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Bienestar Social adeuda el mes de diciembre a 3.500 cuidadores de afectados de la ley de dependencia
Un abogado pide ayuda para una familia con un padre ciego y un hijo dependiente
. G. del Burgo, ValenciaLa Conselleria de Bienestar Social adeuda la paga del mes de diciembre a los 3.489 cuidadores familiares y externos que se encargan de atender a las personas con dependencia, que ya tienen la ayuda aprobada, según han expresado a Levante-EMV varios afectados que han calificado la aplicación de la ley en la Comunitat Valenciana como un "fraude moral" y una "carrera de obstáculos".Son muchas las personas con dependientes a su cargo que viven en una situación muy precaria y para quienes esta prestación económica constituye un auténtico respiro, según informaron algunos allegados que han denunciado ya en otras ocasiones el retraso en el que incurre la Conselleria de Bienestar Social en el abono de estas prestaciones.Por otra parte, el abogado Rafael Venegas ha remitido una carta al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, en la que le informa de la acuciante necesidad de una familia que tiene un hijo de 8 años, con una parálisis cerebral desde su nacimiento, y 40 kilos de peso que requiere el cuidado constante de la madre y una de las hermanas, ya que para llevarle de la cama a la silla de ruedas necesita la ayuda de tres personas. El padre sufre una enfermedad progresiva que le ha dejado casi ciego y trabaja como vendedor de la ONCE.En la misiva remitida al responsable de Bienestar Social, el letrado destaca que cuando los padres le refirieron su dramática situación se ofreció a ayudarles y solicitó una cita con el secretario de la dependencia. Eso fue en septiembre de 2008 y todavía no ha podido recibirle."Hasta ahora solo he tenido acceso a su secretaria y a su asesor, a quienes he hecho partícipes de la urgencia del problema, dada la grave situación de los padres del menor", añade el letrado, quien destaca que lo único que recibe son buenas palabras, "pero que la ayuda sigue sin llegar".Rafael Venegas afirma que no comprende como la Ley de la Dependencia, "tarde tanto en cumplirse, cuando su aplicación debería ser prioritaria ya que afecta a necesidades básicas y perentorias de ciudadanos de nuestra Comunitat".Como el caso que expone este abogado, hay centeneras de personas en el territorio autonómico que esperan esta prestación desde hace meses, con impaciencia y una necesidad crucial.Trabajadores sociales despedidosPor otra parte, la Federación de Servicios Públicos de UGT-PV ha denunciado que miles de valencianos de cuatro municipios de la Comunitat se quedarán sin poder tramitar sus expedientes de la Ley de la Dependencia al haber despedido los respectivos consistorios a los trabajadores sociales encargados de tramitar la documentación y asignar, de acuerdo con la familia, las ayudas que más se adecúen a sus necesidades (PIA). Estos ayuntamientos han rescindido los contratos de al menos a cuatro empleados al haber alcanzado el máximo de 24 meses de contratación y estar obligados a suscribir uno indefinido."Esto supone un caos organizativo monumental, dificulta el seguimiento de los casos y de las prestaciones, supone perder a trabajadores ya formados conocedores de las situaciones personales y familiares y comportará más retrasos y trabas para aplicar la ley", afirma un portavoz de FSP-UGT, que critica el sistema de subvenciones anuales de la Generalitat, ya que no garantiza a los ayuntamientos la continuidad de su financiación lo que impide asumir el coste de estos empleados e incorporarlos a la plantilla.
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