SEVILLA.- El PSOE busca su identidad en relación con la memoria histórica a fin de acabar con la imagen confusa y contradictoria que traslada a la ciudadanía, ante la pasividad de sus órganos dirigentes.
Actitudes antimemorialistas como la del alcalde de Vigo Abel Caballero que recurrió una sentencia judicial que ordenaba la demolición de una gran cruz de los caídos franquista o declaraciones como las del
expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero calificando la Ley de Amnistía de
“reconciliadora” y defendiendo a Martín Villa tras su imputación por la jueza argentina que instruye los crímenes de lesa humanidad del franquismo, contrastan con iniciativas también aisladas como la del diputado vasco
Odón Elorza reclamando que el Valle de los Caídos deje de ser un monumento que hace apología de la dictadura.Desde Andalucía se intenta imponer en las filas socialistas una visión avanzada de la cuestión memorialista, como demuestra la próxima aprobación parlamentaria de la
Ley de Memoria Democrática, fruto del Gobierno de coalición PSOE-IU, así como el pronunciamiento de la Cámara andaluza hace más de un año de apoyo a la Querella Argentina promovida desde Buenos Aires por
la jueza María Servini de Cubría.
Además, Andalucía siempre ha destacado por ser pionera a nivel autonómico en sus políticas de memoria, habiendo establecido subvenciones para trabajos de exhumaciones, investigaciones, publicaciones, etc. desde 2003, tres años antes de que estas ayudas se establecieran a nivel estatal.
La presidenta de la Junta de Andalucía se olvidó de la memoria histórica en su discurso de investidura.
Pero hay más, ya que Micaela Navarro, que simultanea la presidencia del PSOE federal con la del PSOE-A, ha hecho suya la aspiración del Grupo de Memoria de la organización andaluza -la más fuerte de España- de proponer a la ejecutiva estatal la constitución de un grupo de trabajo similar, que permita la interconexión de las diferentes federaciones y que constituya una referencia para impulsar una política claramente definida.
El PSOE andaluz es la única federación socialista con un grupo memorialista específico estable, desde donde no paran de emanar propuestas de calado para que el PSOE se implique con valentía en la cuestión memorialista, aunque ha visto hace poco rechazadas las sugerencias de constituir una secretaría o una vocalía específica sobre memoria histórica en la dirección federal.
Susana Díaz se olvida de la Memoria
Fruto de esa inquietud y de esa implicación memorialista de gran parte de los socialistas andaluces, la Fundación Alfonso Perales ha culminado la publicación de un libro en el que han colaborado catedráticos de Historia Contemporánea de las universidades andaluzas y destacados expertos memorialistas, que está pendiente de ser presentado oficialmente por toda la Comunidad, con una presentación central en Sevilla a la que se ha invitado a la secretaria general del PSOE andaluz Susana Díaz. Promotores de la edición y coautores confían en que acuda al acto la también presidenta de la Junta de Andalucía, que en septiembre de 2013se olvidó de la memoria histórica en su discurso de investidura.
Coordinado por los catedráticos universitarios y militantes socialistas Fernando Martínez, de Almería, y Miguel Gómez, de Granada, el libro se titula La memoria de todos y lleva como subtítulo la sugerente frase de que “las heridas del pasado se curan con más verdad”. No es baladí esta referencia, ya que la obra no sólo reivindica los tres grandes pilares del derecho internacional de los derechos humanos, esto es, verdad, justicia y reparación, sino que también apuesta por la constitución de una Comisión de la Verdad para Andalucía, que fue la región más masacrada por el franquismo con más de 50.000 asesinatos políticos y más de 600 fosas comunes.
Andalucía fue la región más masacrada por el franquismo con más de 50.000 asesinatos políticos y 600 fosas comunes
En el último capítulo del libro, la profesora de la Universidad de Granada y también militante del PSOE Cándida Martínez analiza la positiva experiencia internacional reciente en cuanto acomisiones de la verdad-26 en las últimas tres décadas- y recuerda la apuesta decidida por las políticas memorialistas que ha convertido al Gobierno andaluz en un referente en toda España. “En el caso andaluz -escribe la historiadora-, una comisión de la Verdad puede llegar tarde para muchas víctimas, pero podría ser una contribución importante al reconocimiento y la dignidad de las mismas, a su reparación, y a favorecer un relato histórico más verídico e imparcial, que contribuya a la prevención de la violencia, a la promoción de la paz y al fortalecimiento de la democracia”.
