http://laestaciondefinlandia.wordpress.com/2013/12/16/banco-convento-cuartel-los-paradigmas-del-universo-carcelario-franquista/
En su afán por erradicar cualquier forma, no solo de disidencia, sino de mera formulación de un proyecto político y social modernizador en cualquiera de sus vertientes (democrática o socializante) como el que había encarnado la Segunda República, la dictadura franquista desarrolló un concepto de “universo carcelario” –entendido como un sistema represivo que se extendía más allá de los propios muros del recinto penitenciario y de la persona física de los reos-, que uno de sus primeros inspiradores, Máximo Cuervo, director general de prisiones, definió con precisión cristalina: “La seriedad de un banco. La caridad de un convento. La disciplina de un cuartel”[1]. O lo que es lo mismo, el sometimiento del cuerpo y del espíritu ejercido por la institución total carcelaria.
La cárcel operó, en palabras del historiador Ricard Vinyes, como una industria de transformación de existencias[2]. En esta afirmación pueden apreciarse ecos de las categorías expresadas por Michel Foucault en su obra clásica de los años 70, Vigilar y castigar, aunque si el autor francés estudió en su momento el paso de la brutalidad punitiva del absolutismo al discurso penitenciario burgués como una faceta más de la transición del feudalismo al capitalismo, cabría catalogar el diseño del sistema punitivo franquista como una reacción que retrotraía al proceso penal a su fase inquisitorial –en todas sus acepciones de carencia de garantías, arbitrariedad, brutalidad y práctica de la violencia sobre el cuerpo del reo- previa a la modernidad.
Dada la naturaleza del nuevo régimen, la cuantificación del número de personas que sufrieron encierro ofrece muchas dificultades. Un criminalista hablaría de la existencia de un «número negro» que oculta los delitos efectivamente cometidos que no llegan a conocimiento de la policía por no mediar denuncia; el «número negro» de la represión franquista está aún por dilucidar, y se nutre de aquellas aplicaciones sumarias de sentencia –ejecuciones paralelas- que no llegaron siquiera a sustanciarse en procesos. Ello no obsta para que, ateniéndose a los propios guarismos ofrecidos por las instituciones oficiales, se pueda valorar la magnitud de la población penitenciaria cuyo delito puede ser tipificado como político en las primeras décadas de la dictadura[3]:
AÑO
|
PRESOS POLÍTICOS
|
1940
|
270.719
|
1952
|
5.375
|
Los reos se dividían, cronológicamente, en dos categorías: Los «anteriores» (por circunstancias de guerra, de composición heterogénea: soldados, intelectuales, cargos de la administración republicana, militantes y simpatizantes del Frente Popular…); y los «posteriores» (resistentes activos al franquismo, con fuerte vinculación militante…). Les diferenciaba también la forma de caída: captura, delación, brutalidad y arbitrariedad en los «anteriores», aunque se acabarían beneficiando de progresivos beneficios penitenciarios e indultos; persecución, tortura indagatoria, implacabilidad penal para los «posteriores», con cumplimiento íntegro de las penas e, incluso, aplazamiento de su puesta en libertad, acordada por un tribunal pero dilatada por los órganos rectores de la cárcel. La saturación carcelaria suscitó una serie de problemas que fueron alertados por los órganos rectores de la administración penitenciaria: Ministerio de Justicia, Patronato de Redención de Penas…
- La amenaza de colapso de la administración de justicia, por la desproporción entre sumarios instruidos y delitos, en detrimento de los primeros debido al desbordamiento del cuerpo jurídico experto.
- La carga económica que suponían los presos para los presupuestos del estado.
- Los problemas de insubordinación motivados por la masificación carcelaria.
Todo ello motivó una estrategia de excarcelaciones, que comenzaron en enero de 1940 con la conmutación de penas altas por otras de rango inferior., y continuaron con la aplicación de la libertad condicional a los condenados a menos de 6 años o que hubieran cumplido la mitad de condena de 12. A la reducción de la presión carcelaria contribuyeron tanto estas excarcelaciones como las muertes por enfermedad, hambre, fusilamiento o distintos tipos de violencia en el interior de las cárceles. La masificación descendió con el final de la segunda guerra mundial, en medio de un contexto internacional delicado para la supervivencia de la dictadura franquista. Pero, aún así, la figura del preso político pervivió mientras lo hizo el régimen que tipificó como tal cualquier crítica contra su autoridad.
