Colectivos de represaliados critican el “revanchismo” del Gobierno aragonés y el PSOE critica la “mimetización” de la derecha y la extrema derecha
Los portavoces parlamentarios del PP y Vox en las Cortes de Aragón, comunidad donde ambos partidos gobiernan en coalición, han presentado este lunes, 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la derogación de la ley de memoria autonómica, aprobada en 2018. La proposición de ley, de un solo artículo, para acabar con la norma, se tomará en consideración previsiblemente en el pleno del próximo 30 de noviembre y la anulación será efectiva a partir de febrero, según ha explicado el portavoz popular, Fernando Ledesma.
“Hoy se cumple otro hito más del pacto de Gobierno entre el PP y Vox”, ha celebrado Ledesma en la rueda de prensa convocada en Zaragoza para anunciar la derogación de la ley de memoria. Tras “felicitar al pueblo argentino por la victoria de [Javier] Milei”, el portavoz parlamentario de Vox, Santiago Morón, también mostró la “gran satisfacción” de su partido por la anulación de una norma que, a su juicio, “es más propia de estados totalitarios porque conlleva una visión partidista de la historia, la construcción de un relato histórico oficial que solo otorga la consideración de víctimas a las de un bando, provoca división en la sociedad y reabre viejas heridas tratando de trasladar la situación vivida hace casi 100 años a la actual en busca de un rédito político”. La derogación de la norma, añadió, “no significa que no se pueda dar respuesta a personas que quieran encontrar restos de los familiares asesinados durante o después de la guerra, pero de los dos bandos, no solo de uno. No podemos seguir manteniendo esta situación en la cual se considera víctimas a unos aragoneses y verdugos a otros”.
La ley que el PP y Vox van a derogar dice en su exposición de motivos: “El deber de memoria que implica la gestión de la memoria democrática comprende la responsabilidad de los poderes públicos de Aragón de amparar el derecho subjetivo a buscar la verdad de los hechos, de proteger a las víctimas que lo fueron por comprometerse con la democracia, la libertad y la justicia social, y de disponer de los medios suficientes para repararla. Eso ha de poder ser compatible, del mismo modo, con el reconocimiento de las violaciones de los derechos humanos que se dieron en Aragón en la zona republicana y el acceso a derechos básicos e inalienables desde el punto de vista humanitario, como el de exhumación e identificación por parte de descendientes de las personas asesinadas”.
Al igual que la ley estatal, la norma autonómica, aprobada en 2018, amparaba a todas las víctimas, si bien las del bando franquista ya recibieron durante la dictadura homenajes y reconocimientos, como prueba la amplia legislación al respecto recogida en el BOE de esos años: desde protocolos de exhumación para los “caídos por Dios y por España” hasta la concesión de pensiones vitalicias y medallas “al sufrimiento por la patria”.
Ledesma restó importancia a la fecha elegida para anunciar la derogación de la ley. “Ha sido una cuestión de azar porque solo queda un pleno ordinario y el lunes se cerraba el registro. Entiendo que hay muchos nostálgicos que viven del 20 de noviembre, pero de ambos bandos. Por lo que veo, la izquierda está más preocupada por la fecha del 20-N y por construir un muro que por buscar la concordia entre todos los españoles”. El portavoz parlamentario del PP insistió en que la consejera de presidencia del Gobierno de Aragón presentará, en todo caso, un “plan estratégico” para facilitar la recuperación de restos de víctimas de la Guerra Civil. La primera ley de memoria histórica se aprobó en 2007, durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y no consta que haya provocado enfrentamiento alguno entre descendientes de uno y otro bando. En 2008, el CIS hizo un estudio titulado Memorias de la Guerra Civil y el franquismo en el que un 83,8% de los encuestados compartía que “el Estado debería ser el encargado de recuperar e identificar todos los restos [de víctimas de la represión franquista]” y un 72,2% se mostraba de acuerdo en que, “durante el franquismo, las víctimas de la Guerra Civil tuvieron un reconocimiento diferente según el bando al que pertenecieron”.
La Asociación de Memoria Histórica de Aragón considera que la fecha escogida para anunciar la derogación de la ley muestra el espíritu “revanchista” del PP y Vox. La portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha mostrado su indignación en redes: “Borrar el pasado, impedir que la memoria reconozca y repare a todas las víctimas de la historia más oscura de nuestro país. Toda una declaración de intenciones, el 20N es la fecha elegida. Ya no se esconden. Jorge Azón [presidente de la comunidad, del PP], mimetizado con su socio, Vox”.
Todos los pactos de Gobierno entre PP y Vox recogen la derogación de las leyes autonómicas de memoria. El PP también ha iniciado en Cantabria el desmantelamiento de la legislación en la materia pese a que en este caso no gobierna con el partido de Santiago Abascal, ya que el PRC favoreció la investidura de su presidenta con su abstención precisamente para que las políticas de la comunidad no dependieran de la extrema derecha.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada