Jo sempre he pensat que el PP era un partit de delinqüents disposat a TOT per arribar al poder. Només cal veure el seu arbre genealògic: fills de llurs pares, néts de llurs avis. Però no deixa de sorpredre'm de què són capaços per fer realitat les seves ambicions.
Primer, el maig del 2003, Esperanza Aguirre va perdre les eleccions. Però ho tenia tot preparat: de la mà d'un trànsfuga indecent -Eduardo Tamayo Barrena- i d'una dona amb molt poques llums va donar un cop d'estat amb format legal. No és va aprofitar dels trànsfugues per a governar sinó que forçà noves eleccions a l'octubre per donar-hi una forma democràtica.
Com que la dreta sap que llurs votants, a més dels qui puguin ser conservadors ideològics
o interssats, són bàsicament còmplices, Esperanza i el PP sabien que qui, a més de no abastar el poder, seria castigat pels votants seria el PSM, es va "exposar" a noves eleccions. I, efectivament, la jugada sortí rodona.Ara, els delinqüents s'espien entre ells. Hi ha entrevistes a l'ABC, Güemes -gendre del "ciudadano ejemplar" (Rajoy dixit sobre Fabra) parla de muntatge, González Pons -la fallera machor del Reyne- eleva la seva estupidesa i el seu cinisme i els trasmet per ones hertzianes, satèl.lit i TDT.
I, entremig, què fa la ciutadania? Amb quina cara i quina reacció assisteix a l'espectacle? Els còmplices, de segur, impertorbables. Esperem que els anomenats votants de centre -els volubles segons les rauxes i la butxaca- reaccionin.
Sempre ens queda l'esperança que, ja que no fou possible el 2003, ara caiguin caps, peus i carreres polítiques. Que a la presó falta gent.
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Especial Francisco Granados Spy : ¿ Un súper agente por cuenta propia o ajena ?
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ESPIONAJE POLÍTICO EN MADRID
"Avisé a Rajoy de que me estaban espiando"
FRANCISCO MERCADO -
Álvaro Lapuerta, histórico dirigente del PP, atribuye los seguimientos a altos cargos del Gobierno de Madrid.- La diputada María del Carmen Rodríguez Flores también fue espiada
El líder del PP, Mariano Rajoy, fue informado en mayo de 2008 de la existencia de un caso de espionaje político en Madrid. El histórico dirigente del Partido Popular Álvaro Lapuerta, a la sazón tesorero nacional del PP, alertó entonces a su presidente de que estaba siendo vigilado y de que sus sospechas recaían en elementos parapoliciales al servicio de altos cargos de la Comunidad de Madrid. La máxima dirección del PP ha confirmado estos hechos.
LAS NOTAS SECRETAS DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS DEL PP EN MADRID
Diputado histórico
Güemes acusa a EL PAÍS de "fabricar una gran mentira"
El escándalo del espionaje rompe los últimos puentes entre Rajoy y Aguirre
El vicealcalde investigado
DOCUMENTO (PDF - 597,99Kb) - 25-01-2009
Parte sobre Sergio Gamón
DOCUMENTO (PDF - 726,46Kb) - 25-01-2009
El acompañante de Prada
DOCUMENTO (PDF - 606,01Kb) - 25-01-2009
Una diputada del PP controlada
DOCUMENTO (PDF - 236,84Kb) - 25-01-2009
"Sale El Cabezón"
DOCUMENTO (PDF - 583,15Kb) - 25-01-2009
Bajo, canoso y gordo
DOCUMENTO (PDF - 634,86Kb) - 25-01-2009
Espionaje político en la Comunidad de Madrid
A FONDO
Cospedal ha sido informada de la denuncia que hizo Lapuerta
Criticó algunas adjudicaciones en Madrid porque las creyó sospechosas
En su denuncia verbal, Lapuerta exoneró a la presidenta Esperanza Aguirre de tales seguimientos, pero, según aseguran altos cargos del PP con los que ha tenido contacto, explicó que era objeto de vigilancia como respuesta a sus críticas a determinadas adjudicaciones del Gobierno regional que consideraba sospechosas.
Lapuerta, un hombre afín a Rajoy, ocupaba el cargo de tesorero nacional del PP en las fechas en que fue objeto de vigilancia, un periodo especialmente turbulento en la vida del partido por la batalla desatada entre el presidente del partido y Aguirre. "Avisé a Rajoy en mayo de 2008 de que estaba siendo espiado, pero el resto de detalles y de mis sospechas, prefiero dejarlas en reserva", confirmó ayer a este periódico al ser consultado.
Frente a estos hechos y declaraciones, el secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero de Sanidad del Gobierno de Aguirre, Juan José Güemes, acusó ayer a EL PAÍS de "fabricar una gran mentira y un bulo calumnioso" en relación con la trama de espionaje político destapada por este periódico.
Tras descubrir que era víctima de seguimientos, Lapuerta trasladó su preocupación a dos de sus colaboradores más estrechos: Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, que ahora ocupan los cargos de tesorero y gerente del PP, respectivamente.
Posteriormente, esta denuncia también ha sido comunicada a la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, responsable de la investigación interna abierta por el partido tras destaparse las actividades de la red de espionaje radicada en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, dirigida por Francisco Granados.
Otro de los conocedores de estos hechos es Alfredo Prada, antiguo consejero de Justicia y hoy miembro de la dirección del PP. Prada fue espiado tras las últimas elecciones generales, en las mismas fechas que Lapuerta, un periodo en el que se libraba una feroz batalla política entre Aguirre y Rajoy. El seguimiento a Prada incluyó citas privadas con personas de las que los agentes tomaron fotografías, según indicaron en los partes de seguimiento a los que ha tenido acceso EL PAÍS y que se reproducen en esta página.
Prada era uno de los dos principales objetivos del equipo de espías. El otro era el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, adversario político de Aguirre en la batalla por el poder dentro del PP.
Al mes de cesar los partes de seguimientos a Prada, Esperanza Aguirre le destituyó de su puesto de consejero de Justicia como castigo por su alineamiento en el congreso nacional del PP y, sobre todo, por ser fichado por Mariano Rajoy para su equipo directivo.
