Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Los trabajos en Pico Reja concluyen este mes de enero tras tres años, paso previo a afrontar el gran enterramiento colectivo del Monumento, donde podría haber hasta 2.600 represaliados por el franquismo
Trabajos con restos de represaliados en la fosa común de Pico Reja. S.C. Aranzadi
Tras tres años de trabajos en Pico Reja, considerada la mayor fosa común abierta en Europa occidental y en la que hasta la fecha se han localizado 1.718 cadáveres de represaliados por el franquismo, llega el turno del gran enterramiento colectivo de Monumento, que sobre el papel es todavía más grande. Ambas se ubican en el cementerio de San Fernando de Sevilla y poco menos que se van a dar el relevo, ya que mientras la primera se va a cerrar este mes de enero, para la segunda el Ayuntamiento hispalense va a iniciar este mismo 2023 el expediente y los estudios para la exhumación. La previsión inicial es que pueda haber hasta 2.600 víctimas en este enclave, una cifra cercana a las 2.800 personas cuyos restos se encontraron en la fosa del cementerio de San Rafael, en Málaga, la que está considerada como la más grande de España hasta la fecha.
Pico Reja, en la que llevan tres años trabajando técnicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, fue la primera fosa común del franquismo abierta en Sevilla capital y se ha convertido en un símbolo que ha generado un documental que incluso se proyectó en el Parlamento europeo. A ello ha ayudado también que la escala del horror allí oculto bajo tierra ha sido mucho mayor de la esperada, ya que inicialmente se calculaba que podía haber 900 víctimas de la represión franquista y unos 250 cuerpos más procedentes de la actividad funeraria normal. Estas cifras al final se han disparado, con 1.718 asesinados y casi 6.900 restos de otros fallecidos, lo que implica unas 8.600 personas. “Se han superado todas las previsiones”, subraya Juan Manuel Guijo, responsable de las excavaciones.
Con este precedente, el Consistorio sevillano no sabe muy bien a qué atenerse a la hora de abrir la fosa de Monumento, en la que ya se han hecho trabajos preliminares. Investigaciones como la del historiador José Díaz Arriaza apuntan a que en este gran enterramiento colectivo puede haber unas 7.440 personas, de las que 2.613 serían víctimas del exterminio franquista. El precedente de Pico Reja lleva a la cautela al concejal Juan Tomás Aragón (PSOE), responsable municipal de las políticas de memoria histórica: “Puede haber más cuerpos o menos, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Como se suele decir, al final es la tierra la que habla”.
Los condenados por el complot contra Queipo
Juan Manuel Guijo coincide con esta afirmación. “En Pico Reja había muchas más personas de las previstas, no sabemos si algunas son de las que se cree que están en Monumento o las trajeron de otro sitio”, una cuestión que conectaría con las prácticas utilizadas para borrar el rastro de estos crímenes: trasladar cadáveres, remover la fosa, utilizar cal para disolver los restos... Inicialmente se creía que este enterramiento colectivo estuvo en uso desde 1925 y que se colmató en agosto de 1936, con las matanzas iniciales tras el golpe de Estado. Ahora en cambio se ha constatado que se estrenó en 1936 y que estuvo activa durante una década.
En Pico Reja se especula que puede estar enterrado Blas Infante, considerado el padre de la patria andaluza, así como el último alcalde republicano, Horacio Hermoso, y numerosos concejales, políticos de izquierda y sindicalistas, además de los integrantes de la columna minera de Huelva, cuyos restos sí han visto la luz. En Monumento, que por lo que se sabe se utilizó entre principios de septiembre de 1936 y finales de enero de 1940, estarían los restos de cargos políticos y representativos de la ciudad y la provincia, funcionarios municipales, los ocho condenados acusados de un complot contra Queipo de Llano o Carmen Díaz, hermana del secretario general del Partido Comunista.
Según el historiador Díaz Arriaza, y de acuerdo a la documentación que se conserva, en Monumento se enterraron 825 fusilados por aplicación del bando de guerra, 229 por sentencias de consejos de guerra o 15 fallecidos por heridas de arma de fuego o metralla. Asimismo, hay 1.543 muertes sin especificar, entre los que se encontrarían un elevado número de asesinados sin que conste oficialmente la causa.