La fundamentación ideológica de la represión.
El franquismo elaboró un discurso de la inferioridad y la degeneración social del disidente, tendente a justificar y amparar acciones, instituciones y políticas de segregación que afectaron gravemente a la vida de quienes, derrotados, fueron capturados y encarcelados[4]. El principal responsable de la teoría que sirvió de base a la política represora fue el comandante Antonio Vallejo Nágera, designado por Franco jefe del Gabinete de Investigaciones Psicológicas que habría de proporcionar una filosofía a la praxis disciplinaria de la dictadura. Vallejo Nágera, imbuido de los axiomas del pensamiento reaccionario de los años 30, teorizará la necesidad de una eugenesia social, basada en la inferioridad mental del adversario político, en la consideración del marxismo como una psicopatía antisocial, y en la necesidad de segregar a los afectados por esta patología para evitar su propagación a los sujetos sanos de la sociedad. Vallejo realizó estudios de campo con prisioneros de distintas categorías (brigadistas internacionales, presos varones españoles que habían tenido cargos políticos de responsabilidad, mujeres en iguales circunstancias, nacionalistas vascos e izquierdistas catalanes). La finalidad era obtener pruebas empíricas sobre la inferioridad mental de los desafectos al nuevo régimen, le perversidad de la democracia –al estimular las esperanzas de promoción de resentidos y fracasados sociales-, la brutalidad del disidente y la correlación entre fealdad física, inferioridad intelectual y perversión moral del adversario político[5].
La propuesta de Vallejo fue la profilaxis socio-política tendente a la eliminación no solo del marxismo, sino de los elementos democráticos y republicanos que, como factores ambientales nocivos, contribuyeron a la expansión del principal agente patógeno e incluso a la degeneración del fenotipo de la raza española, que dejó de ser “amojamado, anguloso, sobrio, casto, austero” para trasformarse en “redondeado, ventrudo, sensual, versátil y arribista”[6]. Capítulo especial de su investigación lo constituyó el caso de las mujeres, que se centró en una muestra de 50 presas encarceladas en la prisión de Málaga, cuyo promedio principal de edad oscilaba entre los 21 y los 25 años, 33 estaban condenadas a muerte, 10 a cadena perpetua y el resto a penas entre 12 y 20 años de reclusión. La militancia política femenina fue de inmediato asociada con la delincuencia común, hasta el punto de que no se estableció diferencia en el cómputo oficial de mujeres condenadas por uno u otro tipo de delitos. Esta sería una de las razones que impulsarían la primera reivindicación de las presas, la de la propia naturaleza política de su reclusión, como una forma de restitución de su dignidad. Para Vallejo, las mujeres –que no se podían considerar como combatientes-, actuaron empujadas por el resentimiento y el fracaso social que, en su opinión, era más notorio y derivaba en una mayor perversión moral y sexual, y en una mayor crueldad, que en los hombres, además de que su implicación activa en la política durante los últimos años habría sido la búsqueda de la ocasión “de satisfacer sus apetencias sexuales latentes”[7]. Esto era aún más desconcertante si se tenía en cuenta que casi un sesenta por ciento de las mujeres estudiadas tenían una posición económica y social suficiente, y un nivel de instrucción sorprendente para la época.
La atención prestada a la represión de las mujeres republicanas (contrapunto radical de la imagen de la mujer tradicional, maternal, doméstica, religiosa y sumisa del imaginario nacional-católico), tenía mucho que ver con el papel que aquellas habían asumido durante la República, la guerra y la posterior resistencia al franquismo. La opción de luchar por la República y contra el fascismo significó para muchas mujeres la defensa de un estatus político recién conquistado y una ocasión para redefinir su propia identidad, a menudo alimentada por deseos de emancipación y autonomía, componentes sentimentales, ambientes familiares politizados, influencias de las amistades y rebelión contra la injusticia y el atropello[8]. La larga resistencia de Madrid, por ejemplo, no podría concebirse sin el trabajo de las mujeres en la capital asediada y desabastecida. Como el propio Vinyes ha afirmado, al estudiar el caso de María Salvo, eran mujeres para las que la participación en reuniones, la militancia activa, la pertenencia a diversos tipos de comités y la asunción de responsabilidades políticas había abierto un nuevo horizonte vital, lejos de las romas expectativas que la mentalidad tradicional les tenía reservadas como hijas, esposas y madres[9].