Durante el espionaje al tesorero nacional del PP, Lapuerta fue fotografiado cuando salía de una residencia religiosa en compañía de su mujer y dos días después al anochecer, cuando regresaba a su domicilio. En la primera ocasión, siempre según los testimonios recabados por este periódico, el chófer de Lapuerta salió corriendo detrás del misterioso fotógrafo, pero éste se escabulló por las calles adyacentes, en torno a San Bernardo. El segundo síntoma de espionaje fue una foto tomada con flash cuando volvía a su domicilio. Tampoco pudo ser interceptado el fotógrafo.
Otra de las personas espiadas es la diputada autonómica del PP María del Carmen Rodríguez Flores. Su nombre y la matrícula de su coche figura en uno de los partes elaborados por el servicio de espionaje vinculado a la Consejería de Interior. Este informe (ver en los documentos de la parte superior) muestra que este aparato parapolicial no sólo marcó los pasos, públicos y privados, del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, del entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, o de su jefe de seguridad, Juan Carlos Fernández, sino de otras personas más que creían, con o sin motivo, que tenían relación con ellos. En algunos casos, se espió a personas que simplemente tuvieron la mala fortuna de aparcar el coche en las inmediaciones o estar compartiendo restaurante con ellos. El caso de la diputada Rodríguez es sintomático. Figura en un parte de seguimiento a un "objetivo" no precisado el 27 de mayo que come en el restaurante madrileño O Cruceiro, escenario frecuente de comidas de Rodríguez y otros altos cargos del partido. Sólo se sabe lo que aporta el parte sobre el espiado: "13.00. Se monta el dispositivo. 14.15: Sale del trabajo, se dirige a calle Núñez de Balboa 23, restaurante O Cruceiro; 16.50: Sale del restaurante anterior, se dirige a la calle León donde se desmonta el dispositivo a requerimiento para otras labores". A mano, los ex agentes apuntan una matrícula y, debajo, el nombre del propietario del vehículo, que es la diputada autonómica del PP.
María del Carmen Rodríguez asegura que ese día no estuvo en dicho restaurante, y no halla razones para que su coche y su nombre figuren en un parte de vigilancias, pero no oculta sus sentimientos: "Mi vida es tan clara, que no tengo nada que ocultar. Lo que siento es que si estas personas lo han hecho, que me imagino que sí porque está saliendo mucha porquería, que francamente que todo esto es muy poco bonito. ¿Qué quieren buscar en mí, si soy el último mono?".
Pero podría haber una clave: "Ah, he sido amiga de Prada desde hace muchísimo tiempo porque es un hombre honesto, ¿Y eso bastaba? Pues puede ser. Y que soy de Mariano Rajoy. Eso lo puedes decir. Soy del núcleo duro del partido. Soy Mariano Rajoy. Me han dado una importancia que no tenía. Todo esto me produce un rechazo natural. Me parece tan bajo, tan barriobajero que no cuadra con mi forma de ser".
En los partes de seguimiento que firman los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid citan expresamente al que entonces era su jefe [Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana], a otros superiores de su departamento y a la Dirección General a la que tenían que acudir en ocasiones cuando estaban en pleno seguimiento de políticos. Hay tres tipos de partes, lo que podría indicar que han sido realizados por agentes distintos. Uno de ellos siempre escribía en mayúsculas; el segundo cuida la presentación mientras el tercero utiliza un cuerpo de letra más pequeño y prefiere guardar el nombre de su objetivo; simplemente refleja sus movimientos, que en algún caso implican a empresas de seguridad, a las que se dirige la persona espiada.
LAS NOTAS SECRETAS DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS DEL PP EN MADRID
Seis partes de los seguimientos efectuados por ex policías a sueldo de la Consejería de Interior
El vicealcalde investigado
- Los espías controlan los movimientos de Manuel Cobo desde que sale de su vivienda, en una localidad vecina de la capital, y expresan su temor a que los sorprendan policías municipales.
Fotos del acompañante de Prada
- En el espionaje al entonces consejero de Justicia, se meten junto a él en el hotel y dos de los agentes toman fotografías del acompañante de Alfredo Prada.
"Nuestro director Sergio"
- Los agentes encargados del seguimiento a políticos también recogen en los partes la llegada de su director, Sergio [Gamón], en ese momento director general de Seguridad de la Consejería de Interior.
Una diputada del PP, controlada
- En la operación, los ex agentes a sueldo de la Comunidad descubren coches sospechosos, toman sus matrículas y luego investigan a sus propietarios. Aquí hallaron a una diputada del PP.
"Sale El Cabezón"
- A Juan Carlos Fernández, apodado El Cabezón por los agentes, también le controlaron. Fernández era uno de los hombres de confianza del consejero de Justicia, también espiado.
Bajo, canoso y gordo
- A un desconocido que se encuentra con el consejero Prada Presa le describen con estas palabras: "Baja estatura, cabeza despoblada, nariz puntiaguda, cintura gruesa...".
Diputado histórico
La de Álvaro Lapuerta es una vida dedicada a la política. Casado y con 10 hijos, a sus 80 años pertenece a la directiva nacional del PP.
Pragmático y silencioso, fue durante un tiempo el diputado más antiguo del Congreso (ha estado en siete legislaturas). Sumando sus años como procurador en el régimen franquista, ostentó un escaño más de 30 años. Participó en 2008 en los actos del 30º aniversario de la Constitución, junto a los padres de la ley fundamental.
En su partido, donde ha sido tesorero y es considerado un miembro histórico, guarda una estrecha relación con muchos dirigentes de la cúpula. A pesar de la renovación en el seno del PP que llevó a cabo Rajoy el año pasado, él se mantuvo en la directiva.
Los que le conocen, dicen que es leal y muy serio. Tras dejar su trabajo como abogado del Estado, durante la dictadura fue delegado especial del Ministerio de Hacienda, entre otros cargos. Posee la Gran Cruz del Mérito Civil.
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REPORTAJE: Aguirre se deshilacha entre espías
Los seguimientos a políticos desatan las peores tensiones en el Gobierno regional
F. MERCADO / J. M. ROMERO - Madrid - 25/01/2009
Cuatro hombres y su jefe entran en un despacho ajeno, requisan varios documentos y cierran con llave. Uno se queda de guardia para que nadie pueda acceder a la habitación y, dos días después, los mismos hombres regresan al despacho y se llevan un ordenador personal cuyo disco duro guarda supuestamente informes patrimoniales que comprometen la honestidad de políticos con mucho poder.
