Moncloa descalifica al Comité de la ONU sobre los crímenes del franquismo

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LUIS DÍEZ | 23/4/2014

Una de las pancartas con los rostros de los desaparecidos durante el franquismo que fueron desplegadas durante la visita a España del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. / Efe

Las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas durante el franquismo carecen de eficacia para el Gobierno de Mariano Rajoy Brey. No sólo descalifica al Comité, por incompetente, sino que en una respuesta aclaratoria al que fuera ministro de la Presidencia y actual candidato socialista al Parlamento Europeo, Ramón Jaúregui, da a entender que los que pelearon por la democracia y sufrieron persecución, cárcel y condena en la dictadura eran delincuentes y forajidos que se beneficiaron de la Ley de Amnistía de 1977.

Cuando el grupo de trabajo de la ONU que visitó España el año pasado para recabar los testimonios de los familiares de las víctimas del franquismo, agrupadas en una comisión para promover la justicia, la reparación y la memoria histórica, abandonó nuestro país después de reunirse además con los representantes de los tres poderes del Estado, cabía esperar que el Ejecutivo desenterrase la Ley de la Memoria Histórica que sepultó en 2012 y contribuyese a que las familias de 116.000 desaparecidos, asesinados en campos y cunetas, recuperasen los restos de sus seres queridos.

Entonces, el 26 de diciembre, el diputado Jaúregui registró una pregunta escrita en relación con la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo y sobre la investigación de esas muertes y de sus autores, y la respuesta que ha recibido ahora de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, puede leerse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 16 del corriente (Página 128) y se resume en que al Gobierno le resbalan las recomendaciones.

No lo expresa en roman paladino, sino con la enjundia jurídica y la consabida hojarasca burocrática con la que suele camuflar las trampas. Dice que el Comité de Derechos Humanos “no explica en virtud de qué disposición del Pacto de derechos civiles y políticos realiza esta recomendación (en referencia a la superación de la Ley de Amnistía), por lo que no entiende en qué medida dichas recomendaciones entran dentro del mandato del Comité”. Vamos, que no es quién para decir lo que España tiene que hacer.

A partir de esa afirmación, pasa a la ofensiva y acusa al Comité de descalificar “un instrumento normativo como la Ley de Amnistía, que fue una de las primeras leyes aprobadas de forma consensuada. Añadiendo además, que no cabe hablar de transición democrática en España sin esta ley”. Y ya puestos, agrega que “no fue una ley del perdón, sino que restituyó los derechos a quienes la dictadura franquista había privado ilegítimamente”.

Esta interpretación después de 35 años del final de la dictadura intenta desmentir el hecho cierto de la impunidad de los represores, a los que ni siquiera menciona, y mantiene la condición de delincuentes de quienes fueron condenados por sus ideas políticas democráticas, contrarias al régimen dictatorial por los jueces y tribunales que aplicaban sus leyes. Una vez más el Gobierno emplea el término “ilegítimo” en vez de “ilegal” y persevera en la validez de las sentencias.

Aparte la negativa a derogar una amnistía que hasta el día de hoy concede validez a unas condenas ilegales, que el Tribunal Supremo se niega a revisar, y de la protección de los ya escasos autores vivos de las vulneraciones masivas de los derechos humanos y de unos crímenes de lesa humanidad que no prescribren, el Gobierno “lamenta” que el Comité de la ONU no haya dado oportunidad de “exponer con detalle el sustento jurídico y político” de su posición.

Por lo demás, Jaúregui, que denunció en su día el “entierro” de la Ley de la Memoria Histórica por parte del PP, no ha conseguido respuesta a la cuestión que motivó su iniciativa, cual era el apoyo a los familiares de las víctimas en la tarea de descubrir las fosas y rescatar los restos de los seres queridos. Los socialistas pudieron dejar sin efecto la Ley de Amnistía o “punto final”, pero optaron por una ley de mínimos que en poco comprometía al Estado. Pero ni siquiera eso, se quejan, ha sido respetado por la derecha en el poder.