Cándida Martínez esboza en su capítulo con claridad y brevedad algunos principios rectores para la comisión, como el“importante apoyo público” para su impulso y funcionamiento, la independencia y solvencia de sus integrantes, al tiempo que pone énfasis en la especial sensibilidad hacia las víctimas. Tras recalcar que la Comisión de la Verdad “no tiene carácter judicial”, la historiadora precisa que se trata de “un instrumento para facilitar un proceso colectivo de hacer frente a las violaciones cometidas, un espacio de reconocimiento a las víctimas y para hacer que una parte de la sociedad, que ha vivido al margen o sin tener en cuenta el impacto de dichas violaciones, asuma esa verdad como parte de la historia colectiva”.
Contra la equidistancia
Además de fijar conceptos sobre el estado de la cuestión sobre la represión franquista en Andalucía, reivindicar la memoria y los valores republicanos, y de criticar el negacionismo y la equidistancia -“todos fuimos culpables”-, La memoria de todosanaliza la evolución de las políticas de memoria en España y en Andalucía y trata de servir de soporte argumental para la posición socialista en el debate político sobre la Ley andaluza de Memoria Democrática que entrará durante los próximos días en el Parlamento. Se da la curiosa circunstancia de que el anteproyecto ‘ad hoc’ elaborado por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, en manos de Izquierda Unida dentro del Gabinete de coalición, no incluye en el articulado la necesidad de crear una Comisión de la Verdad como proponen los expertos de la socialista Fundación Alfonso Perales.
"Una comisión de la Verdad podría ser una contribución importante al reconocimiento y la dignidad de las mismas"
Llegados a este punto, surge inevitablemente la pregunta: ¿Cuánto trecho hay del dicho de este libro al hecho de que el PSOE, al menos el andaluz, asuma oficialmente como suyas estas recomendaciones de los historiadores y expertos?
Desde el Grupo de Memoria del PSOE, su coordinador Carlos Perales ha repetido en los últimos meses públicamente y hasta la saciedad que esta cuestión debe afrontarse sobre el respeto a los tres grandes principios de verdad, justicia y reparación que la ONU reitera hacia el Gobierno central de Rajoy, que ha dejado sin efecto la aplicación de la Ley de Memoria Histórica aprobada a finales de 2007, bajo el mandato de Zapatero. Perales ha ido más lejos y ha abogado incluso por la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, en las antípodas de Zapatero que en noviembre defendió a ultranza en Marrakech la vigencia de esa ley de punto final española, al decir que “no voy a enmendar a mis padres, porque es una ley de reconciliación”.
Al contrario que bastantes socialistas andaluces y que el propio Parlamento andaluz, Zapatero ha dejado clara su posición de rechazo a la instrucción judicial sobre el genocidio franquista desde Argentina, manteniendo que “España optó en la Transición por no hacer una revisión judicial al franquismo”, al tiempo que ha defendido al ex ministro Rodolfo Martín Villa, imputado por crímenes de lesa humanidad desde Buenos Aires bajo el principio de jurisdicción universal, asegurando que “lo que hizo fue trabajar para la llegada de la democracia en los últimos gobiernos de Franco”.
La dirección socialista contempla estas actitudes contradictorias sin inmutarse. “Nadie llama la atención a Zapatero o a Caballero, como tampoco nadie comenta que en sentido contrario desde Andalucía se pida una Comisión de la Verdad o la derogación de la Ley de Amnistía, por lo que la gente se pregunta con razón sobre la postura oficial del PSOE sobre la memoria histórica”, lamentan fuentes socialistas promemoria consultadas.
Riesgo de ser adelantados por la derecha
El Grupo de Memoria del PSOE andaluz pretende aprovechar la publicación de este libro memorialista editado por esta fundación socialista para que las
conclusiones de ese debate ideológicosean asumidas de manera explícita por la ejecutiva andaluza y para que se proyecten con fuerza en la ejecutiva federal. Dirigentes y militantes socialistas comprometidos activamente con la recuperación de la memoria histórica consideran fundamental no sólo revitalizar la desactivada Ley de Memoria Histórica de Zapatero, sino dar un paso cualitativo en la dirección de la defensa de los derechos humanos que marca la ONU, derogando incluso la Ley de Amnistía y promoviendo una Comisión de la Verdad.
Esa es la tendencia lógica, en un momento político muy especial, “ya que de lo contrario -dicen- corremos el serio peligro de que incluso nos adelanten por la derecha, como ha sucedido con el informe del
comité de expertos en derechos humanos del Gobierno central que ha denunciado la desprotección de las víctimas del franquismo y ha propuesto anular la Ley de Amnistía”.
