dimarts, 23 d’agost del 2022

'Castigar a los rojos', o cómo la represión de Franco se inspiró en la Inquisición y los nazis

 https://www.huffingtonpost.es/entry/angel-vinas-la-represion-de-franco-se-inspiro-en-la-inquisicion-y-en-los-nazis_es_62ff4720e4b0c8c57f5ad249


Ángel Viñas publica 'Castigar a los rojos', obra a seis manos que desvela el papel del fiscal militar Felipe Acedo Colunga en la forja de la venganza contra los republicanos.



En la calle hay silencio, apenas un hilillo de coches y paseantes, cielo plomizo y hojas en el suelo. Es verano en Bruselas, pero la sequía está pelando los árboles por anticipado y parece que hay calma de otoño, pero con flama. Dentro también hay paz, murmullo de papeles y de tazas de café. Pero es una paz de mentira: a Ángel Viñas (Madrid, 1941) lo rodea un infierno de documentos sobre la Guerra Civil y el Franquismo, esos que documentan sus obras, las de uno de los historiadores más respetados de nuestro tiempo.

Su último libro se titula Castigar a los rojos. Acedo Colunga, el gran arquitecto de la represión franquista (Crítica), un trabajo que desvela y desmenuza la Memoria escrita en 1939 por el general Felipe Acedo Colunga (Palma,1896), fiscal jefe del Ejército de Ocupación, que permite conocer en profundidad cómo se persiguió a los republicanos, con una mentalidad de exterminio. La obra ha sido escrita a seis manos con el también historiador Francisco Espinosa, cuyo hallazgo del documento está en el origen de todo, y el catedrático de Derecho Penal Guillermo Portilla, quien ha puesto la visión más técnica.


Hablamos de un personaje conocido, del que se sabían algunos datos biográficos como que llegado a general del Aire y había sido gobernador civil en Barcelona, pero no la hondura de su papel en la concepción del castigo y la venganza contra los rojos. ”Él es el que la piensa, la concreta y la aplica, el que la hace”, resume Viñas. “Era una persona de máxima confianza para Francisco Franco y formaba parte de la Unión Militar Española, la parte del Ejército que conspiraba con los monárquicos para acabar con la República. Fue uno de los activistas de la represión jurídica de Asturias y estuvo un tiempo en la cárcel porque había participado en la sanjurjada [un fallido golpe de Estado de 1932]”.

Acedo “es el que da el background” a las leyes de responsabilidades políticas o contra la masonería y el comunismo. Hasta ahora, explica Viñas, pensaba que ese corpus era obra de una serie de catedráticos, pero la nueva investigación constata que la “concepción” que tenían detrás estas armas judiciales del fascismo la puso él, que aquello “no salió por azar”, sino de un claro convencimiento, y que sus órdenes “impregnaron” las actuaciones judiciales por venir en el futuro modelo procesal-penal de Justicia en España. “Acedo estaba detrás de ese mensaje”, resume.

Por ser, no por hacer

El documento troncal de la obra es una memoria, con fecha de 15 de enero de 1939, que Acedo, como fiscal jefe del Ejército de Ocupación, presentó a modo de guía para quienes tenían que administrar justicia en los consejos de guerra de España. Este documento, que sale a la luz ahora, es muy importante porque describe la estrategia seguida en los procesos penales contra los defensores de la II República y porque dibuja los planes represivos de los sublevados. Todo giraba en torno al caudillo Franco, la unidad de la patria, la iglesia católica...

“Una de sus obsesiones era lo que podíamos llamar hoy la España liberal, la de izquierdas, no la católica, de Santo Oficio. Lo que no sabíamos hasta ahora es que Acedo bebe de las doctrinas de Carl Schmitt [un jurista alemán, destacado miembro del partido nazi], que es uno de los contribuidores más importantes al derecho nacionalsocialista. Sentó en la doctrina del derecho penal moderno la noción de que a un hombre se le juzga no por lo que ha hecho, sino por lo que es. Eso es terrible. Así se llevó a la muerte a los judíos, no por lo que hacían o no, sino por lo que eran”, constata.

