10 Feb 2009Marejada popular
Levante-EMV, Valencia
Agentes de policía detuvieron anoche en Valencia al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, por su presunta relación con la trama de corrupción que afecta al PP principalmente en la Comunitat y en Madrid. Tras la detención, el empresario fue trasladado a la capital para ser puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Álvaro Pérez preside la empresa que desde su creación organiza actos y eventos para el Partido Popular de la Comunitat Valenciana y el Consell. La detención se produjo entre las 20 y las 21 según fuentes policiales.Con su detención ya son seis los arrestados como consecuencia de la investigación del juez Garzón sobre los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias de una serie de personas del entorno del Partido Popular. El pasado viernes la policía registraba dos veces la sede de la empresa Orange Market en la calle Colón y requisaba en la cercana sede de la Agencia Valenciana de Turismo el expediente de la contratación del montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en la Feria del Turismo (Fitur) correspondiente a 2009 por cerca de un millón de euros. Era el quinto año consecutivo en que la empresa de Álvaro Pérez lograba esta adjudicación.
Al mismo tiempo, la policía detenía en Madrid a cinco presuntos implicados en la trama, conectados todos ellos con Orange Market y con la empresa de la que nació como filial, Special Events. Dos de los cinco detenidos el viernes, las dos mujeres, quedaban el libertad un día después, permaneciendo Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Horas antes de la detención de Álvaro Pérez, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, comentaba a Levante-EMV que las implicaciones de Madrid, donde ayer fueron destituidos tres altos cargos del PP, y Valencia en el caso que investiga Garzón no eran equiparables, señalando que en Madrid se habían producido detenciones y en la Comunitat no. El presidente añadió que si había detenciones se producirían dimisiones.
Precisamente el estallido del caso Orange Market frustró el sábado la amplia participación de dirigentes del PP y miembros del Consell en el bautizo de la hija de Álvaro Pérez. Tanto el presidente Camps, como el vicepresidente Rambla, y los números dos y tres del PPCV, Ricardo Costa y David Serra estaban invitados a la ceremonia. El bautizo se celebraba en Barcelona pero ninguno de los cuatro asistió. Fuentes del entorno de Camps aseguran que en ningún caso el presidente iba a asistir.
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El PP amenaza con querellarse contra la oposición para acabar con las "calumnias veladas"
Aguirre fuerza tres dimisiones
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El alcalde del municipio de la Marina Baixa admite que conoce al presidente de Orange Market
Levante-EMV, Valencia
Las primeras cuarenta y ocho horas desde que saltó el escándalo fueron capeadas por el PP con el silencio. Hasta que al tercer día, desplegó una ofensiva acusando al PSOE y al Gobierno de usar todos los medios a su alcance, incluida la Fiscalía y el Ministerio del Interior, para atacar al PP. En Presidencia, decidieron esconder a Francisco Camps a la espera de que el asunto escampara. Casi a las doce de la noche del domingo, cayó de la agenda presidencial la visita que tenía programada a Alicante a poner la primera piedra de la depuradora de l´Alacantí Sud, a las 11 de la mañana. También desapareció otra visita, vespertina, a la Nucia para inaugurar un pabellón deportivo. Pero ayer, a las nueve de la mañana, de nuevo hubo cambio de planes y la agenda que se pasa diariamente a los medios sí contemplaba el acto de la depuradora. La decisión se tomó a primerísima hora con la intención de aparentar normalidad. El acto de la Nucia también se incluyó finalmente. El presidente no hizo declaraciones en ese municipio y se remitió a lo dicho horas antes en Alicante. Camps recordó «la fiscalización técnica, jurídica y de la Sindicatura» de las cuentas del PP. Y reivindicó el «trabajo transparente y al servicio del interés general» de la Generalitat. «Tenemos la suerte y la tranquilidad de hacer bien las cosas», zanjó. El alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, admitió que conoce al presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, como a «mucha más gente», y dijo que no tiene ninguna propiedad en su municipio. Reiteró que la aprobación de los dos polémicos PAI -La Serreta y Pie de Monte- es definitiva y ejecutiva.
El Consell dice que no conocía la relación entre Pérez y Correa y Camps destaca la transparencia
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró ayer que el Consell realiza un «trabajo transparente y al servicio del interés general», tras ser preguntado por la relación de su gobierno y también del Partido Popular valenciano con la firma Orange Market, investigada por su supuesta relación con una trama de corrupción. Fuentes del Consell consultadas ayer por este diario aseguraron que no conocían la relación entre el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez y el empresario Francisco Correa, quien ayer declaró ante el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por su presunta implicación en la trama de corrupción urbanística destapada en el municipio madrileño de Boadilla del Monte.«Tenemos la suerte y la tranquilidad de hacer bien las cosas», reiteró Camps, quien realizó estas declaraciones después de asistir al inicio de las obras de una futura depuradora en Alicante. El jefe del Consell aseguró que exigirá responsabilidad sobre «cualquier cosa que se diga» en este asunto, pues, según expuso, «hay un sumario que parece ser secreto».
Tras subrayar que la Generalitat «hace muy bien las cosas y muy razonadas», Camps destacó que esta administración regional es «potente, organizada y con una realidad consolidada a la lo largo del tiempo». Asimismo, recordó «la fiscalización técnica, jurídica y de la Sindicatura» de los procedimientos administrativos, al tiempo que trasladó la voluntad del Consell por colaborar ante cualquier petición de información que se formule. Mientras, el vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, afirmó que la relación del ejecutivo autonómico con la empresa Orange Market es «testimonial» y aseguró que actuarán con «contundencia» sobre aquellos que «mancillen» al Consell o que pongan en duda el nombre del PP.
Rambla, en una entrevista en RNE señaló que el Consell está «muy interesado en que haya total transparencia» en la «tangencial» relación que el Gobierno valenciano tiene con Orange Market ya que que sólo ha participado en el montaje del stand de Fitur y en el acto de la salida de Alicante de la Volvo Ocean Race, en la que participaron un total de 260 proveedores y rechazó que también hubiera participado en la visita del Papa.
