dimarts, 20 de gener del 2009

CSI Madrid.

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González hauria de ser el primer interessat a aclarir el tema. Què passa amb Espe? Primer Tamayo, amb compra i cop d'estat i ara això.
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La reina del oso y el madroño
Esperanza Aguirre, entre el tamayazo y el Mossad en miniatura

A propósito de ese chiringuito de espionaje a la madrileña que se ha montado la lideresa gracias a Granados -que es consejero de Presidencia, Justicia e Interior y, ciertamente, uno de sus validos-, Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), ha declarado que, si se confirmaran los hechos narrados ayer en el diario El País, estaríamos ante “el caso más grave de corrupción de la democracia española”.

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No estoy de acuerdo con la apreciación de Gómez, aunque reconozco que el affaire es tremendo y que, por encima de cualquier otra consideración, parece de nulo, o casi nulo, encaje con la legalidad vigente. Este suceso –que me merece el máximo crédito, atendido el periódico que lo ha destapado- retrata además, y con notoria exactitud, la forma habitual de actuar de Esperanza Aguirre. Tiende Aguirre muy a menudo a eludir el precepto ético, según el cual el fin no justifica los medios. El espía Gamón En julio de 2008 ya sufrieron un grave tropezón el valido Granados y sus agentes, cuando se vio obligado a destituir al director general de Seguridad del Gobierno de Madrid, Sergio Gamón. Éste, acusado de haber espiado a Alfredo Prada, antecesor de Granados en el Departamento de Justicia y caído en desgracia de la presidenta por marianista.


Manuel Lamela

Lo mismo o parecido le ocurrió, por cierto, a Manuel Lamela que, siendo consejero de Sanidad, encabezó el infame acoso y derribo al doctor Montes y a su equipo del hospital Severo Ochoa de Leganés por sus sedaciones a enfermos terminales, cual si fuera un asesino a sueldo o un criminal nazi. Lamela fue destituido -tras la persecución a Montes y un breve período de consejero de Transportes-, ya que empezó a coquetear con Rajoy; o sea, con el marianismo. Insólita segunda vuelta He proclamado que no coincido con la afirmación del líder socialista de Madrid. Y lo digo porque estoy convencido de que “el caso más grave de corrupción de la democracia española” fue el tristemente célebre tamayazo. Gracias a la traición de dos diputados socialistas –Tamayo y Sáez-, que se negaron en 2003 a votar la investidura de Simancas y que luego se hicieron invisibles, Aguirre -en una insólita segunda vuelta, sin precedentes en España- consiguió remontar el resultado. Es verdad que en 2007, obtuvo un resultado más contundente, pero eso no borra el pucherazo de origen.


Historia manipulada

Pero la ahora, al parecer, descubierta afición de Aguirre y los suyos a jugar al Mossad en miniatura –citamos a los servicios de Inteligencia israelí puesto que ella defiende con ardor el Estado de Israel- sí contribuye a corroborar algunas de las versiones más verosímiles del tamayazo. Todo aquello, un golpe de Estado encubierto, que logró modificar la voluntad mayoritaria de las urnas, no cabe en cabeza humana que fuera consecuencia del anticomunismo de los diputados Tamayo y Sáez. Así se escribió entonces la historia. O, mejor dicho, se manipuló la historia. Ni Tamayo ni Sáez votaron a favor de Simancas –se nos dijo por activa y por pasiva- debido a que el PSOE era prisionero de IU. Benidorm y Zaplana Un caso como el evocado no se explica, desde luego, si detrás no hay una o varias tramas ocultas, integradas por gentes dispuestas a comprar el voto de dos socialistas –recordemos el Ayuntamiento de Benidorm en los primeros años de Zaplana- con el fin de recuperar con creces la inversión a través de importantes operaciones urbanísticas probablemente fraudulentas o ilegales.


El fiscal general

¿Por qué el Gobierno Aznar, por medio del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, bloqueó una investigación judicial que pudiera ir hasta el final de tanta y tan influyente podredumbre, capaz de darle la vuelta a la tortilla al Gobierno autonómico de Madrid? La respuesta a esta pregunta es tan obvia como obvias fueron las maniobras de antaño -hace casi seis años del tamayazo- y lo son las actuales en torno a ex policías y ex guardias civiles ejerciendo de agentes secretos al servicio de esta impulsiva reina del oso y del madroño.

Enric Sopena es director de El Plural
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La Fiscalía de Madrid no ve indicio de delito en el espionaje a González

Aguirre anuncia una denuncia al juzgado de guardia.- Granados, que cuenta con un cuerpo de espionaje, califica de "delictivo" el seguimiento al vicepresidente

ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 20/01/2009

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado esta mañana que se ha dirigido a los servicios jurídicos del Gobierno regional para pedirles que envíen una denuncia al juzgado de guardia para que investigue el espionaje y seguimiento al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, del que hoy informa EL PAÍS. Aguirre ha afirmado que además se dirigirá a la Fiscalía para solicitarle que aclare esta situación "cuanto antes". En respuesta, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha dicho que investigará el caso si recibe la denuncia, aunque por ahora no ve indicios de delito. En todo caso, el consejero de Presidencia, Justicia Interior, Francisco Granados, comparecerá a petición propia y de forma "urgente" en la Asamblea para dar explicaciones.

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Francisco Granados
A FONDO

La presidenta madrileña ha precisado que la denuncia "no va dirigida contra nadie", y ha insistido en que lo que pretende el Gobierno regional con esta acción es esclarecer "si es cierto que alguien está haciendo seguimientos, grabaciones o espionajes nada menos que al vicepresidente de la Comunidad de Madrid". La presidenta ha manifestado que el Ejecutivo regional es una institución que no tiene nada que ver con nada relacionado con el espionaje y cree que si se están elaborando informes se está "delinquiendo". Sin embargo, la Fiscalía, ha señalado Moix, no va a actuar de oficio porque entiende "que de los datos que se expresan en el periódico de hoy no hay indicios suficientes como para entender que hay una actividad delictiva". "Si la presidenta de la Comunidad de Madrid nos presenta una denuncia nosotros vamos a abrir unas diligencias de investigación, obviamente, como hacemos con todas las denuncias, porque es nuestro deber dar un trámite a todas las denuncias e investigarlas", ha agregado.


Tras precisar que dicha denuncia no ha llegado todavía a la Fiscalía, Moix ha explicado que, a tenor de lo publicado, "lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje, que es un personaje público porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y eso, así sin más, no es ningún tipo de delito". No lo es, ha puntualizado además, porque "ese seguimiento se ha realizado con información que emana de la propia comunidad, por lo tanto alguien en la comunidad ha dicho este señor va a estar en este sitio y en este sitio, y es la propia comunidad la que da esos datos y no vemos actividad delictiva ninguna con los datos que salen en el periódico". "Ahora -ha advertido- si hay otros datos nuevos, otros datos distintos, otro tipo de actuaciones, se puede valorar otra vez".

Hechos "delictivos"
El propio Ignacio González ha calificado de "gravísimo" el seguimiento al que ha sido sometido en dos viajes, uno de carácter oficial y otro privado, y ha considerado que estos hechos incurren en un "grave delito" que atenta contra su persona. González ha confesado sentirse "absolutamente sorprendido" por las "investigaciones ilícitas" de las que ha podido ser objeto durante los últimos ocho meses. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares, informa Francisco Mercado. El número dos del Gobierno madrileño ha anunciado que denunciará estos hechos ante la Justicia, además de acordar junto a Aguirre, solicitar a los servicios jurídicos de la comunidad que interpongan la denuncia. Para González, si se confirman estos hechos "son el resultado de un trabajo organizado para investigar la vida privada de altos cargos del gobierno de Madrid y del PP".

El vicepresidente del Ejecutivo regional ha dicho que confía en que esta actuación judicial permita conocer "quien está detrás de estos seguimentos ilícitos para que recaiga todo el peso de la ley". Granados ha afirmado que, de confirmarse el espionaje a González, es un hecho "absolutamente delictivo" por lo que hoy mismo deberá actuar la Fiscalía y la Policía. En una entrevista por la mañana en Telemadrid, Granados ha subrayado que la información publicada hoy en este diario no está relacionada con la noticia de ayer, que denunciaba la existencia de una red de espionaje a su servicio.

