El fiscal de Alicante, Óscar Presa, investiga crímenes del franquismo, desde bebés robados hasta la muerte de Teófilo del Valle, amparado en la Ley de Memoria Democrática
Pregunta: Muchos de los hechos que se investigan ocurrieron hace más de 80 años. ¿Qué sentido jurídico tiene hoy abrir esas investigaciones?
Respuesta: Es importante porque lo marca la ley. Nosotros somos servidores de la legalidad y estamos vinculados por ese principio. Por lo tanto, lo que debemos hacer es cumplir la Ley de Memoria Democrática. No nos planteamos cuál es el sentido que pueda tener esta legislación hoy en día; es una ley vigente, totalmente válida y constitucional, que nos autoriza a llevar a cabo investigaciones tanto en el ámbito penal como en la jurisdicción civil.
«La Ley de Memoria Democrática nos permite llevar a cabo investigaciones en el ámbito y civil en defensa de las víctimas»
P.: Más allá de lo judicial, ¿qué valor cree que tiene este trabajo para las familias de las víctimas?
R.: Esto es fundamental. La labor de la Fiscalía en el ámbito judicial respecto a los procesos de reparación y reconocimiento de las víctimas es crucial. Tras la dictadura, no hubo un proceso de Justicia Transicional, y nosotros lo estamos iniciando en cada provincia. Estamos amparando los derechos de las víctimas recogidos en la Ley de Memoria Democrática y llevando a cabo procedimientos que buscan proteger y reconocer esos derechos: el derecho a la verdad, a que se conozca lo ocurrido; el derecho a la justicia; el derecho a la reparación; y la garantía de que hechos así no se repitan.
P.: ¿En qué estado se encuentra en estos momentos la investigación por la muerte de Teófilo del Valle?
R.: Cuando me nombraron fiscal de Memoria Democrática, hace un año y medio, el proceso ya estaba iniciado. Se había presentado unos meses antes una querella por crímenes de lesa humanidad. Al asumir el cargo, pedí traslado de todas las actuaciones para conocer los hechos y verificar lo sucedido. Llevé a cabo diligencias para que los investigados, entre ellos Rodolfo Martín Villa, prestaran declaración judicial. Tras aplazarse la comparecencia en noviembre, en febrero volvieron a suspenderse debido a que estaba pendiente un recurso de apelación presentado por el letrado de Martín Villa solicitando el archivo del procedimiento. Esta comparecencia ua se suspendió en noviembre porque en Madrid no podían practicar la videoconferencia para que los querellados declararan desde allí. Antes de la nueva declaración, se incorporó un nuevo juez que volvió a aplazarlas. La Fiscalía ha recurrido la providencia que las suspende, porque no tiene fuerza legal. La Ley de Enjuiciamiento Criminal no ampara la suspensión cuando el recurso se ha admitido a trámite sin efecto suspensivo. Queremos que se practiquen esas declaraciones, independientemente de que la Audiencia finalmente archive o no el procedimiento.
«La muerte de Teófilo del Valle no puede prescribir porque se trata de un crimen de lesa humanidad»
P.: ¿Qué alegan en relación con la Ley de Amnistía o la prescripción?
R.: El querellado sostiene que la Ley de Amnistía de 1977 lo amnistió, que los hechos han prescrito, cuando en realidad son imprescriptibles por ser crímenes de lesa humanidad, y que no existe vinculación entre él y los hechos investigados. Nosotros estamos convencidos de que en el caso de Teófilo del Valle fueron crímenes de lesa humanidad porque hubo una represión organizada contra una parte de la población civil durante aquella etapa final de la Dictadura. Por tanto, se trata de hechos que no pueden estar prescritos.
P.: ¿En qué estado se encuentra la investigación por 14 casos de bebés robados en Alicante?
R.: Entre 2011 y 2012 ya se realizaron exhumaciones por casos de bebés robados en el cementerio, pero el procedimiento se archivó porque los restos localizados no tenían nada que ver con lo que se estaba denunciando. Para estos nuevos casos, la Ley de Memoria Democrática nos permite continuar la investigación. Se han presentado catorce denuncias, cada una llevada en procedimientos distintos, porque no se pueden hacer investigaciones colectivas: cada búsqueda de un menor sustraído genera un procedimiento individual. Estas denuncias se han presentado distintas denuncias en juzgados diferentes para tramitarse por separado. Una de ellas ocurrió en los años 80, por lo que no era directamente de nuestra competencia, por lo que hemos tenido que tramitar un permiso para que yo pudiera coordinarlas todas.
«Vamos a firmar un convenio con la UA para exhumaciones por bebés robados porque el Ayuntamiento dice que no tiene medios»
P.: Dado el tiempo transcurrido, ¿es complicado identificar a los responsables?
