Desde hace un año, Paco Alarcón acude tres veces por semana al cementerio de Alicante cargado de bolis y fichas en su cartera para bucear durante horas en el archivo cementerial. Este comercial jubilado es el presidente de la Asociación Víctimas de Niños Robados de Alicante, AVA, convertido ahora en investigador circunstancial. Paco proviene de las luchas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y cambió las reivindicaciones de la vivienda por las de los bebés robados para ayudar a su mujer Lola Pérez, que busca a su hermana desaparecida en 1969. “Yo le decía: Paco ayúdame... Ayudas a todo el mundo y yo necesito que me ayudes a buscar a mi hermana”, cuenta Lola en la puerta del cementerio.
Así fue cómo Paco comenzó a acompañar a Lola y a otras mujeres de Alicante en su búsqueda de los bebés que les fueron arrebatados al nacer. Paco cuenta que cada vez que se reunían con un político o un periodista, siempre le preguntaban que de cuántos casos estábamos hablando, que cuál era la magnitud, y que él siempre contestaba lo mismo: “Eso da igual. Lo importante es que hay un delito que se ha cometido y son las instituciones las que tienen que investigar y tienen que dar respuesta, no nosotros, que somos las víctimas”. Pero se le quedó ese runrún en la cabeza, dice, y ante la evidencia de que ninguna institución iba a hacer públicos esos datos, hace tres años confeccionó unas fichas junto al historiador Elías Alonso Dávila y comenzó, con la paciencia de una hormiguita, a recoger datos.
Empezó en el archivo municipal de Alicante y ahora lo hace en el registro cementerial, donde están los libros con la información sobre más de 10.000 inhumaciones de bebés. Datos que coge a mano para luego pasarlos al ordenador en casa. “La base de datos la estoy creando con Access, que me permite exportar tablas al Excel para hacer gráficos y ver estadísticas. Lo que sí permite el Excel es hacerle preguntas a la base de datos. Cuántos serían de tal pueblo, por ejemplo, pues tantos y te los cuenta”.
Empezó en el archivo municipal y ahora lo hace en el registro cementerial, donde están los libros con la información sobre más de 10.000 inhumaciones de bebés, datos que coge a mano para luego pasarlos al ordenador en casa
Paco lleva ya cerca de 9.000 fichas, una cifra más que suficiente para darse cuenta del alto porcentaje de inhumaciones de bebés respecto a la tasa de mortalidad infantil en los años anteriores a la Ley de Adopciones de 1981. “Pasamos de un 26 % de porcentaje de bebés sobre enterramientos totales antes de esa fecha a un 6 %”, dice mientras señala sus fichas y remarca que “esos datos habría que verlos con sociólogos, demógrafos u otros investigadores y compararlos con las estadísticas de los hospitales para ver si esa alta mortandad de neonatos era normal y real”. No obstante, él mismo afirma que “existe un altísimo porcentaje de registros a los que les faltan datos o están erróneos; faltan familiares o el domicilio y la localidad” y pone el ejemplo de su esposa: “En el caso de Lola, el segundo apellido de su padre está cambiado”.
Al darse por aludida, Lola comienza a contar su historia. Los datos y fichas de Paco se convierten ahora en dolor. “Yo tenía trece años y no podía entender que una niña de seis días, hermosa, se la dieran a mi padre en una caja que llevaba debajo del brazo”. Lola Pérez tiene seis hermanos, el séptimo murió a los veintiocho días por una medicación mal recetada y esta niña era la octava. “Yo le decía: esto no puede ser, ¿por qué no la llevamos al pueblo y la enterramos con el hermanito?”. La llegaron a bautizar, asegura, aunque no consta en el registro parroquial. Lola recuerda el camino de cipreses del cementerio, la depresión de su madre y la ira de su padre, y lo comparte mientras se agarra el estómago, como queriendo aguantar el dolor.
