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‘Aguirregate’ (I): La actuación de la Comunidad
Manuel Rico.
Esperanza Aguirre y su equipo, ante el escándalo del espionaje en la Comunidad de Madrid, han reaccionado con un cierre de filas incondicional y echando mano de la vieja táctica que sostiene que la mejor defensa es un buen ataque. Veamos:
1) Tras conocerse el espionaje al vicepresidente Ignacio González, desde la Comunidad se empieza a extender la idea de que el caso está relacionado con la batalla por el control de Caja Madrid.
2) La información sobre el seguimiento al vicealcalde, Manuel Cobo, permite al equipo de Aguirre lanzar una nueva idea: se trata de una operación de “acoso y derribo” del Gobierno madrileño. ¿Por qué? Pues por dos motivos: las noticias deberían enfrentar a los vicepresidentes madrileños (se insinúa que fue Granados quien espió a González), mientras que permiten presentarse como víctimas a Gallardón y su hombre de máxima confianza. Así lo explicó Granados:
La red de espionaje de la Comunidad de Madrid es una gran mentira y sobre ella se están colgando otras informaciones días tras día. Todo esto es un montaje cuyo único objetivo es acabar con el Gobierno de Esperanza Aguirre.
3) Si existe la intención de “acosar y derribar” un Gobierno, parece lógico que alguien monte la operación y también que las maniobras tengan un beneficiario. Las respuestas de la Comunidad de Madrid son meridianas: las informaciones son un montaje de El País, al que otorgan credibilidad el pobre Mariano y Gallardón, que son lógicamente los grandes favorecidos por el escándalo.
La propia Aguirre, en su comparecencia del 22 de enero, reta a Gallardón a que pruebe sus afirmaciones o se atenga a las consecuencias:
El alcalde de Madrid o cualquier otra persona que dé por buena la información que publica El País tendrá que probarlo, que demostrarlo, que rectificar y, si no, tendrán que vernos en los tribunales.
Desde la Comunidad también se comunica a los periodistas que ha provocado un enorme malestar la decisión del pobre Mariano de abrir una investigación interna, ya que ello equivale a dar carta de credibilidad a las informaciones publicadas.
En cuanto a los ataques contra El País, son continuos durante toda la semana y llegan a su paroxismo el 24 de enero, cuando el yerno de Fabra y mamporrero vocacional, Juan José Güemes, intenta difamar al periodista que ha firmado las principales noticias.
4) Para que se visualice el cierre de filas, Granados y González comparecen juntos dos días seguidos y Aguirre asegura que pone “la mano en el fuego” por sus dos vicepresidentes.
5) Granados niega que tenga bajo sus órdenes un equipo “parapolicial”, como denuncian desde el Ayuntamiento. Para ello, utiliza un argumento aparentemente poderoso: 41 de las 47 técnicos que trabajan actualmente en la Dirección General de Seguridad ya estaban allí en 2002, cuando el presidente madrileño era Alberto Ruiz-Gallardón. ¿Cómo van a ser capaces las seis nuevas incorporaciones de espiar a medio PP de Madrid, viajes al extranjero incluidos?
6) Eso sí, el propio Granados esboza por si acaso la teoría de los “espías incontrolados”, que podrían trabajar desde dentro de la Comunidad pero para alguien ajeno al Gobierno.
Lo que no puedo garantizar es que algunos de los empleados eventuales, cuya retribución no es demasiado alta, no hayan podido hacer seguimientos a espaldas de sus superiores, incluido yo. De hecho, sé que algunos realizan tareas de vigilancia fuera de su horario laboral. Tengo la convicción de que no ha sido así, pero no lo puedo asegurar.
7) La Comunidad evita dar cualquier detalle sobre el viaje y las actividades de González en Colombia y Suráfrica. El vicepresidente se niega a explicar por qué mintió sobre las adjudicaciones al empresario Enrique Sánchez González y tampoco aclara de dónde salieron los 8.000 euros en metálico con los que supuestamente pagó su viaje a Johannesburgo.