R.: No puedo dar detalles de la instrucción, pero los casos ocurrieron en el entre 1975 y 1985, algunos dentro del ámbito de la Ley de Memoria Democrática y otros no. Para determinar la autoría, debemos analizar cada expediente, la información médica y los informes, y ver si los mismos equipos médicos estuvieron involucrados. Otro problema es la realización de las exhumaciones. El Ayuntamiento de Alicante debe proveer medios materiales y personales, pero, aunque no se niega a colaborar, dice no disponer de un equipo cualificado, especialmente un arqueólogo especializado. Nosotros hemos logrado que la , a través de su equipo de patrimonio artístico y arqueológico, lleve a cabo las exhumaciones. Estamos pendientes de firmar un convenio de colaboración entre la Universidad, la Fiscalía de Alicante y la Fiscalía General del Estado. Son exhumaciones en tierra muy complejas; no sabemos con certeza cuántos cuerpos hay, aunque los registros indican un número de adultos y bebés.
P.: Se ha mencionado que en el cementerio de Alicante podrían estar enterrados 8.000 bebés.
R.: La Asociación de Víctimas de Bebés Robados presentó un informe que indicaba esa cifra. No todos serían robados; muchos podrían ser fallecidos en partos prematuros o tras el nacimiento, enterrados en fosas comunes.
P.: ¿Cuál es el papel del fiscal en los procesos de exhumación?
R.: Desde la Ley de Memoria Histórica de 2007, y también con la de 2022, la Fiscalía no participa activamente como promotora de exhumaciones, pero sí impulsa los procedimientos. Los promotores suelen ser los ayuntamientos, gobiernos autonómicos o diputaciones. Nosotros podemos requerir a las administraciones información sobre exhumaciones en curso, analizar la documentación y supervisar su avance. No promovemos los expedientes, pero podemos asegurarnos de que se cumpla la ley, especialmente si los proyectos tardan en iniciarse.
«Se estima que en el cementerio de Alicante hay 8.000 niños enterrados pero no todos son bebés robados»
P.: Otra investigación en marcha es sobre los restos de brigadistas internacionales enterrados en Benissa.
R.: No hay constancia del destino final de esos restos. Hace diez años, antes de la Ley de Memoria Democrática, se realizaron exhumaciones sin normativa clara. Ahora se investiga, a partir de la documentación aportada por el Ayuntamiento, si se cumplió el procedimiento reglamentario y cuál fue el destino final de los restos. Se ha abierto un expediente gubernativo para determinar si se vulneró la ley.
P.: ¿Queda mucho por investigar en Alicante sobre la Guerra Civil y la dictadura?
Estamos solo en la punta del iceberg. La represión franquista dejó muchas víctimas, tanto durante la Guerra Civil como en el periodo posterior hasta 1945. Alicante fue de las últimas provincias en caer y se dictaron sentencias militares que condenaban incluso a muerte. Hay muchas víctimas en cementerios, en fosas comunes y otras aún por localizar. Nosotros también podemos investigar los hallazgos casuales de estos restos.
El fiscal ha abierto expedientes a tres ayuntamientos para la retirada de símbolos franquistas. / Rafa Arjones
P.: ¿Se han identificado víctimas fusiladas en esta provincia?
R.: Sí, en el cementerio de Alicante se han exhumado las parcelas 12 y 19, donde se encuentran represaliados republicanos, y se puede certificar su identidad a través de los registros.
P.: ¿Cómo está el expediente sobre la retirada del catafalco de Primo de Rivera en el cementerio de Alicante?
R.: Se abrió un expediente gubernativo, como en otros casos de cambio de calles o retirada de monumentos. Se requirió al Ayuntamiento que presentara la documentación disponible. La Fiscalía estudia si ha habido resignificación y eleva el caso al Ministerio de Política Territorial. Si cumple con la ley, se archiva; si no, se ordena la retirada del elemento con un plazo prudencial, bajo apercibimiento legal. Cualquier tipo de desobediencia podría ser constitutivo de delito y podría dar lugar a una denuncia o querella ante la jurisdicción penal.En el caso de la Cruz de Callosa de Segura, también se ha abierto un expediente gubernativo. El monumento fue retirado en su momento y posteriormente reinstalado. Según se ha trasladado, se habría resignificado y ubicado en un nuevo recinto dentro de una parcela privada, por lo que estamos recabando información para comprobar si las actuaciones realizadas son suficientes o si se sigue incumpliendo la legalidad.
«La policía local puede sancionar a particulares que cuelgan en el balcón banderas franquistas »
P.: La Ley de Memoria Democrática también se aplica a particulares que exhiben símbolos franquistas en sus casas, ¿cómo se gestiona eso?
R.: Las policías locales deben denunciar estas banderas. Es un error pensar que no se puede actuar porque están en el domicilio particular. La fachada da lugar a un recinto público. El Ayuntamiento inicia un procedimiento administrativo y otorga un plazo prudencial para la retirada, generalmente seis meses, antes de imponer sanciones. La Fiscalía interviene solo si hay implicación penal o civil, y puede requerir al Ayuntamiento información sobre los procedimientos iniciados.
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