Muestra de esa actividad se encuentra en los archivos. Es especialmente relevante la información contenida en los informes de la Comisión de Cuadros del Partido Comunista de España (PCE), que se encargaba de reclutar militantes destacados con destino a las escuelas de formación política y a nutrir los puestos de dirección de células y radios de la organización.[10] Lo primero que se aprecia es la incorporación de las mujeres a las tareas de formación y dirección política, teniendo en cuenta el contexto social y de género de la España de los años 30. Esta incorporación es especialmente significativa en el caso de Madrid, donde las mujeres aspirantes a ser cuadros del partido constituían casi la tercera parte del total de militantes cooptados para tal función:
Militantes del PCE (1936-1939) integrados en las escuelas de cuadros, por procedencia.
|
Total
|
Hombres
|
%
|
Mujeres
|
%
|
ESPAÑA
|
479
|
355
|
74,1
|
124
|
25,9
|
MADRID
|
244
|
165
|
67,6
|
79
|
32,4
|
Pero es en la distribución de los aspirantes por sexo y por edades donde se valora la importancia de la oleada de feminización de las organizaciones políticas desencadenada por la guerra. Buena parte de responsabilidad le incumbiría a la incorporación de los hombres al frente, y la necesidad de cubrir sus vacantes con mujeres; pero no debe menospreciarse la movilización de las mujeres más jóvenes, que irrumpieron en la vida política plenas de entusiasmo militante en lo que, para ellas, constituiría el momento decisivo de sus vidas.
Edades de los militantes de Madrid integrados en las escuelas de cuadros
(1936-1939)
|
Total
|
Hombres
|
%
|
Mujeres
|
%
|
Diferencia
M-H %
|
% M sobre
| |
Total
|
M
| |||||||
<23 span="">
|
40
|
10
|
25
|
30
|
75
|
+60
|
13,7
|
39,0
|
23-29
|
76
|
53
|
69,7
|
23
|
30,3
|
-39,4
|
10,5
|
30,0
|
30-39
|
58
|
43
|
74,1
|
15
|
25,9
|
-48,2
|
6,8
|
19,5
|
>40
|
45
|
38
|
84,4
|
7
|
15,6
|
-68,8
|
3,2
|
9,1
|
TOTAL
|
219
|
144
|
77
| |||||
Así, en Madrid, las mujeres menores de 23 años (la edad que marcaba la mayoría de edad) conformaron la cohorte generacional más importante a la hora de engrosar los cuadros locales y medios de la organización comunista. Su toma de compromiso se traducía en una tendencia ascendente en flecha, de cuya trascendencia tomó nota el sistema represivo franquista, cebándose con ellas para cercenar sus expectativas. En el Archivo General Militar de Guadalajara se han catalogado 16.300 expedientes de hombres y mujeres cuyas penas iniciales de muerte fueron conmutadas por la inmediata inferior directamente mediante indulto o decisión personal del Jefe del Estado y luego nuevamente revisadas por sendas comisiones, Provinciales y Central, creadas al efecto, para asignarles una condena definitiva que oscilaba en general entre los veinte y los treinta años. De ese total de expedientes, más de 800 (en torno al 5%) son de mujeres[11].
En definitiva, los trabajos de Vallejo Nágera –que le habrían hecho merecedor de figurar en el banquillo de Nurembreg, de haber sido otra la implicación de los aliados en el derribo del más veterano aliado del Eje- contribuyeron a la psiquiatrización del disidente y a su deshumanización –con particular ensañamiento en el caso de las mujeres- justificando, con ello, el distanciamiento moral, el distanciamiento psicológico y la severidad punitiva con que la administración penitenciaria debía afrontar el tratamiento de los desafectos.
La vida en las cárceles y la autoorganización de los presos.