“Sentó en la doctrina del derecho penal moderno la noción de que a un hombre se le juzga no por lo que ha hecho, sino por lo que es. Eso es terrible. Así se llevó a la muerte a los judíos, no por lo que hacían o no, sino por lo que eran”

Se empeña en mostrar la supuesta peligrosidad criminal de la ideología republicana, a modo de precrimen, persiguiendo más unos valores y una manera de pensar que actuaciones concretas, procesables. Viñas cita el caso de Julián Besteiro, quien fuera presidente de las Cortes durante la II República, y también del PSOE y la UGT. Fue sometido a un consejo de guerra, en el que se le acusó de haber promovido un socialismo moderado, y condenado a cadena perpetua que, posteriormente, fue sustituida por treinta años de reclusión mayor. Murió en la cárcel, en Carmona, enfermo. Colunga había pedido la pena de muerte para él “estrictamente por lo que era”, como evidencian los documentos aportados por estos tres especialistas.

Y eso es lo que tomó por inspiración el fiscal español, que fue “a por toda la España que venía de las luces”. Los “comunistoides” y “seudodemocráticos” intelectuales de la República eran los más odiados, pero el escaneo llevaba de la cúspide a la base, “desde las más altas instancias hasta el último alcalde, al último mono, con especial interés en perseguir a los maestros y profesores, que son los que envenenan a la juventud”.

A los aires nacionalsocialistas se añade el “componente católico”, la idea de expiación, que también estaba en la Inquisición. “Es que la Memoria es un manual de inquisidores, es así, la justicia de Franco se inspiró en la Inquisición y en los nazis”, asevera. “La impunidad galopa por las páginas de este documento”, dice en el prólogo el juez Baltasar Garzón, “helado, estupefacto” ante lo que leía. “Decían que España estaba camino de desaparecer a causa de estridencias, alborotos, violencias... y aplicaron la exterminación, propia de un régimen malvado”, denuncia Viñas.

Acedo Colunga “es un militar que piensa en militar y eso es esencialmente lo que plantea, un castigo militar”. “En aquellos primeros años de la dictadura, lejos de adoptarse un sistema penal indulgente con los vencidos, se asumió la necesidad de abordar un procedimiento de eliminación física, moral y económica del rival político. Una técnica basada conjuntamente en la represión corporal, la restricción de la libertad, el expolio económico y la humillación del hostil al denominado Alzamiento Nacional”, se lee en la obra.

La memoria asentó este “furibundo ataque al derecho civil”, desde el convencimiento de que no podía quedar ni uno vivo -en sentido figurado y en sentido literal-, que nadie podía escapar a la “eliminación física, moral y económica del rival político”. Una “gigantesca tela de araña” permitió que la información -la delación, también- fluyera a través del Servicio de Información militar (S.I.M.), el Servicio de Información de la Policía Militar (S.I.P.M), la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, los Consejos de Guerra, las Comisiones de Depuración, la Inspección de prisioneros de Guerra-Campos de concentración, Alcaldías, Falange, Guardia civil, Iglesia católica, delatores particulares... Difícil escapar.

“En aquellos primeros años de la dictadura, lejos de adoptarse un sistema penal indulgente con los vencidos, se asumió la necesidad de abordar un procedimiento de eliminación física, moral y económica del rival político”

No somos nosotros, sois vosotros

Viñas se muestra especialmente insiste en explicar que Colunga ayudó a darle le la vuelta a la tortilla y a tratar de situar a los republicanos como los culpables de todo, incluso de los peores comportamientos de sus propios compañeros, los levantados en armas. Toma el libro y busca una sentencia de un consejo de guerra del 5 de agosto de 1936, temprano en el desarrollo de la guerra. En él justifica por primera vez, tan a las claras, la supuesta necesidad del alzamiento.

