Una fisura en el testamento franquista

Posted: 07 Jan 2014 11:42 AM PST Inés Hayes, Revista Ñ, 7.01.2014 Aunque han pasado ya 37 años, Andoni Txasko Díaz no puede borrar de su memoria el día en que la policía irrumpió en la Iglesia San Francisco de Asís de Vitoria mientras se llevaba adelante una asamblea de trabajadores. Asfixiados por los gases, cuando salieron de la iglesia, hombres, mujeres y niños fueron apaleados por la policía y ametrallados indiscriminadamente. Cinco personas fueron asesinadas y un centenar resultaron heridas, la mitad de ellas de bala. Las víctimas del 3 de marzo de 1976 es una de las tantas muestras de lo que sufrieron los españoles en el franquismo. Quizás el ejemplo más claro de que las estructuras franquistas han dejado una huella profunda en la vida política, social y cultural española es que las víctimas del terrorismo de Estado –que duró más de 40 años– no pueden declarar en su propio país donde los crímenes de lesa humanidad quedaron impunes por la Ley de Amnistía de 1977. “La estructura económica sigue siendo la misma. Siguen estando los mismos empresarios que se enriquecieron a costa del trabajo esclavo durante el franquismo, hasta el rey ha sido nombrado por Franco”, explicó Josu Ibargutxi, impulsor de la Plataforma Vasca para la querella argentina contra los crímenes del franquismo y uno de los actores en la causa. Amparados en la legislación internacional sobre Derechos Humanos y la Constitución y las leyes argentinas, el 14 de abril de 2010 tres familiares de víctimas españolas acudieron a la justicia argentina para interponer la querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936, comienzo del golpe cívico militar, y el 15 de junio de 1977. Desde entonces, a la querella inicial se han ido sumando constantemente más casos. Actualmente se han presentado 150 y otras tantas están en tramitación en el juzgado de María Servini de Cubría quien en septiembre de 2013 dictó una orden de captura internacional contra cuatro represores de la dictadura franquista: Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco. Memoria internacional En junio de 2012, las asociaciones de querellantes se reunieron para poner en marcha varias plataformas territoriales en todo el Estado español, creándose así en Madrid una “Red Ciudadana”, o en el País Vasco una “Plataforma para la Querella” con el objetivo de que la causa fuera promovida y apoyada por un vasto movimiento social. En junio de 2013 se conformó CeAqua, Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo. Entre junio de 2012 y junio de 2013 la Plataforma Vasca inició las primeras presentaciones de mociones institucionales a favor de la querella y la iniciativa fue retomada con gran éxito por muchos municipios, que ya han conseguido el apoyo del 60% de la población vasca, incluido el Parlamento Autonómico vasco. La iniciativa se transfirió al resto del territorio español, y actualmente las mociones de apoyo institucional se extienden por municipios de Andalucía, Cataluña, Asturias, Galicia, Valencia, Baleare, donde también los Parlamentos Autonómicos (Cataluña, Andalucía) han mostrado su apoyo a la querella argentina. Si bien la cifra exacta de prisioneros durante la dictadura española no se sabe con exactitud, según la investigación de Gutmaro Gómez Bravo, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, los presos se acercaron al millón: “Es con mucho la más elevada en la historia de nuestro país y hasta que avance la Segunda Guerra destaca igualmente en el ámbito europeo”, señaló en su artículo “El sistema penitenciario franquista: retribución, religión y control social”, incluido en el Procesos represivos y actitudes sociales, entre la España franquista y las dictaduras del Cono Sur, coordinado por Gabriela Aguila y Luciano Alonso (Prometeo Libros). En Alemania, el máximo de número de presos (no internos en campos) alcanzó, entre diciembre de 1944 y enero de 1945, la cifra de 189.940 registrados. Como en la dictadura argentina, en España, la Iglesia Católica también jugó un papel clave. Entre 1939 y 1940 aparecieron cuatro textos fundamentales que sintetizaban el pensamiento en relación a la práctica penitenciaria. “El primero es de Pérez del Pulgar La solución que España da al problema de sus presos políticos , seguido de otra obra Qué me dice usted de los presos, del capellán de la prisión modelo de Barcelona, Martín Torrent. Ya en 1940 aparece la primera memoria de una prisión después de la guerra, la de la cárcel modelo de Valencia, que expone los principios penales y los resultados de la aplicación de la redención de penas en el centro, y por último, pero quizá se trate del texto de mayor contenido jurídico, el discurso de Máximo Cuervo en la inauguración de la Escuela de Estudios Penitenciarios de Madrid en 1940”, explica Gómez Bravo en su artículo. El investigador