco Correa
A FONDO
Crespo remite a Pérez un correo con la ropa vendida por José Tomás
El director de la televisión valenciana aparece con un traje, un abrigo y zapatos
Los correos electrónicos que se cruzaron los principales dirigentes de la trama corrupta vinculada a Gobiernos del PP, el caso Gürtel, investigada por el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, acreditan el supuesto pago de varios miles de euros en regalos de ropa al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.
La trama corrupta logró a través de varias de sus empresas -Orange Market, Easy Concept, Down Town, entre otras- cerca de ocho millones de euros en contratos de la Comunidad Valenciana a partir del año siguiente de llegar Camps a la presidencia, en 2003.
La investigación abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha permitido recopilar los correos electrónicos que enviaba Pablo Crespo, el número dos de la trama corrupta y ex dirigente del PP en Galicia, a Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza visible de la empresa Orange Market, con la que la red que dirigía Francisco Correa hacía negocios en la Comunidad Valenciana.
De Pablo para Álvaro
Uno de esos correos electrónicos, incorporado el sumario que se instruye en el Tribunal Superior de Valencia, recoge el siguiente mensaje enviado desde la dirección de Pablo Crespo (pablogerencia@fcsgrupo.com ) a la dirección de Álvaro Pérez: "Te envío la relación de compras de la Comunidad Valenciana". El correo electrónico, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se envió el 29 de marzo de 2007 a las 11.41 con una relación de la ropa adquirida para Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana:
"Cinco trajes a 950=4.750; 1 zapatos = 274,50; 1 zapatos = 184,50: 1 zapatos = 184.50; total: 5.392,50".
Junto a esta anotación aparecen otras referidas a Pedro García, el director general de la televisión autonómica valenciana, hombre de confianza de Francisco Camps y amigo personal de Pérez: "Dos zapatos, un abrigo, una chaqueta, cuatro sueter, un traje, total: 3.284 euros".
El correo electrónico de Crespo a Pérez copia el texto de otro correo que le envió José Tomás (Josetomas@foreveryoung.es), el sastre director de ventas de Forever Young, la tienda donde El Bigotes llevó a varios dirigentes del PP valenciano para que eligieran la ropa.
Tomás llegó a visitar la Comunidad Valenciana para tomar medidas y mostrar distintos tipos de tela a los dirigentes del PP para que eligieran el vestuario que, según la investigación, acabó pagando la trama a través de sus empresas Orange Market, Servimadrid Integral y otras.
Orange Market, según figura en un informe de la Agencia Tributaria que también tiene en su poder el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, incluyó como gastos para el funcionamiento de su empresa numerosas compras por más de 100.000 euros en las tiendas de Milano, justo el mismo establecimiento donde, según acreditan sus documentos internos y varios testimonios recabados por el juez, regalaban trajes a políticos y altos cargos de la Comunidad Valenciana.
La correspondencia entre los distintos integrantes de la trama prueba que la ropa que Camps y otros dirigentes del PP valenciano adquirían en las tiendas Milano y Forever Young era abonada por las empresas de la red corrupta que dirigían Correa, Crespo y, en Valencia, Álvaro Pérez. Esa documentación desmiente las declaraciones de Camps al juez sobre el supuesto pago en metálico de la ropa, de lo que no queda ni un solo rastro documental dentro o fuera de la tienda.
El director de ventas de la tienda donde Camps se vistió ha declarado en reiteradas ocasiones tanto al juez Baltasar Garzón, que inició la instrucción de este caso en la Audiencia Nacional, como al juez José Flors, que se encarga de la investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que Camps nunca le pagó ni un euro por los trajes y el resto de ropa. El mismo José Tomás acreditó con distinta documentación de la tienda que el vestuario del presidente de la Comunidad Valenciana había sido abonado por las empresas de la trama corrupta.
En el sumario figuran talones bancarios de las empresas como justificante de la ropa para Camps y otros cuatro dirigentes del PP valenciano.
Los correos electrónicos que se cruzaron Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, y Álvaro Pérez, jefe de la empresa valenciana de la red, constituyen nuevas pruebas para acreditar el sistema de pago de la ropa que se compraba para Camps y el resto de altos cargos de la Comunidad Valenciana.
Mientras Camps ha sostenido desde el primer momento que pagó toda la ropa de Forever Young en metálico, Álvaro Pérez ha buscado otra justificación. En una conversación mantenida con su jefe, Francisco Correa, sostuvo que él compraba los trajes, se los prestaba a Camps para sesiones fotográficas y, posteriormente, el presidente valenciano se los devolvía.