Todo ha quedado grabado en las cámaras de videovigilancia. Los intrusos trabajan para la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. El jefe es el ex comisario Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, y los cuatro hombres son ex agentes de policía. Han irrumpido en dependencias de la Consejería de Justicia. No son extraños, todo queda en casa.
Pero la persona que trabaja cada día en el despacho asaltado (Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia) y el hombre al que rinde cuentas (Alfredo Prada, consejero de Justicia) protestan al conocer el inquietante episodio y denuncian lo que consideran un escándalo. Ha ocurrido sólo un día después de que Prada fuera relevado en su puesto por Esperanza Aguirre. Ambos han caído en desgracia.
El asalto al despacho se cierra con la destitución de Gamón como director general, aunque el Gobierno regional prefiere no despedirle y le mantiene con un salario de alto nivel en la dirección del Área de Seguridad de la Consejería de Interior.
Pese a que la justicia investiga el suceso, llega tarde. Las imágenes del asalto al despacho captadas por las cámaras de videovigilancia han sido destruidas porque sólo se guardan cinco días de grabación, según cuenta el Gobierno de Madrid al fiscal. El caso se archiva por falta de pruebas. Parece un episodio aislado de burdo espionaje pero en realidad se trata del desenlace final de un largo desencuentro entre dirigentes del Gobierno que preside Aguirre, aderezado con prácticas ilegales de presión a base de amenazas con dossiers.
Entre los meses de marzo, abril y mayo de 2008, en plena tormenta política dentro del PP por el fracaso electoral y el debate sobre la continuidad de Rajoy, un grupo de ex policías y ex guardias civiles a sueldo de la Comunidad de Madrid y destinado en la Consejería de Interior desarrolla tareas de espionaje pagadas con dinero público y para las que no tiene competencias legales atribuidas.
"C" y "P" son los objetivos principales de los seguimientos durante aquellos meses de máxima fractura política en el PP. Rajoy se asegura el apoyo mayoritario mientras Aguirre, en minoría, no se resigna a la derrota.
"C" es Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, adversario político de Esperanza Aguirre a la que a veces critica con ironía y otras abiertamente. Unos años antes, Cobo intentó disputar a Aguirre, sin ningún éxito, la presidencia del PP en Madrid. Cuando Cobo conoce por EL PAÍS esos partes de seguimiento se mueve entre el estupor y la incredulidad. Repasa en su agenda personal lo que hizo aquellos días. Y comprueba que el seguimiento es real. No hay ningún dato erróneo.
"P" es Alfredo Prada, ex vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Justicia cuando sufre el espionaje. En los últimos tiempos se ha distanciado de Aguirre. De todopoderoso vicepresidente, con competencias en Interior, pasó a simple consejero de Justicia.
En la batalla por el poder dentro del PP, Prada eligió a Rajoy frente a su jefa, que le puso de patitas en la calle. Cuando recibe la llamada de este periódico y conoce los pormenores del seguimiento confirma que todos los detalles son ciertos.
El operativo de vigilancia especial a políticos de Madrid, que ningún miembro del Gobierno de Aguirre asume como propio, se organiza desde el número 33 de la calle de Gobelas (Madrid), donde está situada la sede de la Dirección General de Seguridad Ciudadana.
Ex policías y ex guardias civiles forman parte de una unidad que intenta "proteger" a algunos miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid con unos métodos secretos muy peculiares. Los expertos lo llaman "bloqueo de seguridad".
Sergio Gamón es el jefe de los ex agentes. Tiene experiencia de mando. Fue jefe de seguridad en el Senado cuando Esperanza Aguirre era presidenta. Y también fue jefe de escoltas en La Moncloa en Vicepresidencia del Gobierno. Su labor era proteger a la socialista María Teresa Fernández de la Vega.
Aguirre le ficha para la Comunidad de Madrid en 2006. Su primer jefe es Alfredo Prada, al que, según los documentos que obran en poder de EL PAÍS, terminaron espiando los propios hombres de Gamón, citado en los partes de seguimiento al consejero de Justicia. Su segundo y actual jefe fue Francisco Granados, secretario general del PP, al que Aguirre ha ido endosando distintas consejerías y responsabilidades desde que llegó al Gobierno. Asumió el área de Interior que la presidenta le quitó a Prada.
Altos cargos de la Consejería de Interior recalcaron a EL PAÍS que pese a esta dependencia orgánica, Gamón "sólo" despachaba con el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y con el viceconsejero de Interior, Alejandro Halffter, al que supuestamente fichó el propio González. El vicepresidente autonómico lo niega. Nadie quiere saber nada de Gamón.
González, se defiende recordando que él mismo ha sido víctima de espionaje. El vicepresidente ha denunciado a la Fiscalía los seguimientos de que fue objeto cuando viajó a Cartagena de Indias en marzo de 2008. González sostiene que ese seguimiento precisó de complicidades internas en la Comunidad de Madrid. Se trata de informes mucho más elaborados que los "partes" realizados sobre otros miembros del PP, con una factura distinta y que apuntan a supuestas conductas delictivas del vicepresidente. Por aquella época, González evaluó crear un CNI legal autonómico y su amigo personal, Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta llegó a presentarle un borrador que dejó aparcado en un cajón. El vicepresidente consideró que no era conveniente y, además, esa materia dependía de la Consejería de Interior.
Granados introdujo ciertos cambios en la Consejería de Interior cuando se hizo cargo de esa cartera. Contrató como asesores en septiembre de 2007 a tres guardias civiles destinados en Valdemoro, donde el consejero fue alcalde. Y nueve meses más tarde, en junio de 2008, colocó en el departamento a un ex policía llamado Marcos Peña que venía recomendado por el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo, uno de los dirigentes que más trabajó a favor de la teoría de la conspiración que pretendía involucrar a ETA en los atentados del 11-M. Y puso a sus órdenes a los ex guardias. Estos ex agentes tienen una singularidad: sólo responden ante el consejero. No están bajo las órdenes del actual director de seguridad, Enrique Barón, quien ha desechado controlarlos. Pero no sólo Barón receló de su labor. El sindicato UGT lo dice a las claras: "Existe un grupo de asesores nombrados por el consejero de Interior, desde septiembre de 2007, formado por ex policías, ex guardias civiles y personal de confianza, de los que se desconoce qué trabajo realizan". Granados sostiene que sus guardias civiles sólo le hacen tareas de escolta.
