Familiares de presos de la dictadura franquista que fueron obligados en trabajos forzados a construir la carretera entre Igal-Vidangoz-Roncal han pedido el apoyo del Parlamento para conseguir "verdad, justicia y reparación" para ellos como víctimas de crímenes de lesa humanidad, delitos que no prescriben.

En nombre de las 13 familias y de la asociación Memoriaren Bideak que impulsaron una querella desestimada en primera instancia para que se reconozca a estas personas como víctimas del franquismo, han defendido su apelación a la Audiencia de Navarra en la que está ahora el trámite.

Sabino Cuadra y Ana Barrena, de Memoriaren Bideak, han explicado que la carretera entre los valles de Roncal y Salazar, abierta entre los Pirineos con 17 kilómetros, fue construida finalizada la Guerra Civil española, entre 1939 y 1941, y en ella trabajaron "unos 2.500 prisioneros antifascistas de manera esclava", en condiciones "muy duras", viviendo en tiendas de campaña y barracones, con frío extremo, mal alimentados y vestidos, y maltratados físicamente.

"Los prisioneros hicieron el trabajo más duro, de pico y pala" abriendo el trazado, que después remataron soldados de reemplazo, y hay constancia que once de los prisioneros murieron, tres de ellos ejecutados tras ser acusados de intento de fuga, ha dicho Barrena.

También ha valorado el apoyo de los movimientos sociales que en los últimos años han acompañado la denuncia de los hechos y el homenaje anual que se lleva a cabo en aquella carretera, un avance que ahora se quiere hacer de forma legal con la vinculación de la memoria de los trabajos forzados y los derechos humanos.

Por ello, han lamentado el "vergonzoso e incomprensible" auto de la juez de Aoiz que desestima admitir a trámite la querella "en solo dos líneas".

Tras ellos han intervenido tres familiares de víctimas de aquellos hechos, quienes han refrendado el relato de las duras condiciones que padecieron, según trasladó Rafael Gorroño a su hija Agurtzane, amarga por entender que el silencio de aquellos hechos "revictimizó" a su padre.

Al ser hechos posteriores a la guerra suponen "una venganza" contra personas que "no eran malhechores, sino 'desafectos al régimen'. Ese era su delito", ha dicho Isabel Bóveda.

Ha recordado que al ser considerados por la justicia internacional "crímenes de lesa humanidad", serían hechos que no prescriben y a los que tampoco afecta la Ley de Amnistía de 1977, al tiempo que han pedido "reconocimiento, justicia, verdad y reparación".

En el turno de los grupos ha intervenido PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, quienes han mostrado su claro apoyo a la reivindicación de los ponentes, mientras que UPN, en boca de Iñaki Iriarte, también ha condenado aquellos hechos y la ilegitimidad del régimen franquista, pero ha defendido que la Ley de Amnistía de 1977 zanjó su posible vía judicial.

"Las amnistías son muy amargas para las víctimas, pero a veces son el único camino para avanzar", ha dicho tras advertir de que esto no excluye el derecho a la reparación y a conocer la verdad.