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El Consell niega que una firma pagara 30.000 euros en trajes para el Ejecutivo
El Síndic envió las facturas del PP con Orange al Tribunal de Cuentas sin recibir las de la empresa
Special Events cobró por un acto protrasvase en Madrid al que fueron Camps y Barberá
Presidencia pagó 445.000 euros a Orange Market por organizar la fiesta de la Volvo
La Sindicatura cuestionó en 2006 la valoración de ofertas económicas de los concursos de Turismo
El Consell se querellará hoy contra quien haya difamado a sus altos cargos
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El PP y los escándalos de corrupción
Orange Market logró la mejor puntuación de Turismo pese a hacer la oferta más cara
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 10/02/2009
Orange Market logró la mejor puntuación para adjudicarse el montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur a pesar de presentar la oferta más cara. La sede de la empresa que organiza la mayoría de los actos de la dirección regional del PP fue registrada el pasado viernes en Valencia por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que investiga una trama corrupta relacionada con personas vinculadas al PP.
La consejera de Turismo, Angélica Such, explicó ayer que su departamento adjudicó el concurso para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur -y en otras cuatro ferias de turismo que se celebran en España- a Orange Market porque realizó una propuesta en la que destacaba de manera especial su "creatividad", que se puntuó con 20 puntos sobre 20. La empresa de Álvaro Pérez Alonso presentó una oferta 10.000 euros más cara que la segunda oferta más alta y 83.000 euros más que la más baja.
Angélica Such insistió durante su comparecencia en que la Consejería de Turismo cumple con "lo que la ley establece para poder baremar". "Aquí no estamos bajo sospecha de nada", afirmó airada la consejera, "hay un expediente correctamente tramitado de una empresa que está siendo investigada". "El proceso es correcto", remachó la consejera, que no negó que hubiese contactos con Álvaro Pérez, el hombre que organizó, entre otros actos, la última campaña electoral de Francisco Camps. Such admitió que, no obstante, ha solicitado un informe jurídico para ver la situación de la adjudicación a Orange Market, que todavía no ha cobrado, a raíz de la situación de la empresa.La consejera de Turismo negó ayer que Orange Market tuviese más relación contractual con su departamento que el concurso ganado para construir el pabellón institucional en Fitur. Angélica Such negó, además, que Orange Market hubiese intermediado en la presentación de proyectos de terceros o que hubiese presentado alguna otra iniciativa a la Consejería de Turismo.
La responsable de la Agencia Valenciana de Turismo negó conocer a los empresarios detenidos Francisco Correa y Pablo Crespo, aunque no a Álvaro Pérez, representante de Orange Market. "No conozco a Correa, ni a Crespo. A Pérez supongo que sí", indicó la consejera.
Orange Market ganó su primer concurso para diseñar, montar y desmontar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur en el año 2005. Aunque no tenía experiencia, y contaba con una estructura mínima, Orange Market se hizo con un contrato de 1.344.000 euros. "La experiencia y el tamaño de la empresa no se valoran en estos concursos", indicaron fuentes de la Consejería de Turismo.
Desde 2005, año en el que compitió con otras tres ofertas, Orange Market ha ganado ininterrumpidamente el concurso de la Agencia Valenciana de Turismo. En 2006, 2007 y 2008 la empresa de Álvaro Pérez sólo concurrió contra una segunda oferta. Y el concurso para el pabellón de 2009, adjudicado el pasado mes de diciembre, lo ganó en concurrencia con otras cinco ofertas, a las que superó por su mejor puntuación en creatividad y mejoras.
Según la consejera, su departamento lleva años con una política de contención de gastos. Así, Such manifestó que en el año 2004 la Comunidad Valenciana se presentaba en Fitur en el pabellón 9 sobre una superficie de 2.500 metros cuadrados. Ese año el pabellón institucional corrió a cargo de la empresa Molinos, SL, a la que se le adjudicó el concurso por 1.170.000 euros. Al año siguiente, 2005, el pabellón de Fitur se adjudicó a Orange Market. Pese a que la firma sólo llevaba poco más de año y medio de actividad, la empresa de Álvaro Pérez ganó el concurso por un importe de 1.344.000 euros. La consejera matizó ayer que ese año la Comunidad Valenciana pasó del pabellón 9 al 5 de Fitur y dobló la superficie de exposición hasta llegar a los 5.500 metros cuadrados.
Angélica Such insistió en que desde 2005 el precio de adjudicación del pabellón de Fitur ha ido a la baja, hasta los 916.000 euros de la última convocatoria.
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Eventos especiales en La Marina
ARTUR BALAGUER
Correa organizó unos premios en La Nucia, zona donde tiene casa Àlvaro Pérez
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Detenido en Valencia uno de los implicados en la trama de corrupción del PP
Álvaro Pérez, responsable de Orange Market en Valencia, ha sido trasladado a Madrid por orden del juez Garzón
Detenido en Valencia uno de los implicados en la trama de corrupción del PP
Álvaro Pérez, responsable de Orange Market en Valencia, ha sido trasladado a Madrid por orden del juez Garzón
J. G. M / J. Y. - Valencia / Madrid - 10/02/2009
Álvaro Pérez Alonso, responsable de Orange Market en Valencia, fue detenido anoche en la capital del Turia y trasladado a Madrid por orden del juez Baltasar Garzón en relación con la trama de corrupción que implica a cargos del Partido Popular. La sede de Orange Market en Valencia fue inspeccionada el viernes para buscar documentación sobre contratos suscritos por esta empresa, perteneciente al principal imputado del caso, Francisco Correa, con la Agencia Valenciana de Turismo de la Generalitat valenciana. Pérez Alonso también aparece relacionado con el negocio urbanístico del que habla Correa en una grabación, en concreto un proyecto en La Nucia (Alicante).
Asimismo, Garzón prorrogó ayer la detención de Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, arrestados el viernes en relación con esta misma trama e imputados en delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal. Los tres ingresaron provisionalmente en la prisión madrileña de Soto del Real. Correa, a su salida como imputado del juzgado, vio a un grupo de conocidos, a los que comentó: "Estoy bien jodido", informaron a Europa Press fuentes cercanas al empresario.
Las fiscales anticorrupción Miriam Segura y Concepción Sabadell pidieron la suspensión de la vistilla sobre la prisión preventiva para practicar varias diligencias que pueden confirmar las acusaciones. El juez ha señalado la vistilla para mañana, cuando decidirá si envía o no a prisión a los tres imputados. El juez decidió también abrir una investigación para esclarecer las filtraciones que se están publicando estos días de aspectos de la investigación.
Declaración de la renta
Francisco Correa (la operación se llama Gürtel porque es la traducción de Correa al alemán) declaró durante dos horas, visiblemente afectado. Garzón le preguntó por una serie de personas y Correa explicó su relación con ellas. Supuestamente llevaba varios años sin hacer declaración de la renta, alegando que no tenía ingresos.