UGT también muestra su sorpresa al conocer que Sergio Gamón sigue en nómina de la Consejería de Interior. Gamón fue destituido como director general tras conocerse que había entrado con un comando en una sede autonómica de la Consejería de Justicia para requisar distinto material de un director que también fue sometido previamente a seguimientos.
Peña, el otro fichaje de Granados, se dedicó, entre otras cosas, a elaborar informes sobre tramas corruptas vinculadas a ayuntamientos socialistas. El consejero de Interior ha escuchado a Peña estos meses exponerle algunas teorías sobre la relación entre el incendio intencionado del coche particular de Granados en Valdemoro y la trama de corrupción socialista en el vecino municipio de Ciempozuelos. También ha escuchado Granados teorías de sus colaboradores sobre la implicación del CNI en el espionaje a Ignacio González. Los dos dossiers sobre los viajes públicos y privados al extranjero del vicepresidente, sobre los que el propio González sospecha que pudieron tener su origen dentro de la propia Comunidad por la información que manejaban, no aparecen citados en ninguno de los partes de seguimiento de personajes políticos elaborados por los ex agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid. González y Granados compartieron mesa ante la prensa el pasado jueves. Ambos negaron que ex agentes de la Comunidad de Madrid hubieran hecho seguimientos de políticos del PP. Incluso llegaron a poner en duda que hubieran existido esos seguimientos. Era su puesta en escena para hacer frente a una situación que intentaron despreciar el lunes -"¿Por qué hacen ustedes caso a lo que cuenta EL PAÍS?", espetó Aguirre a los periodistas que le preguntaron ese día por el caso- y que a lo largo de la semana ha desencadenado indignación en los dirigentes nacionales del PP. Tanta que Rajoy ordenó abrir una investigación interna para depurar responsabilidades tras comprobar Aguirre intentaba cerrar el escándalo acusando a compañeros del partido de mentir.
Antes de la conferencia de prensa del jueves, González y Granados habían llamado por teléfono a Manuel Cobo, el vicealcalde de Madrid que fue espiado por ex agentes a sueldo de la Comunidad, para justificarse. "Yo no he sido, Manolo", proclamaron. Aguirre no levantó el teléfono. Recurrió a lo que más le gusta, un mensaje escrito por el móvil. En ninguna de las llamadas se atrevieron González y Granados a poner en duda que el espionaje político se había producido. A partir de ahí, pensaron que para su exposición pública, la mejor defensa era el ataque.
En sus declaraciones, ambos exculpan a los ex policías y ex guardias civiles que trabajan al servicio de la Consejería de Interior y amenazan con querellas a EL PAÍS, a Manuel Cobo, Alfredo Prada y Alberto Ruiz-Gallardón, todos los que han dado credibilidad a los testimonios de altos cargos de la Consejería de Interior y al contenido de los partes del espionaje en Madrid.
MARIANO RAJOY. Primero se fio de ella y ahora la investigará
Observó, escuchó y dejó hacer. En un primer momento, Rajoy cerró filas en torno a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid. "Me ha dicho que ni ella ni ninguno de sus colaboradores tienen conocimiento de este asunto, y yo les creo". Pero los nuevos capítulos de la red de espionaje, de la que había tenido noticia meses antes por la denuncia del entonces tesorero del partido, obligaron al líder del PP a tomar cartas en el asunto. Atrás quedó la confianza en Aguirre. Ordenó a María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, abrir una investigación para esclarecer el escándalo de los espías y depurar "responsabilidades".
ESPERANZA AGUIRRE. "Nos vemos en los tribunales"
La presidenta regional prefirió ver el toro desde la barrera. Los tres días siguientes a la publicación de la noticia no compareció públicamente. Incluso no presidió el Consejo de Gobierno del jueves porque tenía "un acto privado". Al cuarto día apareció para desmentir de forma tajante que los seguimientos hayan sido ordenados por el Gobierno regional y realizados por personas a sueldo de su administración. Tras poner la mano en el fuego por sus consejeros, amenazó a EL PAÍS: "Nos vemos en los tribunales". Y a renglón seguido pidió a todo aquel que sostenga la tesis contraria a la suya que lo denuncie ante el juez.
ALBERTO R.-GALLARDÓN. "Sabemos que ha habido espionaje"
El alcalde de Madrid se desmarcó una vez más del discurso de Esperanza Aguirre. Gallardón manifestó su rechazo a la red de espionaje desde un principio -el vicealcalde, Manuel Cobo, fue sometido a vigilancia-. "Sabemos que se ha realizado esa investigación, porque no se ha hecho tacha de falsedad de la totalidad de los documentos [que publicó EL PAÍS]".
Para echar más leña a la hoguera, Gallardón acusó a Granados de tener "un cuerpo parapolicial" que es ilícito puesto que la Comunidad "no tiene competencia en seguridad". "Si los seguimientos están hechos por estas personas, es un delito", aseguró en TVE.
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La casa de los espías
El escándalo rompe los últimos puentes entre Rajoy y Aguirre
Güemes acusa a EL PAÍS de "fabricar una gran mentira"
DOCUMENTOS: Nota secreta sobre Cobo
Parte sobre Gamón
El acompañante de Prada
Seguimiento a la diputada
"Sale El Cabezón"
Bajo, canoso y gordo
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El 'Aguirregate' amenaza a Rajoy
Un año después de que el líder del PP dejara fuera de las listas a Ruiz - Gallardón y a Aguirre, ambos siguen enfrentados. El partido exige orden.
M. J. GÜEMES/ Y. GONZÁLEZ - MADRID - 25/01/2009 08:00
Los dirigentes del PP están preocupados por la marcha de su partido. El conflicto de Caja Madrid y la supuesta trama de espionaje, que afecta a varios de sus compañeros, ponen de nuevo a prueba el liderazgo de Rajoy.
Son muchos los que consideran que la situación que se está viviendo es el resultado de una mala gestión. Y no dudan en culpar, en ese sentido, a Mariano Rajoy. Hay quien cree que tenía que haber dado hace mucho tiempo un puñetazo sobre la mesa para poner fin a las peleas entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
En el PP reprochan a Rajoy que no haya frenado antes las peleas
"Es un lío eterno y él nunca ha sido capaz de parar este enredo que daña la imagen del partido", afirma un diputado. Otro considera que "se le ha ido de las manos" y que tendría que "ejercer de presidente".