En resumen, el relato de Aguirre y su equipo es el siguiente: la Consejería de Interior no tiene un equipo de espionaje y el escándalo es una gran mentira orquestada por El País, que interesadamente han creído el pobre Mariano y Gallardón, para cargarse a su gran adversaria en el PP; en caso de que se haya producido algún seguimiento puntual a algún político, sería obra de agentes incontrolados pagados por alguien ajeno al Gobierno madrileño; y en cuanto al espionaje a González, que sí existió, está relacionado con la pelea por el control de Caja Madrid y en ningún caso fue realizado por agentes de la Consejería de Interior. O sea que, en palabras de Aguirre, todo terminará en nada:
Esto es una falsedad y un montaje, y como todos los montajes acabará en nada.
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‘Aguirregate’ (II): La actuación del Ayuntamiento
Los seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, han permitido al equipo del Ayuntamiento presentarse como víctima y atacar frontalmente a la Comunidad de Madrid. He aquí un resumen de su actuación:
1) El mismo dia que El País informa sobre el espionaje a Cobo, el vicealcalde presenta un escrito ante la Fiscalía donde señala directamente a Francisco Granados como responsable del caso. En concreto, en la denuncia se sostiene lo siguiente:
De la información publicada se desprende tanto una intromisión ilegítima en la intimidad y propia imagen del vicealcalde, al montar un dispositivo de seguimiento con el fin de descubrir contactos y encuentros privados que pudieran dar información utilizable por la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, como el encargo directo a asesores contratados por la misma, pagados, por tanto, con fondos públicos, para la ejecución personal de tal irregular cometido, con intenciones que no se alcanzan a comprender al exceder el ámbito competencial de tal Administración Pública.
En la misma línea se pronuncia el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando en el programa 59 Segundos (TVE-1) otorga credibilidad a las informaciones del diario de Prisa:
Se sabe que se ha realizado esta investigación porque no se ha hecho tacha de falsedad de los documentos y que por la lectura de los mismos, estas personas están adscritas a una unidad de la Comunidad de Madrid.
2) Tanto Gallardón como Cobo niegan tajantemente cualquier relación del escándalo con la batalla por el poder en Caja Madrid.
3) Gallardón intenta rebatir la idea de que la actual Dirección General de Seguridad es prácticamente la misma que cuando él gobernaba Madrid. Asegura el alcalde:
En mis ocho años al frente de la Comunidad de Madrid, jamás se me hubiera ocurrido crear una unidad de esa naturaleza y, si me la hubiera encontrado organizada, por supuesto que la hubiese disuelto.
4) El Ayuntamiento también destaca que este escándalo no se puede enterrar sin más y advierte de que exigira dimisiones si se confirma que los espías trabajaban en la Consejería de Interior. O sea, apunta directamente a las cabezas de Granados y de Aguirre, el primero como responsable directo del caso y la segunda como responsable política por elegir al vicepresidente como estrecho colaborador.
5) Cuando la presidenta madrileña se pone chula y exige a Gallardón que pruebe sus acusaciones, el alcalde evita entrar al trapo y no se da por aludido.
El relato de Gallardón y su equipo es, por tanto, el reverso del que transmiten desde la Comunidad de Madrid. En el Ayuntamiento otorgan credibilidad a las noticias de El País y señalan directamente a Granados como responsable, a quien responsabilizan de crear un equipo “parapolicial” en la Consejería de Interior que no existía cuando Gallardón gobernaba la Comunidad; niegan que la batalla por Caja Madrid sea el telón de fondo del escándalo y advierten de que exigirán dimisiones cuando los hechos estén probados.