La acumulación de presos en los primeros tiempos de la postguerra hizo de las prisiones auténticas masas de carne. Los recuerdos de las internas de, por ejemplo, la prisión de Ventas, en Madrid, coinciden el hacinamiento de un establecimiento que, habiendo sido diseñado por la República (siendo Directora General de Prisiones Victoria Kent) para unos pocos centenares de reclusas, albergaba entre 1939 y 1940 a más de 10.000 internas, que debían dormir apretujadas en pasillos y aseos, compartiendo encierro con sus hijos pequeños. Una de las primeras fórmulas de intentar hacerse con el control de sus propios destinos fue atender a las necesidades de defensa jurídica de presos y presas, durante su proceso de vista, recurso y solicitud de indulto. En este aspecto destacó, como ha señalado en una biografía específica David Ginard, Matilde Landa, quien fuera una de las primeras responsables de los intentos de reconstrucción del PCE en la clandestinidad[12]. Más adelante, los presos se propondrían la adquisición de destinos en los distintos órganos de gestión de la prisión –aprovechando, en no pocos casos, su mayor nivel de formación respecto al de los funcionarios cooptados recientemente por mera fidelidad personal o ideológica-, con el fin de mejorar la vida de sus compañeros (en la administración de los economatos, como en el caso de Núñez, que llegó a montar todo un sistema de falsificación de vales en Ocaña); o demorar trámites de traslado o ejecuciones de sentencia, y facilitar puestas anticipadas en libertad o fugas, colocándose en las oficinas.
Las células básicas de la organización de los internos en las cárceles franquistas fueron las «comunas»–en el caso de los hombres- y las «familias» – en el de las mujeres-. Si las comunas masculinas servían para el aglutinamiento político de los presos, la discusión de la línea de la organización y la difusión de consigas, las familias femeninas se ocupaban en prestarse ánimo, ayuda y colaboración en la formación cultural y política de las menos capacitadas. A ello no era ajeno el hecho diferencial, denunciado ante sus organizaciones por las mismas reclusas, de que a ellas no les llegaba la información política, y de que el papel de las mujeres en la nueva etapa clandestina había vuelto a los derroteros tradicionales de la prestación de servicios eminentemente asistenciales (visitas, alimentación, madrinas de presos…), con un evidente desequilibrio perjudicial para las presas, dada la desigual estructura demográfica por género de la población reclusa. En definitiva, percibían un trato desigual de sus propias organizaciones por su condición de mujeres, en lo que había, además, una valoración negativa, pues si la formación política constituía un mecanismo de galvanización del colectivo de presos, las presas carecían de este importante elemento en el interior de la cárcel.
Una de las reivindicaciones específicas de las mujeres internas fue la reivindicación de un espacio propio para madres lactantes. La administración respondió con la creación de un recinto penal específico, la Prisión de Madres Lactantes de San Isidro. No se trataba de una institución benemérita destinada a proteger la vida de los recién nacidos, sino que, además de ser un lugar insano, por la humedad próxima del río, que acentuó la sobremortalidad de los recién nacidos, operó como uno de esos lugares administradores de la profilaxis inspirada en Vallejo Nágera, en los que los niños fueron separados de las madres para evitar la continuidad de la patología social de sus progenitoras. El régimen legisló sobre la separación de hijos y madres a comienzos de 1940, que bajo los auspicios del Ministerio de Justicia decretó la excarcelación de los menores con destino a los «Destacamento Hospicio». Niños y niñas, en un número que oscila entre los 30.000 y los 12.000, según cifras de los Patronatos encargados de su custodia, los de la Merced y San Pablo, fueron separados de sus madres y, ante la desconfianza del estado sobre su entrega a una familia probablemente desafecta –y en no pocos casos, deshecha por la propia represión-, fueron internados en establecimientos públicos (a disposición de Auxilio Social o de la Junta de Protección de Menores de cada provincia), o religiosos, donde se ejerció sobre ellos una estrecha coerción y presión religiosa –particularmente con las niñas- con la intención de alienar a los menores del trato familiar con sus padres.
La legislación amparó, asimismo, la desaparición de no pocos menores –cuyo ingreso no fue registrado en los libros de entrada de las instituciones de destino, o cuyos datos fueron deliberadamente alterados en los registros de las casas cuna, para otorgar a los recién nacidos en adopción ilegal-, e incluso las tentativas de secuestro en el extranjero, tal como se llevaron a cabo contra hijos de exiliados en Francia y México.
El asedio moral.
Durante la década de los cuarenta, miles de presos fueron conducidos a lo largo del territorio español, en constantes e inesperados desplazamientos, con la finalidad de romper la frágil estabilidad de los penados, castigar su indisciplina individual o colectiva, quebrantar su voluntad de resistencia y deshacer sus posibles estrategias de coordinación y organización en el interior de las prisiones. La legislación sobre el proceso penal posibilitó que los presos hubieran de ser remitidos en expediciones que partían de su lugar de encierro hasta la plaza judicial donde se les instruía juicio –distante en ocasiones cientos de kilómetros-, pasando en el itinerario por prisiones provisionales donde podían permanecer por tiempo indefinido, hasta que una sentencia, que podía demorarse hasta tres años les imponía un destino definitivo en un penal central.