El consejero de Presidencia reconoció entonces que el responsable de este servicio, Marcos Peña, trabajaba para él como "asesor de seguridad", pero aclaró que la Comunidad de Madrid ejercía las competencias de seguridad dentro de la Ley. Aguirre se limitó a cargar contra EL PAÍS por publicar tal información. Granados ha considerado esta mañana que la Fiscalía y la Policía deben investigar "quién puede" montar un servicio de espionaje como el mostrado, "con tantos medios como para realizar seguimientos en sitios tan alejados como Colombia o Johannesburgo". Por la tarde, Granados ha enviado un escrito a la Asamblea en el que solicita comparecer en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, como le habían pedido PSOE e IU.

"Con nada relacionado con inteligencia"
El comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, José Luis Conde, no ha querido hacer declaraciones sobre la noticia y se ha limitado a afirmar que su departamento "siempre trabaja los asuntos previa judicialización, es decir, que todas la autorizaciones están dadas por juez y con el conocimiento del fiscal". Conde ha incidido en que su departamento no trabaja "con nada relacionado con inteligencia, ni nada de esos temas".

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Granados comparecerá en la Asamblea para explicar su supuesto "espionaje"

El consejero de Presidencia ha adoptado esta decisión después de que el PSOE e IU exigieran su intervención y advirtieran de que pedirían una Comisión de Investigación.

AGENCIAS - Madrid - 20/01/2009 19:02

El consejero de Presidencia, Justicia Interior, Francisco Granados, comparecerá a petición propia y de forma "urgente" en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre el supuesto servicio secreto de espionaje que, según El País, habría creado.Granados ha enviado un escrito a la Asamblea. En dicho escrito, al que ha tenido acceso Efe, el consejero pide comparecer para "informar sobre cómo la Consejería de Presidencia, Justicia Interior ejerce dentro de sus competencias las funciones relativas a la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones".Granados solicita además que la Mesa de la Cámara tramite su petición de manera "urgente", con el fin de que pueda incluirse en el orden del día de la Diputación Permanente prevista para el próximo lunes.El consejero ha adoptado esta decisión después de que el PSOE e IU exigieran su comparecencia y advirtieran hoy de que pedirían una Comisión de Investigación, si Granados no ofrecía en la Cámara explicaciones "claras" y "convincentes" de su presunta implicación en el supuesto caso espionaje.Granados, no obstante, negó ayer la existencia de una red de espionaje al margen del control político y se refirió a las informaciones de este periódico como una "novela".


La Fiscalía dice que no a la investigación

La presidenta del Ejecutivo autonómico, Esperanza Aguirre, y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, pidiesen a los servicios jurídicos que preparen una denuncia para la investigación judicial de el seguimiento del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El propio González tachó este asunto de "gravísimo " y anunció su intención de acudir a los tribunales, aunque la Fiscalía de Madrid dijo que "no hay datos fehacientes para abrir una investigación" sobre este presunto caso de espionaje. Sin embargo, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, consideró que "no hay datos fehacientes para abrir una investigación" de oficio respecto a los seguimientos a González. "No es un hecho delictivo que se grabe a una persona pública" y "sólo está creditado que le tomaron unas fotos", dijo.Aguirre precisó que la denuncia "no va dirigida contra nadie" y que lo que pretende el Gobierno con esta acción es esclarecer "si es cierto que alguien está haciendo seguimientos, grabaciones o espionajes nada menos que al vicepresidente". En cualquier caso, dejó claro que su Gobierno "es una institución que no tiene nada que ver con nada relacionado con el espionaje".

"Se intenta mezclar interesadamente (ambas historias) y nada tienen que ver, en mi opinión, pero no soy yo quien lo debe esclarecer", aseveró. También el consejero de Presidencia, Interior y Justicia negó cualquier relación entre una cosa y otra y pidió que se investigue "quién puede" montar un servicio de espionaje "con tantos medios como para realizar seguimientos en sitios tan alejados como Colombia o Johannesburgo".


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