Es verdad que en más de una ocasión les ha dado un toque de atención pero ha resultado inútil. Y se ha demostrado que esta herida lleva un año sin cerrarse. Nadie olvida que el 15 de enero de 2008, Rajoy comunicaba a ambos líderes que no irían en las listas para las generales. El regidor había mostrado gran interés por estar en el Congreso y Aguirre estaba dispuesta a renunciar a la Comunidad para convertirse en diputada. Ella lanzó su órdago y ganó el primer round.
El segundo se disputó antes del Congreso Nacional. Hasta el último minuto se barajó la posibilidad de que Aguirre presentara una candidatura alternativa. Todos lo pensaron tras escucharla en una encendida defensa de las ideas liberales.
Rajoy llegó sólo a la cita y finalmente salió respaldado con algo más del 70 por 100 de la militancia. Incluyó a Gallardón en su equipo. Y buena parte de los que le habían cuestionado se refugiaron bajo el techo del PP de Madrid.
Rajoy dijo que creía a Aguirre, pero un día después abrió una investigación
Las peleas entre Aguirre y Gallardón han continuado. Para algunas personas del partido conservador, Rajoy se tenía que haber plantado y no haber esperado a que le estallara un escándalo "tan bochornoso como éste". Creen que Caja Madrid era un aviso de lo que se avecinaba y que no quiso verlo. Prefirió mantenerse neutral y callado. Mientras Aguirre trataba de hacerse con el control de la entidad financiera, Gallardón se aliaba con su presidente, Miguel Blesa.
El silencio de Rajoy se rompió hace unos días. Su consejo: recomendar que fuera el Banco de España quien tutelara la caja para que está se despolitizara por completo.
Planta cara
Cuando saltó la polémica del espionaje , Rajoy dijo que creía a Aguirre. Pero un día después lanzaba un rotundo comunicado que desataba definitivamente la guerra entre ellos. "Más vale tarde que nunca", piensa un miembro del Comité Ejecutivo Nacional.
No obstante, hay en el partido quien cree que pese a que pueda parecer que su líder ha actuado con un poco de retraso, lo ha hecho "con la prudencia que le caracteriza". En este sentido, una diputada nacional recuerda que Rajoy "lidera el primer partido de la oposición y mide mucho que sus actuaciones puedan ir en contra del PP".
Ahora en este juego a tres bandas, Rajoy debe demostrar su capacidad de liderazgo. Para muchos se juega su prestigio. Y también su fuerza porque ésta ha sido la primera vez que se enfrenta de verdad a Aguirre. Por eso, a los marianistas les recorre un temor: que si la presidenta de la Comunidad de Madrid sale ilesa vaya a por él sin miramientos.
A este contexto se le suma además otro elemento. El líder del PP ha tenido que soportar esta semana cómo altos cargos Ruiz-Gallardón, Fraga o Mayor Oreja recordaban que había que seguir contando con el ex presidente Aznar.
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Todos los hombres de la presidenta
Tag: La semana, PP — Ignacio Escolar @ 10:55 pm
Ignacio González. Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, presidente del Canal de Isabel II y número dos de Esperanza Aguirre. A González le han espiado, le han pillado acompañando a unos señores que perdían enormes bolsas blancas de contenido desconocido en una oficina en Colombia, y también de carísimo viaje por Sudáfrica en compañía de un empresario que tiene a la Comunidad de Madrid entre sus mejores clientes. Sus andanzas por el mundo mundial aparecen en dos dosieres, que no parecen obra de aquellos que siguieron a los otros principales espiados que de momento se conocen, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada. Tanto Cobo como Prada comparten un denominador común del que González carece: ambos están en bandos rivales al de Aguirre en la guerra del PP.
No es el único indicio que apunta a que podrían ser dos los equipos de espionaje que se mueven en las alcantarillas de Madrid, ciudad sin ley. Si se confirman los datos revelados por el periodista Francisco Mercado en el diario El País, uno de esos equipos parapoliciales –el que espió a Cobo y a Prada durante los momentos más delicados de la crisis del PP– está a sueldo de la Comunidad de Madrid. ¿Y el otro? Aún no se sabe, pero sí su objetivo: sacar a la luz la supuesta corrupción del Gobierno de Madrid por motivos probablemente igual de oscuros, como la venganza.
En el PP comentan que González se está dejando otra vez la barba porque le ha vuelto a salir una erupción cutánea que le impide afeitarse con normalidad: “Tal vez cosa de los nervios”.
Sergio Gamón. Actual director del Área de Seguridad de la Consejería de Interior, ex director general de Seguridad Ciudadana, ex inspector de Policía, ex jefe de escoltas de la vicepresidencia del Gobierno, jefe de los supuestos espías que siguieron a Cobo y Prada: tres personas de su confianza que él mismo fichó y tres ex Guardias Civiles de Valdemoro, el pueblo de Francisco Granados. Aguirre le ascendió a director general en el año 2006, cuando Alfredo Prada aún era el consejero de Justicia e Interior, pero ya se conocían de mucho antes. Gamón también fue su jefe de seguridad en el Senado, cuando ella era la presidenta.
La relación de Gamón y su familia con Aguirre es muy cercana, según explican fuentes del PP de Madrid. Su mujer también trabajó a sus órdenes en el Senado como secretaria, y hace unos años, con la bendición de Aguirre, sustituyó en el puesto a la secretaria que denunció por acoso sexual a Manuel Soriano, el primer director general de Esperanza Aguirre en Telemadrid. La hija de Sergio Gamón, María del Carmen Gamón, es concejal del PP en Fuenlabrada y presidenta de Nuevas Generaciones en este municipio de Madrid. Gamón fue destituido como director general de Seguridad Ciudadana después de que su antecesor en el cargo, Juan Carlos Fernández, le denunciase por robar el ordenador de su despacho justo al día siguiente de que Esperanza Aguirre echase del gobierno regional a Alfredo Prada. Tras este escándalo, Aguirre le colocó con un nuevo cargo en la Consejería de Interior de Madrid, dónde aún trabaja.