En la labor de destrucción física y moral de las presas coincidían tanto los abusos sexuales a los que algunas eran sometidas por los funcionarios penitenciarios como la presión constante ejercida por las órdenes religiosas, como las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, atentas tanto a la labor de velar por la salvación del alma de las reas, aún contra su voluntad, y a otras funciones menos santas, como la explotación comercial de las labores y trabajos realizados por las internas.
En la administración de la economía del disciplinamiento, una de las medidas más duras para los presos era el corte de las comunicaciones con el exterior, que privaba al reo del contacto afectivo y de la no menos importante aportación de víveres y enseres con los que complementar las magras raciones carcelarias y obtener algún peculio. La incertidumbre sobre el porvenir y el aislamiento eran las dos armas más poderosas que podían aplicarse para quebrar la integridad del preso. Otros elementos integrantes del proceso de aniquilación moral del reo eran la desposesión de sus bienes, la reducción a un estado de hambre y necesidad crónicas, la negación de la higiene personal –lo que era especialmente humillante en el caso de las mujeres- más allá de lo necesario para evitar brotes epidémicos, la sumisión a una uniformidad en el vestir despersonalizada –con la estricta prohibición, de nuevo para las mujeres, de cualquier detalle de adorno-. Se trataba, en definitiva, de un asedio total a su condición humana a la que presos y presas se resistieron en lo posible, reivindicando el mantenimiento de una dignidad personal que les ayudara a no hacer en la destrucción moral – “no ser un objeto”- a que pretendía reducirles la política penitenciaria de la dictadura.
La reivindicación constante de la naturaleza política de su castigo fue una forma de resistencia y fortalecimiento moral. Múltiples fueron los episodios de desafío al sistema represivo, que comenzaba con la reivindicación a gritos del carácter político de su detención en el mismo momento de efectuarse, si esta se realizaba en la vía pública. Seguía durante el inhumano proceso de interrogatorios, indefectiblemente acompañados de tortura, como rememoran antiguos presos como Miguel Núñez, Tomasa Cuevas, Juana Doña o Merche Gómez –la denunciante ante la obervadora internacional de la situación de las presas de Segovia en 1949[13]-. Y continuaban, ya en prisión, con el desafío constante a las normas de la cárcel, unas veces llevando al límite los preceptos del reglamento penitenciario (negativa a permanecer arrodilladas durante la misa, si se consideraba como “misa de campaña”; asunción del control de la distribución de los productos elaborados con su trabajo…); otras, otorgando una segunda lectura a su colaboración en actividades culturales o deportivas (formando equipos de baloncesto distinguidos por llevar una banda roja cruzada sobre el torso, o dando mayor énfasis a los cantos corales regionales…). Aunque, en ocasiones, el desafío se manifestó con toda la virulencia propia de la dialéctica entre represor y reprimido, como en el caso de la huelga de las mujeres de la cárcel de Segovia, castigadas por reivindicar su condición política ante unos observadores extranjeros. La agresión física, el encierro en aislamiento, el castigo de incomunicación y el traslado a otra prisión fueron el correlato habitual de estos episodios, que no lograron, en la mayoría de los casos, quebrar la voluntad de autorreivindicación de las reclusas.
La explotación laboral.
