Francisco Acosta (Barcelona, 1966), profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba y director de la Cátedra de Memoria Democrática --que organiza estos días la Semana de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo en Andalucía--, está convencido de que el inicio de las exhumaciones en los cementerios de San Rafael y La Salud será una oportunidad para los represaliados y para la sociedad cordobesa en general, incluido el Partido Popular.
Empecemos por lo básico, ¿por qué se debe celebrar una Semana de recuerdo a las víctimas del franquismo en Andalucía?
La razón fundamental es que la ley de Memoria Democrática dispone el 14 de junio día de conmemoración de las víctimas de la represión. La particularidad de este año en Córdoba es que por fin empezarán las exhumaciones, y nos parecía que había que dedicarle más esfuerzo, un programa más amplio.
Yo iba más a lo básico, porque hay quien aún lo pone en duda. Más allá de la ley, ¿por qué hay que recordar a estas víctimas?
Porque es un deber de memoria, una obligación que tienen los estados de recordar y conmemorar los hechos traumáticos y a las víctimas. Hay una sensibilidad social que demanda ese reconocimiento, que reclama esa memoria y esa reparación. El movimiento memorialista lleva años reivindicando una serie de derechos, por eso también hay que hacerlo. Es una reivindicación cívica, justa y democrática. Una cuestión de pura dignidad cívica, porque no se les ha reparado. También hay un deber individual, del ciudadano, de reconocer que hay una situación que es, cuando menos, anómala. Resulta sorprendente que una sociedad madura y democrática pueda vivir sabiendo que hay una serie de conciudadanos sepultados de esa manera al lado de nuestras casas. Por todo, es necesario, conveniente y justo que se repare, más allá de otras consideraciones y del contexto y politización con los que este asunto se ha ido desarrollando en España.
Los 'rotspanier' (los españoles rojos), forzados a trabajar en régimen de esclavitud para el nazismo y el gobierno francés
¿Cuántas personas estuvieron en esa situación?
Se cree que fueron 70.000 los españoles sometidos a trabajos forzosos, una etiqueta que esconde situaciones de distinta naturaleza: algunos trabajaron para los nazis en régimen de contratación, y otros, unos 40.000, en régimen de esclavitud severa porque habían sido apresados o habían pasado por campos de concentración.
Puede verse una exposición sobre los ‘rotspaniers’ en la Diputación hasta el día 14 y se proyectó un documental del mismo nombre.
La exposición está producida por asociaciones memorialistas francesas y alemanas y ha circulado por Europa (está en tres idiomas). Es una oportunidad de conocer el tema; merece la pena verla.
Trabajos forzados también hubo en España.
Por supuesto, el trabajo forzado es una fórmula de explotación de los vencidos que no es original del periodo de entreguerras ni de los fascismos. El franquismo también utilizó mano de obra esclava de manera intensiva. Había toda una estructura estatal que los organizaba: algunos volvieron a hacer el servicio militar para el franquismo en batallones de trabajadores forzados, e incluso indultados en consejos de guerra, paradójicamente, fueron condenados a batallones de trabajo. Los franquistas utilizaron esto instruidos por los alemanes, que ensayaron en España cuestiones que después el nazismo utilizó.
En este mandato, PSOE e IU crearon un área de Memoria Democrática en la Diputación de Córdoba, que ahora acoge estas actividades, e impulsó la Cátedra de Memoria Democrática, ¿cree que se mantendrá este área con el nuevo gobierno de la institución provincial, ahora en manos del PP?
La Cátedra de Memoria Democrática está financiada por la Diputación, concretamente por el área de Memoria Democrática, aunque tenemos otras colaboraciones puntuales, mientras que la UCO soporta su estructura universitaria. Cuando se constituyó el anterior gobierno de la Diputación, les presentamos el proyecto y empezamos a caminar. ¿Qué va a pasar ahora? Buena pregunta, nosotros desde luego en cuanto se constituya la nueva Diputación iremos a hablar con el responsable correspondiente, le explicaremos el proyecto y el bagaje de estos años y lo invitaremos a continuar colaborando y participando en la cátedra. A partir de ahí, la decisión se nos escapa, huelga decir que a nosotros nos gustaría seguir contando con el apoyo de las instituciones públicas. Entendemos que este tipo de cuestiones debería ir más allá de las cuestiones políticas. La crítica que hacemos es, precisamente, es que esta cuestión se ha politizado cuando su única lectura debería ser en el rango de los derechos humanos y debería quedar fuera de toda lucha política y pugna partidista. A partir de ahí nos dirigiremos al nuevo gobierno con plena naturalidad. La UCO tiene interés en seguir manteniendo la cátedra y hará lo que esté en su mano para que esto sea así.
En cuanto se constituya la nueva Diputación iremos a hablar con el responsable correspondiente, le explicaremos el proyecto y el bagaje de estos años y lo invitaremos a continuar colaborando y participando en la cátedra
Más allá de la cátedra, ¿por qué cree que deben existir áreas o delegaciones de memoria en las instituciones públicas?
Porque la legislación que hemos aprobado lo exige.
¿Y más allá de la obligación legal? ¿Para qué y por qué?
Porque hay una cuestión social a resolver, una asignatura pendiente de nuestra relación con el pasado como colectivo. En la medida en que eso no está resuelto genera disfunciones sociales, controversias y demandas. Entendemos que eso es una realidad, como tantas otras --la violencia de género, por ejemplo-- que se abordan en la esfera de lo público y que requiere la debida atención. Cómo se tiene que estructurar eso administrativamente no lo sé, pero no es una cuestión específica de España, se puede estudiar lo que han hecho otros.
Quítenos los complejos, porque parece que eso solo ocurre aquí.
Efectivamente, en Francia y Alemania esto se ha afrontado desde hace mucho tiempo y se ha construido, de alguna manera, una historia común del pasado traumático, se ha evaluado y la sociedad lo ha enfrentado, y de ahí se ha resuelto una cierta catarsis, una sanación de esa dolencia social. En el resto del mundo hay multitud de ejemplos donde la sociedad afronta las consecuencias de esas experiencias traumáticas para poder regenerar el tejido social y continuar adelante. En España hay una herida que no está cerrada, está tapada, vendada, pero supura, existe por más que se intente negar. Es evidente porque 80 años después estamos con estas cuestiones en la mesa.
En España se ha hecho un uso político de esa herida que, quizá, habría que enfrentar de una manera más analítica.
Hay que distinguir varios ámbitos. Desde el punto de vista de las víctimas hay que comprender que no puedan desprenderse de esa perspectiva emocional. La memoria es esencialmente subjetiva. No podemos pretender que las familias no sientan dolor. Más allá de eso, precisamente lo que no se puede es banalizar políticamente esta cuestión, en el sentido de incorporarla al debate público en los términos en que lo estamos haciendo: con un componente emocional, de confrontación. Nuestra cultura política es muy confrontativa y cada vez recurre más a lo visceral, a lo maniqueo. Introducir el asunto en estas coordenadas solo lo politiza en el peor sentido del término. El tema de la memoria ha entrado a formar parte de la guerra cultural, porque la confrontación política se ha ido deslizando hacia cuestiones identitarias.
El tema de la memoria ha entrado a formar parte de la guerra cultural, porque la confrontación política se ha ido deslizando hacia cuestiones identitarias
¿Y cómo salimos de eso?
Es complicado porque obedece a la conjunción de varios factores que han cambiado las coordenadas de la política en el mundo. De ahí el auge de las extremas derechas y los populismos.
Mi pregunta, más bien, sería cómo defender en ese contexto la necesidad de subsanar esa anomalía de la que hablamos en España.
Es difícil y en la cultura política actual no es fácil que se racionalice, que prescinda de ese componente confrontativo. La política en España tiene mucho componente melodramático. La democracia en ese contexto se incomoda, se tensiona. Vamos hacia eso. ¿Por qué? Hay muchos factores pero la crisis del 2008, cuyo calado aún no conocemos, destruyó las clases medias y las empujó hacia situaciones de desconcierto y hacia tablas de salvación de los discursos de la extrema derecha o los populismos; la profesionalización de la política tampoco ayuda a normalizar la vida política del país; la desorientación que genera la globalización; la irrupción violenta y súbita de un espacio de comunicación nuevo, cuya potencia no somos capaces de controlar y las redes sociales, donde el intercambio es limitado y se produce en términos muy agresivos donde es difícil reflexionar o escuchar al otro. Estos factores colocan a la democracia en una situación desconocida en la que tendrá que buscar soluciones si no quiere perecer.