Enrique Sánchez González. Presidente del grupo Sagital, ex diputado y portavoz en la Diputación de Madrid por la UCD, ex portavoz del Real Madrid y compañero de avión hacia Sudáfrica de Ignacio González en el famoso viaje. Según declaró González a El País, “El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada”. Sin embargo, tal y como ha desvelado Manolo Rico en Público esta semana, el Canal de Isabel II adjudicó un contrato de 33 millones de euros por dos años a Segurisa, una de las empresas de Enrique Sánchez. No es el único contrato de Sagital con la Comunidad de Madrid.
Pedro Antonio Martín Marín. Empresario y político, compañero de Sánchez en UCD, ex presidente del Consejo Superior de Deportes, ex directivo del Real Madrid y sucesor de Miguel Ángel Rodríguez al frente de la Secretaría de Estado de Comunicación de José María Aznar. Según varias fuentes, es ese amigo de Ignacio González y de Enrique Sánchez que viajó con ellos y sus esposas hasta Sudáfrica. Martín Marín coincidió con Sergio Gamón en La Moncloa y preside el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
Pedro J. Ramírez. Director de El Mundo y también accionista de Bodegas de Montecastro S. L., una empresa vitivinícola donde las únicas personas que figuran en su web como “principales accionistas” que no pertenecen al equipo fundador de El Mundo son el cantante Julio Iglesias y Enrique Sánchez González. Pedro J. es también el periodista español que más cita en sus artículos el Watergate. Y para una vez que viene a cuento, se ha puesto del lado de Nixon.
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El telón de fondo de Caja Madrid, por Vicente Clavero
25 Ene 2009
Cualquiera que sea el desenlace del turbio asunto que tiene en jaque al Gobierno de Esperanza Aguirre, es lógico que la batalla de Caja Madrid pase momentáneamente a un segundo plano, suponiendo –claro está– que los episodios de espionaje denunciados no formen parte de ella.
La presidenta va a tener poco tiempo durante una temporada para mucho más que achicar agua, a pesar de su empeño inicial por hacer infructuosamente el don Tancredo y transmitir a la opinión pública la impresión de que todo es un simple invento de la prensa y de que aquí en realidad no pasa nada.
Este distraimiento relajará la presión sobre el otro bando en liza: el que se ha hecho fuerte en Caja Madrid con el propósito de repeler la acometida de Aguirre, cuyo objetivo declarado es impedir que Miguel Blesa continúe en la presidencia, para colocar en su puesto a alguien que le baile el agua.
La Comunidad de Madrid, además, sufrirá un inevitable desgaste político mientras se sustancia el caso, y eso –quiérase o no– mermará sus posibilidades de culminar con éxito el cerco al que tiene sometida desde hace varios meses a la cuarta entidad financiera más grande de España.
Por si fuera poco, lo que se ha sabido esta semana no allana precisamente el camino del delicado acuerdo que estaban cocinando en secreto Aguirre y Tomás Gómez a fin de repartirse el poder en la caja y que ahora resultaría todavía más difícil de justificar, si cabe, para los socialistas madrileños.
Eso no significa, sin embargo, que Blesa tenga motivos ya para cantar victoria, porque es de sobra conocida la tenacidad con la que Aguirre se aplica a cualquier empeño, sobre todo cuando está en juego algo tanapetecible como el control de Caja Madrid.
Alberto Ruiz-Gallardón –que en esto camina de la mano de Blesa– tampoco le conviene fiarse por más que vea la meta al alcance de su mano, pues la presidenta debe de ser de las que mueren matando.
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La política del fango
GONZALO LÓPEZ ALBA - Madrid - 25/01/2009 08:00
El Aguirregate retrotrae la política española a los años noventa. Entonces proliferó la guerra de dossiers, con los llamados renovadores del PSOE filtrando, desde instituciones y organismos oficiales, documentos comprometedores para derribar el infranqueable torreón de Alfonso Guerra. Por la espita abierta, con causa o sin ella, fueron arrastrados hasta los sumideros otros muchos: Corcuera, Barrionuevo, Vera, Galeote, Narcís Serra... hasta provocar la pérdida del crédito social de toda la organización y su descomposición interna.
La trama parapolicial presuntamente organizada desde las entrañas del Gobierno autonómico que preside Esperanza Aguirre, de confirmarse las apariencias, relega a la categoría de aprendices de brujo a quienes orquestaron aquellas vendettas, con denuncias tan documentadas como anónimas. Pero hay una seña de identidad compartida: la lucha por el poder, sin cuartel y sin escrúpulos, entre facciones de un mismo partido.
El pulso entre Aguirre y Ruiz-Gallardón tiene una víctima clara en Rajoy
El presunto espionaje político entre dirigentes del PP y el conflicto de Caja Madrid son dos corrientes de una misma catarata que puede arrastrar a Mariano Rajoy, porque si algo no es presunto es la guerra fratricida que se libra en el Partido Popular como entonces ocurría en los pagos socialistas, con Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón engolfados tanto monta, monta tanto en una lucha a muerte por la sucesión de Rajoy.
No parece casual que algunos de los seguimientos denunciados se realizaran en fechas inmediatamente previas al congreso que el PP celebró en junio de 2008 en Valencia, cuyos prolegómenos se caracterizaron por los amagos de Aguirre de presentar una candidatura alternativa a la de Rajoy y por los esfuerzos de Ruiz-Gallardón para sacar la cabeza. Y, si casual, no puede dejar de resultar llamativo que Francisco Granados sea un nombre que aparece vinculado a otros episodios oscuros de la política madrileña.
Nunca fue acusado públicamente por falta de pruebas, pero el nombre de Granados flotó en la investigación que en 2003 se realizó desde la sede central del PSOE para intentar desentrañar el tamayazo, la operación que permitió a Esperanza Aguirre convertirse por primera vez en presidenta autonómica, cargo desde el que, jubilado José María Aznar, se encumbró a la categoría de lideresa de la facción más conservadora de la derecha .
La carrera de Granados fue fulgurante desde que dirigió la investigación del tamayazo
Llama la atención que fuera Granados, precisamente él, el elegido por Aguirre para presidir la comisión de investigación que sobre el tamayazo se constituyó en la Asamblea regional, un momento crucial en el distanciamiento entre la presidenta madrileña y su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. A partir de esa fecha, quien hasta entonces sólo había sido alcalde de la localidad de Valdemoro, vocal de la Ejecutiva regional del PP y diputado autonómico, empezaba una fulgurante carrera política, pasando por tres consejerías diferentes hasta convertirse en el hombre fuerte de Aguirre como consejero de Presidencia, Interior y Justicia, además de secretario general del PP de Madrid.