Mil metros cuadrados de fosa
Pico Reja tiene algo más de 670 metros cuadrados de superficie, mientras que Monumento supera los 1.000 metros cuadrados. Por ello, tras los trabajos iniciales, se apuntó que “es muy probable” que se cumplan los cálculos en cuanto al número de víctimas que pueden estar sepultadas, “incluso puede que llegaran a superarse”. En el enclave de Monumento, conocida popularmente como la Fosa Común ya que se consideraba que era la única existente en el cementerio de San Fernando (hoy se sabe que hay varias más), se levantó un monumento recordatorio a los represaliados del franquismo que fue inaugurado el 14 de abril de 2003.
Y si ya se sabe que Pico Reja se cerrará este mes de enero, ¿cuándo se empezará con Monumento? El alcalde hispalense, Antonio Muñoz (PSOE), se ha comprometido a incluir una partida en el presupuesto de 2023 para iniciar los trabajos este mismo año, aunque al tratarse de un año electoral está por ver que puedan salir adelante. En todo caso, Juan Tomás Aragón prevé que el proceso no podrá iniciarse hasta después de las elecciones municipales de mayo, para así alejar el proyecto del inevitable ruido político.
Mientras tanto, en Pico Reja ya se ha acabado con la tarea en la fosa en sí y ahora se trabaja en los márgenes, 21 metros cuadrados en los que han aparecido más cuerpos. “Estamos en las zonas residuales de la fosa pero no podemos dejar ni un solo resto atrás, los familiares deben tener la tranquilidad absoluta de que se va a sacar todo”, apunta Juan Manuel Guijo. A finales de enero se quiere celebrar un acto para clausurar simbólicamente el enterramiento, lo que dará paso a empezar la construcción del que será el mayor osario de España con restos de represaliados, que a la vez servirá de monumento memorialista. A partir de entonces, llegará el turno de Monumento.
Los Acuerdos de 1976 y 1979 que rigen las relaciones con el Vaticano, una "revisión" del pacto bilateral de 1953, conservan la esencia de numerosos privilegios concedidos por la dictadura a la jerarquía católica
La Iglesia mantiene un estatus fiscal y educativo emparentado con el nacionalcatólico, con las salvedades obligadas en una democracia con libertad religiosa, y alejado del que estableció la Constitución republicana
El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella. EP
A los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979, los que hoy rigen las relaciones de España con la Iglesia, muchos los llaman "el Concordato". Es incorrecto, como llamar "Carta Magna" a la Constitución de 1978. Pero no puede decirse que sea un error sin fundamento. El análisis de la letra y la aplicación de los Acuerdos del 76-79 prueba que el Concordato de 1953, el pacto de fuego nacionalcatólico que proporcionó a Franco un colosal éxito diplomático, sigue vivo en el año de su 70º aniversario.
Una Iglesia incrustada en el Estado
Como suele ocurrir con las relaciones Iglesia-Estado, hay que mirar atrás para entender. La consustancialidad entre Iglesia católica y Estado monárquico es secular en España. La Corona y la Iglesia se fundieron en un abrazo con la Contrarreforma y el Concilio de Trento (1545) y ya rara vez se han separado. La alianza recorre siglos con un articulado implícito: el poder religioso disciplina a las masas mediante la amenaza del fuego eterno; el poder civil se erige en defensor por la fuerza de la fe verdadera. Este acuerdo global ha adoptado con el tiempo múltiples formas concretas. ¿Ejemplos? Los concordatos de 1737 y 1753. O el Estatuto de Bayona, de 1808, que decía: "La Religión Católica, Apostólica y Romana [...] será la religión del Rey y de la Nación, y no se permitirá ninguna otra". Ojo, esto ocurría en España 15 años después de que en Francia rodase la cabeza de Luis XVI.
