La Fiscalía ha pedido al juzgado que investigue las torturas de la policía franquista a un sindicalista en la comisaría de la Via Laietana de Barcelona, invocando por primera vez la nueva ley de memoria democrática que tanto trabajo le costó sacar adelante a Unidas Podemos en la anterior legislatura. Con esta acción se abre la puerta a indagar crímenes de la dictadura que la ley de amnistía de 1977 impedía perseguir.

En su informe, presentado ante el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, el ministerio público apoya la admisión a trámite de la querella por torturas que un sindicalista presentó contra seis policías franquistas por torturarlo en la comisaría central de Barcelona.

Es la primera vez en España que la Fiscalía se pronuncia a favor de investigar los crímenes de lesa humanidad y torturas durante el franquismo desde que se aprobó la ley de memoria democrática el año pasado, que según mantiene el ministerio público, permite investigar ese tipo de delitos por la vía penal.

En su informe, la Fiscalía recuerda que la nueva ley «impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista».

Por ese motivo, el ministerio público considera que es necesario investigar los hechos y «su contexto», antes de adoptar una decisión sobre la continuación del procedimiento, al tiempo que insiste en que su obligación no es solo garantizar el derecho a la justicia sino a la «verdad y reparación de las víctimas».

En concreto, el dictamen del ministerio público invoca el artículo 29 de la ley de memoria democrática, que establece que el Estado «garantizará el derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario ocurridas con ocasión de la guerra y la dictadura, así como el período que va desde la muerte del dictador hasta la entrada en vigor de la Constitución Española».

Querella de un sindicalista torturado

La querella que ha motivado el informe de la Fiscalía la presentó Carlos Vallejo, un sindicalista detenido en dos ocasiones a principios de la década de los setenta que fue víctima de torturas en la Jefatura de Via Laietana por su actividad política y sindical, y se dirige contra seis agentes de la policía franquista.

El pasado mes de junio, la fiscal del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, en el que recayó la querella, presentó un informe en el que, sin hacer alusión alguna a la ley de memoria democrática, se oponía a la admisión a trámite de la denuncia con el argumento de que los delitos habrían prescrito y que la ley de amnistía impide investigarlos.

No sería la primera investigación sobre violaciones de derechos humanos en el franquismo: un juzgado de instrucción de Madrid admitió a trámite la querella de un hombre que fue torturado en la Dirección General de Seguridad en 1975, en una causa en la que ya se ha tomado declaración a la víctima, Julio Pachecho, hace apenas una semana. La Fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre este caso, aunque a la declaración de la víctima acudió una fiscal del área de Memoria Democrática.

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