Volviendo a la cátedra, ¿qué balance hace del trabajo y cuáles son sus proyectos de futuro?
Lo primero que quiero decir de la cátedra es que es un proyecto colectivo, del que soy su director por mero accidente, porque el verdadero director es Alejandro Ruiz-Huertas. El funcionamiento de la cátedra es colegiado, somos un grupo pequeño pero de gente activa y comprometida, y entre todos trabajamos y manejamos la gestión de la cátedra que es bastante gravosa. Su ámbito de trabajo es el académico y cultural en el sentido de difusión de actividades y materiales relacionados con la memoria. Empezó a funcionar en 2020 con un primer proyecto, después tuvo un proceso de institucionalización y hasta finales del 2021 no se constituyó como tal. Gran parte del esfuerzo, desde el punto de vista del capital humano y económico, se focaliza en el proyecto Concord, que es la matriz.
¿En qué consiste ese proyecto?
Concord es un proyecto en el que participan muchos investigadores de recuperación y puesta a disposición pública de los expedientes de los represaliados cordobeses. Estaba planificado a cuatro años y acaba ahora en 2024.
¿Cuántos expedientes han recuperado?
Unos 9.000 expedientes que corresponden a unos 15.000 represaliados cordobeses porque hay expedientes múltiples. Todos los que hay en el archivo disponibles se van a digitalizar. Aparte de Concord, en la cátedra desarrollamos programas de tipo cultural: exposiciones, cine y memoria, presentación de libros, el Premio memoria viva, encuentros de investigadores... También hemos hecho un catálogo de obras de memoria y creado un software de inventariado para que los ayuntamientos puedan incluir su patrimonio memorial para tener un catálogo provincial. En nuestra web está todo bastante sistematizado.
Con el proyecto Concord hemos recuperado unos 9.000 expedientes que corresponden a unos 15.000 represaliados cordobeses
¿Qué tipo de personas se acercan a la cátedra?
Víctimas, fundamentalmente.
Familiares de víctimas ya, ¿no?
Para nosotros unos son represaliados directos y todos, víctimas en la medida en que siguen teniendo memoria de represaliados, de agravio o injusticia, y en la medida en que los nietos siguen buscando a sus abuelos. El silencio con el que muchas familias han vivido todo eso ha dejado huellas en esas personas que merecen la consideración de víctimas. Hay casos dramáticos, gente que se entera de lo que le pasó a su padre con 60 años porque lo han mantenido oculto. La condición de víctima continúa porque no gozan del derecho ni de saber dónde están sus familiares.
Para nosotros unos son represaliados directos y todos, víctimas en la medida en que siguen teniendo memoria de represaliados
¿Qué otros perfiles se acercan a la cátedra?
Investigadores locales y de otras universidades, con quienes estamos intentando tejer una red de trabajo; alumnos; los medios de comunicación y la sociedad cordobesa en general, pese a lo difuso del término.
Desde su óptica de historiador, ¿cómo valora la incorporación de un partido como Vox en todas las administraciones?
No es un fenómeno nuevo, y lo percibo de manera preocupante en la medida en que supone la aparición en la escena política de opciones radicales, extremas, que se sitúan en los márgenes de los valores democráticos. Obviamente son partidos legales y, en ese sentido, la democracia, les provée de los derechos de una organización legal. En la medida en que estas opciones se consoliden y puedan ser crecientes serán más preocupantes. De lo que no tenemos certeza aún es de los suelos y los techos. Parece que Vox es una estructura más estable de lo que ha sido Cs o Podemos, que está con respiración asistida. Vox está consolidado en un rango no determinante, aunque ahora con el régimen de apoyo sí van a ser decisivos en muchos sitios, aunque yo desearía que no fueran necesarias esas opciones. ¿Por qué la gente los vota? Porque hay quien cree que son necesarios y lo ideal sería que hubiera condiciones por los que esos sectores sociales dejaran de entender que eso es necesario.