El juez Flors ha señalado en su último auto que la versión ofrecida por José Tomás, el director de ventas de Forever Young, era creíble mientras que ha cuestionado la veracidad de lo declarado por el presidente valenciano en relación con los trajes.
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Imputados tres agentes del consejero Granados en el caso del espionaje madrileño
Investiga si hubo malversación de fondos para sufragar los gastos de los seguimientos
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 27/07/2009
La titular del juzgado número cinco de Madrid, Carmen Valcarce, ha citado en calidad de imputados a tres ex guardias civiles fichados como asesores por Francisco Granados por el espionaje al ex consejero de Justicia y ex vicepresidente segundo del Gobierno de Aguirre Alfredo Prada y al vicealcalde del Ayuntamiento madrileño, Manuel Cobo: José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.
El número dos de Aguirre asegura que está "acreditado" que no hubo espionaje
Espías remodelados
Prada pide que declaren "como imputados" de espionaje ocho empleados de Aguirre
Aguirre desmantela el entramado sospechoso de realizar espionajes
Trama de espionaje
GRAFICO - El Pais - 05-02-2009
Descubre quién es quién en la trama de seguimientos a altos cargos del PP madrileños - CARLOS GÁMEZ
Auto por el que se imputa a tres asesores de Interior en el caso de los espías
DOCUMENTO (PDF - 27,32Kb) - 27-07-2009
Alfredo Prada Presa
A FONDO
Espionaje político en la Comunidad de Madrid
A FONDO
Fuentes relacionadas con esta investigación vinculan esta citación con un primer informe remitido por Telefónica sobre los posicionamientos de ocho agentes de Granados sospechosos de tales seguimientos a ambos rivales de Aguirre en los meses en los que presuntamente fueron vigilados (abril, marzo y mayo de 2008). La citación judicial supone un doble escozor para Granados: no solo se trata de agentes suyos sospechosos de realizar un espionaje que intentó ridiculizar en Prensa y desbarató en sede parlamentaria, sino que se trata, encima, del personal de mayor confianza suya. Los fichó él personalmente por su conocimiento o amistad de cuando era alcalde en Valdemoro, guarnición de la que provenían los tres. En privado, dentro del caos de distintos equipos de servicios secretos que pululaban en su consejería, Granados sólo ponía la mano en el fuego por estos tres agentes suyos que, paradójicamente, han sido los primeros en verse alcanzados por las llamas.
Sospechas en la remodelación de la Consejería de Interior
El PSOE, por boca de Maru Menéndez, portavoz socialista en la asamblea madrileña, suma otro elemento de sospecha: la reciente remodelación de funciones en la Consejería de Interior que precisamente dejaba sin tareas de contravigilancia y avanzada a los agentes sospechosos del espionaje era una medida preventiva para soltar lastre ante el conocimiento o temor de que la justicia ya andaba cerca de los presuntos autores del espionaje. Granados, incluso, recientemente se curaba en salud diciendo que no tendría la menor trascendencia si, por mor de los posicionamientos telefónicos, se demostrara que algún presunto espía de su departamento coincidió en algún punto geográfico en los meses de los seguimientos a Prada y Cobo con alguno de los espiados. Y Granados anticipaba una posible coartada: sus agentes se han dedicado a realizar avanzadas (reconocimientos de lugares donde acuden altos cargos) y contravigilancias (detección de defectos o riesgos en el personal escoltado), incluso domiciliarias. Y, según la consejería de Interior, esa labor de protección podría haber alcanzado a Prada. Sin embargo, ningún portavoz de la consejería de Granados supo precisar cuándo se había contravigilado a Prada o se le había aplicado una avanzada. "No hay ningún informe donde se detalle a quien se contravigila ni cuándo", precisaban en Interior.
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La Fiscalía archiva la denuncia de Manos Limpias contra Chaves
EFE
No ha encontrado indicios de tráfico de influencias ni de prevaricación
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'Caso Fundescam': El notario tampoco accede a las cuentas
El Ejecutivo de Aguirre usa todo tipo de artimañas para no dar los datos.
ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID - 27/07/2009 08:51
¿Hay algo que ocultar en las cuentas de Fundescam, la fundación del PP madrileño que en 2003 pagó gastos electorales de la campaña del tamayazo? La pregunta cobra de nuevo sentido después de que el Gobierno de Esperanza Aguirre haya desoído el requerimiento notarial formulado por Público para que entregase las cuentas de Fundescam depositadas a partir de 2003.
Desde que el 5 de mayo este diario solicitó los balances y memorias de actividades de Fundescam, depositados en el Registro de Fundaciones, a cuyos documentos la ley garantiza el libre acceso, el Ejecutivo de Aguirre ha utilizado toda clase de artimañas para evitar su entrega.