“Frente al estado de anarquía que dominaba en todo el territorio nacional con manifiesta conculcación de todo régimen legal civilizado, al asumir el Ejército el poder por el medio legítimo de la declaración del estado de guerra que anula toda autoridad civil cuyo imperio estaba además prostituido por el desorden y la subversión de todos los valores morales de la sociedad, se ha constituido el único gobierno que puede salvar a la Patria interpretando sus destinos históricos y la necesidad de continuar su propia existencia”, sostiene.

“Quienes se sublevan son los que no se sublevan, piensa este fiscal. Es el mundo al revés, una inversión. Como si estuvieran las llamas de la revolución arrasando todo, marca una visión que estaría en el estado naciente, Acedo asume lo que se ha ido preparando y viene a decir que los que se sublevan son los del Gobierno republicano”, explica.

“Eso es lo que para mí es una manifestación de lo que en general constituye la esencia de la interpretación derechista de la Historia, que es achacar al otro los rasgos más desagradables del comportamiento propio, proyectar en el adversario el comportamiento propio”, señala. Por si aún hay que recordarlo, Viñas repite: “los terroristas fueron quienes se sublevaron”.

Ángel Viñas, en el sótano de su residencia de Bruselas, donde guarda parte de sus documentos.
Ángel Viñas, en el sótano de su residencia de Bruselas, donde guarda parte de sus documentos.
C.R.

Su huella, hoy

El autor de La otra cara del caudillo o El gran error de la República sostiene que esa visión de que la culpa fue del Ejecutivo legítimo fue más allá de la administración de justicia y de Acedo Colunga, se hizo relato asentado en el régimen y ha perdurado en determinados sectores hasta hoy, cuando se sigue pervirtiendo hasta el lenguaje. “Tiene su importancia política que se siga hablando de “gobierno socialcomunista”, por ejemplo, pata definir desde sectores de cierta derecha al que hoy manda en La Moncloa, suma de PSOE y Unidas Podemos.

“Apela al subconsciente y a la tradición franquista porque un PCE hay hoy en España, claro, pero desde luego no propugna la propiedad pública de los medios de producción, el control público de todas las relaciones económicas con el exterior o el partido único, el centralismo socialista. ¿Por qué decirlo, entonces?”, se cuestiona. Y se responde: eso va “calando” en otras agendas, en otros discursos, y acaba asentando aquel relato de Colunga, lo que demuestra “que el legado de su Memoria sigue vivo, de alguna manera”, y no sólo porque hasta hace apenas tres años aún fuera hijo adoptivo de Barcelona.

Es obligado, llegados a este punto, hablar sobre la ultraderecha española. “La aparición de Vox y la deriva del PP hacia la extrema derecha están en la base del desquiciamiento de la vida política española y del resurgimiento de ideas y proyectos que parecían ya limitados a ciertos sectores nostálgicos de la dictadura. Lo primero viene de la convicción, ya antigua, que la derecha tiene de que el poder les pertenece y que solo ellos tienen derecho a gobernar. Lo segundo cabe situarlo en la reacción de la derecha liderada por [José María] Aznar al movimiento en pro de la memoria a fines de los años noventa, que desembocó en una descarada campaña de propaganda con Pío Moa como mascarón de proa. Poco después, desbrozado el camino por los Moas, surgió un neofranquismo académico que ha servido para darle forma y contenido a esa reacción”, se lee en Castigar a los rojos.

Viñas pone el ejemplo de la polémica generada por la nueva Ley de Memoria Democrática, que superó superar el trámite del Congreso el mes pasado. Es, de nuevo, el discurso de “deslegitimar a la II República”, de lanzar “sospechas” sobre la legalidad de la victoria de la izquierda, de “justificar el alzamiento por el vacío legal y el caos creado”, e incluso por igualar la culpa de los dos bandos enfrentados. Un fondo que explica, por ejemplo, la polémica de Pablo Casado, exlíder del PP, cuando en mitad de un debate parlamentario sobre los indultos del procés dijo hace un año que “la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes la democracia sin ley y quienes querían ley sin democracia”.

