Las casi cinco décadas de democracia en España han permitido avances en la integración, aceptación y derechos de los colectivos LGTBI que, quizás por lo mucho que ha costado y por el amplio margen que aún queda, no siempre se aprecian como se debería con perspectiva histórica. Parece que fue ayer, pero pronto (el 1 de julio de 2025) se cumplirán 20 años de la ley del matrimonio igualitario que ha servido de referente mundial y a la que el PP, gran parte de la iglesia católica y otros grupos ultraconservadores se opusieron con furor en las calles con imágenes similares a las actuales por otras causas, pero que se ha mantenido sin cambios desde entonces y se ha completado con la ley de Igualdad de Trato y No Discriminación (julio de 2022) y otras normas estatales y regionales.
Mucho más lejos queda la abolición de la llamada Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (26 de diciembre de 1978), norma que sustituyó a la de Vagos y Maleantes aprobada por unanimidad el 4 de agosto de 1933, durante la II República, y dirigida a “vagabundos, nómadas, mendigos, rufianes de todo tipo, proxenetas y otros comportamientos considerados antisociales”, si bien esta ley fue modificada en 1954 para incluir la homosexualidad y ahondar mucho más en injusticias flagrantes y persecución prejuiciosa y de pura homofobia.
Aunque existen libros, investigaciones, documentales y películas que abordan la represión homosexual y transexual en la dictadura franquista, tampoco se prodigan tanto las centradas en la guerra civil y los primeros años del régimen surgido desde el golpe de estado de julio de 1936, momento en el que el general Quipo de Llano llama a matar a los homosexuales. Esa es, al menos, la experiencia del lagunero Abel Hernández (1987), licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna en 2012 y que, tras estudiar un master en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), ultima ahora su tesis doctoral en este centro sobre masculinidad, homosexualidad y “expulsión de la camaradería” por orientación sexual en estas etapas, principalmente en Canarias, aunque también en el País Vasco en esos largos y duros años.
Al grupo de investigación en el que entra en la UPV (Experiencia Moderna) le interesan muchos las cuestiones de historia de género, homosexualidad y masculinidad. Además, ya se había percatado del alto grado de represión que se dio en Canarias hacia la comunidad LGTBI “y decidí ahondar por el compromiso social que supone recuperar esta memoria”, explica.
Según señala a DIARIO DE AVISOS y ha expuesto ya en conferencias en Güímar y Puerto de la Cruz, en esa represión en la dictadura se produce un claro corte entre lo que pasaba antes de 1954 y desde que se modifica la ley de Vagos y Maleantes. Antes de la II República, durante, en la Guerra Civil y hasta ese cambio, la homosexualidad estaba mal vista en general, pero no penada y se vinculaba más con cuestiones morales, dado el peso del catolicismo. “Se veía más como un pecado” y el castigo era más social, laboral, familiar, institucional…
Sin embargo, esto cambia desde 1954, cuando su inclusión en esa ley permite ya la represión mediante cárcel y triunfa una visión pretendidamente “científica y médica por el peso de la psiquiatría” que concibe las prácticas sexuales no consideradas naturales (las no heterosexuales, vaya) como desviación y enfermedad, como patología a corregir con medicación (encima). “Esto –explica Díaz- hizo que hubieran mucho más expedientes judiciales, encarcelamientos (es tristemente célebre la prisión de Tefía, en Fuerteventura) y demás hasta la derogación en 1978. No obstante, y aunque es difícil disponer de expedientes judiciales antes de 1954, empecé a encontrarme documentación jurídica de los años 40 y la guerra. Entre otros, hallé procesos judiciales como el de un güimarero que, aunque pertenecía al bando nacional y quería participar de sus instituciones (como Acción Ciudadana, un agente represor), es rechazado (de la camaradería) en 1938 porque le sorprenden teniendo relaciones homosexuales, lo que chocaba con el arquetipo de la masculinidad que fomentaba la derecha y el franquismo. Una idea relacionada con el soldado, el monje guerrero y padre de familia que defiende la nación y la religión católica. Eso sí, la izquierda tampoco tenía entonces un concepto positivo, aprobó la ley del 33 y ya antes se perseguía estas prácticas como delito de escándalo público desde el XIX, para lo que bastaba una denuncia por delación o sospechas”.
Díaz admite que es casi imposible fijar cifras de reprimidos antes de 1954 porque la ley era un cajón de sastre que incluía muchas cosas y hay que ir expediente a expediente al no estar catalogados. “Sí es seguro que la homosexualidad no fue tan perseguida en la guerra civil y postguerra como lo fue desde el 54, aunque otra cosa es la represión social”. En el caso del lesbianismo, asegura que los expedientes son aún menores “porque la represión se hacía con otros sistemas de castigo, como los reformatorios femeninos”.
Otra dificultad es la imposibilidad de rastrear la vida de represaliados como el de Güímar a través de sus familiares por la ley de datos. “He tenido que cumplir ese compromiso para acceder a la documentación”, explica. No obstante, este caso está marcado por la idea de pecado, de moralidad agredida, “la concepción clásica de sodomia del catolicismo. Se castigaba no tanto una personalidad y actitudes, sino prácticas concretas, mientras que, luego, se considera más una enfermedad, una desviación, por lo que en las dos etapas se vive la homosexualidad de forma diferente y esto culmina en el movimiento LGTBI”.
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