El PP insiste en que sus cuentas están en orden y depositadas en el Registro
Entre la primavera de 2003 y la de 2004, Fundescam obtuvo casi un millón de euros por donaciones procedentes de significados empresarios, con Gerardo Díaz Ferrán, actual presidente de la CEOE, en cabeza. La fundación, que carece de web y tiene su domicilio en la sede del PP de la madrileña calle Génova, no realiza actividad conocida.
Requerimiento notarial
Por encargo de este periódico, el notario Fernando Molina Stranz acudió el pasado día 7 de julio al Registro de Fundaciones de Madrid, donde reclamó oficialmente copia de los balances y memorias anuales de la fundación que preside Esperanza Aguirre, aportó copia de todas las solicitudes de información realizadas desde mayo por Público y otorgó siete días de plazo para la entrega.
Sólo se han facilitado balances hasta 2003, año de la llegada de Aguirre al poder
Ocho días después, el fedatario público levantó acta para hacer constar la ausencia de respuesta. Una portavoz de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, de la que depende el Registro de Fundaciones, argumentó que la Ley de Procedimiento Administrativo concede a las administraciones tres meses de plazo para notificar una resolución. Pero acceder a una solicitud de información pública difícilmente se encuadra en el concepto "resolución administrativa". Al frente de Presidencia, que es la que deniega los documentos, se sitúa Francisco Granados, vicepresidente de Fundescam.
Como desveló este diario, la sociedad Special Events SL, buque insignia de la trama Gürtel, endosó a Fundescam facturas que en realidad se correspondían con actos del PP. El concepto real se camufló para evitar su identificación, pero el jefe de la red corrupta, Francisco Correa, conservó un estadillo. Y ese estadillo, esgrimido ante el equipo de Aguirre para forzar el pago de unas deudas, refleja en qué se gastó de verdad el dinero.
Misteriosa fundación
El Registro depende de Francisco Granados, número dos de Fundescam
Cómo justificó en 2003 y 2004 el gasto de los más de 800.000 euros que le fueron transferidos por sus donantes constituye una de las grandes incógnitas del asunto. El PP ha repetido hasta la saciedad que sus cuentas estaban en orden y depositadas en el Registro.
Pero lo cierto es que ese Registro sólo se avino a facilitar los balances previos a 2003, es decir, los correspondientes a la etapa de Pío García Escudero como presidente del PP madrileño y de Fundescam.
Aunque Aguirre no llegó a la cúpula regional del partido hasta noviembre de 2003, cuando ya había ganado las elecciones autonómicas en segunda convocatoria tras el escándalo del tamayazo, las fuentes consultadas por este diario subrayan que los hilos de Fundescam estuvieron en manos de su equipo desde comienzos de año.
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Imputados tres asesores del Gobierno de Aguirre por el 'caso de los espías'
La juez investiga si hubo malversación de fondos por parte de la Consejería de Interior para sufragar los gastos de los supuestos
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Un ex responsable de Orange Market como asesor del Consell
El PSPV exige a Camps "explicaciones urgentes" sobre por qué "da cobijo" a Ignacio Blanch, actual "asesor en la delegación del Consell en Valencia"
EP
El PSPV reclamó hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que dé "explicaciones urgentes" sobre por qué "da cobijo" a Ignacio Blanch, quien fue dirigente de la empresa Orange Market, vinculada al llamado 'caso Gürtel', y ahora es "asesor en la delegación del Consell en Valencia".
En un comunicado, el diputado del grupo socialista en las Corts Valencianes, José Camarasa, solicitó hoy a Camps que dé explicaciones "urgentemente" sobre "quién es Ignacio Blanch".
Además, sostuvo que "también debe aclarar las acusaciones vertidas por el sastre implicado en la trama Gürtel, que le acusa de no haber pagado ni un solo traje".
"No sé cuáles son los motivos por los que Camps esconde y da cobijo a este señor --en alusión a Blanch--, que fue delegado de Canal 9 en Madrid, dirigente en Orange Market y ahora es asesor en la delegación del Consell en Valencia", afirmó Camarasa, quien instó al jefe del Consell a "dejar de esconderse y dar la cara".
El dirigente socialista aseveró que "los valencianos necesitan explicaciones del señor Camps que sean convincentes y que diga de qué personajes, que ahora son noticia, se rodea". "Que de una vez por todas, dé la cara", sentenció.
"Ya sabemos por qué Camps no lleva dinero en metálico. Al parecer otros pagan sus compras por él", añadió Camarasa en referencia a informaciones periodísticas que sostienen que Pablo Crespo le envió un correo electrónico a Álvaro Pérez "para pasarle la relación de gastos que debería de afrontar el entramado de la trama Gürtel para costear los cinco trajes de Camps y los tres pares de zapatos de lujo".
A su juicio, "cada día que pasa Camps está más acorralado por sus propias mentiras", dado que "cada día que pasa una nueva noticia apuntala la tesis del juez Flors de que el presidente de la Generalitat recibió regalos y prebendas de la trama corrupta de Correa", señaló.
El diputado socialista señaló que "la palabra de Camps cotiza a la baja, es más, si cotizase en bolsa no tendría más valor que el de un chicharro cualquiera". "Tal es el descrédito producido por sus patéticas y absurdas declaraciones, negando lo que día tras día confirma la evidencia de los hechos", lamentó Camarasa.
"CAMPS MINTIÓ"
"Camps mintió cuando dijo que había devuelto los trajes, se ha comprobado que no los devolvió o no los devolvió todos. Ahora ya admite que los recibió", denunció el socialista, quien aseveró que el jefe del Consell "siguió mintiendo cuando dijo que no conocía a los actores de la trama corrupta", sin embrago, "te quiero un huevo, Álvaro", recordó.
Además, criticó que Camps ha continuado "sin decir la verdad ante las Corts Valencianes, ante el juez y ante todo el mundo al intentar, sin éxito, desvincularse de los dirigentes de Orange Market, los cuales al ver interrumpidos sus negocios con el PP nacional, no tardaron en identificar un nuevo 'Patio de Monipodio', propicio para sus intereses particulares, en los aledaños de la administración autonómica valenciana", sentenció Camarasa.
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El juez traslada el recurso de Camps a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV
El magistrado instructor del caso "Gürtel" en Valencia ha trasladado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el recurso de apelación presentado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, contra el auto que le imputa un delito de cohecho.
Según fuentes de este organismo, el juez también ha elevado a la Sala los recursos de apelación de los otros tres imputados -Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret-, así como las alegaciones formuladas por el resto de las partes contra el citado auto.
En esta resolución, dictada el pasado 6 de julio, el instructor ordenó continuar la causa abierta por cohecho contra los cuatro imputados al observar "indicios racionales" de delito al haber adquirido trajes supuestamente pagados por la trama corrupta vinculada al PP, el denominado caso "Gürtel".
Los cuatro imputados presentaron una recurso de apelación contra este auto y pidieron el sobreseimiento de la causa, decisión que corresponde ahora a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV.
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El Gobierno insta a Camps a dimitir por su implicación
Peralta apela al sentido de Estado del jefe del Consell y Agramunt carga contra el delegado
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El primer apoderado de Orange Market es ahora asesor de la Generalitat
Blanch fue además miembro del Consejo de Administración de la radio televisión pública valenciana
PEDRO JIMÉNEZ/CADENA SER 27-07-2009
Nuevas conexiones entre imputados de la trama Gürtel y el Gobierno de Francisco Camps. El primer apoderado de Orange Market, Ignacio Blanch, es en la actualidad asesor de la Generalitat Valenciana. Blanch fue además miembro del Consejo de Administración de la radio televisión pública valenciana.
AUDIOS: José Tomás: "Hice algún traje para la boda de Agag"
El Supremo podría pedir esta semana el suplicatorio para continuar la investigación de Luis Bárcenas
El PP pide que declare el comisario jefe de la Policía Judicial por las filtraciones del caso Gürtel
Cascos da la cara por Bárcenas
El diputado del PP Jesús Merino declara en el Supremo
José Tomás: "Es una reincorporación tramposa"
Ignacio Blanch fue el primer apoderado de Orange Market, la marca de las empresas de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, según figura en eñ Registro Mercantil. Orange Market se constituyó en julio de 2003, sólo dos meses después de que Camps ganara las elecciones autonómicas y desde entonces ha facturado casi 8 millones de euros al Consell, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
Ignacio Blanch ha sido además miembro del Consejo de Administración de la radio televisión pública valenciana, en la etapa de Eduardo Zaplana.
Después de su paso por Orange Market y por el ente público autonómico, Ignacio Blanch recaló en la Generalitat. En 2005, fue nombrado asesor de Presidencia por el entonces número 2 del Gobierno, Víctor Campos, que junto a Camps y Costa está imputado en el Tribunal de Justicia de Valencia por un presunto delito de cohecho.
