La Cámara Baja debate este jueves si respalda el decreto que amplía compensaciones económicas a víctimas de represión política hasta 1978, beneficiando a familiares directos y lesionados graves en un nuevo ajuste legal que actualiza importes y criterios de exclusión
Las modificaciones introducidas en la norma permiten que personas como Manuel José García Caparrós, quien perdió la vida a causa de un disparo policial durante la manifestación por el Estatuto de Autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977, puedan ser incluidas entre las víctimas indemnizadas. Tal como informó el medio, el Congreso afronta este jueves el debate para decidir si convalida o deroga el decreto ley aprobado por el Gobierno el 3 de marzo, que modifica la Ley de Memoria Democrática y extiende el derecho a compensaciones económicas a quienes sufrieron represión en el periodo conocido como el tardofranquismo, así como a sus familiares directos.
Según detalló el medio, la nueva disposición, vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), amplía el rango temporal para acceder a estas indemnizaciones hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha en la que entró en vigor la Constitución. El Pleno del Congreso decidirá sobre el futuro de este ajuste legal, que busca resarcir económicamente a los luchadores por la libertad que resultaron fallecidos o lesionados de manera grave como consecuencia de la represión política ejercida en los últimos años del régimen anterior.
El medio recordó que la Ley de Memoria Histórica, promulgada en 2007 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya contemplaba compensaciones para quienes murieron defendiendo la democracia, pero solamente para los hechos ocurridos entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977. Estas acciones reparadoras se regularon mediante un decreto ley en 2008, el cual también concedía el derecho a indemnización a quienes, en el ejercicio de la defensa de derechos fundamentales y libertades públicas, sufrieron lesiones que provocaron incapacidad permanente.
Posteriormente, de acuerdo con las informaciones publicadas, la Ley de Memoria Democrática de 2022, elaborada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, derogó por completo la normativa de 2007. Como resultado, quedaron fuera del amparo legal las víctimas de fallecimientos y lesiones incapacitantes provocadas por la represión política ocurrida durante el tardofranquismo, lo que dejó a un colectivo de afectados sin la opción de beneficiarse de ninguna cobertura económica o reconocimiento institucional.
El decreto ley sometido ahora a debate introduce una nueva disposición adicional en la Ley de Memoria Democrática. Esta medida responde a la intención del Gobierno de restituir los derechos económicos a las víctimas y a sus herederos directos, extendiendo el periodo cubierto hasta el momento de la entrada en vigor de la actual Constitución. Según la información del medio, la actualización también revisa las cuantías de las indemnizaciones, que no habían sido reformuladas desde 2008.
Las nuevas compensaciones establecen que los beneficiarios de personas fallecidas bajo las circunstancias mencionadas podrán recibir una indemnización de 250.000 euros. En el caso de quienes hayan sufrido lesiones que generaron una incapacidad permanente absoluta, el importe sube a 180.000 euros. Para los casos en los que la represión causó una gran invalidez, la cantidad reconocida asciende a 500.000 euros.
La regulación determina con exactitud quiénes pueden acogerse a estos beneficios. Los destinatarios prioritarios son los hijos y el cónyuge de la persona fallecida, o, en ausencia de cónyuge, quienes hubieran convivido con el fallecido manteniendo una relación de afectividad similar. Si estas figuras no existieran, la posibilidad de percibir la indemnización se extiende subsidiariamente a los padres, nietos, hermanos y los propios hijos de la víctima, siempre que no se haya obtenido previamente una indemnización por los mismos hechos, de acuerdo con la información reportada.
El texto legal incluye criterios de exclusión. Según publicó el medio, no podrán acceder a estas compensaciones quienes fueran miembros de bandas o grupos armados terroristas, ni sus familiares directos. La medida busca actualizar los criterios ya existentes, garantizando que la compensación económica sirva para reparar a las víctimas de la represión política, y evitando el acceso a estos fondos públicos en situaciones vinculadas con actividades terroristas.
El decreto ley también dispone que todas las cuantías podrán actualizarse conforme a las variaciones legales que correspondan en el futuro. No se permite la acumulación de indemnizaciones por los mismos hechos, estableciendo así un único pago por caso, con el fin de evitar duplicidades.
Actualmente, la reforma permanece en fase de debate en el Congreso. Según consignó el medio, su aprobación o derogación dependerá de la votación de los diputados en la Cámara Baja. El objetivo declarado de la iniciativa es corregir un vacío originado por la derogación de la normativa previa y restablecer la protección económica para quienes padecieron las consecuencias de la represión política hasta los primeros compases de la democracia en España.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada