Cuando Pedro Sánchez desembarcó de nuevo en Ferraz, decidió encargarle a Fernando Martínez una de los estandartes que José Luis Rodríguez Zapatero ganó para el patrimonio político del PSOE: la bandera de la memoria histórica. Este catedrático andaluz de Historia Contemporánea es el responsable de este área en la Ejecutiva del partido y tiene la misión de actualizar la ley de 2007.
Durante la entrevista se confunde al político con el catedrático de historia, una doble condición que también se nota en su agenda. Horas antes de la entrevista aterrizaba en Madrid desde París, donde estuvo investigando sobre exiliados españoles en sus archivos, y ponía rumbo a Almería para corregir los exámenes de sus alumnos de la universidad. Conoce bien la material, en algunos de sus trabajos ha estado “a pie de fosa”.
También tiene un respeto profundo por el tesón de las asociaciones memorialistas, a las que menciona constantemente durante la conversación y junto con las que ha elaborado la reforma de la Ley de Memoria Histórica que el PSOE presentó el pasado diciembre en el simbólico cementerio de Paterna. Analizamos al detalle su propuesta junto a Martínez.
— En el Congreso hay una propuesta de otros grupos para reformar la Ley de Amnistía, que está provocando que algunas causas de víctimas del franquismo se archiven en los tribunales, ¿cuál es la posición del PSOE?
— Creemos que la Ley de Amnistía no hay que tocarla, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que esta legislación no dicen que prescriban. Así lo hemos recogido en nuestra nueva propuesta de ampliación de la Ley de Memoria Histórica. El derecho internacional prima sobre el derecho interno. Creemos que hay una mala apreciación del Tribunal Supremo en la interpretación que hace de la Ley de Amnistía.
— Ustedes vieron que hacía falta actualizar la Ley de Memoria Histórica de 2017.
— La del 2007 fue una ley trascendental. Vino a poner las bases de la recuperación de la dignidad de las víctimas. Se quiso honrar y recuperar la memoria de quienes padecieron persecución y violencia en la Guerra Civil y el franquismo. Todo quedó paralizado en el 2011 con la subida al poder del PP y el presupuesto cero con un fortísimo componente ideológico. En 2017 hicimos una evaluación de las cosas positivas y de las insuficiencias después de diez años de experiencia. También han sido importantes los requerimientos internacionales hechos a España, como las recomendaciones que hizo Pablo de Greiff, el relator de Naciones Unidas y, además, ha habido comunidades autónomas donde se han hecho legislaciones propias que van más allá, como en Andalucía o Valencia.
— Haga un resumen rápido, ¿qué novedades tiene esta ampliación que han presentado en el Congreso?
«Queremos que España no tenga ni una sola fosa común, somos el país que más tiene junto a Camboya»
— Las modificaciones plantean la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas y que sea el Estado el que lidere las exhumaciones. Queremos que España no tenga ni una fosa común, somos el país que más tiene junto a Camboya. Tendrán que ser los tribunales territoriales correspondientes los que intervengan en la búsqueda de desaparecidos. Para poder identificar los cadáveres y dárselos a sus familias, se necesita un banco de ADN. Otro pilar importante es la creación de una comisión de la verdad, porque supone una ruptura con el pasado y para que el informe final sitúe el marco de futuro, de la convivencia y de la concordia, pero conociendo qué pasó a todos los niveles. También planteamos que se abran todos los archivos y un censo nacional de víctimas y que se puedan recuperar los bienes incautados que no se devolvieron. Además, hay un elemento sancionador y la retirada de honores.
Es una ley de reparación integral. Por eso, se plantea la creación de lugares de memoria donde se hayan producido hitos históricos y, por supuesto, resignificar el Valle de los Caídos y se concreta la retirada de símbolos con un aspecto sancionador. También rescatamos otro tema olvidado: la violencia de género. Ellas no solo fueron reprimidas por ser esposas, madres o hijas de personas vinculadas con republicanos, grupos obreros o sindicatos, sino que también hay una represión específica sobre el cuerpo de la mujer. Hay que hacer investigaciones que tengan en cuenta esa doble represión.
— ¿Se pedirá la revocación del ducado de Franco?
— Se plantea la desaparición de los honores y las distinción otorgadas, así que se tiene que hacer.
— A la hora de la reparación económica de los bienes incautados imagino que demostrarlo para los particulares no será fácil.
— Primero hay que acreditarlo. Hay muchos estudios. Nosotros en Andalucía hemos visto las referencias de casi 60.000 personas. Sabemos la gente que pasó por los tribunales de responsabilidad política. Hay documentación sobre las sanciones que se pagaron al Banco de España o de viviendas incautadas. Esta idea surge porque se ha reparado a los sindicatos y partidos, ¿por qué no a los particulares?
— Será una cuestión que levantará ampollas porque hay patrimonios actuales que se beneficiaron de ese expolio.
— Tenemos que resolver los problemas pendientes y éste lo es. Lo han hecho en otros países como Alemania. Supone dinero pero también supone una reparación. ¿Por qué a alguien de Izquierda Republicana le incautan los bienes cuando era legal afiliarse a ese partido en el marco de la República? Por eso no te pueden sancionar. Ese dinero fue recogido por el Estado y eso se tiene que reparar. No podemos dejar flecos, hay que resolver nuestro pasado.