También declararon el administrador de la constructora Catalunya Nord Recor, Antoine Sánchez, y el ex secretario de organización del PP en Galicia Pablo Crespo, que es administrador de Special Events, la empresa propiedad de Correa, durante poco más de una hora cada uno de ellos.
[La empresa granadina Ekobaby S. L., dedicada al comercio de frutas, no está vinculada al detenido Francisco Correa, según informó ayer su gerente, homónimo del investigado por Garzón].
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Rambla: "Somos víctimas de la situación"
EL PAÍS
El PP y los escándalos de corrupción
Agua y Progreso contrató a Special Events para un acto por el trasvase
M. OLIVARES / N. TRONCHONIS. NAVARRO
Belén Juste defiende que Orange Market es "una empresa estupenda"
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El análisis de las caligrafías demuestra que los seguimientos partieron del Gobierno de Aguirre
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El análisis de las caligrafías demuestra que los seguimientos partieron del Gobierno de Aguirre
Los espías son de la Consejería de Interior
Dos peritos concluyen que varias notas manuscritas de los partes del espionaje corresponden a uno de los hombres de confianza de Sergio Gamón en Seguridad
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 10/02/2009
Los seguimientos en Madrid a cargos políticos del PP contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre -el vicealcalde de la ciudad, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada- se hicieron desde la Consejería de Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid por personal de la Dirección General de Seguridad. Los indicios recaen sobre un equipo de la máxima confianza del máximo jefe de esa área, Sergio Gamón, director general de Seguridad. Ese equipo estaba compuesto por asesores, trabajadores eventuales y funcionarios de la consejería.
"Los textos han sido manuscritos por la misma persona", afirman los peritos
Las notas de los espías se referían a matrículas de coches y sus dueños
Rajoy, IU y PSOE pidieron informes caligráficos para conocer la verdad
Los responsables del PP se niegan a responder sobre el cese de Gamón
Los agentes que se encargaron de los seguimientos dejaron anotaciones manuscritas sobre los partes mecanografiados para identificar determinadas matrículas de coches que aparecían durante sus tareas de espionaje. Los agentes escribieron a mano el número de la matrícula y el nombre de su supuesto propietario, que confirmaron, supuestamente, acudiendo a otros servicios policiales.
La letra manuscrita que figura en alguno de esos partes coincide con la de al menos una de las personas que está empleada en ese departamento de la Comunidad de Madrid desde hace años, según las conclusiones de los dos informes caligráficos encargados por este periódico a los peritos José Javier Simón Alonso y Rafael Martín Ramos.
Antes de encargar los informes periciales, EL PAÍS tuvo acceso a numerosos documentos originales del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid (formularios de personal y partes de vacaciones o turnos), donde se recogen algunos apuntes manuscritos de funcionarios que trabajaban allí.
En alguno de los documentos de ese departamento con los que ha trabajado este periódico, la caligrafía coincide con la que aparece en las anotaciones manuscritas de los partes de seguimiento a políticos, fechados entre marzo y mayo de 2008.
Los peritos Simón Alonso y Martín Ramos sacan idéntica conclusión tras analizar con diversas técnicas y durante días todos los documentos facilitados por este periódico y que se presentan en estas páginas. "Los textos dubitados [las anotaciones de los partes de seguimiento publicados por este periódico] han sido manuscritos por la misma persona que realizó los textos y firma indubitados [documentos originales de la Direción General de Seguridad que se corresponden con distintos formularios y presupuestos donde los empleados escribieron a mano diversas anotaciones]", señalan Simón Alonso y Martín Ramos.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, y los líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), habían defendido la necesidad de ordenar informes caligráficos para determinar la autoría de la letra que aparece en los partes de seguimiento.
Pero ni el Gobierno autónomo de Esperanza Aguirre ni el juzgado que investiga estos hechos, el número 47 de Madrid, que acumula las pesquisas iniciales de la Fiscalía de Madrid, se han interesado por la práctica de esta prueba para investigar de dónde procedió el espionaje.
El consejero de Interior madrileño, Francisco Granados, llegó incluso a poner en duda la autenticidad de los partes de seguimiento publicados por este periódico, pese a que los dos espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada, confirmaron punto por punto que el contenido de los seguimientos se correspondía con sus actividades públicas y privadas de aquellos días.
El autor de la letra a la que se refieren los peritos calígrafos es un técnico de la Dirección General de Seguridad llamado José Manuel Pinto. "No sé de qué me está hablando. Eso lo tendrán que probar en el juzgado", declaró ayer cuando conoció por este periódico el resultado del informe pericial.
El agente Pinto, un veterano que lleva en el servicio desde 1989, trabajaba hasta hace unos meses a las órdenes directas del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado en 2007 por Esperanza Aguirre. La dirigente madrileña conocía bien a Gamón, pues trabajó en el equipo de seguridad del Senado cuando ella era presidenta de esa institución. Una de las secretarias de Aguirre en el Senado durante aquella etapa era la esposa de Gamón. Cuando en julio de 2008 Gamón fue destituido de su puesto por irrumpir en un despacho de la Consejería de Justicia -casualmente, de una persona que también había sido espiada algunos meses antes-, para sustraer documentación supuestamente delicada, Aguirre ordenó que se le buscase un cargo dentro de la misma Consejería de Interior. Le garantizó así que siguiera cobrando más de 90.000 euros anuales. El consejero Francisco Granados lo hizo con celeridad. Gamón sólo estuvo tres días en el paro tras ser destituido por supuesto espionaje ilegal de una dependencia de la Comunidad de Madrid.
Unos meses antes de su destitución, se produjeron los seguimientos a políticos del PP. En los meses del espionaje, de los que ha quedado prueba documental a través de partes de seguimiento (entre marzo y mayo de 2008), se había desencadenado con especial virulencia la mayor batalla que se recuerda por el poder dentro del PP.
La presidenta de la Comunidad de Madrid se había mostrado muy crítica con la dirección del partido tras la derrota electoral, y muchos de sus consejeros defendían que había que plantar cara a Rajoy en el congreso extraordinario que se iba a celebrar en junio en Valencia.
En ese ambiente de fractura interna en el PP se producen los seguimientos diarios al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado con Esperanza Aguirre y con el propio Gobierno regional por asuntos políticos y de pura gestión diaria de ambas instituciones.
También hay seguimientos más detallados al que entonces era un miembro del propio Gobierno regional, el consejero de Justicia, Alfredo Prada.