Porque la historia de España ha discurrido por un carril aparte. Siglo XIX. Mientras vientos de reforma peinaban Europa, aquí el "constitucionalismo liberal" engastaba la cruz en el tuétano de una nación. Si España nace con los Reyes Católicos, la Iglesia tiene derecho sagrado a tutelar la moral de sus hijos, luego la educación es suya. El Estado, además, asume la obligación de financiar el funcionamiento. De ahí se deriva el libre acceso del clero "a las arcas, las aulas y las almas", en expresión de Ángel Luis López Villaverde en El poder de la Iglesia en la España contemporánea, donde apunta el dedo a un momento crítico: "El liberalismo español rechazó la idea de un Estado laico y prefirió continuar con la tradición regalista de controlar los asuntos eclesiásticos para conseguir una mayor estabilidad". El resultado está en los textos. La Constitutución de Cádiz dice: "La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica". Sus sucesoras no se alejarán de esa línea.
Por supuesto, hubo sobresaltos. Mendizábal, para empezar. Pero la posición de la Iglesia siempre ha acabado prevaleciendo. El Concordato de 1851, firmado por Pío IX e Isabel II, finiquitó los ensayos de desamortización y puso a la Iglesia en proa al triunfo en la era capitalista al permitirle adquirir propiedades sin interferencia estatal. La Carta Magna de 1876, con Cánovas del Castillo, corrigió los tímidos amagos de libertad religiosa del Sexenio Democrático. Se identifica una pauta: por cada leve oscilación pendular hacia la izquierda, se producirá una mucho mayor hacia la derecha. Aun así, era difícil imaginar la dimensión que esta dinámica de acción-reacción iba a adquirir en el siglo XX.
Democracia, Constitución, golpe, guerra, represión y Concordato
Acongojado ante la hipótesis socialista y acostumbrado al pacto con autócratas, el alto clero recibió con horror la Segunda República, cuya Constitución supuso el más ambicioso intento de apartar a la Iglesia del Estado de la historia española. El artículo 3 tenía resonancias francesas: "El Estado español no tiene religión oficial". El 26 cerraba el grifo del dinero: "El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las iglesias [...]. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero". El mismo artículo prohibía a las órdenes "ejercer la industria, el comercio o la enseñanza" y establecía su "sumisión a todas las leyes tributarias".
Para una institución acostumbrada al privilegio, estas prohibiciones –sumadas al papel "educador" que se arrogaba la República– constituían casus belli. El 18 de julio del 36 la Santa Madre sabía dónde ponerse. "La Iglesia se apresuró a apoyar el pronunciamiento y a sacralizarlo, convirtiéndolo en una Cruzada", sintetiza el historiador Francisco Moreno. Y no se quedó ahí. También incorporó a sus agentes a la espiral de delación y represión franquista.
Flores con los colores de la bandera republicana, en un acto de memoria histórica en Madrid. EP
La Iglesia no tardó en cobrarse los servicios prestados a un dictador bajo palio. La ley educativa de 1945 le devolvió las aulas. La ley hipotecaria de 1946 convirtió a los obispos en fedatarios públicos, base del negocio de las inmatriculaciones. Pero quedaba el principal regalo, la rúbrica definitiva del nacionalcatolicismo, que llegó el 27 de agosto de 1953 de mano de Domenico Tardini, secretario de Estado de la Santa Sede, Fernando María Castiella, embajador español, y Alberto Martín Artajo, ministro de Exteriores. Los tres firmaron el Concordato, demolición definitiva del ideal laico republicano.
Una catarata de favores
"La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico", dice su artículo 1, preludiando una catarata de privilegios. La garantía de fondos a la Iglesia se expresa a las claras. El Estado se compromete a "proveer" a la Iglesia de lo necesario para cubrir sus "necesidades económicas". Los eclesiásticos se aseguran "su honesta sustentación" en cualquier caso. Por supuesto, el Estado paga la construcción y el mantenimiento de templos. El Concordato reconoce a la Iglesia "plena capacidad de adquirir, poseer y administrar toda clase de bienes", pero no acompaña este estatus de deberes tributarios.