“Esa visión de la que Colunga es tan buen ejemplo ha sido la que ha quedado en España por décadas. Cuando ahora se quieren contar las cosas con precisión, se habla de adoctrinar. ¡Si desde el año 39 todos los niños españoles han sido adoctrinados! La educación y los medios son esenciales para la labor pedagógica que queda por delante, que es mucha”, concluye.

Grandes, “maltratada por la derecha, miserablemente”

Hay no pocos lectores que han descubierto a Ángel Viñas gracias a Almudena Grandes. Sus Episodios de una guerra interminable, que se quedaron sin final por su fallecimiento, tienen siempre un capítulo de agradecimientos y referencias en los que el economista trocado en historiador es un fijo. La escritora que posiblemente más ha hecho en España para explicar al gran público la Guerra Civil y el Franquismo ha sido objeto de emocionantes homenajes de sus admiradores y, también, de gestos menos amables. Viñas lo tiene claro: “Ha sido maltratada por la derecha, miserablemente”. Defiende que ha hecho “una gran labor muy importante” al describir “lo que nunca he visto antes en los libros de Historia”. “A eso no llegamos los historiadores”, reconoce. De entre todas las entregas se queda con Los pacientes del doctor García, “soberbia”. “Ya podemos escribir los historiadores lo que queramos sobre los nazis en España después del 45, que no tiene la menor importancia. No cala. Con ella sí. Siempre”. A Grandes dedicará Viñas su próximo libro.

El Ayuntamiento del PP en El Escorial bloquea la exhumación de 40 vascos en el Valle de los Caídos.

 https://www.deia.eus/politica/2022/08/20/ayuntamiento-pp-escorial-bloquea-exhumacion-5930547.html


El Consistorio se niega a renovar la licencia de obra a pesar de la sentencia que le obliga a ello l Las familias recurrirán a la Defensora del Pueblo Europeo, hartas de sentirse “agraviadas”

Operarios colocando las cajas de los restos en las criptas del Valle de los Caídos, en 1959.

Operarios colocando las cajas de los restos en las criptas del Valle de los Caídos, en 1959. N.G.

Seis años después, la sentencia del Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial sigue sin cumplirse y los restos de 105 víctimas del franquismo, entre ellas unas 40 vascas, siguen enterrados en el Valle de los Caídos. La última traba la ha puesto el Ayuntamiento del municipio en el que se encuentra el recinto franquista, gobernado por el PP, al negarse a renovar la licencia de obra necesaria para exhumar los restos, alegando que la medida ha sido recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ante este nuevo varapalo a la justicia, memoria y reparación de las víctimas, que los familiares creen que podría incurrir en un delito de prevaricación, la Asociación ProExhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos recurrirán a la Defensora del Pueblo europea, Emily O’Really, hartas “de sentirse perseguidas y agraviadas”.

“Estamos muy preocupados y tenemos la sensación de que el odio es el centro de todo. No les importan nuestros derechos”, denuncia a este periódico visiblemente enojado Iñigo Jaca, sobrino del zumarragarra Antonio Arrizabalaga Ugarte, enterrado en el Valle de los Caídos sin consentimiento alguno de sus allegados. El suyo es uno de los más de 100 de casos que en los últimos seis años han contado con una sentencia favorable para la exhumación y que, sin embargo, en ninguno de los casos se ha podido todavía materializar.

El recurso presentado por la asociación ultra Reconciliación y Verdad Histórica acarreó la medida cautelar de paralización de las obras, que finalmente en junio de este año, fue suspendida por los tribunales madrileños al estimar el recurso de Patrimonio Nacional. Sin embargo, en este tiempo, las licencias de obra necesarias para acometer las exhumaciones han caducado por lo que es el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial el competente para renovarlas, trámite que se niega a cumplimentar.

