Irídia presenta una demanda al Comitè Contra la Tortura del organismo por el caso de los hermanos Maribel y Josep Ferrándiz, detenidos cuando apenas tenían 17 años y pasaron 32 días encerrados.
La vía internacional, ya sea a través de la ONU o del TEDH, es la última opción para intentar forzar la investigación de los crímenes de la dictadura y lograr la reparación de las víctimas.
Barcelona-
La lucha para intentar acabar con la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista vive este martes un paso significativo, que busca abrir vías que fuercen al Estado a investigar las torturas que se produjeron y garanticen la reparación de las víctimas. Tras agotar su recorrido en las instancias judiciales del Estado, el Centre Irídia presenta este martes una demanda al Comité Contra la Tortura de la ONU por el caso de los hermanos Maribel y Josep Ferrándiz. Los dos fueron detenidos en 1971, cuando apenas tenían 17 años, y pasaron 32 días encerrados en la temida jefatura de la Via Laietana, epicentro del horror franquista en la capital catalana, donde sufrirían torturas reiteradas.
Será la primera vez que un caso concreto de torturas en este espacio llegue al organismo internacional. Hace cerca de dos años y medio interpusieron una querella contra cuatro antiguos agentes de la Brigada Político-Social de la Policia Nacional por delitos de lesa humanidad mediante tortura en la comisaría barcelonesa.
En octubre de 2024, sin embargo, la Audiencia de Barcelona la archivó al interpretar que los hechos están cubiertos por la amnistía de 1977, a pesar de que la Ley de Memoria Democrática —aprobada en 2022— establece el derecho a la justicia de las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la dictadura, así como la obligación de investigar las violaciones de los derechos humanos perpetradas en aquel periodo.
Según expone Irídia, con la demanda en la ONU se busca "que se reconozcan las torturas [del franquismo] como crímenes contra la humanidad, que se condene al Estado por no investigarlas" y, finalmente "que se abra la puerta a la verdad, justicia y reparación para muchas otras víctimas". En una conversación con Público, la abogada de Irídia que lleva el caso, Laura Medina, detalla que "las resoluciones de la ONU no son sentencias como tal que comporten una aplicación directa en el Estado, pero sería una oportunidad que la ONU dijera por primera vez que el Estado tiene la obligación de investigar las torturas franquistas y reparar a las víctimas".
Se busca que se reconozcan las torturas del franquismo como crímenes contra la humanidad
Un hecho este último que "a nivel del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está más reforzado" tras la aprobación de la citada Ley de Memoria Democrática, recalca la letrada. En este sentido, Medina subraya que, al menos hasta el momento, "no se ha cumplido lo previsto en la ley", sino que los diversos tribunales que han archivado las denuncias por torturas en la Via Laietana —como la de los hermanos Ferrándiz o la de Carles Vallejo, presidente de la Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme— han "perpetuado la impunidad y no han permitido reparar a las víctimas". "Queremos intentar conseguir un pronunciamiento claro y directo que establezca que el Estado español incumple el derecho internacional sobre derechos humanos", remacha la abogada de Irídia.
En una llamada con este diario, Josep Ferrándiz añade que el nuevo paso también sirve para mostrar "que no ha habido justicia ni reparación de las torturas en el Estado español, nos han cerrado todas las puertas basándose en una amnistía que fue un engaño, porque se amnistiaron ellos". Acudir a la instancia internacional es la última vía que les queda para lograr esta reparación, además de la lucha perpetúa por "mantener la llama de la defensa de los derechos humanos". El activista deja claro que "el objetivo no es tanto nuestro caso concreto, como el conjunto de las víctimas" y expone que "una de las cosas que podríamos conseguir es que se ponga nombre y apellidos a todos los torturadores y que se les retiren los reconocimientos y méritos que recibieron, aunque sea a título póstumo".
Maribel y Josep Ferrándiz fueron detenidos con 17 años y pasaron 32 días en la Via Laietana, donde fueron torturados
Los hermanos Maribel y Josep Ferrándiz son activistas antifranquistas desde la adolescencia. Fueron detenidos por agentes de la Brigada Político-Social cuando tenían 17 años y militaban en la Joven Guardia Roja, la organización política juvenil del Partido del Trabajo de España (PTE). Pasaron 32 días en la jefatura de la Policía Nacional de la Via Laietana, donde fueron torturados y recibieron agresiones físicas y psicológicas durante los interrogatorios. Sólo salieron para ser enviados un año a la cárcel.