“En mi pueblo se celebran los cincuenta años de los nacidos y ahí me acordé de que faltaba mi hermana en esa celebración, y me salió todo. Yo no sé qué me pasó, pero me activé. Era un sábado a las diez de la noche en 2018, empezamos a buscar asociaciones de bebés robados por Internet. Parecía que los del País Vasco están más organizados, había otra en Madrid, de Alicante solo había un número de teléfono y le dije a Paco que llamara”. Fue María José Picó Robles la que atendió el teléfono, una histórica luchadora de esta causa, iniciando con esa llamada el camino de búsqueda de la verdad y la justicia para este matrimonio. “¡Y me entiende!”, exclama Lola, “por primera vez en mi vida, alguien me dice 'te comprendo, tranquila, eso les pasaba a todos, te voy a mandar información...' y a partir de ahí yo ya me metí al cien por cien en esta lucha con estas mujeres tan valientes”.
Lola está convencida de que su hermana fue robada, y su testimonio podría ser el de cientos o miles de mujeres en España que sospechan que sus hijos o hermanos les fueron arrebatados en los hospitales al nacer para dárselo a familias sin niños adeptos al régimen o con mayor poder adquisitivo. Una práctica que se inició en la Dictadura y que se prolongó hasta la década de los noventa y que según Amnistía Internacional en su informe del año 2021 “ha vulnerado el derecho a la protección de la vida familiar, que incluye el derecho a la identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares sin injerencias ilícitas”.
Esa violación de derechos humanos, con independencia de si hubo o no desaparición forzada, se ha prolongado en el tiempo por la incertidumbre y el dolor asociados a los procesos de búsqueda
Esa violación de derechos humanos, con independencia de si hubo o no desaparición forzada, se ha prolongado en el tiempo por la incertidumbre y el dolor asociados a los procesos de búsqueda. Un sufrimiento emocional y psicológico que puede alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos (así lo han reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU) y que sólo podrá aliviarse con respuestas concretas sobre lo sucedido y con su reparación”.
María José Picó Robles es una de las pocas víctimas que ha podido demostrar que su hermana efectivamente fue robada. El 31 de enero de 2011 ante el fiscal, la arqueóloga, el forense y “un montón de prensa de todo el mundo” comenzó la exhumación en busca de los restos de su hermana gemela “donde mi padre recordaba que fue enterrada, porque él vivía y fue testigo de aquel enterramiento y porque la cajita era de madera”, relata María José en el mismo lugar donde ocurrió. “La fosa era de dos metros por dos y en esa esquinita, que mi padre recordaba perfectamente, queda el último hueco. Esa caja colmataba la fosa y pegada al ángulo de la pared de la fosa hallaron una impronta de una caja que coincidía con la cajita de madera con lo cual se demuestra que esa cajita estaba vacía y no había restos”.
Pero no fue tan fácil, sigue contando María José, ya que “por si el paso del tiempo y el movimiento en la tierra los hubiera hundido se siguió bajando muchísimo más y aparecieron los únicos restos de bebé que fueron analizados junto con las muestras de ADN de mi padre y de mi madre. Pasa un año y a pesar de nuestra insistencia, no nos dicen nada de esos restos hasta que convoco a la prensa. Entonces me confirman que no son de mi hermana, pero que hay un fémur que no corresponde que sí podría ser, con la mala suerte de que ese fémur está contaminado y no se le puede extraer el ADN. Ahí es cuando ya denuncio y a la semana me llaman de Fiscalía y me dicen que no es de ella”. Parecería que así ya quedaría demostrado que su hermana no fue enterrada en esa caja, pero “tampoco podía ser así de maravilloso”, exclama con ironía María José, “me comunican que en el cementerio hay un grupo de responsables que acaban de llegar que consideran que, en vez de haber veinticuatro filas en esta fosa hay veinticinco y que creen que el lugar donde se inhumó a mi hermana no era el correcto. O aceptaba que se volviera a exhumar en la fosa contigua, o el caso se daba por cerrado”.