Dentro del programa de destrucción de la identidad y de sometimiento del espíritu y del cuerpo de los penados, el trabajo formaba un capítulo esencial. El aprovechamiento del trabajo recluso y de sus frutos adoptó, para el sistema penitenciario, un doble objetivo: aprovechar la disposición de una plétora de mano de obra joven, a la que poder destinar a los durísimos trabajos de reconstrucción tras la guerra; y el sometimiento a una normas reguladoras en las que se inscribía la redención de la pena mediante la prestación de jornadas trabajadas. La primera vertiente dio buenos frutos, como lo demuestra el uso intensivo de los trabajadores forzados en la ejecución de los planes desarrollados por la Dirección General de Regiones Devastadas (la reconstrucción de los pueblos de Brunete, en Madrid, o Potes, en Cantabria, por ejemplo); la construcción del canal del Bajo Guadalquivir (que supuso, además, la puesta en valor para la oligarquía terrateniente de la zona de latifundios de secano, reconvertidos en tierras de regadío para el cultivo del algodón)[14]; o, de una manera menos guiada por la economía y más por la megalomanía, la edificación del faraónico mausoleo de Cuelgamuros. Los beneficios generados por la explotación de esta mano de obra forzada, puesta en manos de contratistas privados, constituyeron un auténtico caso de expropiación de las rentas del trabajo. Cuando se instituyó el sistema de redención de penas por el trabajo, a partir de la inspiración del sacerdote jesuita José Antonio Pérez del Pulgar y del desarrollo práctico diseñado por Ángel B. Sanz, director general de prisiones, se estipuló el baremo de retribución económica del trabajo recluso. El estado actuaba como perceptor del salario y distribuidor, repartiéndolo entre los siguientes conceptos: De un total de 8,50 pesetas diarias, se descontaban 2 para la manutención del preso; 2 para ser entregadas al cónyuge (legítimamente casado u homologable en la forma de vida a la moral oficial), 1 peseta por cada hijo menor de 15 años; y, por último, 1,35 entregadas en propia mano al reo en concepto de sobrealimentación, para que pudiera adquirir artículos en el economato de la cárcel[15]. Un caso práctico lo constituye Miguel Núñez, a quien se le abrió una cartilla de la Caja Postal de Ahorros durante su estancia en la cárcel de Barcelona el 27 de mayo de 1959; cuando se realizó la última imposición, el 12 de agosto de 1967, el saldo ascendía a 1.392,90 pesetas. Es decir, el ingreso diario percibido había sido 0,47 céntimos[16]. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que el sistema de redención de penas por el trabajo estuvo concebido, en principio, para los “anteriores” –los prisioneros de guerra, organizados en batallones de trabajo o colonias penitenciarias militarizadas-, quedando excluidos los “posteriores”, aunque la corrupción inherente al franquismo generó muy pronto la comisión de irregularidades que permitieron la incorporación al régimen de redención de presos políticos, especialmente entre los internos en cárceles y presidios.
La proletarización forzada de los prisioneros permitió rellenar el vació demográfico originado por la guerra y sus efectos entre las cohortes jóvenes. El Patronato de Redención de Penas de Presos operó como una empresa y como organismo de vigilancia e información, penetrando en el hogar de los reos a través de la red asociativa católica y la asistencia benéfica, el voluntariado de Acción Católica, a servicio del Patronato de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo, basado en la estructura parroquial. Esta faceta de control permanente coadyuvó a que muchas familias de presos acabaran ocultándose para evitar la vigilancia, la persecución religiosa y, en definitiva, el acoso físico y moral.
Desde el punto de vista del disciplinamiento, el trabajo carcelario permitió a las autoridades penitenciarias que los gestionaban obtener unos ingresos extraordinarios, mediante la implantación de un auténtico modelo de “trabajo a domicilio” propio de la protoindustrialización, donde los artículos elaborados por las presas (trabajos de costura y confección, básicamente) eran distribuidos en el exterior, con una generosa generación de plusvalía para los vendedores y un magro incremento en el peculio de las fabricantes.
Pronto, sin embargo, las presas desarrollaron sus propias redes de distribución en el exterior, y lucharon por controlar su propio trabajo, dentro del programa de elaboración de una estrategia de resistencia frente al intento de dominación del universo carcelario. Venciendo iniciales reticencias de quienes pensaban que acceder a trabajar podía significar acatar la autoridad carcelaria, las presas se entregaron al trabajo como una forma de asumir el control de su propio destino y, de manera más práctica, como una manera de emplear el tiempo en algo útil y de incrementar sus recursos de subsistencia. Ello era también una manera de sobrevivir en mejores condiciones, habida cuenta de que las mujeres presas se encontraban más alejadas que los presos masculinos de las débiles redes de solidaridad establecidas en el exterior (entre las mujeres, por ejemplo, no funcionó el sistema de “madrinas de cárcel”, que aliviaron las penurias de los hombres encerrados.
El imperativo de recordar.