Aún más clamorosos son los privilegios en el campo educativo, entregado por entero a la Iglesia, a la que se le proporcionan las condiciones óptimas para la expansión de su imperio de primera y segunda enseñanza y universidad. Todo ello proyecta sus consecuencias hasta hoy, cuando la Iglesia tiene en la educación obligatoria y universitaria dos grandes espacios de influencia. "En todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios del Dogma y de la Moral de la Iglesia Católica", añade el texto del 53.
El detonante de la legitimación del franquismo
No hubo rincón que se librase el incienso: lo simbólico, lo litúrgico, lo educativo, lo fiscal, lo patrimonial... La Iglesia arranca un botín tan fabuloso que puede sorprender que, de las dos partes, fuera el Vaticano el Estado que más remoloneó su firma. ¿Por qué? La Santa Sede arrastraba la vergüenza de sus concordatos con la Alemania nazi (Reichskonkordat) y la Italia fascista (Pactos de Letrán). Así que quien en apariencia más cedía, Franco, era quien más tuvo que presionar –a Pío XII– para la firma. Finalmente la Iglesia se dejó convencer. Y con una reverencia: la obligación de los curas –fijada en artículo VI– de elevar preces diarias por el Caudillo, quien lograba dos grandes éxitos no expresados en el texto: poner a su servicio la potencia disciplinaria y adoctrinadora de la Iglesia y salir del aislamiento. Franco "compraba un 'privilegio' para él muy valioso, que en el Concordato no figura: el título oficial de Estado católico respaldado por la Iglesia", escribe Alberto de la Hera en su artículo Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en España.
Si el Concordato se firma un 27 de agosto, los Pactos de Madrid con EEUU se suscriben el 23 de septiembre. Es curioso: en rigor 1953 debería ser un año negro para cualquier nacionalista español. El país entrega su educación a una potencia religiosa, el Vaticano, y cede su autonomía a una militar, EEUU. En cambio, 1953 acaba siendo clave para el mito nacionalista que presenta a España como un "centinela de Occidente" siempre alerta contra el enemigo interno y externo que justifica cualquier alianza: el comunismo.
Un texto anclado en el 53, no en el 78
El acuerdo del 53 no fue derogado globalmente, sino revisado por los Acuerdos entre España y la Santa Sede de 1976 y 1979. La apariencia indicaría que la política española, movida por el deseo de homologación democrática, se desembarazó del pacto confesional del 53. La realidad es que el Concordato estaba herido desde que en 1965 se cerró el Concilio Vaticano II con una defensa de la libertad religiosa, explica la profesora de Derecho Eclesiástico de la Universidad de Córdoba Amelia Sanchís. La lógica que empuja hacia los Acuerdos no emana sólo de la transición, sino sobre todo de las complejas relaciones entre el Vaticano y España, que el 28 de julio de 1976 firman el primer Acuerdo de "revisión" –no derogación– del Concordato. Resultado de 14 años de negociación, ve la luz no sólo antes de la Constitución, sino incluso antes de la Ley para de Reforma Política. Es decir, con el franquismo vivito y coleando. Ese texto predemocrático, hoy vigente, sienta las bases para posteriores "acuerdos específicos en materias de interés común".
El rey Juan Carlos I junto al general Francisco Franco en un desfile militar de 1974. EFE
Así que el texto clave de la nueva relación Iglesia-Estado parte a su vez del Concordato y se asienta en la siguiente premisa: "La mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica". De este acuerdo marco cuelgan los pactos temáticos de 1979, que son "sólo cronológicamente democráticos", señala Sanchís. ¿A qué se refiere? A que son unos Acuerdos firmados tal día como este martes, el 3 de enero de 1979, menos de un mes después del referéndum de la Constitución. Su hilo cronológico no pasa por el 78, sino por el 53, con el que no oculta su parentesco. A juicio de Sanchís, los Acuerdos suponen una "derogación tácita" del Concordato, pero no formal, porque la Iglesia no quería arriesgarse a "quedarse sin nada". Pesaba el recuerdo de la República, traída a la memoria por la convulsa España de la transición. "Los Acuerdos se aprobaron cuando el Concordato se había quedado ya obsoleto. Aunque jurídicamente son muy diferentes, quedan sombras de una cultura y una simbología que vienen del nacionalcatolicismo", analiza el historiador López Villaverde.