A Prada, según los partes diarios de seguimiento, se le espía en restaurantes y hoteles y se describe a las personas que le acompañan para tratar de identificarlas, a veces utilizando otros servicios de información de manera ilegal para conocer quiénes podían ser los propietarios de determinados vehículos. Prada se situó del lado de Rajoy en la batalla interna del partido y ahora es un cargo orgánico de la dirección nacional. Desde hacía meses, había caído en desgracia en el Gobierno de Esperaza Aguirre. La presidenta pasó de tenerle en el máximo escalafón de su equipo de gobierno, como vicepresidente y consejero de Justicia e Interior, a dejarle únicamente la cartera de Justicia.
Además, sólo dos meses después de los últimos seguimientos a Prada de los que existe prueba documental, y concluido el congreso regional con una victoria aplastante de Mariano Rajoy, la presidenta regional le destituyó como consejero de Justicia.
Uno de sus hombres de confianza, Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia, también fue víctima del espionaje del personal de la Dirección General de Seguridad: sólo un día después del cese de su consejero, sufrió el robo de su ordenador personal y de distintos documentos que guardaba en su despacho de la Ciudad de la Justicia. Lo denunció ante la Fiscalía de Madrid, conociendo que Sergio Gamón era el jefe del grupo de agentes que irrumpió en su despacho. Pero la fiscalía archivó el caso porque la prueba concluyente de aquel asalto se había borrado. Las cámaras de videovigilancia del recinto sólo guardaban cinco días de grabación, y el fiscal pidió esas pruebas un mes después de que ocurrieran los hechos.
Sergio Gamón se negó a dar detalles de esta operación en su comparecencia de la semana pasada ante los diputados autonómicos. El consejero de Interior, Francisco Granados, de quien depende, también evitó responder en los últimos días al episodio de la destitución de Gamón y su nombramiento, sólo tres días después, en un cargo que no tiene ni personal ni competencias asignadas. Gamón explicó que desde que le destituyeron como director general de Seguridad se ha dedicado a redactar un informe sobre la seguridad en los edificios institucionales de la Comunidad de Madrid. En eso lleva casi siete meses.
Según fuentes de la Consejería de Interior, Gamón ha contado siempre con una célula de hombres de su confianza para los trabajos más delicados, "secretos", según la denuncia inicial que presentó UGT ante la Dirección General de la Función Pública.
De hecho, los partes de los espías aluden a Gamón, cuando narran que han visto entrar el coche de su "director Sergio" en las oficinas del consejero de Justicia, Alfredo Prada, mientras lo vigilaban. Al igual que anotan que deben volver a la sede de la dirección por órdenes de "Miguel", en alusión a Miguel Castaño, ex subdirector de seguridad recolocado como asesor, al igual que Gamón, tras ser destituido en julio pasado.
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Los espías que siguieron a cargos del PP son empleados de Aguirre
Dos peritos concluyen que varias notas manuscritas de los partes del espionaje corresponden a uno de los hombres de confianza de Sergio Gamón, el director del Área de Seguridad
FRANCISCO MERCADO - Madrid - 10/02/2009
Los seguimientos en Madrid a cargos políticos del PP contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre -el vicealcalde de la ciudad, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada- se hicieron desde la Consejería de Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid por personal de la Dirección General de Seguridad. Los indicios recaen sobre un equipo de la máxima confianza del máximo jefe de esa área, Sergio Gamón, director general de Seguridad. Ese equipo estaba compuesto por asesores, trabajadores eventuales y funcionarios de la consejería.
Manuscritos de los espías
DOCUMENTO (PDF - 256,49Kb) - 10-02-2009
Manuscritos de autoría conocida
DOCUMENTO (PDF - 343,35Kb) - 10-02-2009
Pruebas de peritaje caligráfico
DOCUMENTO (PDF - 188,17Kb) - 10-02-2009
Informe del primer perito
DOCUMENTO (PDF - 371,61Kb) - 10-02-2009
Informe del segundo perito
DOCUMENTO (PDF - 610,35Kb) - 10-02-2009
Esperanza Aguirre
Manuel Cobo Vega
Francisco Granados
Alfredo Prada Presa
Espionaje político en la Comunidad de Madrid
"Los textos han sido manuscritos por la misma persona", afirman los peritos
Las notas de los espías se referían a matrículas de coches y sus dueños
Rajoy, IU y PSOE pidieron informes caligráficos para conocer la verdad
Los responsables del PP se niegan a responder sobre el cese de Gamón
Los agentes que se encargaron de los seguimientos dejaron anotaciones manuscritas sobre los partes mecanografiados para identificar determinadas matrículas de coches que aparecían durante sus tareas de espionaje. Los agentes escribieron a mano el número de la matrícula y el nombre de su supuesto propietario, que confirmaron, supuestamente, acudiendo a otros servicios policiales.
La letra manuscrita que figura en alguno de esos partes coincide con la de al menos una de las personas que está empleada en ese departamento de la Comunidad de Madrid desde hace años, según las conclusiones de los dos informes caligráficos encargados por este periódico a los peritos José Javier Simón Alonso y Rafael Martín Ramos.
Antes de encargar los informes periciales, EL PAÍS tuvo acceso a numerosos documentos originales del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid (formularios de personal y partes de vacaciones o turnos), donde se recogen algunos apuntes manuscritos de funcionarios que trabajaban allí.
En alguno de los documentos de ese departamento con los que ha trabajado este periódico, la caligrafía coincide con la que aparece en las anotaciones manuscritas de los partes de seguimiento a políticos, fechados entre marzo y mayo de 2008.
Los peritos Simón Alonso y Martín Ramos sacan idéntica conclusión tras analizar con diversas técnicas y durante días todos los documentos facilitados por este periódico y que se presentan en estas páginas. "Los textos dubitados [las anotaciones de los partes de seguimiento publicados por este periódico] han sido manuscritos por la misma persona que realizó los textos y firma indubitados [documentos originales de la Direción General de Seguridad que se corresponden con distintos formularios y presupuestos donde los empleados escribieron a mano diversas anotaciones]", señalan Simón Alonso y Martín Ramos.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, y los líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), habían defendido la necesidad de ordenar informes caligráficos para determinar la autoría de la letra que aparece en los partes de seguimiento.
Pero ni el Gobierno autónomo de Esperanza Aguirre ni el juzgado que investiga estos hechos, el número 47 de Madrid, que acumula las pesquisas iniciales de la Fiscalía de Madrid, se han interesado por la práctica de esta prueba para investigar de dónde procedió el espionaje.
El consejero de Interior madrileño, Francisco Granados, llegó incluso a poner en duda la autenticidad de los partes de seguimiento publicados por este periódico, pese a que los dos espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada, confirmaron punto por punto que el contenido de los seguimientos se correspondía con sus actividades públicas y privadas de aquellos días.