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Reporteje audio:
Las memorias del sastre
Jose Tomás: 'Camps jamás me pagó y ni siquiera me preguntó'
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El Supremo podría pedir esta semana el suplicatorio para investigar a Luis Bárcenas
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene que decidir si anula el caso o si establece un juicio con jurado
CADENA SER 27-07-2009
El Tribunal Supremo podría pedir esta semana el suplicatorio para seguir con la investigación del tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene que decidir si anula el caso o si establece un juicio con jurado
DOCUMENTO: Comunicado de Luis Delso en el que niega toda vinculación con el caso Gürtel
El diputado del PP Jesús Merino declara en el Supremo
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El primer apoderado de Orange Market es ahora asesor de la Generalitat Valenciana
Tras la declaración de Bárcenas en el Supremo, la semana pasada, ahora el juez tiene que decidir si archiva la causa o si continúa instruyéndola, lo que significaría la petición del suplicatorio. Si esto último ocurre, Bárcenas se ha comprometido a dejar temporalmente la tesorería del PP.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia, tiene que decidir si abre un juicio con jurado contra Francisco Camps. El presidente valenciano está imputado por cohecho por haber recibido supuestamente regalos de la trama corrupta.
Esta noche en Hora 25 hemos hablado con José Tomas, el sastre de la tienda donde varios dirigente del PP eligieron vestuarios que, según la investigación, acabó pagando la trama a través de sus empresas. Tomás asegura que Camps no pagaba nunca los trajes.
Por otra parte, el diario El País publica que la investigación del caso Gürtel ha destapado la retirada de más de 7 millones de euros en billetes de 500 por parte de una constructora llamada Teconsa. Según un informe de la Agencia Tributaria, Teconsa supuestamente pagó comisiones a Francisco Correa por mediar en la adjudicación de una obra pública en Castilla y León. Correa habría desviado una parte de la comisión hacia el tesorero del PP, Luis Bárcenas, según la contabilidad de la trama.
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Se trata de fichajes y hombres de la mayor confianza del consejero Granados
Tres asesores del Gobierno Aguirre, imputados por el caso del espionaje
Visiblemente molesto con la pregunta de un periodista de la cadena SER
Arenas elude poner la mano en el fuego por Bárcenas
El caso Gürtel vuelve a planear sobre Castilla y León
Una empresa leonesa sospechosa de pagar a Correa movió 7 millones de euros en billetes de 500
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Flors intenta limitar la investigación al asunto de los trajes
El instructor de Gürtel en Valencia deniega información sobre las empresas de Correa
ELPLURAL.COM
El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Flors, ha denegado a las abogadas de la acusación particular la documentación que solicitan sobre la contabilidad de las empresas del entramado Correa: Orange Market, Easy Concept, Good & Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico, así como informaciones bancarias y sobre las conversaciones telefónicas entre varios testigos e imputados, como Pablo Crespo y Álvaro Pérez o Felisa Jordán y José Luis Peñas.
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El motivo por el que el juez instructor denegó las pruebas fue para delimitar el proceso en Valencia al delito de cohecho pasivo, sin entrar en el que cometieron los particulares al obsequiar presuntamente con regalos a los imputados, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, su número dos, Ricardo Costa, y otros altos cargos. José Flors ha alegado que "esas diligencias de investigación no pueden consistir en indagaciones de carácter general ni de tender al posible descubrimiento de nuevos hechos o daños, sino que deben ceñirse a la acreditación de los hechos concretos que hayan sido objeto de imputación a una determinada persona en el acto de la comparecencia", según el diario Levante.
El asunto de los trajes
El Plural ya adelantó que los magistrados valencianos habían pactado que la investigación se ciñera exclusivamente al asunto de los trajes, sin llegar más allá. Un más allá que ya señaló en su día el juez Garzón y que se materializa en las sospechas de financiación ilegal del PP valenciano.
“Batida de montería”
Los socialistas valencianos pidieron al tribunal que ampliase su instrucción a otros delitos más allá del cohecho que se le atribuye a Camps por los presuntos trajes regalados. El TSJV no se conformó con tumbar su recurso, sino que se atrevió a calificar el interés de los socialistas como “una especie de batida de montería” contra el PP y les acusó de “removerlo todo”.
Las curiosas relaciones de Flors
Curiosamente, como ya publicó El Plural, el juez José Flors, encargado de investigar al presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, por su presunta vinculación con el caso Gürtel, trabaja en una empresa del marido de la abogada que representó a Alvaro Pérez (El Bigotes), cabecilla de la trama de corrupción en Valencia, cuando compareció en calidad de detenido ante el juez Baltasar Garzón, en la Audiencia Nacional, según reveló Levante.
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