Caja Madrid
En una era caracterizada, más que por la vertiginosa velocidad de los cambios, por la aceleración del olvido, el estallido del Aguirregate ha relegado la atención sobre el conflicto de Caja Madrid, donde acecha el más peligroso de los cruces: el que se da entre la política y el dinero. Convendría a sus actores políticos el recuerdo de que, en el año 2000, con el PSOE a la deriva, una disputa interna por el control de Cajastur provocó la rebelión de los parlamentarios socialistas contra el presidente del Principado, Vicente Álvarez-Areces, que a punto estuvo de perecer políticamente en el intento.
La extrema gravedad de este conflicto deriva del hecho de que Aguirre y Ruiz-Gallardón han convertido la cuarta entidad financiera de España en un escenario más del teatro de batalla de sus ambiciones particulares, en un uso perverso de sus poderes institucionales. Pero también del debilitamiento de la corporación que es su consecuencia indirecta, pues alienta a los tiburones de la privatización que ansían apropiarse de ese goloso pedazo de la tarta.
Las cajas de ahorros son ya un fenómeno casi exclusivamente español, toda vez que en la mayoría de los países de nuestro entorno han sido engullidas por la banca privada. La gran diferencia respecto de las demás entidades financieras, con las que compiten en el mercado sin privilegios, es que sus beneficios no van a engordar los bolsillos del banquero de turno y sus accionistas, sino que han de destinarse obligatoriamente a realizar obra social , descontada la parte que se dedica a reforzar la propia solvencia.
Las instituciones y colectivos que proponen a sus directivos comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales e impositores tienen la obligación de orientar su labor social en función de las necesidades de la ciudadanía de los territorios donde operan y de neutralizar las tentaciones que puedan tener sus presidentes de operar como banqueros privados será de interés, cuando haya relación oficial, conocer si todas las cajas aplican las moratorias para las hipotecas de parados. Y tienen también el deber de evitar que se conviertan en un campo minado de intereses partidistas y/o particulares.
El modelo por el que configuran sus órganos de dirección es discutible. Pero, mientras que no se modifique, la mínima responsabilidad ética exigible a quienes ponen y a quienes están puestos en ellos es que su politización sea noble: limpia y transparente. Si no, siempre existirá el riesgo de secuelas del tamayazo como la protagonizada por los socialistas Romero y Pérez, aun cuando hubieran votado guiados exclusivamente por lo que entendían mejor para la estabilidad de Caja Madrid y no por proyectos de futuro personal al margen de los intereses que están obligados a representar en virtud de ese modelo.
Como en el chiste de Gila, alguien espía a alguien, pero no se sabe bien quiénes son los espías y quiénes son las víctimas. Acaso porque todos practican el mismo juego. Con fuego.
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Gallardón y Aguirre vuelven a disimular sus diferencias
El papelón de Cospedal
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El Plural apoya a Mercado y a los compañeros de El País
Güemes, yerno de Carlos Fabra, debe de ser un experto en acciones judiciales
No deja de ser curioso que a Juan José Güemes le haya correspondido anunciar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pondrá en marcha medidas legales contra El País. El controvertido consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre ha añadido además una retahíla de insultos dirigidos a Francisco Mercado, el redactor del diario de Prisa que ha publicado el escándalo de los espionajes.
El intrépido Güemes debe de ser, muy probablemente, un experto en acciones judiciales. O, para ser más exactos, un insuperable conocedor de cómo pueden frenarse este tipo de acciones. Su suegro, Carlos Fabra –ese “político modélico”, según Mariano Rajoy, que acumula múltiples sospechas-, lleva desde hace algunos años, zafándose, de forma tan descarada como inquietante, de las actuaciones judiciales que le afectan.
De lo que se trata
En el caso que nos ocupa, de lo que se trata es de activar las acciones judiciales contra el colega Mercado y, en paralelo, de amortiguar al máximo las que puedan derivarse de la investigación judicial que ha comenzado a desarrollar el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Manuel Moix.
Diagnóstico adelantado
Claro que Moix, en el inicio del asunto, advirtió –a través de unas insólitas declaraciones- que él no percibía ningún hecho delictivo en el affaire de los espías, tras leer la primera información de Mercado. ¿Por qué dijo lo que dijo el fiscal Moix? ¿Desde cuándo un fiscal adelanta públicamente su diagnóstico, aunque lo matice agregando una cierta dosis de cautela?
La velocidad de Moix
¡Cuánta velocidad la del fiscal jefe del TSJM! También está siendo, por cierto, muy rápida la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en su averiguación de lo sucedido y cumpliendo instrucciones de Rajoy. En quince minutos y por teléfono, según ella misma se encargó de explicar, despachó Cospedal el episodio con su amiga Aguirre de la que –no lo olvidemos- fue consejera durante algún tiempo. Cospedal se apresuró a manifestar a los periodistas: “Yo creo a Esperanza Aguirre? ¿Cómo no la voy a creer?”
El caso Naseiro
El PP, en todo caso, tiene muchos motivos para estar relativamente optimista respecto a la Justicia. ¿Habrá que evocar cómo el Tribunal Supremo redujo a cenizas, hace unos veinte años, el asunto Naseiro, acogiéndose a una cuestión de procedimiento y evitando de este modo un desastre de gran magnitud para la derecha? ¿Habrá también que recordar cómo el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, nombrado por el entonces presidente Aznar, bloqueó cualquier investigación judicial sobre el tamayazo?
El caso Fabra
En cuanto al caso Fabra, no es necesario evocar el pasado. No hay más que observar el presente. ¿Cuántos jueces han salido zumbando del juzgado de Nules (Castellón) sin ejercer su tarea respecto al presidente de la Diputación provincial y presidente del PP castellonense? La respuesta provoca bochorno e indignación, sobre todo si cabe atisbar una cierta complicidad por parte del Gobierno de la Generalitat Valenciana, con Francisco Camps de presidente.
En la Comunidad de Madrid
De momento, el bombazo dialéctico de Güemes –ejerciendo de portavoz del PP madrileño- ha topado con una inmediata réplica, suscrita por el Comité de Redacción de El País. Los periodistas del mencionado periódico han decidido plantar cara a las chulerías de Güemes y, por consiguiente, de la presidenta regional de Madrid. “Defendemos, apoyamos y felicitamos –subrayan los colegas de El País- a Mercado por las informaciones en las que se destapa una trama de espionaje ilegal montada en el seno de la Comunidad de Madrid”.