Privilegios con filtro democrático
Los Acuerdos del 79 son cuatro: asuntos jurídicos; educación; Fuerzas Armadas; y economía. Todos ellos son una "revisión" del Concordato, aunque la suma de sus artículos derogatorios pone fin a los 36 puntos del texto del 53. Obviamente, el grueso del texto franquista era insostenible con una Constitución aconfesional. Pero, eliminados los puntos incompatibles, en ningún caso hay un regreso al último marco democrático de relaciones Iglesia-Estado, es decir, la Constitución de 1931. Y es mucho lo que, cambiadas las formas del Concordato, se mantiene de su esencia.
¿Ejemplos? Múltiples y en diversos campos. El Estado garantiza la asistencia religiosa en cárceles, hospitales, orfanatos y por supuesto en el Ejército, donde se consagra la figura del Vicariato General Castrense. Y todo sale de la hucha pública. En cuanto a la enseñanza, dicen: "La educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana". Eso, impensable en el texto de 1931, sigue en el BOE en 2023. Más. El Estado garantiza el "derecho fundamental" a una educación religiosa, lo que en la práctica supondrá la obligación del erario público de financiarla. Ahí está el germen la obligatoriedad de ofrecer la asignatura de Religión y del desarrollo de la concertada, que se concretaría en 1985. Los privilegios educativos de la Iglesia son múltiples. Los planes curriculares deben incluir la Religión. La jerarquía elige los contenidos y libros de la materia. El Gobierno delega en los obispos la selección de los docentes, pero los paga el Estado, volatilizando los principios de transparencia, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
¿Y la financiación de la Iglesia? Pública y garantizada. El Estado "se compromete" a "colaborar" en el "adecuado sostenimiento económico" de la Iglesia. En la práctica, la sostiene. La Iglesia, por su parte, se limita "declarar" su "propósito" de autofinanciaciación, que hoy ni está ni se la espera. De nuevo la redacción es diferente a la del 53, pero el fondo es el mismo: el Estado se obliga a mantener a la Iglesia. Actualmente lo hace con unos 300 millones al año directos de las arcas públicas a la Conferencia Episcopal, que no respondió a las preguntas de infoLibre para este artículo. Pero eso hay que sumar sueldos de profesores y capellanes, mantenimiento de templos, subvenciones a entidades de la Iglesia, exenciones fiscales de todo tipo...
El resultado global es que los Acuerdos no interrumpen la histórica dependencia eclesial del dinero público. En 1974 Europa Press había publicado este titular, nunca desmentido: "La Iglesia recibe anualmente unos 6.000 millones de pesetas del Estado por diversos conceptos". No hay manera de hacer las cuentas hoy día sin concluir que esas cifras, en aplicación de los Acuerdos, han crecido. Los pactos del 79 profundizan en todos los tics de acomodamiento de la Iglesia que los sectores progresistas de la Iglesia venían denunciando desde los años 60 y que Joan Castellá-Gassol detalla en su ensayo ¿De dónde viene y a dónde va el dinero de la Iglesia española? Un testimonio da idea de cómo la Iglesia salió de la renovación de su relación con el Estado convencida de que seguía teniendo derecho a casi todo sin obligación de casi nada. "A los pocos días de entrar en el Ministerio de Educación, recibimos la visita de los obispos, que nos trajeron impresos en un papel sepia muy característico los decretos que teníamos que firmar. Así se gestionaba la educación en España en 1982", ha contado José María Maravall, que fue titular de la cartera educativa entre 1982 y 1988.