Recurso

Según arguye el Gobierno municipal liderado por la alcaldesa del PP Carlota López Esteban, el Ayuntamiento no está en la obligación de renovar las licencias hasta que la justicia no resuelva el recurso de que ha presentado la citada asociación ultraderechista al Tribunal Supremo. Los familiares ven en esta actitud un delito de prevaricación. “El Ayuntamiento no puede poner en duda la sentencia”.

De este modo, a pesar de que el centenar de familias cuentan con un fallo favorable desde 2016, la situación ha vuelto a la casilla de salida por culpa de un entramado burocrático bajo el que se parapeta el consistorio madrileño. “Es una cuestión de odio hacia nuestros familiares. Después de violar sus tumbas sin consentimiento, llega esto. Viendo los pertinaces que son, nos sentimos perseguidos y agraviados”, explica Jaca.

Ante esta situación, los familiares no se quedarán con los brazos cruzados y seguirán reclamando sus derechos recurriendo a la Defensora del Pueblo europeo. “Cuando la sentencia fue paralizada acudimos a la Comisión Europea y, curiosamente, al mes y medio nos respondieron desde el Gobierno español diciendo que el procedimiento seguía adelante”, señala Jaca, confiado en que la historia vuelva a repetirse por segunda vez: “La Defensora está obligada a responder siempre. Incluso si no es competente para ello, señala una vía posible que sí lo sea. Aquí, en cambio, hay un silencio administrativo. Nuestra experiencia nos dice que tenemos que ir a Europa para que aquí se actúe y por eso volvemos”.

“Me asisten unos derechos”

Ante tantas piedras en el camino, los familiares se muestran agotados. A lo largo de estos años ninguno ha podido recuperar los restos de sus allegados, ni tan siquiera la familia de los hermanos Lapeña, los primeros en recibir una sentencia judicial favorable, la de 2016, y que a día de hoy continúa pendiente de ejecución. “Nosotros empezamos en 2009 y hasta noviembre de 2020 no se nos reconoció el derecho”, recuerda Jaca, quien, al igual que el centenar de víctimas en la misma situación, ha enviado una carta a la alcaldesa de El Escorial solicitando “que no se pongan obstáculos” a la renovación de la licencia.

“Soy consciente de que me asisten unos derechos que no se están haciendo efectivos por actuaciones de muy dudosa legalidad, pues en estos momentos no existe ninguna disposición judicial que impida la concesión de licencia y entiendo que concurren las mismas condiciones y circunstancias que en el momento en que se concedió”, se lee en el texto que Jaca ha facilitado a este periódico.

La misiva añade que “nuestros derechos están recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española y por ello reclamamos la tutela judicial efectiva del Auto 112/16, y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su articulo 7 del respeto a la vida privada y familiar y el articulo 47 de tutela judicial efectiva. Deseo expresarle que no voy a renunciar a que los mismos se hagan efectivo. Por ello solicito que no se pongan obstáculos a la renovación de la licencia en cumplimento estricto de la Ley”.

Con el tiempo en contra

Mientras el enredo burocrático continúa, el tiempo juega en contra de las familias. La mayoría de ellas son de edad avanzada y en estos seis años que han transcurrido desde la primera sentencia favorable ya han fallecido tres familiares directos de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos. “Es muy duro y da mucha tristeza. Parece que están esperando a que todos muramos para evitarse el problema”, asegura Jaca.

De las 105 familias con derecho reconocido hay aproximadamente unas cuarenta vascas, la mayoría de ellas guipuzcoanas.

Todas ellas fueron trasladadas al Valle de los Caídos desde otros puntos del Estado sin consentimiento ni conocimiento alguno de sus familiares y allegados.