“El caso está archivado, mi hermana no está enterrada y aquí seguimos, luchando contracorriente, como todos en estas situaciones”, lamenta María José
Entonces se hace, prosigue, una nueva exhumación, cerrado a la prensa esta vez, que duró nueve días. “Teníamos el listado de las cajitas que debía haber ahí y no coincide, pero además tampoco sale la cajita donde se enterró a mi hermana, con lo cual estaba claro que el lugar era el primero, el que mi padre recordaba”. Una victoria en teoría para la familia Picó Robles que, sin embargo, vio cómo a los dos días el juez archivó el caso porque no vivía ningún enterrador de la época. “Y así estamos”, se lamenta María José, “el caso está archivado, mi hermana no está enterrada y aquí seguimos, luchando contracorriente, como todos en estas situaciones”.
Es en 2013, a partir de esta experiencia, que montaron la Asociación con el fin de poder ayudar a otras familias. “Porque de esta forma tú no solamente estás luchando por encontrar a tu hermana, sino que estás ayudando a otras”. En estos años han llevado adelante alrededor de 60 denuncias. “luego está el otro lado”, expone María José, “las personas adoptadas buscando su identidad y su familia biológica, que son los que nosotros buscamos, porque mi hermana será una niña adoptada, la hermana de Gema, la hija de Laura y todos ellos se encuentran con el mismo problema que nosotras en el otro lado”.
La historia de María José Picó y su hermana nacida en 1962 tienen muchas similitudes con otras historias de bebes sustraídos. Un parto sin problemas a pesar de lo cual se aísla a la madre durante dos días, una monja que de noche le informa de que una niña ha muerto sin permitir verla, una madre que recuerda que estaba inexplicablemente débil y con alucinaciones. Un padre al que tampoco le dejan ver el cuerpo ni llevarse a la niña para ser enterrada en su pueblo y al que le insisten que debe ir con premura a buscar una caja de madera que no sea de funeraria. Y prisas, muchas prisas por enterrar esa cajita toda claveteada en la fosa común. La misma cajita que 51 años después se demostró que estaba vacía.
Gema Arnedo Nadal tiene 41 años y su caso guarda muchas similitudes con el de María José Picó, ya que su hermana gemela también fue robada. En este caso, de la clínica Vistahermosa de Alicante. Ella ha venido con su madre, Vicenta Nadal Santa María. Vicenta tiene 71 años y escucha con lágrimas en los ojos el relato que Gema va desgranando sobre la desaparición de su hermana. Era su tercer parto y sólo ahora se explica por qué estaba tan débil y atontada y por qué no le dejaron ver a las niñas, que nacieron sin complicaciones y con un peso de dos kilos y pico cada una. Seguía sin haber visto todavía a las niñas cuando le dicen que una de ellas tiene un soplo en el corazón y a la noche, estando sola en la habitación, dos personas sin bata ni identificación le dicen que se despida de la niña, que se la llevan a Madrid.
“Era una pareja joven bastante normalita”, recuerda Vicenta Nadal, “ella tenía como sentimiento de darme a la niña, pero estaban como contentos también”. Al día siguiente le dan el alta a Vicenta y estando en casa le llaman y le dicen que la niña se va a morir y que no se puede hacer nada por ella, que vayan a recogerla. “Mi padre se presenta en Madrid”, cuenta Gema, “y en la puerta le dan un capazo con un bebé con un tubo de oxígeno y un cateterismo hecho hasta el corazón, diciendo que esa es su hija y que se la lleve a casa. La montan en el coche y se vienen hacia Alicante y en el trayecto la niña, que aún está viva, va agonizando. Al llegar a casa y estando en los brazos de mi madre, la niña muere y mi madre acude corriendo a la clínica donde ha dado a luz”, continua.