Una relación "prorrogada"
En un artículo por el 60º aniversario del Concordato, el que fuera profesor de Sociología en la Complutense José Manuel Roca describe los Acuerdos de 1979 como un reedición suavizada del texto de 1953, ya que la Iglesia mantiene privilegios como "financiarse en buena parte con fondos públicos, obtener apoyo estatal para conservar el patrimonio histórico y artístico, retener a los ciudadanos bautizados en un privado censo administrativo [por la dificultad de apostatar], realizar actividades doctrinales, comerciales y sociales (enseñanza, beneficencia, edición, catequesis y radiodifusión), prestar servicios por cuenta del Estado (en cuarteles, cárceles, hospitales) y disfrutar de un régimen [...] propio de un paraíso fiscal". A su juicio, el "loable propósito" reformista de monseñor Tarancón era compatible con la "secreta intención" de conservar sus posiciones de poder.
"Los privilegios de la Iglesia en el nacionalcatolicismo del franquismo, reconocidos en el Concordato de 1953, fueron prolongados en los Acuerdos, que los adaptarían a la democracia", señala Antonio Gómez Movellán, uno de los fundadores de Europa Laica. A su juicio, la "matriz" del Concordato sigue vigente. Por eso alerta contra los discursos, presentes en parte de la izquierda, de que hay que "revisar" o "renovar" los Acuerdos. "No, no debe haber ningún acuerdo", afirma.
El papa Francisco, durante una reciente audiencia en el Vaticano. EP
Europa Laica, la organización que Gómez Movellán contribuyó a fundar, es la voz más insistente en la denuncia de que los Acuerdos hoy vigentes están empapados del espíritu del Concordato. ¿Motivos? Por ejemplo, por la aceptación de una relación bilateral asimétrica, en la que el Estado garantiza financiación y privilegio simbólico y educativo a la Iglesia sin la exigencia de contrapartidas. La asociación que ahora preside Juanjo Picó ha denunciado además que el marco actual da cobertura a anomalías como la escasez de control por parte del Estado sobre el destino del dinero público recibido por la Iglesia, del que se permite enviar parte a una empresa, la televisión Trece. La excepcionalidad del trato del Estado se extiende a ámbitos que van desde lo simbólico, con una frecuente confusión de los ámbitos religioso y civil, hasta lo fiscal, con un régimen de exenciones del que incluso el papa Francisco recela. Según Europa Laica, la raíz de todo ello está en los Acuerdos, que mantienen el fondo confesional de 1953.
Miles de víctimas del franquismo yacen en fosas comunes sin reconocimiento y sin un orden definido. Aunque se han registrado cientos de nombres en el registro municipal, la verdadera cantidad de personas enterradas en estas fosas es desconocida.
Estas víctimas incluyen a aquellos fusilados en el cementerio y en tapias cercanas, a aquellos que murieron en cárceles y campos de concentración, y a aquellos que murieron durante enfrentamientos con las tropas sublevadas. También incluyen a aquellos que murieron por hambre y pobreza y fueron enterrados gratuitamente junto a los represaliados.
A pesar de que el rompecabezas de estas fosas comunes aún no está completo, algunas piezas empiezan a encajar. Según cálculos del Ayuntamiento de Sevilla, la búsqueda de víctimas en estas fosas comunes del franquismo se ha ampliado a más de 4.000 posibles víctimas.
En la primera fosa común excavada, Pico Reja, se han encontrado restos de más de 1.700 represaliados, el doble de lo previsto. Esto convierte a Pico Reja en “la mayor fosa común abierta en Europa occidental desde Srebrenica”, según el Ayuntamiento.
En la segunda fosa común, llamada Monumento y aún pendiente de apertura, se podrían encontrar más de 2.600 restos. La brutalidad revelada en estas fosas comunes parece no tener fin.