analiza además su legado teórico que puede resumirse en tres ejes: el castigo era justo y necesario pues el delito cometido era de tal magnitud que buscar una pena proporcional era dejarlo impune. No había posibilidad de corrección, porque la revolución había atentado contra el orden sagrado y el orden social. La restitución del daño exigía que el criminal redimiera su culpa con Dios, con la sociedad y con la Justicia y la pena debía ser ejemplar para restaurar el equilibrio perdido. Sólo a través de la penitencia podría volver a ser un individuo sano y válido para la sociedad. “La verdad del franquismo, su médula constitutiva, es el proyecto de restauración con sus rasgos estructurales más profundos de una España muy antigua, la de la dominación del mundo agrario, proyecto que se sirvió de un aparato de poder que so capa de modernidad representó, sin embargo, la pervivencia de un arcaísmo que se veía a sí mismo como un Estado de derecho cristiano clásico”, escribió en 1996 el investigador Julio Aróstegui en Opresión y pseudojuricidad. De nuevo sobre la naturaleza del franquismo. En oposición a la democracia parlamentaria, el franquismo se autoproclamó como una democracia orgánica cuyas bases se sustentaban en el nacionalismo español, el catolicismo, el antiliberalismo y el anticomunismo. En Limpieza política en España. Insurrección, Guerra Civil y Posguerra (1936-1953), incluido en el mismo libro, Jorge Marco, especialista en la violencia política de la España contemporánea, explicó que el proceso de limpieza política consistió en el exterminio de unas culturas políticas e identidades colectivas que habían cuestionado el ‘orden natural’ del poder y las ‘esencias españolas’ a los ojos de los perpetradores: la Religión Católica, la Patria, el Orden, la Familia, el Trabajo y la Propiedad. “La ‘anti-España’, como se definió al ‘enemigo interno’ en la época, no eran otros que los socialistas, anarquistas, comunistas, liberales, republicanos, masones o nacionalistas periféricos”, detalló Marco. Sólo entre 1939 y 1952 fueron asesinadas entre 40 y 50 mil personas y entre 1944 y 1954, 30.960 hijos de fusilados fueron tutelados por el Patronato de San Pablo. Según explica Marco, “por tutelaje se entendía la condena del pasado de sus padres, la reeducación y su estigmatización como hijos de vencidos”. Así como la Iglesia Católica fue una de las instituciones en las que se apoyó la dictadura, la virtud del trabajo fue otro de los pilares y tal como contó Josu Ibargutxi, el trabajo esclavo hizo crecer de manera exponencial a la industria española durante el franquismo. Vinculado a la Doctrina Social Cristiana, según el artículo de Gómez Bravo, el trabajo era considerado como una de las primeras señales de arrepentimiento y además era signo de ‘vida honesta’ y el vehículo principal de contacto entre el individuo, la familia y la sociedad. Sin castigo La mayoría de los presos, torturados y asesinados durante el régimen de Franco fueron trabajadores. En su tercer viaje a Buenos Aires para prestar sus declaraciones, recibidos en la Central de Trabajadores de la Argentina por el secretario de Derechos Humanos Hugo Blasco, tres de ellos contaron sus historias. Josu Ibargutxi fue prisionero del franquismo desde 1968 hasta 1977. Condenado a 58 años de prisión por el Tribunal de Orden Público y los Consejos de Guerra, fue secuestrado en diversas prisiones del Estado español como las de Soria, Madrid, Santander, Segovia y Puerto de Santa María. En 1976 participó en la “Fuga de Segovia”, en la que escaparon 29 prisioneros, que más tarde fueron apresados y uno de ellos, Oriol Solé, muerto a tiros por la guardia civil. El testimonio de Andoni Txasko Díaz es clave para la imputación de Rodolfo Martín Villa a quien se responsabiliza del asalto de la Policía Armada a la iglesia de San Francisco de Asís en Vitoria el 3 de marzo de 1976. Pablo Mayoral perteneció al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), fue condenado a pena de muerte y más tarde conmutado. Durante su militancia se encargaba de la propaganda de la revista de su partido. Viajó a Buenos Aires para querellar contra el ex ministro de Trabajo, Fernando Suárez, al que se le imputa como corresponsable en la sentencia de muerte aprobada por el Consejo de Ministros del que formaba parte, de los últimos ejecutados por el franquismo en septiembre de 1975: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Angel Otaegui. “Los procesos de Memoria, Verdad y Justicia tienen carácter universal –dijo Hugo Blasco luego del encuentro con los querellantes–. En tal sentido nuestra participación activa en la Plataforma Argentina de apoyo a las querellas contra los crímenes del franquismo desde su inicio es la demostración del compromiso de la CTA con los Derechos Humanos de todos los pueblos del mundo y en particular de la clase trabajadora”.