“El pediatra ni siquiera le dejó entrar en la clínica y no le dio ningún documento, le dijo que se fuera a casa a velarla y que al día siguiente iría la funeraria a llevársela; pero la funeraria del hospital, no la del seguro que la familia tenía contratado”. Esa noche Vicenta la pasó velando a la niña, le puso un vestidito tejido por ella, la comparó con su hermana y constató que era demasiado grande (tres kilos y medio) y que, a pesar de ser gemelas univitelinas, no se parecían en nada; además, aunque Gema aún tenía el cordón umbilical, a la otra niña ya se le había caído. Al día siguiente vinieron de la funeraria y la metieron en un féretro con un cristalito y su crucifijo. Al ser fin de semana la tuvieron 48 horas en la cámara frigorífica del cementerio de Alicante y luego la enterraron en la fosa común.
Vicenta no pudo ir porque estaba muy débil por esas pastillas que se tomaba. Es en el año 2011 cuando la familia denuncia todas estas irregularidades y pueden exhumar la fosa gracias al testimonio de la hermana mayor de Gema que recuerda dónde fue enterrada la niña. Aparecen muchas improntas de féretros de bebes vacías, sin fetos ni restos, y aparece la caja con el cristalito y el crucifijo, esta sí con la niña dentro con el cateterismo puesto y la ropa que le tejió Vicenta. Las muestras de ADN confirmaron que esa niña no es la hermana de Gema, que el ADN no coincide con Antonia ni con su marido Manolo.
“Treinta años poniéndole flores y llorándole. Aunque no era mía la quería, y quiero que me la devuelvan para darle sepultura”, asegura una Vicenta conmocionada. “Como el caso está abierto y la justicia va tan lenta, después de doce años ya no quieren darnos el cuerpo. Además, ese cuerpo tendrá una mamá”, argumenta Gema, “es evidente que el bebé que le entregaron es de otra familia de Madrid o de donde sea y que a esa familia le habrán dicho que su bebé estaba muerto”. “Definitivamente se ha cometido un crimen”, sentencia Gema, “pero en el hospital nos dicen que no hay registros porque se perdió todo en una riada y ni hay responsables ni sabemos dónde fue a parar mi hermana”.
Para AVA, debería ser la propia Conselleria la que elaborara estos estudios y realizara pruebas de ADN a todas las personas que presentaran dudas sobre estas desapariciones de bebés
Únicamente a Gema, María José y Laura, que no acude al cementerio porque le resulta demasiado doloroso, pudieron exhumar. “Ya ves lo que pasó en cada caso”, resume Paco Alarcón, “se dijo que sí, que el bebé no estaba ahí y se archivó, pero nadie contrastó ni dudó”. Para AVA, debería ser la propia Conselleria la que elaborara estos estudios y realizara pruebas de ADN a todas las personas que presentaran dudas sobre estas desapariciones de bebés, e insisten igualmente en la necesidad de una ley de bebés robados ya que, tal y como dice Paco, “hay una diferencia entre las víctimas de los represaliados por el franquismo y las víctimas de bebés robados, porque las víctimas de bebés robados están vivas, incluso si han fallecido, muchos de ellos habrán creado familias y habrá descendientes de aquellas mujeres, que tampoco saben su origen, y esto es una es una realidad a la que se debe responder”.
Para Paco Alarcón, lo más importante es “conocer a las familias, tenerlas localizadas y ver la posibilidad de informarles de que existe la posibilidad de que haya familiares en búsqueda de ellos”. Desde la asociación han solicitado los datos al hospital para poder cruzarlos con los del archivo cementerial, pero se han negado a dárselos. Lo ideal para AVA sería que “alguna universidad, doctorando o algún investigador les solicitara sus fichas para poder elaborar un informe a partir de todos los datos recogidos y ampliarlos y contrastarlos con otras instituciones”, concluye. Queda trabajo por hacer.