Es el caso, por ejemplo, de Antonio Arrizabalaga, asesinado en un batallón de castigo en el año 1937 en Zaragoza a la edad de 26 años después de luchar en el batallón de las Juventudes Socialistas y ser apresado en Santander. Más de 80 años después de su muerte, son sus familiares los que disputan otra batalla, esta vez, en los tribunales.

diumenge, 21 d’agost del 2022

Más allá de Hemingway: una investigación revela que casi 200 mujeres periodistas vinieron a España a contar la Guerra Civil

https://www.eldiario.es/sociedad/hemingway-investigacion-revela-200-mujeres-periodistas-vinieron-espana-contar-guerra-civil_1_9237695.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=21/08/2022-adelanto&goal=0_10e11ebad6-d1fdd632f2-56368913&mc_cid=d1fdd632f2&mc_eid=c4fc502c5a 


La periodista alemana Ilse Wolf en el frente de Córdoba

Marta Borraz

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Apenas un puñado, no más de ocho o diez. Son las periodistas extranjeras que hasta ahora se pensaba que se habían trasladado a España para contarle al mundo lo que ocurrió tras la sublevación militar de 1936. Aunque es conocido que la Guerra Civil fue narrada en periódicos y radios de gran tirada en la época, son los nombres masculinos los que más han trascendido. Sin embargo, las reporteras fueron al menos 183. Es la cifra que ha logrado documentar el catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga Bernardo Díaz Nosty, cuya investigación se hará libro en los próximos meses con la editorial Renacimiento.

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“Es sorprendente, primero porque existe la idea dominante de que la profesión era prácticamente solo masculina y no era así. Había bastantes mujeres periodistas en aquella época. Y después porque 200 reporteras son muchas, hay que tener en cuenta que se desplazaron a un país en guerra”, cuenta el investigador sobre la importancia de su hallazgo. Díaz Nosty recuerda que la guerra española está considerada como la más mediática de la historia hasta ese momento, pero la indagación sobre las periodistas extranjeras que la cubrieron “ha sido incompleta”.

Las autoras identificadas tienen una veintena de nacionalidades diferentes, destacando las británicas, que llegan a ser 40, las estadounidenses (35) o las procedentes de Francia o Alemania, de donde llegaron 24 y 13 periodistas respectivamente. Las argentinas, australianas, italianas y rusas también constituyeron grupos numerosos, alcanzando las siete reporteras por cada uno de esos países. Muchas escribieron en cabeceras importantes a nivel internacional y de gran tirada, otras en publicaciones editadas por partidos u organizaciones políticas.

Algunas de ellas ya narraron desde los primeros momentos de la contienda porque en julio de 1936 se encontraban en Barcelona al producirse el golpe militar. Estaban cubriendo la llamada Olimpiada Popular, un evento deportivo que pretendía ser una alternativa organizada por la izquierda a los Juegos Olímpicos de la Alemania de Hitler. Fue el caso de Muriel Rukeyser, que escribía para la revista londinense Life and Letters To-Day, y el de la británica Jose Shercliff, del Daily Herald. También estaba en España Anita Brenner, que trabajaba para el semanario neoyorkino The Nation. Otras tantas aterrizaron poco después, entre ellas, la conocida fotoperiodista Gerda Taro.

El por qué solo ha trascendido un pequeño puñado no sorprende demasiado a Díaz Nosty, que ya en 2020 publicó Voces de mujeres: periodistas españolas del siglo XX nacidas antes del final de la Guerra Civil: “En general, hay una parte de la historiografía que se base en crónicas de periodistas, de los grandes reporteros del New York Times o The Times, cuando muchas de las mujeres también estaban en periódicos de primera línea. Por lo que sea, una crónica de Hemingway, siendo mucho peor que una de Marta Gellhorn, que además era su mujer, adquiere un encaje historiográfico diferente”, ejemplifica el también doctor en Ciencias Políticas.

Un relato distinto

Pero más allá de la cifra de periodistas revelada por el catedrático, su investigación, que le ha llevado tres años, concluye también que hubo lo que llama “una lectura femenina de la guerra” y que sus crónicas y reportajes se diferenciaron en contenido de los de sus compañeros hombres. “La narrativa masculina estuvo más dominada por el relato político y bélico, pero no tanto sus efectos, algo a lo que prestaron más atención ellas. No solo se fijaban en lo que pasaba en el campo de batalla, sino que vieron que era una guerra total que impactó en los más vulnerables”, explica Díaz Nosty.