El autor de la letra a la que se refieren los peritos calígrafos es un técnico de la Dirección General de Seguridad llamado José Manuel Pinto. "No sé de qué me está hablando. Eso lo tendrán que probar en el juzgado", declaró ayer cuando conoció por este periódico el resultado del informe pericial.
El agente Pinto, un veterano que lleva en el servicio desde 1989, trabajaba hasta hace unos meses a las órdenes directas del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado en 2007 por Esperanza Aguirre. La dirigente madrileña conocía bien a Gamón, pues trabajó en el equipo de seguridad del Senado cuando ella era presidenta de esa institución. Una de las secretarias de Aguirre en el Senado durante aquella etapa era la esposa de Gamón. Cuando en julio de 2008 Gamón fue destituido de su puesto por irrumpir en un despacho de la Consejería de Justicia -casualmente, de una persona que también había sido espiada algunos meses antes-, para sustraer documentación supuestamente delicada, Aguirre ordenó que se le buscase un cargo dentro de la misma Consejería de Interior. Le garantizó así que siguiera cobrando más de 90.000 euros anuales. El consejero Francisco Granados lo hizo con celeridad. Gamón sólo estuvo tres días en el paro tras ser destituido por supuesto espionaje ilegal de una dependencia de la Comunidad de Madrid.
Unos meses antes de su destitución, se produjeron los seguimientos a políticos del PP. En los meses del espionaje, de los que ha quedado prueba documental a través de partes de seguimiento (entre marzo y mayo de 2008), se había desencadenado con especial virulencia la mayor batalla que se recuerda por el poder dentro del PP.
La presidenta de la Comunidad de Madrid se había mostrado muy crítica con la dirección del partido tras la derrota electoral, y muchos de sus consejeros defendían que había que plantar cara a Rajoy en el congreso extraordinario que se iba a celebrar en junio en Valencia.
En ese ambiente de fractura interna en el PP se producen los seguimientos diarios al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado con Esperanza Aguirre y con el propio Gobierno regional por asuntos políticos y de pura gestión diaria de ambas instituciones.
También hay seguimientos más detallados al que entonces era un miembro del propio Gobierno regional, el consejero de Justicia, Alfredo Prada.
A Prada, según los partes diarios de seguimiento, se le espía en restaurantes y hoteles y se describe a las personas que le acompañan para tratar de identificarlas, a veces utilizando otros servicios de información de manera ilegal para conocer quiénes podían ser los propietarios de determinados vehículos. Prada se situó del lado de Rajoy en la batalla interna del partido y ahora es un cargo orgánico de la dirección nacional. Desde hacía meses, había caído en desgracia en el Gobierno de Esperaza Aguirre. La presidenta pasó de tenerle en el máximo escalafón de su equipo de gobierno, como vicepresidente y consejero de Justicia e Interior, a dejarle únicamente la cartera de Justicia.
Además, sólo dos meses después de los últimos seguimientos a Prada de los que existe prueba documental, y concluido el congreso regional con una victoria aplastante de Mariano Rajoy, la presidenta regional le destituyó como consejero de Justicia.
Uno de sus hombres de confianza, Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia, también fue víctima del espionaje del personal de la Dirección General de Seguridad: sólo un día después del cese de su consejero, sufrió el robo de su ordenador personal y de distintos documentos que guardaba en su despacho de la Ciudad de la Justicia. Lo denunció ante la Fiscalía de Madrid, conociendo que Sergio Gamón era el jefe del grupo de agentes que irrumpió en su despacho. Pero la fiscalía archivó el caso porque la prueba concluyente de aquel asalto se había borrado. Las cámaras de videovigilancia del recinto sólo guardaban cinco días de grabación, y el fiscal pidió esas pruebas un mes después de que ocurrieran los hechos.
Sergio Gamón se negó a dar detalles de esta operación en su comparecencia de la semana pasada ante los diputados autonómicos. El consejero de Interior, Francisco Granados, de quien depende, también evitó responder en los últimos días al episodio de la destitución de Gamón y su nombramiento, sólo tres días después, en un cargo que no tiene ni personal ni competencias asignadas. Gamón explicó que desde que le destituyeron como director general de Seguridad se ha dedicado a redactar un informe sobre la seguridad en los edificios institucionales de la Comunidad de Madrid. En eso lleva casi siete meses.
Según fuentes de la Consejería de Interior, Gamón ha contado siempre con una célula de hombres de su confianza para los trabajos más delicados, "secretos", según la denuncia inicial que presentó UGT ante la Dirección General de la Función Pública.
De hecho, los partes de los espías aluden a Gamón, cuando narran que han visto entrar el coche de su "director Sergio" en las oficinas del consejero de Justicia, Alfredo Prada, mientras lo vigilaban. Al igual que anotan que deben volver a la sede de la dirección por órdenes de "Miguel", en alusión a Miguel Castaño, ex subdirector de seguridad recolocado como asesor, al igual que Gamón, tras ser destituido en julio pasado.
Conclusiones
- Irregularidad."Se mueve con un rango específico de irregularidad que permite establecer que se trata de la misma grafía".
- Cifras y letras. "El modo de ubicar cifras y letras, de distanciarlas y de situarlas sobre una línea teórica horizontal" es el mismo.
- Fluctuación. "El tipo de fluctuación de unos y otros textos es similar".
- Tendencia. "Al delimitar las letras, en cada uno de los grupos aparecen las mismas tendencias".
- Distanciamiento. "Hay distanciamientos semejantes entre letras en ambos grupos".
- Comportamiento de la mano. "El comportamiento de la mano es idéntico en todos los casos. Los dedos se desplazan desde el final de una letra hasta el arranque de la siguiente con un impulso irregular, que en la totalidad de los textos presenta recorridos equivalentes".
- Similitudes inequívocas. "La muestra dubitada y las indubitadas son homogéneas, han sido realizadas por un mismo autor. Existen numerosas similitudes que son, sin duda, resultado de la existencia de una determinada personalidad escritural, lo que permite dictaminar de manera inequívoca que todas las muestras objeto de estudio tienen una autoría común".
- Renglones. "Hay análogas cualidades en la formación de los renglones".