Unidos por la rabia, la vergüenza y el ánimo de reparar a las víctimas, descendientes de represores de distintos países repudian sus crímenes y comparten sus archivos
Loreto Urraca, nieta del policía franquista Pedro Urraca, muestra en su casa de Alicante algunas fotografías y documentos recabados sobre él.JOAQUÍN DE HARO
Con 18 años recién cumplidos, Loreto Urraca conoció el mismo día de 1982 a su padre, Jean Louis Urraca, y a su abuelo, Pedro Urraca. El primero, quien propuso el encuentro, la había abandonado de pequeña. El segundo, policía franquista y agente de la Gestapo en Francia, interrogó y trasladó a España al expresidente de la Generalitat Lluís Companys tras ser detenido en agosto de 1940, dos meses antes de ser ejecutado en el Castillo de Montjuic. Pero Loreto no lo averiguaría hasta mucho después de la muerte de su abuelo. “Entonces yo sabía que era franquista, pero no imaginaba que se había dedicado a perseguir a republicanos por el exilio. El encuentro fue desagradable y a mí, en aquel momento, no me interesaba escucharle”. Hasta que en 2008 vio su apellido, Urraca, en el titular de un reportaje de EL PAÍS junto a las palabras “cazador de rojos”. “Sentí mucha rabia y mucha vergüenza”, explica.
Un día, decidió investigar más sobre él y, durante todas sus vacaciones a lo largo de seis años, recopiló documentos en archivos de Alcalá de Henares, Bilbao, Madrid y París. Con la información recabada abrió una página web, escribió una novela, Entre hienas, y participó en el documental Urraca, cazador de rojos, recientemente estrenado. El proceso que empezó con una sorpresa desagradable al leer su apellido en este diario aún no ha terminado.
Ahora, Loreto Urraca es la representante en España del colectivo Historias Desobedientes, que agrupa a más de un centenar de descendientes de represores de países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay que han rechazado públicamente esa herencia, y anima a otros hijos y nietos de franquistas a compartir la información de que dispongan para tratar de reparar a las víctimas. “No podemos pedir perdón por algo que no hemos hecho”, explica Loreto, “pero sí posicionarnos con las víctimas de nuestros antecesores, difundiendo toda la información que tengamos y para concienciar también a la sociedad. Eso es lo que nos une: la rabia, la vergüenza y la voluntad de que se repare a las víctimas”.
“Cuando me puse a investigar”, recuerda, “me di cuenta de que no sabía nada del exilio, de la persecución franquista... porque me había criado en la ignorancia, en España no se estudiaban estas cosas”. El primer paso fue leer la tesis doctoral de Jordi Guixé sobre la persecución hispano-francesa del exilio republicano, encerrándose durante una semana en una biblioteca, y el más reciente ha sido descubrir fotografías de su abuelo, al que se refiere en todo momento como “Pedro Urraca”, junto a dirigentes nazis en una visita a España en 1942. “Les hizo de cicerone por Madrid y Toledo, lo que muestra su estrecha relación con la Gestapo”, explica Loreto. Urraca tenía ficha y mote en la policía nazi: “Unamuno”.
El policía franquista Pedro Urraca acompaña a la jefatura de la Gestapo y otros nazis en un viaje a España en 1942. Imagen exhibida en el documental 'Urraca, cazador de rojos'
A finales de 2021, Loreto recibió un mensaje sobrecogedor: “Me llamo Analía Kalinec y soy hija de un genocida que cumple cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad”. Analía, cofundadora de Historias Desobedientes, de 43 años, tenía 24 cuando apresaron a su padre, Eduardo Kalinec, policía de la dictadura argentina. “En mi casa, mi madre y mis hermanas le protegían y mi relación con él había sido buena, por eso se hizo muy difícil al principio comprender, cuestionarlo”, relata al teléfono desde Argentina. En 2008 leyó los testimonios de las víctimas en la causa contra su padre. “Él intentó justificar sus crímenes, nunca mostró arrepentimiento”, explica. Y ya no hubo marcha atrás. “Lo rechacé públicamente y mi madre y mis hermanas me repudiaron por ello”.
Preguntada por si alguna vez ha tenido dudas, si el precio que había pagado por ese rechazo había sido demasiado alto, Analía responde: “He elegido conservar algunos recuerdos, pero el vínculo afectivo con mi padre se rompió definitivamente cuando, tras conocer directamente a algunas de sus víctimas, le pedí que compartiera información sobre los bebés y las madres desaparecidas y él se negó, con toda crueldad. El coste emocional es altísimo, pero no quiero ni pensar lo que sería tener a un familiar desaparecido. También he hecho esto por mis hijos. No quiero enseñarles a mirar hacia otro lado”.
