Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
dilluns, 3 de juny del 2013
“Existió un plan sistemático de tortura, eliminación y desaparición de víctimas”
03.06.2013 |Exclusivo: Tiempo reproduce lo declarado por Baltasar Garzón a la jueza Servini de Cubría en la causa que investiga 114 mil crímenes del franquismo
Para el juez, deben catalogarse como “crímenes de lesa humanidad”. La querella intentará tomar testimonios desde Madrid por videoconferencia. Habían sido suspendidos hace dos semanas por presiones del gobierno español.
La única causa abierta en el mundo sobre los crímenes del franquismo, que incluye denuncias por 114 mil desapariciones y asesinatos y 30 mil bebés sustraídos a los que se les cambió la identidad ni bien estalló la Guerra Civil, dio un vuelco a favor de sus víctimas hace pocos días, cuando el juez español Baltasar Garzón declaró ante su par argentina María Servini de Cubría, que orienta el proceso. Garzón no sólo reconoció “la existencia de un plan sistemático de eliminación, secuestro, desaparición, ejecuciones extrajudiciales y robo de niños”, sino que además presentó documentación que muestra a la dictadura de Francisco Franco como ejecutora de una “política de eliminación, tortura y desaparición de miles de víctimas”. Para el magistrado, suspendido en España por querer investigar lo mismo que hoy intenta Servini desde aquí, no hay duda de que los delitos deben catalogarse como “crímenes de lesa humanidad”.
El testimonio duró dos horas y se llevó a cabo en el despacho de la jueza, delante de los doctores Máximo Castex, Ricardo Huñis y Beinusz Szmukler, representantes de las familias denunciantes. En su declaración, a la que Tiempo Argentino accedió en forma exclusiva, Garzón comenzó recordando la vez que intentó llevar al franquismo a juicio, iniciativa que le valió haber sido apartado por la Corte española: “La causa se inició en diciembre de 2006”, fecha a partir de la cual “fueron incorporándose diferentes denuncias y querellas de múltiples víctimas, organizaciones de víctimas y organismos de Derechos Humanos. Con carácter general, los hechos denunciados se referían a la represión iniciada y desarrollada por el régimen franquista y las autoridades civiles y militares que lo representaban. La fecha inicial se extendía desde 1936 en adelante, ya que había hechos que se produjeron en las décadas siguientes, durante la dictadura franquista”. Y agregó que esas denuncias se referían “a la ejecución sistemática de crímenes contra la vida, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra bienes” y “sustracción de menores de edad”.
También explicó que los delitos analizados entraban en la consideración de “crímenes de lesa humanidad” y “delitos permanentes”. Y que su trabajo pretendió extenderse a “los niños robados del franquismo, y que se concreta en la cifra de 30 mil menores de edad, que a partir de 1936 fueron sustraídos a sus familias de origen por el mero hecho de ser republicanos, y por considerar que las mismas no eran adecuadas para educar a estos niños en el nuevo régimen iniciado por el franquismo”.
“La investigación debería haber continuado –dijo–, cosa que al día de hoy ya no es posible” por una decisión del “Tribunal Supremo en el mes de marzo de 2012. A partir de ese momento, y partiendo del contenido de esa resolución, en España no hay posibilidad alguna de investigar dichos crímenes”.
En Argentina sí. Salvo la que tramita en el juzgado de Servini, no hay otra querella que investigue a la dictadura franquista en todo el mundo. Que además de sustentarse en aquellos intentos de Garzón, toma como base una denuncia realizada por Darío Rivas, residente en Argentina, y cuyo padre fue fusilado por la falange española en los años treinta. El magistrado reconoció que “la única instancia judicial en el mundo que está investigando estos crímenes de naturaleza internacional es este juzgado (por el argentino)”. Y explicó lo ocurrido con la Ley de Amnistía española de 1977: “Si bien no mencionaba los crímenes de genocidio, lesa humanidad u otros de naturaleza internacional, se ha aplicado indefectiblemente a todos, por lo que la impunidad respecto de
las acciones presuntamente cometidas o imputadas a los actores del régimen franquista ha sido y sigue siendo total.”
Hace dos semanas, Servini había dispuesto que varios familiares de víctimas declararan desde Madrid por videoconferencia, pero las presiones del gobierno de Mariano Rajoy lo impidieron. La querella por ahora apunta a nueve acusados, entre los que figura José Utrera Molina, reconocido ultramontano franquista de 86 años, suegro del actual ministro de Justicia de Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón.
Utrera Molina está imputado por haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, ejecutado mediante garrote vil el 2 de marzo de 1974. Antich militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) junto a otros jóvenes anarquistas, y después de su detención, fue acusado supuestamente por haber matado al subinspector Francisco Anguas Barragán, sin pruebas, y en un juicio sumarísimo armado por los genocidas. Molina estampó su firma en la orden de ejecución, para que un verdugo ajustara el cuello de Salvador con un collar de hierro hasta destrozarle la garganta.
La causa, además, tiene en la mira a Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez González, Rafael Gómez Chaparro Aguado, Jesús Cejas Mohedano, Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. El requerimiento incluye que sean detenidos por Interpol y luego extraditados a la Argentina.
El caso Adolfo Scilingo. Garzón declaró ante Servini que “la existencia del plan sistemático de eliminación, secuestro, desaparición, ejecuciones extrajudiciales y robo de niños, entre otros, tiene constancia documental en diversos documentos y manifiestos del general Franco, Queipo de Llano, Mora y otros, antes, durante y después de la Guerra Civil española”. Y que “el propio desarrollo de los hechos demostró la sistematicidad de la política de eliminación, tortura y desaparición de miles de víctimas, como requisito indispensable para la catalogación de los crímenes como de lesa humanidad. La calificación de los mismos en el contexto de crímenes contra la humanidad que yo acogí en mi auto del 16 de octubre de 2008 se basó en la propia doctrina del Tribunal Supremo Español contenida en la sentencia por la que se condenó a 1048 años de prisión al ciudadano argentino Adolfo Scilingo por crímenes de esa naturaleza, cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y 1983, período de la dictadura argentina, y que había sido objeto de investigación por mí mismo y de sentencia por la Sala Penal de la Audiencia Nacional”.
El magistrado dijo no entender cómo su país no investiga estos crímenes a pesar de manifestaciones realizadas por el Tribunal europeo de Derechos Humanos para que sí lo haga. Y de la existencia del “Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Sociales” y de la “Convención contra la Tortura de 1984, ratificada por España en noviembre de 1987”. «
Niños robados
30 mil
La cifra de niños robados por el franquismo es de 30 mil menores de edad, que a partir de 1936 fueron sustraídos a sus familias de origen por el mero hecho de ser republicanas, destacó el juez español.
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