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EL JEFE DE LOS AUTORES DE LOS MANUSCRITOS
"El comportamiento de la mano es idéntico en todos los casos"
"Las muestras tienen una autoría común"
Espiémonos todos
La trama, paso a paso
Quién es quién en el escándalo
Animación: Así se produjo el espionaje
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Ruedan las primeras cabezas en el PP por la trama de corrupción
Aguirre destituye al consejero de Deportes, encargado de organizar los actos del partido. Cesa también el ex acalde de Majadahonda. Finalmente también ha dimitido el alcalde de Boadilla del Monte.
PÚBLICO. ES / AGENCIAS - Madrid - 09/02/2009 20:58
Ruedan las primeras cabezas tras la trama de corrupción . La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha aceptado este lunes la dimisión que le había presentado el consejero de Deportes, Alberto López Viejo, según ha afirmado ella misma en rueda de prensa.
Asimismo, también cesa en su puesto el actual gerente del Mercado Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Pero el torrente de dimisiones todavía no había acabado. Finalmente, y tras una jornada llena de contradicciones y desmentidos, también ha presentado su dimisión el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Aguirre, minutos antes de darse a conocer la noticia, se había mostrado convencida de que finalmente dejaría el cargo.
"No ha hecho nada ni ilegal ni irregular"
López Viejo era el encargado de organizar los actos del partido, algunos de los cuales fueron encargados a Special Events, empresa vinculada con el propio Correa. Aguirre ha comentado que acepta la dimisión "para que los que están intentando desprestigiar al PP no puedan mezclar las cosas". El nombre de Ortega se venía relacionando durante los últimos días a Francisco Correa.
Aguirre sobre López Viejo: "Ha dimitido pero no está implicado en la trama"
Los denunciantes de la trama mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros.
La cartera de Deportes pasará a forma parte de la Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Santiago Fisas. Asimismo, la presidenta subrayó que López-Viejo no ha hecho nada "ni ilegal, ni irregular", sino que ha contratado a las empresas que está investigando el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, relacionadas con Francisco Correa. "Sólo ha organizado materialmente los actos de la Comunidad", destacó en rueda de prensa. "Ha dimitido pero no está implicado en la trama", de hecho deja su cargo "para que no se confunda con la trama", asegura Aguirre.
Aguirre promete transparencia
"La transparencia y la responsabilidad mientras yo sea presidenta serán las señas de identidad"
"Los madrileños pueden estar tranquilos porque, desde luego, la transparencia y la responsabilidad mientras yo sea presidenta serán las señas de identidad de este Gobierno y no vamos a permitir que nadie empañe esta transparencia y responsablidad", agregó. En este sentido Aguirre asegura que la Comunidad de Madrid no tiene ningún contrato con Special Events y que, al menos desde que es presidenta de la Comunidad, tampoco con el PP.
En este sentido, Aguirre aseguró "toda la actuación" de la Comunidad en materia de contratos "es legal" y "goza de los informes de intervención", pero "esas contrataciones se han hecho por la confianza que tenía en sus técnicos". "Por eso le agradezco que haya tenido la responsabilidad de dejar su cargo de consejero", manifestó.
El alcalde de Boadilla, tocado y hundido
El secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados, ha anunciado hoy la dimisión del alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, que hará efectiva mañana, así como de su número dos, María Jesús Díaz.
Granados se reunió esta tarde con los concejales del PP en el consistorio de Boadilla, que aceptaron la definitiva renuncia de Panero. Sin embargo, por la mañana el propio González Panero arremetía contra el PP avisando de que no "iba a ser cabeza de turco de nadie " y que no pensaba dimitir hasta que no se demostrara su culpabilidad. De la reunión salió también la noticia de la dimisión de la "número dos" del Ayuntamiento de Boadilla, María Jesús Díaz, que debería haber sido la sustituta de Panero pero a la que se oponían varios ediles.
Respecto, a la tercera de las dimisiones, la de Ortega, también aceptada, Aguirre ha dicho que se ha efectuado para defender mejor sus intereses "estando fuera del Gobierno de la Comunidad". Guillermo Ortega fue alcalde de Majadahonda entre 2001 y 2005, cuando dimitió en el marco de la ruptura del grupo municipal originada por la decisión de enajenar dos parcelas públicas a un precio inferior al del mercado. Durante su mandato Ortega tuvo como jefa de gabinete a María del Carmen Rodríguez Quijano, detenida el viernes pasado por iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción y casada con Francisco Correa, otro de los arrestados en la investigación de una supuesta trama de corrupción vinculada a varios Ayuntamientos.
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La compañía es filial de Special Events, sociedad dirigida por el imputado Francisco Correa.
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BELÉN TOLEDO - Valencia - 09/02/2009 21:20
La Generalitat valenciana adjudicó a Orange Market un contrato de 915.000 euros a pesar de que la oferta de esta empresa, una de las investigadas en la Audiencia Nacional por la presunta trama de corrupción ligada a distintas administraciones del PP, era la más cara de las siete que se presentaron a concurso.
Orange Market recibió en diciembre el encargo de crear, montar y desmontar el pabellón de la Comunidad en cuatro ferias de turismo, entre las que se encuentra Fitur, durante el año 2009. La compañía se benefició del mismo contrato en las cuatro ediciones anteriores.
La empresa forma parte de la presunta trama que investiga Garzón
La consellera de Turismo, Angélica Such, explicó este lunes que la empresa fue escogida por su "buenísima creatividad" y porque conseguía "conectar el stand de Fitur con la campaña Te doy todo de la Comunidad". Sin embargo, como ella misma reconoció minutos más tarde, estas capacidades -la creatividad y la creación de un elemento unificador- sólo suponían el 45% de la nota final que recibieron las empresas candidatas, según las condiciones que puso la propia administración.
Máxima puntuación
El criterio más importante era, precisamente, el precio, con un 50%. A pesar de que en este aspecto, la de Orange Market era la peor oferta, obtuvo la máxima puntuación: "Veinte sobre veinte puntos", según Such. La consellera se presentó ante los medios de comunicación para, según dijo, preservar la "honradez y honorabilidad del Gobierno" presidido por Francisco Camps.
El PP se niega a dar información sobre esta compañía desde el año 2005
En su comparecencia, Such rehusó detallar qué empresas compitieron con la investigada. Tampoco aclaró quiénes componían la mesa de contratación que la eligió con la máxima puntuación. Insistió en que la investigación judicial no afecta a su departamento, sino "a una de las más de 40 empresas que a lo largo de 2008 han sido adjudicatarias de los distintos concursos públicos de la Conselleria de Turismo".
Such reconoció que su conselleria recibió el viernes la visita de dos agentes judiciales, que pidieron el contrato firmado con Orange Market. El Gobierno valenciano señaló este martes en un comunicado que las investigaciones no se dirigen contra sus funcionarios o altos cargos. El PSOE regional recordó que el PP se niega desde hace cuatro años a dar explicaciones sobre sus relaciones con esta empresa. Los socialistas pidieron información ya en 2005 sobre esta cuestión. La pregunta fue rechazada por las Cortes valencianas con el argumento de que la compañía no tenía "trascendencia pública". El PSOE y el resto de la oposición anunciaron que volverán a intentar obtener información.
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¿A qué espera Benjamín Benjamín Martín Vasco, presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación del affaire del espionaje en la Asamblea de Madrid, para presentar su dimisión? El Plural levantó -en términos periodísticos- la liebre ayer. Hoy damos a conocer que –según fuentes cercanas a la investigación- Martín Vasco cambió silencio cómplice por dinero, mucho dinero, respecto a la trama corrupta que impulsaba Francisco Correa –amigo íntimo y testigo de boda de Alejandro Agag, el yernísimo-, como lo es Jacobo Gordon, otro que tal baila, a punto de engrosar probablemente el batallón de los peperos sospechosos.
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¿A qué espera Esperanza Aguirre para destituir a Martín Vasco, otro de sus hombres de confianza, considerado un halcón, puesto al frente de la Comisión para aplicar su dureza a una oposición crecida y dispuesta a no dejar pasar una? El castillo de naipes se está hundiendo y Aguirre corre el riesgo de que se la lleve el huracán de los espías, la tempestad de los negocios atribuidos a ciertos personajes de su equipo y los rayos y truenos de una tormenta inmisericorde.
Los dos rivales
Los dos rivales en el interior del PP se tambalean. La lideresa no será ya, a partir de ahora, lo que era o lo que ella se creía que era. Se acabaron prácticamente sus sueños de presidenta del Gobierno de España. Rajoy, a quien Aguirre había declarado la guerra, ha vuelto a hacer el ridículo anunciando la caída del alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, mientras el afectado le hacía una especie de corte de manga para, en cambio, acabar rindiéndose ante doña Espe.
El sucesor de Zaplana
A Francisco Camps, el sucesor de Eduardo Zaplana -uno de los protagonistas del caso Naseiro- le buscan las cosquillas porque una factura de 30.000 euros podría demostrar que a este hombre le pagan los vestidos. Esto parece nimio y tal vez lo sea, aunque a Pilar Miró le costó el cargo de directora general de RTVE, a final de los ochenta, y los populares [entonces de AP] aplaudían con las orejas cuando anunció su retirada.
Los trajes de Camps
En la Comunidad de Valencia las empresas de Correa, su mujer y Álvaro Pérez, entre otros personajes, han seguido funcionando a tope bajo el paraguas presidencial de Camps. El presidente de la Generalitat, como mínimo, ha tragado. O ha mirado hacia otro lado. Sus relaciones con Carlos Fabra son excelentes. No parece que sea una cuestión de empatía, sino de intereses.
Corrupción galopante
Al Partido Popular, a poco que se descuide, le puede suceder lo mismo que le pasó en Italia a la Democracia Cristiana. Desapareció víctima de una corrupción galopante. El primer partido de la República italiana se fue a la nada a través de las cloacas. Algo similar acabó con la vida de Partido Socialista, aquel que capitaneaba Benito Craxi, protector de Silvio Berlusconi en la vertiginosa ascensión de éste al paraíso de los multimillonarios.
Metástasis
El tumor cancerígeno ha empezado a hacer metástasis de forma cada vez más peligrosa, más irreversible. ¿Alguien piensa que Aguirre, la principal favorecida del tamayazo, está en condiciones de ir hasta el fondo de la enfermedad y aplicar un tratamiento de choque, aunque sea necesariamente traumático y haya que incluir medidas radicales? ¿Alguien se imagina a Rajoy ejerciendo de cirujano jefe? ¿Puede pensarse en José María Aznar, en cuya época florecieron con notorio brío los correas y los agages? ¿Y qué decir de Rodrigo Rato? ¿Y de Alberto Ruiz Gallardón?
El todopoderoso
Este patriota Correa, con residencias en Pozuelo de Alarcón, Ibiza y Sotogrande (Cádiz), dicen que no presentaba declaración por el IRPF y que realizaba todos sus pagos en metálico. Presumía de todopoderoso: “Estoy en un tema gordo en Valencia con un PAI prácticamente cerrado”. Y hablaba de kilos de euros, de Ulibarri, el magnate de El Bierzo, que “pone la pasta”, de Ramón Blanco, otro amigo de Aznar(…) y del “hijo de puta” de Esteban Pons”.
No sabe, no contesta
Pero Álvaro Pérez, el segundo de Correa, ha sido detenido, mientras que los espías resulta que eran de verdad y cobraban del erario público en manos de la lideresa; tan liberal la aristócrata consorte. ¿El Imperio genovés se desploma? Nos hicieron comulgar con ruedas de molino. Nos hurtaron la investigación del pucherazo de 2003, el inicio de la gran mentira. ¿Y Rajoy? No sabe, no contesta. ¿Y Martín Vasco? ¿Vendiendo su silencio a buen precio?
Enric Sopena es director de El Plural
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El momento más delicado de Rajoy: tres escándalos antes de tres elecciones
D.Y.. 10.02.2009 - 11:25h
En un mes han saltado tres escándalos relacionados con el PP.
La organización nacional se ha desmarcado de los tres casos.
Este año tendrán que afrontar tres citas electorales.
Tres escándalos mediáticos en los que miembros del PP están involucrados, destapados en las últimas semanas, han puesto a Mariano Rajoy contra las cuerdas: el espionaje entre miembros del PP madrileño, la exclusión del cabeza de lista por Ourense por problemas con Hacienda y la última trama de corrupción destapada por el juez Garzón que salpicaría al partido en Madrid y Valencia.
La organización nacional del partido se ha desmarcado de estos escándalos pero es indudable que han afectado a su imagen y a su capacidad de hacer oposición en un momento de fuerte crisis económica y una tasa de paro histórica. Habrá que ver cómo afecta esto a las tres citas políticas del año: las elecciones vascas y gallegas (1 de marzo) y los comicios al parlamento europeo en junio.
Estos sucesos suponen la puntilla a un año especialmente duro para Rajoy en el que ha tenido que vivir varios reveses importantes como la derrota en las elecciones generales en marzo y afrontar un enfrentamiento dentro del partido que se ha dejado ver en los siguientes sucesos:
La marcha de María San Gil y la fractura interna que supuso.