Martha Gellhorn visitó el hotel Palace de Madrid, cuyo lujo había dejado paso a los heridos al convertirse en el primer hospital militar de Madrid. “Las estanterías estilo Imperio, donde antes había libros aburridos para los huéspedes, se usan para los vendajes, las agujas hipodérmicas y los instrumentos quirúrgicos”, relató la periodista. En 1937 Frida Stewart emitió desde Unión Radio los bombardeos sobre la capital intentando suscitar empatía. “Me pregunto cómo se sentirían los londinenses si vieran Piccadilly en el estado de la Puerta del Sol [...] y que los cines y teatros del centro oeste de Londres fueran aplastados por metralla”.

Muchas se fijaron también en lo que estaba ocurriendo con los niños y niñas. Así se refería a un centro educativo madrileño la británica Ellen Wilkinson: “Todos son hijos de la clase trabajadora, listos como rayos, pero muy flacos. Cada día, debían llegar a la escuela bajo los proyectiles o las balas perdidas. La escuela estaba a solo 2,5 millas de las actuales trincheras. Cayeron las bombas sobre la escuela, destrozándolo todo, haciendo volar en pedazos a los profesores y a los niños. Así es como los fascistas llevan la civilización a un país”.

El trabajo del investigador, que se titulará Periodistas extranjeras en la Guerra Civil, incorpora múltiples ejemplos de cómo las reporteras se fijaron en los efectos de los bombardeos franquistas sobre la población civil, el tránsito de los desplazados, los problemas de abastecimientos o la atención sanitaria de los heridos. Sus narraciones “mostraron las tensiones de la vida civil en las ciudades” y en general, pusieron de relieve que la crisis humanitaria no solo sucedía en los frentes ni la guerra en los cuarteles o las dependencias políticas. “El horror y la muerte estaban también en las calles de las ciudades”, de las que mostraron también la vida cotidiana en los mercados, el ocio o la diversión.

Casi todas, en zona republicana

La inmensa mayoría de las periodistas desplazadas estaban en zona republicana. En concreto, el 91% de las 183 autoras identificadas viajaron a la zona gubernamental “más permeable a la actividad periodística que la de los sublevados”, asegura el catedrático. “Fueron antifascistas en su mayoría y progresistas. Muchas denunciaban la posición política de no intervención de los Gobiernos de Reino Unido, Francia o Estados Unidos”, prosigue. No hay que olvidar que “la mayoría trabajaban para periódicos de izquierda o centroizquierda” e incluso llegaron a manifestarse contra costumbres que les disgustaban y que habían visto en el lado republicano, como los toros.

De la veintena restantes, unas 13 estuvieron solo en la zona franquista y llegaron a identificarse con su causa, y otro pequeño grupo se movió entre ambas. Fue el caso de Eleanor Packard, de la United Press, que llegó a entrevistar en Bilbao al general Mola, arquitecto del levantamiento militar de 1936. La francesa Clara Candiani indagó “en aspectos críticos de los republicanos”, pero tras entrar en la zona franquista llegó a escribir sobre ella: “El Estado cristiano que dice ser la España rebelde, falsea con trágico cinismo criminal la realidad de la España republicana, y los que han sido fieles a la legalidad son presentados, sin excepción, como unos monstruos de sádicos instintos”.

Entre las claramente afines al franquismo estuvo también la corresponsal de The Irish Independet Gertrude Gaffney, que llegó a calificar de “necesaria” la dictadura que vendría después. La sueca Anna Elgström fue una de las pocas en entrevistar a Carmen Polo y la estadounidense Virginia Cowles se trasladó en 1937 a Salamanca, donde llegó a entrevistar a Franco y afirmó después: “El insulto al enemigo, incluso por parte de los oficiales responsables, era tan extremo que parecía una enfermedad mental”. Relevante fue también el papel de Dora Lennard, corresponsal de Reuters, que se convirtió en la profesora de inglés del dictador.