— Quieren crear una comisión de la verdad y que también haya expertos en violencia de género.
«Una de las acusaciones contra las mujeres ‘rojas’ es que eran “muy habladoras”. Tenían que estar calladas y resignadas»
— En principio, tiene que ser paritaria. Se contará con expertos nacionales e internacionales para que hagan un estudio, con un buen relato y un buen informe. Se tiene que investigar la represión contra las mujeres. Muchas veces se ha identificado en el mismo marco que la represión sobre los hombres, pero hay especificidades. Algunas víctimas además de rojas eran mujeres. Esto es lo que no podía soportar el franquismo, que fueran incluso políticas. Permitían que la mujer estuviera en el espacio privado, pero no en el público. Hay miles de expedientes de responsabilidades políticas y una de las cosas de las que se les acusaba era de ser “muy habladoras”. Tenían que estar calladas y resignadas. Les daban aceite de ricino y les hacían pasearse por las calles con el cuerpo descomponiéndose. Era una vejación impresionante. También las humillaban cortándolas el pelo. Queremos que se investigue la represión contra las mujeres en la doble dimensión: política y de género.
— Otra de las novedades es la amplia consideración que se le da a los niños robados. Quieren ampliar la investigación hasta 1995, bien entrada la democracia.
— Así es. De hecho, ahora pensamos en extenderla hasta el 98 o 99. Nos lo plantearon en las asociaciones de bebés robados y a mí me pareció bien.
— ¿Cómo es posible que haya habido una trama de bebés robados durante todo el franquismo y parte de la democracia y la única condena sea a una supuesta víctima?
— La Justicia ha mirado para otro lado. Hoy hay muchas denuncias puestas. Las asociaciones están creando todo un movimiento y es un tema que ya está en la agenda y hay que resolver. Yo dirigí unas de las primeras tesis de bebés robados que se hizo en España.
— Ellos describen a una Iglesia poco colaborativa, ¿ha hecho su propia transición esta institución?
— Hubo sacerdotes que ayudaron en la Transición como Tarancón. Otra cosa es el giro conservador que adoptó posteriormente. En cualquier caso, sí hay cerrazón en el tema de archivos, precisamente proponemos que se abran todos y que la Justicia pueda entrar. Es una apuesta clara por la búsqueda de bebés robados y por saber todo lo que ha ocurrido. Esto no es un tema de derechas e izquierdas, sino de democracia y derechos humanos.
— Esta reforma también aborda la ilegalización de las asociaciones que hagan apología del franquismo y sanciones para perseguir los delitos de odio contra las víctimas, incluso en las redes sociales.
— Sí, es la misma legislación penal contra los delitos de odio, pero introduciendo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
— La memoria histórica sigue levantando polémicas, como ocurrió hace apenas unos días cuando se intentó retirar la cruz de Callosa del Segura.
— Esto tiene que ver con el relato sociológico que ha quedado después de 40 años después de franquismo. No ocurrió en Alemania, ni en Italia o Francia. Allí cuando ganaron los aliados se construyó un relato democrático. En España sin embargo, el relato franquista se afianzó durante mucho tiempo. En la Transición no llevó la hegemonía la izquierda, sino el reformismo. UCD era un conglomerado de personas que provenía del régimen. Se tenían que haber hecho más cambios cuando llegó la democracia, pero el partido de Suárez no iba a tirar piedras contra su propio tejado. En los primeros años del posfranquismo sí se hicieron cosas. Por ejemplo, los datos de las reparaciones económicas a fecha de 2006 eran de 16.310 millones de euros [se devolvieron encautaciones a sindicatos y partidos políticos]. Más de 54.000 expedientes se resolvieron favorablemente. También se cambiaron algunas calles y empezaron las primeras exhumaciones, aunque sin rigor científico. Después se introdujo una línea de inflexión con el [intento de] golpe de Estado de Tejero y en los 90 se reactivó el movimiento con los nietos, que quieren saber.
— A veces se le reprocha al PSOE de Felipe González que fuese cómplice de la desmemoria.
« En la época de Felipe González hubo mucha reparación económica, algo en lo que se pone poco el acento»
— En la época de González hubo mucha reparación económica, algo en lo que muy poca gente pone el acento. Pero hubo insuficiencias en el tema de exhumaciones de cadáveres de hombres y mujeres. Yo creo que se deberían de haber realizado.
— Uno de los principales problemas de la ley de 2007 es que llegó el PP al Gobierno y la dejó sin presupuesto. Simplemente no la cumple ¿han previsto algún mecanismo para que esto no vuelva a pasar?
— Se prevé que se dote a la ley de presupuesto sistemáticamente. El PP no la deroga porque sería un escándalo, pero en la práctica la tienen en stand by. Pusieron un presupuesto cero con la excusa de la crisis económica. Ahora que dicen que ya ha pasado la tenían que haber dotado de financiación. Yo creo el PP es un partido demócrata y debe colaborar para resolver esta cuestión.
— Es verdad que el PP boicotea todo lo que tiene que ver con memoria histórica, pero ahora en el Congreso hay un nuevo partido en la derecha, ¿cómo ven a Ciudadanos en el tema de Memoria Histórica?
— Nos gustaría que analizara la cuestión desde el punto de vista democrático y que entre todos lo resolviéramos.
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