La encarnizada lucha de clanes entre las elecciones y el Congreso del partido, celebrado el pasado junio en Valencia.
Los continuos enfrentamientos entre los gobiernos de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón.
Asuntos que aún colean en alguno de los escándalos de estos días y que muestran que Aguirre y su grupo madrileño son el origen de la mayoría de estos quebraderos de cabeza para Rajoy.
Rajoy ha pasado a un segundo plano delegando un peso mayor en De Cospedal y la portavoz parlamentaria Soraya Sáez de Santamaría. Además, muchos analistas coinciden en que del resultado de esas citas electorales dependería su futuro como cabeza del partido.
Estas son las diez preguntas que surgen al rededor de los casos que rodean al PP.
1. ¿Qué tiene que ver el PP con la última trama de corrupción que investiga el juez Garzón?
Dos antiguos cargos del PP fueron detenidos el pasado viernes, con otras tres personas, durante el transcurso de una operación anticorrupción que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón inició y que se desarrolló en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz). A los arrestados se les acusa de tráfico de influencias y blanqueo de capitales
Francisco Correa, uno de los detenidos, antiguo proveedor electoral del PP y supuesto cerebro de la trama, organizaba todos los eventos del partido en la época Aznar. El País llega a afirmar que "forjó la imagen del partido en los noventa". De las relaciones hechas en aquellos tiempos se aprovecharía para hacerse con algunas contrataciones. Con la llegada de Rajoy, se refugió en las delegaciones de Madrid y Valencia.
Precisamente en la capital levantina, la filial del conglomerado empresarial de Correa (Orange Market) realizaba casi todos los actos públicos de Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana. Su responsable Álvaro Pérez Alonso ya ha sido detenido.
2. ¿Qué nombres del PP están vinculados a la trama?
Entre los detenidos hay dos ex cargos del PP (Carmen Rodríguez, ex secretaria del PP en Majadahonda y ex jefa del gabinete del antiguo edil, el popular Guillermo Ortega) y Pablo Crespo Sabarís (antiguo secretario de Organización del PP en Galicia hasta 1999).
Otras treinta personas aparecen vinculadas a la trama y entre ellas hay más nombres ligados al partido como el de Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte. Público, citando a fuentes jurídicas, afirma que entre los investigados podría estar el Consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aceptó las dimisiones de los implicados en el caso que dependen de ella, es decir López Viejo, el alcalde de Boadilla, González Panero, y el gerente del centro comercial Puerta de Toledo y ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega.
En Valencia, una de las detenidas mencionó el nombre de Francisco Camps que, según la Cadena Ser, afirmaba en una de las grabaciones que había "pagado una factura de 30.000 euros de una tienda para pagarle los trajes al presidente Camps".
3. ¿Quién denunció este caso?
Según parece la información inicial que desencadenó esta investigación fue brindada por cargos del PP que en noviembre de 2007 aportaron pruebas a la Policía y a la Fiscalía Anticorrupción. En 2004, a la llegada de Rajoy, el PP, a nivel nacional, apartó a Correa tras conocer que exigía, en nombre de la tesorería del partido, contratos para sus empresas a varios alcaldes madrileños.
4. ¿Qué dice el partido de todo esto?
La Secretaria General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha sido clara: "no vamos a consentir ni tolerar que se nos implique en ninguna campaña ilícita, de financiación ilegal o de corrupción, porque el PP no reconoce absolutamente, como partido, ninguna responsabilidad en los asuntos que están apareciendo estos días en diversos medios de comunicación", afirmó en rueda de prensa desde la calle Génova, asegurando que el PP está "absolutamente tranquilo" al no tener "nada que ocultar".
Rajoy también compareció para anunciar una nueva investigación interna y anunció que tomaría acciones legales contra cualquiera que hiciera uso indebido del nombre o siglas de su partido en relación con este nuevo caso de corrupción. Además convocó para este miércoles al Comité Ejecutivo de la formación.
5. ¿Qué tiene que ver esta trama con la de espionaje en el PP de Madrid?
Hay similitudes en el proceso ya que la denuncia contra esta trama se basa en la denuncia de unos miembros del partido contra otros, aportando pruebas, por lo que se intuye que los unos vigilaron a los otros. Además, algunos medios indican que las grabaciones que utiliza la investigación implicarían en el caso a Benjamín Martín Vasco , a la sazón presidente de la Comisión que investiga el asunto del espionaje.
6. ¿Y qué ocurre con el asunto de los espías?
Parece que estos nuevos escándalos han tapado momentaneamente la investigación judicial de la trama de espionaje a varios cargos del PP madrileño por parte según parece, de otros miembros del partido. El caso que provocó ataques muy directos entre los gobiernos autonómico y municipal de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón. La investigación judicial continúa mientras una comisión política intentará "aportar luz" a estos hechos.
7. ¿Por qué el PP gallego ha prescindido de su cabeza de lista en Orense?
Según parece, Luis Carrera, número uno del PP por esta provincia, no tenía sus cuentas en regla con Hacienda. Al enterarse el candidato popular a la Xunta decidió prescindir de él. "Su situación puede ser legal, pero no representa la regeneración democrática que necesita Galicia", indicó el dirigente 'popular'.
8. ¿Cómo explicó Fraga ese caso?
El fundador del PP gallego, Manuel Fraga, tuvo al momento la explicación al caso de Carrera. "Si había alguien que no podía imaginarse que le pasase fue a Jesucristo, que tuvo un Judas entre los doce apóstoles", manifestó Fraga, que agregó que si al propio Cristo "le pasó eso en una elección de personal, imagínese qué no le pasará a los pobres mortales", concluyó.9. ¿Cómo han salido tantos escándalos en tan poco tiempo?
Es una pregunta que no tiene fácil respuesta. Desde el Partido Popular, su secretaria general, María Dolores de Cospedal ha "denunciado que es una campaña de desprestigio y acoso" orquestada por el PSOE por la proximidad de las elecciones.
10. ¿Y qué se dice de todo esto desde el PSOE?
El número dos del PSOE, José Blanco, criticó en un mitin en Galicia que Rajoy "mande a dar la cara" a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y aseguró que le resulta "sorprendente el comportamiento del PP señalando a los jueces, policías y fiscales por descubrir sus fechorías cuando es un secreto a voces que son sus espías los que están filtrando todo lo que está pasando en el PP estos días".
En una entrevista al diario Público, Blanco, aseguró que todas estas tramas prueban que "el PP está en una guerra civil por la sucesión y por el poder político y económico".
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