divendres, 3 de maig del 2019

Radio Rioja repasa la historia de algunos de los 1.289 represaliados por el Franquismo.

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UNA MUJER TRABAJA EN LA EXHUMACIÓN DEL CADÁVER DE UNA FOSA EN VIGUERA. | FOTO: LUIS BROX
Un ministro, un maestro y un labrador. Tres personalidades en estratos muy diferenciados en la sociedad española de la primera mitad del siglo XX pero unificadas por un elemento común: la represión franquista.
Este Primero de Mayo, coincidiendo con el 40º aniversario del cementerio civil de La Barranca, Radio Rioja Cadena SER ha querido repasar algunas de las historias que encierran los 1.289 expedientes abiertos en la región en el contexto de la Ley de Responsabilidades Políticas.
El Archivo Provincial guarda estos documentos de acusación contra más de un millar de personas perseguidas por el Franquismo por haber prestado su apoyo al bando republicano durante la Guerra Civil, aun sin la necesidad de haberlo hecho empuñando jamás un fusil. Documentos que, en la mayoría de casos, apenas incluye nombres, lugares de procedencia y profesión que desempeñaban los ‘enemigos’ de la dictadura.
El ministro
Diego Sacristán ha ahondado en los cargos contra personalidades de la talla de Amós Salvador Carreras, ministro de la Gobernación en el Ejecutivo de Manuel Azaña, sobre quien se impuso la mayor de las multas económicas: cien millones de las antiguas pesetas. “Son personas que, en un porcentaje importante, acabaron fusilados”, explica la directora del Archivo, Micaela Pérez.
A su juicio, el Franquismo no depuraba responsabilidades por su alineación durante la guerra, sino que las aplicaba con carácter retroactivo: “Se busca controlar a la población por su pasado durante la República. No era por un delito concreto después del golpe del 36, sino para controlar a personas con un pasado político”.
FOTO: Carlos Muntión
El maestro
Entre los expedientes figura el de Hipólito Olmo, conocido como el maestro de Ajamil. Y el documento revela que la represión no afectaba solo a los encausados, sino también a su entorno más cercano: “Tenemos el inventario de bienes de su casa; es su padre quien tiene que hacer frente a la multa”. “Hay muchas personas que no podían afrontar las sanciones y el régimen les embargaba sus bienes. Alguno llega incluso a vender un diente de oro para poder saldar su deuda”, explica Eva Nestares, que investiga el impacto real económico que tuvo la represión franquista en La Rioja.
Nestares ha relatado en la sintonía de la Cadena SER los intentos desesperados de algunas personas por evitar ser señalados como enemigos de la patria: “Está el caso de los bodegueros Azpilicueta, de Fuenmayor, que pagaron su multa en forma de donativo al Estado para quedar como que no habían sido sancionados por su ideología”.
El labrador
La última de las historias repasadas por Diego Sacristán es la de Inocencio Ruiz, una mente preclara en los primeros años del pasado siglo. Fue uno de los primeros fotógrafos que retrataron Logroño, dirigió una central eléctrica en Lumbreras y fundó en los años 20 una panadería totalmente mecanizada que le causaría más adelante problemas por la competencia que establecía con las tradicionales y el ambiente inquisitorial que reinaba en la España de posguerra.
Su nieto, Urbano Espinosa, subraya que “mis parientes no creen que tuviera una filiación con ningún partido político, pero tenía una personalidad muy progresista” y recuerda que “en su expediente le acusan de rojo y comunista.
Mapa de los prisioneros que fue rescatado por el investigador Carlos Muntión horas antes de que la plaza de toros de La Manzanera (Logroño) fuera demolida. Actualmente se exhibe en el memorial de La Barranca (Cortesía de Carlos Muntión)
La represión no solo se cebó con él: “A su hijo mayor lo llevaron al cuartel de Torrecilla y a duras penas pudieron liberarlo de hacer el paseíllo y acabar en una cuneta”. En cambio, sí que cambió radicalmente las aspiraciones de Inocencio, ya que “tuvo que abandonar la panadería mecanizada, pero se mantuvo con la central eléctrica porque le interesaba al propio régimen, entre otras cuestiones para que funcionara correctamente el telégrafo”.
Los documentos que guarda el Archivo Provincial de La Rioja son de un incalculable valor para todos aquellos que intenten entender qué ocurrió en La Rioja de 1936 en adelante. En cambio, su estado de conservación es extremadamente precario. Hasta el punto de que solo dos expedientes han sido restaurados y el resto se ve afectado por la humedad y el deterioro del papel.
REPORTAJE COMPLETO