HISTORIAS DE ALMERÍA
Un grupo de ocho almerienses fue ejecutado por reproducir y repartir el parte de guerra británico tras un juicio sin garantías legales
En aquella Almería de abril de 1941, dos años después del final de la Guerra Civil y diez más tarde de la proclamación de la Segunda República, los ciudadanos se estremecían por el anuncio de un procedimiento por un delito de 'adhesión y auxilio de la rebelión' y por 'infracción a la Ley de Seguridad del Estado'.
Fue el llamado caso del 'Parte Inglés', un proceso judicial que se llevó a cabo sin ningún tipo de garantías legales, que quedó como ejemplo de 'represión ejemplarizante' por el cual el Estado Franquista trasladaba la idea de que cualquier intento de ostentar la más mínima libertad de expresión iba a ser condenada y repelida con dureza.
Ocho almerienses, Joaquín Villaespesa Quintana, Cristóbal Company García, Francisco García Luna, Antonio González Estrella, Juan Hernández Granados, Diego Molina Matarín, Francisco Martín Vázquez y la joven de 20 años Encarnación García Córdoba, dependienta de la librería 'La Inglesa', fueron detenidos, encarcelados, juzgados en un proceso absolutamente irregular, condenados a muerte y ejecutados poco más de un año después.
Estrategia de guerra
El denominado 'cuñadísimo' de Franco, Ramón Serrano Suñer, hombre fuerte del régimen en sus primeros momentos, abogaba por la integración de España en el Eje que formaban Alemania e Italia, en plena Guerra Mundial. Serrano Suñer movía sus hilos y tentáculos, que llegaban incluso a los resortes de la estructura judicial del Estado, para promover acciones, estrategias e instrumentos que movilizasen a la bastante estática opinión pública y sobre todo a los poderes del régimen hacia esa entrada de España en el escenario de la guerra europea.
Muchos no tienen duda de que el caso del 'Parte Inglés' en Almería formó parte de esa estrategia de denostación de todo lob británico, como resorte para empujar a España hacia la germanofilia y, de su mano, hacia la guerra. Bien lo describió décadas después José Miguel Naveros en un artículo publicado en 1978 en la revista Tiempo de Historia, en el que describe el proceso y las implicaciones políticas y estratégicas del 'Movimiento' en el proceso, incluyendo la utilización de los medios de comunicación en general y del diario oficial de esta institución en Almería: Yugo.
Un proceso 'prefabricado'
Se condenó a los ocho almerienses tras considerárseles integrantes de una organización clandestina marxista, que estaba, según las autoridades, entregada a la «propaganda, agitación, acción y socorro rojo». El llamado 'Parte Inglés' era una recreación de la crónica oficial de guerra del Estado Británico, reproducido y repartido en diversos ámbitos de la ciudad almeriense, incluida la cárcel de El Ingenio, la antigua fábrica de azúcar cuya fachada está hoy reproducida en la ciudad, como recuerdo a la represión de la que fueron objeto los presos allí ingresados durante el franquismo. Los procesados fueron ingresados primero en presión y, el 28 de abril de 1941, en el salón de actos de la Escuela de Artes y Oficios, comenzó un proceso judicial que ha quedado como ejemplo de la manipulación de la legalidad para conseguir condenas preestablecidas.
Un proceso que duró hasta el 11 de agosto de 1942, fecha en la que se dio cuenta de las ocho ejecuciones que ponían fin a un proceso 'fantasma', prediseñado desde el principio y parte de una estrategia ejemplarizante no sólo en Almería sino en el resto del Estado, algunos de cuyos pilares se referían al miedo a la represión que se intentaba y conseguía trasladar con este tipo de medidas trágicas e injustas.
Lo dejaba muy claro la sentencia de ejecución y su posterior reproducción en el diario Yugo de Almería: «En el día de hoy, dando cumplimiento a la sentencia que dictó en causa número 1.319 de 1941 el Consejo de Guerra celebrado el día 18 del pasado mes de mayo, han sido ejecutadas las penas de muerte impuestas a Joaquín Villaespesa Quintana, Encarnación Magaña Gómez, conocida por Encarnación García Córdoba, Cristóbal Company García, Francisco García Luna, Antonio González Estrella, Juan Hernández Granados, Diego Molina Matarín y Francisco Martínez Vázquez, como autores de un delito de adhesión a la rebelión, consistente en la formación de una organización clandestina, de tipo marxista, para la propaganda, la agitación, acción y el socorro rojo. Con ello y con las graves penas de privación de libertad impuestas a los otros procesados, cuya culpabilidad, aunque en menor grado, se demostró en aquella causa, ha quedado liquidado con el sano y justo rigor exigido por los principios en que se basa nuestro Estado y con la ejemplaridad que reclama el mantenimiento de su seguridad y el respeto a sus leyes, la insensata aventura de quienes no supieron reconocer la generosidad de nuestro Régimen, del que ya habían sido beneficiarios, y olvidando los más sagrados deberes de todo español para la Patria, no vacilaron en laborar contra ella para servir intereses extranjeros».
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