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Restos hallados en la fosa de Encinasola. // Juanma Guijo y Amhyja
Ni la Ley de Memoria Histórica, ni las recomendaciones de la ONU, ni el auto del Tribunal Supremo de 2012 que establece que “corresponde a los Juzgados de Instrucción la competencia sobre la puesta en conocimiento o denuncia por hechos criminales consistentes en muertes, torturas, detenciones ilegales de personas, a partir de 1936, durante los años de la guerra civil y la inmediata posguerra”… Nada, ninguna mención. La Justicia, una vez más, da carpetazo a una nueva denuncia de crímenes franquistas como si se tratara de cualquier asesinato, con unos razonamientos jurídicos en su mayor parte escritos en condicional y sin pisar el lugar del crimen.
“Los hechos investigados podrían ser constitutivos de una infracción penal, si bien no existen indicios para considerar que alguna de las personas a las que se atribuya la comisión de dicha infracción se encuentre viva en la actualidad, pues se presupone en el escrito que los restos corresponderían a víctimas de la guerra civil española, por lo que conforme establece el artículo 130 de nuestro Código Penal, no existiría a quién exigir responsabilidad penal al haber transcurrido más de setenta años”, resuelve el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Aracena (Huelva) en un auto con fecha de 11 de febrero de 2014 y notificado en abril, en el que acuerda el sobreseimiento del caso sin ni siquiera hacer referencia a la tan recurrente ley de amnistía.
La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) presentó una denuncia el pasado 20 de noviembre tras el hallazgo de los primeros restos en la fosa de Encinasola (Huelva), cuya exhumación fue iniciada unos días antes, el 7 noviembre. Hasta ese momento se habían localizado tres esquelos casi completos y un cuarto del que se visualizaba sólo el cráneo, según el informe elaborado por un equipo técnico coordinado por la arqueóloga Elena Vera Cruz, también adjuntado a la denuncia presentada en el juzgado. “A mayor abundamiento, tal y como indica el Ministerio Fiscal, aún llegándose a calificar los hechos como la más grave de las infracciones contra la vida humana, asesinato, éstos habrían prescrito por el transcurso de más de 20 años tal y como dispone el artículo 131″, añade el auto.
“Esta no es la justicia que pedimos para las víctimas del franquismo, se aborda como justicia ordinaria unos crímenes contra la humanidad, que entran dentro de la justicia universal. Como ya en nuestra denuncia decíamos que eran víctimas del franquismo por los informes arqueológicos, parten de esa premisa y ni siquiera se personan en el lugar de los hechos”, explica Rafael López, presidente de la AMHyJA. La titular de este mismo juzgado de Aracena, en 2009, tras una denuncia de oficio presentada por la Guardia Civil, se desplazó hasta el lugar donde habían encontrado restos, en un paraje de Rosal de la Frontera, según publicó el periodista Rafael Moreno. “Me llamó la Guardia Civil y me dijo que habían encontrado un hueso de persona. Mi obligación es acudir a hacer el levantamiento ya se trate de un cuerpo reciente o uno de hace 70 años”, dijo entonces la jueza. Pero esta vez, la esperanza que aún podían albergar muy en el fondo, también se ha desvanecido. Lo que sí destaca Rafael López es que al menos califica los hechos como asesinatos. “Por lo demás, es un auto previsible, en la línea de lo que vienen haciendo los juzgados y la fiscalía”, añade.
Ahora, la autorización de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta, la asociación retomará de nuevo la exhumación, paralizada casi cinco meses mientras la justicia decidía… otra vez lo mismo.
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