Solidaridad
Reciba también Mercado la solidaridad de quien suscribe este artículo y la de mis compañeros de El Plural. Contad, queridos amigos de El País con nuestro apoyo. Es modesto pero firme. Aunque se empeñe el PP, no logrará amordazaros ni tampoco conseguirá matar al mensajero.
Enric Sopena es director de El Plural
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La Comunidad de Madrid anuncia acciones legales contra El País
El marianista Quevedo asegura que el consejero de Interior realizaba dossiers contra Rajoy en el Congreso de Valencia
Granados presidió la Comisión Investigadora del tamayazo y ahora es presunto impulsor de una trama de espionaje
Aguirre bromea: “¿A ti no te he espiado, con lo todopoderoso que eres?”
De Cospedal: “Yo creo a Aguirre, ¿cómo no la voy a creer?”
Los redactores de El País plantan cara a las amenazas de Güemes
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El Mundo: Entrevista a Marcos Peña
“Me han utilizado para perjudicar a la presidenta”, dice ahora en El Mundo
El ex policía Marcos Peña, el hombre de Granados, o “donde dije digo, digo Diego”
ABC: Esperanza Aguirre, sobre la polémica del espionaje: «Todo acabará en nada»
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La lideresa amenaza a Gallardón con llevarle a los tribunales
Aguirre achaca en ABC “el montaje” del espionaje a los socialistas
ELPLURAL.COM
Casi una vez por pregunta niega Esperanza Aguirre que haya una red de espionaje montada dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid. La lideresadedica la mayor parte de una entrevista con ABC a echar balones fuera y recordar los seguimientos a Pizarro y los asuntos turbios en el Gobierno de Felipe González. Esa es su línea general, que pasa por insinuar que el “montaje” está hecho para beneficiar a los socialistas madrileños que quieren arrebatarle el poder y para que el Gobierno “tape” los datos del paro y la crisis.
Ni un solo temor o preocupación por todo lo que está saliendo a la luz. Aguirre no cree que pueda abrasarse poniendo la mano en el fuego por todos sus consejeros. La raíz de su tranquilidad reside en que no se cree ni una sola palabra de lo que publica El País. “Esto es una falsedad y un montaje, y como todos los montajes acabará en nada”, asegura Aguirre.
Aguirre lo niega todo
Una y otra vez, y las que vendrán, niega Esperanza Aguirre que se haya montado un dispositivo de espionaje en las entrañas de su Gobierno. Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, no existe nada nuevo que no estuviera ya con Leguina y Gallardón y que vaya más allá de mantener la seguridad en los edificios oficiales.
Balones fuera
“El único espionaje oficial comprobado es el que le hicieron a Manuel Pizarro. Y no hay que olvidar que un vicepresidente del Gobierno de Felipe González tuvo que dimitir por espiar entre otros al Jefe del Estado”, explica Aguirre, empeñada en no olvidar el pasado cuando es ella la beneficiada.
Cortina de humo
Su estrategia de echar balones fuera pasa por preguntarse “qui prodest?” (¿A quién beneficia?). Según la lideresa, ese beneficio es para el PSOE, “que quiere recuperar el poder en Madrid y debilitar al PP ante las próximas citas electorales”. No podía faltar la apelación a la cortina de humo, a la que recurre el PP cada vez que le salpica un asunto turbio y que se aleja de la crisis económica. Según Aguirre, también se beneficia el Gobierno, “que le sirve para tapar los 3.200.000 parados, el déficit del seis por ciento y lo nocivo de las medidas de incremento de gasto público que ha tomado”.
¿Gallardón a juicio?
Sobre Gallardón, Esperanza Aguirre se muestra ambigua. Comenta que el alcalde madrileño hizo dos declaraciones: unas pidiendo “que Granados compareciera en la Asamblea y otras dando por bueno lo que publicaba El País.” Y justo a continuación de esto, la lideresa añade: “Ya lo he dicho: el que dé por bueno el montaje tiene tres opciones: o aporta pruebas, o rectifica, o tendrá que vérselas con nosotros en los tribunales”.
“Es un montaje”
Aguirre no tiene miedo de salir abrasada, de tanto poner la mano en el fuego por sus consejeros. “Ya lo hice y no me quemé”, asegura Aguirre, en referencia a Luis Armada, viceconsejero de Transportes, que fue requerido por la Justicia para declarar sobre el caso Guateque. La lideresa está muy tranquila: “Esto en una falsedad y un montaje, y como todos los montajes acabará en nada”.
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MÁS SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE
Mariano Rajoy conocía que había espionaje político en su partido
Este sábado el secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero de sanidad de Aguirre, Juan José Güemes, acusó a este periódico de "fabricar una gran mentira"
CADENASER.com 25-01-2009
Según el diario 'El País', Mariano Rajoy fue informado ya de un caso de espionaje político en Madrid en mayo de 2008. Fue el tesorero nacional del PP en el momento, Álvaro Lapuerta, quien aviso a su presidente de que estaba siendo vigilado y que sospechaba de altos cargos de la Comunidad de Madrid. El propio partido ha confirmado estos hechos.
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Un asesor del gobierno de Aguirre fue condenado hace un mes por espiar a altos cargos
Cospedal, Aguirre y Gallardón coinciden en un Foro del PP en plena trama de espionaje
Según el diario Lapuerta explicó que los motivos de tal espionaje podrían venir dados como respuesta a sus críticas a determinadas adjudicaciones del Gobierno regional que consideraba sospechosas.
Además de Lapuerta, del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; del entonces consejero de justicia, Alfredo Prada, o de su jefe de seguridad, Juan Carlos Fernández, también fue espiada la diputada autonómica del PP María del Carmen Rodríguez Flores. Y es que según un documento que aporta el diario 'El País' su nombre y la matrícula de su coche figura en uno de los partes elaborados por el servicio de espionaje vinculado a la Consejería de Interior.
Este sábado el secretario de Comunicación del PP de Madrid y consejero de sanidad de Aguirre, Juan José Güemes, acusó a este periódico de "fabricar una gran mentira". El comité de redacción ha condenado el ataque.
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