En una entrevista con Público donde relataron su experiencia, los gemelos explicaron que ni la tortura ni la represión franquista consiguieron doblegarlos. En este sentido, afirmaron que cinco décadas más tarde mantienen sus ideales y su compromiso de lucha para una sociedad más justa.
La vía del TEDH
La del Comité Contra la Tortura de la ONU no es la única vía internacional abierta por Irídia para intentar romper la impunidad del franquismo. En septiembre del año pasado acompañaron a Carles Vallejo en la presentación de una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo (Francia), por la negativa de los tribunales españoles a investigar las torturas que sufrió también en la Via Laietana en 1970 y 1971.
La querella de Vallejo por lo que vivió en la jefatura data de noviembre de 2022 y tuvo el apoyo también de Òmnium Cultural y una decena de entidades más. Sindicalista y activista antifranquista, fue detenido por primera vez en 1970, cuando llevaba un año trabajando en la Seat. Le detuvieron justo cuando salía de casa para ir al trabajo y le acusaron de propaganda y agitación ilegal por su actividad en las CCOO clandestinas, y ya en el traslado en coche hasta la jefatura de Via Laietana recibió golpes y vejaciones. Una vez en la comisaría la detención se alargaría 20 días, en los que las palizas y la tortura serían una constante.
Carles Vallejo estuvo encerrado 20 días en la comisaría de Via Laietana en 1970
En su caso, la Audiencia de Barcelona decidió el archivo de la querella el febrero del 2025, pese a que previamente la Fiscalía se había pronunciado por primera vez a favor de su tramitación, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. El TEDH todavía no se ha pronunciado sobre este caso, pero la esperanza de Vallejo e Irídia es que "abra de una vez por todas la puerta a la investigación judicial de los crímenes de la dictadura y obligue al estado español a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos".
El argumentario de los tribunales estatales
A grandes rasgos, las diversas instancias judiciales españolas recurren a tres argumentos para desestimar las investigaciones sobre las denuncias por torturas durante el franquismo, basándose fundamentalmente en una sentencia de 2012 del Tribunal Supremo: la vigencia de la ley de amnistía de 1977; no considerar las torturas policiales durante el franquismo como un crimen de lesa humanidad, por lo que ya habrían prescrito; y el principio de legalidad que impediría hacer retroactivas leyes penales más restrictivas.
Laura Medina contrarresta este argumentario diciendo que si bien durante el franquismo no había en España una ley expresa que previniera, prohibiera y castigara las torturas policiales, en la misma época sí que lo hacía el derecho internacional y, por tanto, sería posible investigarlas. De hecho, recuerda que la Ley de Memoria Democrática "obliga a interpretar todas las leyes españolas, incluida la de la amnistía de 1977, de acuerdo a la legislación internacional sobre derechos humanos". Asimismo, subraya que a pesar de que los culpables directos estén muertos, la Justicia podría investigar los hechos, que las víctimas y testigos directos declaren en los juzgados y que se inspeccionen los archivos policiales y judiciales, unas acciones que podrían dar respuesta al "derecho a la verdad y a la reparación" de las víctimas que fija la ley.
Laura Medina (Irídia): "La Ley de Memoria obliga a interpretar todas las leyes españolas de acuerdo a la legislación internacional sobre derechos humanos"
A la espera de que se pronuncien el TEDH y el Comité Contra la Tortura de la ONU, la impunidad de los crímenes franquistas se perpetúa. La semana pasada, de hecho, la Fiscalía de Barcelona otorgó a la activista independentista Blanca Serra la condición de "víctima del franquismo", tras certificar las torturas que, junto a su hermana Eva —fallecida en 2018—, sufrió en la Via Laietana en febrero de 1977. Ahora bien, el Ministerio Público también ha pedido el archivo de la denuncia de Serra por falta de autor conocido de las torturas, una petición que según la activista, Irídia y Òmnium "consolida la impunidad de los crímenes del franquismo".
Si las vías internacionales no fructifican, Medina apunta que "quedaría seguir insistiendo e incidiendo a nivel interno, para que el Gobierno y el Congreso puedan revisar la normativa", además de dar pasos significativos hacia su reparación, como sería la transformación de la comisaría de Via Laietana "en un espacio de memoria, sin presencia policial". Al respecto, Josep Ferrándiz añade que un edificio de este tipo "ayudaría a dar a conocer a los jóvenes que representa vivir en un Estado fascista y que pasaba, lo que también serviría para que tengan un mayor conocimiento sobre qué significa apoyar a partidos de extrema derecha".
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