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‘Aguirregate’ (III): La actuación del PP
La dirección nacional del PP ha pasado en pocos días de pregonar su fe en Esperanza Aguirre a abrir una investigacion interna que pone en la picota al Gobierno de la Comunidad. He aquí los bandazos típicos del pobre Mariano y su gente:
1) Las primeras informaciones no parecieron inquietar a la cúpula del PP. El 20 de enero, el pobre Mariano Rajoy avaló la versión de la Comunidad de Madrid y el PP regional: “Nos han dicho, en público y privado, que ellos no se dedican a ninguna suerte de actividades de ese tipo”. Por tanto, llegó a la conclusión de que no era necesario investigar “lo que se publica en cualquier parte”.
2) La situación cambió de forma radical tras conocerse que entre los espiados estaban Manuel Cobo y Alfredo Prada, políticos adscritos al bando del pobre Mariano en la guerra interna del PP. Así, el 22 de enero, el partido difunde un duro comunicado anunciando una investigación interna. De repente, lo que se “publicaba en cualquier parte” podía tener una “enorme gravedad”. Y, de hecho, el PP habla en su nota de depurar “responsabilidades de carácter estrictamente politicas”. Vamos, que señala sin nombrarlos a Aguirre y sus vicepresidentes.
3) El espiado Alfredo Prada, responsable de Exterior en la Ejecutiva del PP y político fichado por Rajoy después de que fuese defenestrado por Aguirre, también apunta a la Comunidad de Madrid como responsable de los hechos:
Era personal de la Comunidad de Madrid, estaban cometiendo una actividad ilegal y además con la utilización de fondos públicos.
4) Entre la decisión inicial de cerrar los ojos y la posterior de abrir una investigación interna, Payasadas Pons tuvo la feliz ocurrencia de intentar implicar en el escándalo al Ministerio del Interior. Es triste la vida del pobre Estevet, que dice ser vicesecretario de Comunicación del PP, pero que en realidad vive en la penumbra de los sótanos de Génova 13 mientras Cospedal y Sáenz de Santamaría se reparten el protagonismo. Cada cierto tiempo Estevet intenta levantar cabeza y habla con la prensa, pero como sólo suelta chorradas propias de un graciosillo adolescente, pues el partido se ve en la obligación de ordenarle silencio durante otra temporada. Es exactamente lo que ocurrió con su ocurrencia sobre el escándalo del espionaje.
5) Aunque como instructora de la investigación interna se supone que María Dólores de Cospedal no debería hacer declaraciones públicas antes de concluir su trabajo, la secretaria general del PP se apresuró a afirmar que ella creía la versión de la presidenta madrileña:
Ya he hablado con Aguirre y me ha dicho que no tenía conocimiento de este asunto, y yo la creo. ¿Cómo no la voy a creer? Claro que la creo.
No es de extrañar que muchos dirigentes del PP desconfíen del papel de Cospedal, papelón más bien, ya que se crió políticamente en las faldas de Aguirre.
6) Una semana después de que saltase el escándalo, la dirección del PP confirma que el pobre Mariano Rajoy había sido alertado sobre la trama de espionaje… ¡en mayo del año pasado! ¿Y qué decisión adoptó el presidente del PP al tener noticia de tan graves sucesos? Pues aplicar su receta favorita: no hacer nada y esperar a que los problemas se resuelvan solos.
O sea, sin novedad en Génova, 13. La cúpula del PP da bandazos y no transmite un mensaje unitario, al contrario de lo que hacen los equipos de la Comunidad o del Ayuntamiento. El pobre Mariano dice el martes que una información periodística no es motivo para abrir una investigación interna, y ésa es precisamente la decisión que adopta el jueves tras otra noticia en el mismo medio; a Cospedal le piden que averigüe la verdad y a las pocas horas ya proclama la inocencia de los presuntos implicados; González Pons va por libre soltando tonterías a las que nadie hace caso; y el presidente del PP se enfrenta a un escándalo que ha dejado pudrirse durante ocho meses.
Con semejante panorama, ¿quién va a conceder valor alguno a la promesa del pobre Mariano de garantizar la unidad del PP “pase lo que pase”?
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