¿En qué medida cree que afectó a la sociedad española la destrucción de la cultura democrática republicana en los primeros años del franquismo? ¿Cree que hemos recuperado ese déficit democrático ya?
No, aunque eso no quiere decir que la democracia española no sea plena ni homologable a las de nuestro entorno, pero tiene carencias en lo que se refiere a la cultura política. Seguramente, si hubiéramos tenido un proceso democrático estable desde la Segunda República hubiéramos ido consolidando esa cultura, tendríamos una democracia mucho más madura. Esto no significa que yo cuestione este régimen democrático, pero la democracia siempre puede mejorarse y esa es su debilidad, que no concluye nunca. La primera consecuencia de la destrucción de los valores republicanos en el sentido amplio fueron las 150.000 personas desaparecidas como consecuencia de la Guerra Civil. Después, un rasgo específico del caso español salvo el estalinismo, es que el franquismo duró 40 años. El franquismo tuvo un éxito extraordinario en la socialización de su propio discurso, que inoculó en la sociedad y ésta lo interiorizó. ¿Por qué hay en España una transición y no una ruptura con el franquismo? Porque el franquismo estaba socialmente asentado --algún historiador habla del gran lavado de cerebro que fue el franquismo-- y la transición fue un pacto con el franquismo que, obviamente, tuvo unas consecuencias. ¿Por qué el estado democrático no afronta el compromiso y el deber con las víctimas del franquismo? Porque una de las cláusulas de la transición fue esa. ¿Por qué quiso el franquismo blindar ese aspecto? Porque el franquismo quiso preservar a sus bases sociales ante posibles y eventuales represalias legales del régimen democrático contra ellos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido guerra? Los historiadores nos manejamos mal en esas preguntas.
¿Por qué el estado democrático no afronta el compromiso y el deber con las víctimas del franquismo? Porque una de las cláusulas de la transición fue esa
Pero la pregunta se la hecho usted, ¿eh?
Sí, sí. Siempre les pongo el mismo ejemplo a mis alumnos: el franquismo siempre justifica el golpe de estado del 18 de julio en el desorden en el que vivía el país. Eso es un mito explicativo. En la transición, la violencia fue muchísimo mayor y la polarización social fue parangonable a la de la Segunda República.
¿Y a la polarización ideológica de ahora?
No, no. En los años 70 había un sector del régimen y parte del Ejército que cría que podían perpetuarlo. Ahora esa realidad no existe. Si el 23F de 1981 hubiera triunfado el golpe la justificación que se hubiera dado sería la misma: poner fin al desorden o la amenaza de la ruptura del estado.
Empezó la entrevista asegurando que se harán las exhumaciones, ¿no tiene duda alguna?
Se van a hacer, lo digo desde el más absoluto convencimiento. No hay otro escenario posible.
Pues hay quien piensa incluso que el retraso ha sido intencionado.
Si este asunto hubiera estado en el primer escalón de interés del gobierno local, lo hubieran acometido con más diligencia. ¿Eso quiere decir que haya intención deliberada de paralizar el proceso? No, no tiene sentido porque han firmado una adenda [se refiere al acuerdo institucional a cuatro bandas]. Empezarán en 2023, el PP tiene mayoría absoluta en el Ayuntamiento y se ha despejado la incógnita del riesgo que era que entrara Vox en el gobierno. Con la memoria el PP podría marcar una línea divisoria muy clara con Vox, y no lo está haciendo. Desde mi perspectiva, políticamente para ellos podría ser una frontera interesante, la de los derechos humanos.
¿Qué van a suponer las exhumaciones para Córdoba?
El inicio de la reparación para las víctimas, porque se va a sacar a la gente de ahí y vamos a identificarlas y darle una sepultura canónica. Luego depende de cómo se enfoque también puede ayudar a la divulgación social de esta experiencia histórica colectiva.
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