Durante los últimos años se ha extendido el impulso de recopilación de los testimonios de quienes fueron víctimas de la represión franquista. Existe una primera motivación de urgencia: hay que recuperar el recuerdo de la generación que vivió aquellos hechos porque está a punto de desaparecer. Se trata de lo que podríamos denominar una voluntad fedataria. Asimismo, se constata un impulso cívico-político: sacar a la luz lo que en los años de la transición a la democracia quedó silenciado, en unos casos por el peso remanente de los aparatos provenientes del régimen dictatorial que amenazaban con una involución; y en otros, por la existencia de un pacto implícito entre los sectores reformistas desgajados del franquismo y las fuerzas de oposición, que soslayaron la petición de responsabilidades por el pasado a cambio de reformas democráticas en el presente. Es cierto que esta visión cuenta con voces críticas, como la de Santos Juliá, que ha insistido recientemente en su rechazo de la teoría del “pacto de silencio”[17], pero no es menos cierto, como demostraron los trabajos de Paloma Aguilar[18], que sobre la guerra civil y la dictadura se impuso un “deber de olvido” que ha tenido como consecuencia que el mero conocimiento de nuestra historia reciente siga hoy en día mostrando significativas carencias, siendo pasto de no pocas mistificaciones. Esto denota también que, a pesar de lo que sostienen las posturas críticas con la pertinencia de la reivindicación de la memoria histórica, la ingente investigación académica emprendida durante el último cuarto de siglo no ha permeado lo suficiente a los niveles básicos del sistema educativo, que es donde se forman las representaciones con que la mayor parte de los ciudadanos se aproxima al conocimiento de su historia reciente.
[1] Vinyes, Ricard : Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas. Madrid, Temas de Hoy (2002), pág. 127.
[2] Ibid., pág. 19.
[3] Datos proporcionados por el Ministerio de Justicia a la delegación de la Comisión Internationale Contre le Régime Concentrationaire (CICRC) que visitó las prisiones españolas en 1952.
[4] Vinyes, Irredentas…, pp. 49-50.
[5] Ibid., p. 63.
[6] Ibid, p. 55.
[7] Vinyes, Irredentas…, p. 67 y 68. Vallejo Nágera llevaba hasta sus últimas consecuencias una tradición intelectual que había bebido en fuentes como, por citar un ejemplo, el doctor Gregorio Marañón, quien en sus obra “Tres ensayos sobre la vida sexual” (1926) había sostenido la imposibilidad de que la mujer participase en la vida política en paridad de condiciones con el hombre a causa de su diversidad fisiológica, calificando como “sexualmente anormales” y “con rasgos masculinos” a las mujeres célebres que habían llegado a ser “agitadoras, artistas, pensadoras, inventoras”. Febo, Giuliana di: “Republicanas en la guerra civil española: Protagonismo, vivencias, género”, p. 52. En Casanova, Julián (comp.):Guerras civiles en el siglo XX. Editorial Pablo Iglesias, Madrid (2001), p. 54.
[8] Ibid, p. 52.
[9] Vinyes, Ricard: “Sobre la destrucción y memoria de las presas en las afueras de la prisión”, en Historia del Presente, nº 4, Madrid, UNED (2004), pág.17.
[10] Existe un amplio conjunto documental sobre este tema en el Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE). Los documentos que he consultado para ilustrar las tablas que aparecen en el texto se encuentra en la Sección Político-Militar de Madrid: Informes de la Comisión de Cuadros del PCE, PS-Madrid, C. 86 y 115.
[11] Egido, Ángeles: “Mujeres en las cárceles de Franco. Apuntes sobre la represión de género en el Madrid de la posguerra”, en Abdón Mateos y Ángel Herrerín (eds.): La España del Presente. De la Dictadura a la Democracia. Madrid, Historia del Presente (monografía 3), (2006), p. 15.
[12] Ginard y Féron, David: Matilde Landa,: de la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas Barcelona, Flor del Viento (2005).
[13] Cuevas, Tomasa: Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas. Edición de Jorge J. Montes Salguero, Huesca Instituto de Estudios Altoaragoneses (2004), págs. 335-337.
[14] Sobre este caso se escribió un libro, que posteriormente sirvió de base para un documental. Acosta Bono, Gonzalo: El Canal de los Presos (1940-1962): trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica. Barcelona, Crítica (2004).
[15] Vinyes, Irredentas… p.189.
[17] Julia, Santos: “El franquismo: historia y memoria”, en Claves de la razón práctica, nº 159, 2006, pags. 4-13. Del mismo autor puede consultarse un artículo on line con la misma temática: “Bajo el imperio de la memoria” Revista de Occidente”, nº 302-303, 2006, pags. 7-20, en http://www.dialnet.com
[18] Aguilar, Paloma: Memoria y olvido de la guerra civil española. Madrid, Alianza (1996).
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