Una actuación que se lleva a cabo en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, después de varios procedimientos judiciales y tres licitaciones de las obras.
Los insultos y amenazas han ido dirigidos especialmente a Verónica Ruiz, concejala de Cultura del Consistorio castellonense.
Según ha relatado en Twitter el diputado de Compromís Joan Baldoví, quien profiere las amenazas es Rafael Suay que, según el parlamentario valenciano, fue “guardaespaldas” de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón, a quien acompañaba a los juzgados.
Otros parlamentarios de Compromís también han recibido amenazas por parte de estos fascistas que han acudido a protestar por la retirada del monumento. Junto a ellos también había miembros de la organización ultra Abogados Cristianos.
La Policía Nacional ha tenido que hacer un cordón de seguridad para evitar agresiones a los distintos cargos públicos presentes.
Con la retirada de este monumento franquista el Ayuntamiento de Castellón da cumplimiento a la Ley de memoria democrática y recuperará el entorno del jardín, adaptándolo al diseño y configuración anterior en base a los planos del año 1926, según fuentes municipales.
El proyecto global cuenta con un plazo de ejecución de seis semanas y un presupuesto de 58.900 euros, según dichas fuentes.
Los trabajos de retirada y traslado de la cruz del monumento consisten en el entablillado y sujeción de la estructura, corte del fuste por la base, levantamiento y transporte hasta su colocación en la ubicación escogida por el obispado de la Diócesis de Segorbe-Castellón, al que ha sido cedida la cruz.
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