http://www.europasur.es/article/ocio/1817803/la/justicia/terror/radiografia/los/procesos/la/provincia.html
El régimen de represión que se vivió en las zonas golpistas durante la Guerra Civil, y en todo el país en los primeros años de posguerra tenía, desarrolla el historiador José Luis Gutiérrez Molina en La justicia del terror, un carácter de "limpieza social". En el estudio, publicado por Ediciones Mayi, Gutiérrez ha investigado en documentos conservados en el Archivo Histórico del Tribunal Territorial Militar Segundo de Sevilla para presentar 446 de los 456 consejos de guerra de los procedimientos que se celebraron en Cádiz y en la plazas de El Puerto, San Fernando, Sanlúcar, Jerez, Arcos, Medina, Villamartín, Ubrique y Grazalema.
"En los primeros momentos del conflicto, los golpistas procedían a la aplicación de bando de guerra al enemigo -explica el historiador-. Pero, a partir del 37, cuando se veía que lo que se creía una situación puntual iba a convertirse en la 'guerra de España', se impuso el Proceso Sumarísimo de Urgencia. Una figura que no sólo es una redundancia formal, sino que estaba concebida para mantener un régimen de terror: iba más allá de la represión directa por oposición al golpe y tenía menos garantías judiciales que los propios consejos sumarísimos legítimos".
En ellos, eliminando la fase de plenario (la parte más garantista para los acusados), se sometían a juicio causas por pertenencia a partidos, sindicatos, masonería, por haber ejercido cargos en la República.... "Y este tipo de justicia -apunta Gutiérrez- se mantendrá hasta principios de los cuarenta".
José Luis Gutiérrez subraya el "cuidado que hay que tener al toparse con las acusaciones de estos procesos", y tener presente que "independientemente de que en algún caso pudieran coincidir los hechos con la realidad", su propósito no era impartir una somera justicia sino "la represión en aras de la limpieza social". Término que el experto saca de un oficio sobre un anarquista asesinado en El Puerto que el director del penal envió al comandante militar: "Se le ha aplicado el bando de guerra en función de la política de limpieza social desarrollada".
Los encausados en la zona de la Bahía y de la Sierra gaditana podían clasificarse en tres tipos principales. En primer lugar, aquellos que habían sido detenidos a lo largo del verano y el otoño de 1936 y que fueron de nuevo enjuiciados. Posteriormente, irían abriéndose procesos a quienes, tras la caída de Málaga, volvían a sus localidades de origen en la provincia, quizá movidos por la falsa promesa de que no tendrían nada que temer quienes no acumularan delitos de sangre. La mayor represión, ocurrida en la zona de la Sierra, se explicará a raíz de estos retornos: "Se aplicarán penas aludiendo a presuntos actos de violencia anteriores -explica José Luis Gutiérrez-. Unas acciones que, de ser ciertas, en nada tienen que ver con una política sistemática de extermino como la que estamos tratando".
Un tercer tipo lo conformarían aquellos encausados por haber realizados alusiones contra el golpe o el Régimen bajo influencia del alcohol. Y los famosos topos.
La justicia del terror aporta también un orden alfabético de los procesados, ya que "esta investigación no sólo se ha realizado por un mayor conocimiento de la historia, sino ante todo por una cuestión de información a los familiares de los represaliados. Ni la derecha ni alguna izquierda española han afrontado seriamente este problema -indica su autor-. No ha habido voluntad política de afrontarlo como cuestión de Estado. Esta afirmación puede parecer sangrante, pero en este país parece que hay víctimas del terror de primera y segunda categoría".
"En los primeros momentos del conflicto, los golpistas procedían a la aplicación de bando de guerra al enemigo -explica el historiador-. Pero, a partir del 37, cuando se veía que lo que se creía una situación puntual iba a convertirse en la 'guerra de España', se impuso el Proceso Sumarísimo de Urgencia. Una figura que no sólo es una redundancia formal, sino que estaba concebida para mantener un régimen de terror: iba más allá de la represión directa por oposición al golpe y tenía menos garantías judiciales que los propios consejos sumarísimos legítimos".
En ellos, eliminando la fase de plenario (la parte más garantista para los acusados), se sometían a juicio causas por pertenencia a partidos, sindicatos, masonería, por haber ejercido cargos en la República.... "Y este tipo de justicia -apunta Gutiérrez- se mantendrá hasta principios de los cuarenta".
José Luis Gutiérrez subraya el "cuidado que hay que tener al toparse con las acusaciones de estos procesos", y tener presente que "independientemente de que en algún caso pudieran coincidir los hechos con la realidad", su propósito no era impartir una somera justicia sino "la represión en aras de la limpieza social". Término que el experto saca de un oficio sobre un anarquista asesinado en El Puerto que el director del penal envió al comandante militar: "Se le ha aplicado el bando de guerra en función de la política de limpieza social desarrollada".
Los encausados en la zona de la Bahía y de la Sierra gaditana podían clasificarse en tres tipos principales. En primer lugar, aquellos que habían sido detenidos a lo largo del verano y el otoño de 1936 y que fueron de nuevo enjuiciados. Posteriormente, irían abriéndose procesos a quienes, tras la caída de Málaga, volvían a sus localidades de origen en la provincia, quizá movidos por la falsa promesa de que no tendrían nada que temer quienes no acumularan delitos de sangre. La mayor represión, ocurrida en la zona de la Sierra, se explicará a raíz de estos retornos: "Se aplicarán penas aludiendo a presuntos actos de violencia anteriores -explica José Luis Gutiérrez-. Unas acciones que, de ser ciertas, en nada tienen que ver con una política sistemática de extermino como la que estamos tratando".
Un tercer tipo lo conformarían aquellos encausados por haber realizados alusiones contra el golpe o el Régimen bajo influencia del alcohol. Y los famosos topos.
La justicia del terror aporta también un orden alfabético de los procesados, ya que "esta investigación no sólo se ha realizado por un mayor conocimiento de la historia, sino ante todo por una cuestión de información a los familiares de los represaliados. Ni la derecha ni alguna izquierda española han afrontado seriamente este problema -indica su autor-. No ha habido voluntad política de afrontarlo como cuestión de Estado. Esta afirmación puede parecer sangrante, pero en este país parece que hay víctimas del terror de primera y segunda categoría".
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