Loreto afirma que ella tuvo “suerte” porque en su caso no había ese vínculo afectivo previo, pero tanto ella como Analía explican que su proceso tiene una vertiente individual, íntima, y otra colectiva, social. Ambas necesitaban “desafiliarse” de la ideología y los crímenes de sus ascendientes. Y ambas quisieron hacerlo públicamente para favorecer el derecho a la verdad y la reparación de los represaliados.
“Me reuní con víctimas directas de mi padre, algunas de ellas de mi edad y que buscaban a sus madres desaparecidas y me contaron que para ellos era reparador que la hija de un represor repudiara sus crímenes”, explica Analía. Algo similar ocurrió cuando Loreto conoció a los sobrinos nietos de Companys. “Fue muy emocionante”, recuerda la nieta del hombre que, tras trasladarlo a España después de su detención, escribió en su dietario: “Al recorrer el camino largo que separa París de Madrid acompañando al hoy vencido y que lo fue todo en Cataluña Luis Companys pienso en el porvenir que ante mí se abre y en el horizonte que el mundo actual nos depara. Todas las ilusiones, toda la fe en los ideales de este hombre han caído por tierra. Ya no es sino un pingajo de la vida”. El documental muestra la fotografía que Urraca hizo de Companys antes de entregarlo a las autoridades franquistas. El expresidente de la Generalitat le mira de frente, resignado, fumando un cigarrillo. La imagen, guardada como un trofeo, fue recuperada en la casa de Urraca.
Fotografía de Lluís Companys realizada por Pedro Urraca antes de entregarlo a las autoridades franquistas, en agosto de 1940.
Pedro de Echave, director del documental, conoció a Loreto en la presentación, en la Universidad de Alicante, de otro largometraje, El hombre más peligroso de Europa. Otto Skorzeny en España, sobre “el hombre de acción favorito de Hitler”. “Al terminar el coloquio, una mujer se presentó diciéndome que Skorzeny le había regalado un avión en miniatura a su padre. Era Loreto Urraca, que me contó su caso. Me pareció una historia apasionante y muy necesaria, no solo por la parte histórica de Pedro Urraca, sino por el proceso personal de Loreto”, explica.
El alias de Pedro Urraca en la Gestapo era "Unamuno".DOCUMENTAL URRACA,CAZADOR DE ROJOS
De Echave es miembro fundador de Memòria de Mallorca, asociación que ha promovido exhumaciones de fosas del franquismo en Baleares, comunidad que cuenta, desde 2016, con su propia ley de memoria (apoyada por todos los partidos, incluido el PP). “Loreto es, sin duda, una pionera, y estoy convencido de que su valentía provocará que aparezcan más casos”, añade. “Su confluencia con el grupo de Historias Desobedientes es algo natural porque el nuestro y el de las dictaduras latinoamericanas son procesos similares, aunque estos países nos llevan bastante ventaja”.
Analía anima desde Argentina a otros descendientes de represores franquistas a dar el paso: “Preguntarnos por nuestra propia historia nos hace tomar conciencia de quiénes queremos ser, indivualmente y como país. Hablar de las consecuencias de los crímenes favorece las garantías de no repetición. En España hay fosas comunes bajo los caminos que unen ciudades y pueblos. Pueden querer ocultarlo, pero el silencio siempre deja secuelas”.
A Loreto le encantaría extender el movimiento en España. “Creo que haría mucho bien. Favorecería que poco a poco fuéramos tomando conciencia de todo eso que nunca nos enseñaron”.
Reportera de la sección de España desde 2006. Además de reportajes, realiza entrevistas y comenta las redes sociales en Anatomía de Twitter. Especialista en memoria histórica, ha escrito los libros 'Valientes' y 'Vidas Robadas', y la novela 'Recuérdame por qué te quiero'. También es coautora del libro 'Chapapote' sobre el hundimiento del Prestige.
