Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Estamos poniendo al día la información del blog. Difunde y corrige.
Seguimos buscando, y queremos completar los datos y las biografías de aquellos ciudadanos y ciudadanas que sufrieron el franquismo en el Valle de Mena, añadir alguna foto e incluso escribir un artículo en recuerdo de la persona. Todavía quedan muchas historias por completar: merinmemo@gmail.com
Bajo los cementerios cordobeses de La Salud y San Rafael yacen al menos 4.000 represaliados de más de 30 provincias y 15 nacionalidades. Los trabajos de exhumación comenzaron a finales de octubre
Loli Ramírez y José López Tejero, familiares de represaliados de la Guerra Civil, el pasado 22 de octubre en el cementerio de La Salud.PACO PUENTES
Encarna Bernal tiene 100 años y lleva toda su vida buscando a su padre José. El tiempo le ha cansado la memoria y ya no es consciente de que, si su salud aguanta, podría estar a punto de conseguirlo. El 27 de octubre una excavadora empezaba a remover la tierra del cuadro de la Virgen de los Dolores del cementerio cordobés de La Salud, donde entre julio de 1936 y el 1937 se enterró a los represaliados por los sublevados. 87 años después, y tras múltiples retrasos en el inicio de las exhumaciones, por fin han comenzado los trabajos paralocalizar y tratar de identificar los restos de las 4.000 víctimas del franquismoque se calcula que yacen en ese camposanto y en el de San Rafael, ambos en la capital cordobesa.
“Ha pasado demasiado tiempo”, se lamenta Marga Moyano, la hija de Encarna, en conversación telefónica desde Barcelona, donde ambas residen. “Mi abuelo trabajaba en el Círculo Mercantil, y era el secretario del sindicato de camareros. Lo detuvieron allí el 28 o el 29 de julio y lo fusilaron el 5 de agosto del 36. No tenemos certificado, pero ese fue el día en el que le dijeron a mi abuela que no volviera más a visitarlo a la cárcel”, explica. Su madre tenía 12 años entonces y participaba como mascota y presentadora de eventos en el movimiento pioneros, organizaciones juveniles comunistas. “Ella siempre quiso saber y nunca nos ocultó lo que vivió en la guerra”, cuenta. Vivían cerca del cementerio . “Los tiros se oían desde casa de mi abuela, hasta es posible que escucharan los que asesinaron a su marido sin saberlo”, añade.
Las investigaciones apuntan a que bajo la tierra de los cementerios de La Salud y San Rafael se extienden las fosas con más represaliados del franquismo, muchos fusiladas en el arranque de la guerra y otros fallecidas después en la cárcel. “Hemos identificado a 2.203 víctimas, que son las que aparecen con nombres y apellidos en el archivo provincial. Ahora son los profesionales los que deben hacer su trabajo para saber quiénes fueron los otros 2.000″, explica Antonio Deza, presidente de la asociación memorialista Dejadnos llorar, una de las principales impulsoras de los trabajos de exhumación . La Salud y San Rafael no solo son notorios por el número de asesinados que albergan, sino por su procedencia. Además de toda la provincia de Córdoba y todo el territorio andaluz, también yacen cuerpos de otras 34 provincias de España, además de extranjeros de hasta 15 nacionalidades.
Las fosas encierran a víctimas asesinadas entre el inicio de la guerra y 1945. “Córdoba fue una de las provincias donde la represión fue más cruenta. La mayor parte del territorio cayó en manos de los sublevados muy pronto, pero en el norte se mantuvo un frente activo que fue el último en caer. Eso explica que haya fallecidos de tantas provincias, porque el ejército republicano se nutría de soldados que venían del resto de España”, explica Francisco Acosta, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba.
El presupuesto destinado a las exhumaciones asciende a 1,2 millones de euros, costeados a través de un convenio firmado en 2020 entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba cuya ejecución se ha ido demorando. “Que empiecen es muy importante para los familiares, también para los que han fallecido mientras esperaban a saber en estos años ¿Cómo puede ser que Córdoba pueda tener una de las mayores fosas comunes del mundo y que hayan pasado 87 años sin hacer nada?”, señala Deza.
Familias marcadas por la Guerra Civil
Acto homenaje de descendientes de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, previo al inicio de la exhumación de una fosa común en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba.PACO PUENTES
Es lo que le pasó al padre de Loli Ramírez. “Me voy a morir sin saber dónde está mi tío”, le dijo una semana antes de fallecer, en 2017, con 89 años. Justo una semana después localizó no uno, sino dos certificados de defunción de su tío abuelo Germán Ramírez. “Uno dice que lo fusilaron el 13 de junio del 39 y otro afirma que se lo encontraron asfixiado en la cárcel el 14 de junio de ese mismo año, un día después”, cuenta Ramírez. La Guerra Civil marcó a su familia. “A mi abuelo lo condenaron a muerte, pero lo eximieron después, a uno de sus hermanos lo soltaron cuando se dieron cuenta de que estaba enfermo del corazón ; otro saltó del camión, se hizo pasar por tonto y huyó a Marruecos. A mi tío Germán lo detuvieron con 25 años porque ‘tenía dudosas ideas marxistas’ y lo condenaron a la pena capital el 27 de abril del 39″, relata su sobrina-nieta, que tiene otra tía abuela por parte de madre enterrada en San Rafael. “También la están buscando sus nietas”, explica.
José López Tejero también tiene enterrado a su abuelo en La Salud y a su tío en San Rafael. Otra familia a la que la Guerra Civil trastocó la vida. “El 41 fue un año nefasto porque fue cuando murieron los dos”, explica. A su abuelo, Juan López Guisado, lo detuvieron en Posadas simplemente por ser el padre de hijos comunistas. “Fue al comienzo de la guerra, luego lo soltaron y después volvieron a meterlo en la cárcel, donde murió por neumonía sin ser juzgado”, explica. Su tío, también Juan, era comisario político del PCE y fue detenido en Chinchilla (Albacete) en el 39. “Su consejo de guerra duró bastante porque lo confundieron con otro que se llamaba igual. Falleció también en la cárcel, pero no sabemos por qué o de qué porque aparece tachado en el certificado”, explica. “Mi abuelo estuvo en un campo de concentración tras la Batalla del Ebro”, cuenta. Otro de sus tíos escapó a Francia y el cuarto fue liberado por tener problemas de salud. “Lo que quiero es saber qué le pasó a mi familia”, pide Tejero.
Esa es la tarea que ahora le corresponde a Daniel García Quiroga, doctor en Arqueología de la Universidad de Granada y coordinador de los trabajos de exhumación en el cementerio de La Salud. “La primera fase del trabajo es delimitar la fosa para después establecer la cronología, buscar los restos y tratar de cotejarlos con los testimonios orales e investigaciones, además de las muestras de ADN, para tratar de darles identidad”, explica García Quiroga. “Entre el 36 y el 37 tenemos unas 1.000 víctimas con nombres y apellidos, pero la base de la represión era el ocultamiento por lo que puede haber muchos más”, abunda el arqueólogo.
Su colega Carmen Romero va a estar al cargo de los trabajos en San Rafael, de menor envergadura. “Las transformaciones en el cementerio hacen que vayamos a encontrar restos posteriores a 1939. Estamos hablando de una fosa común de grandes dimensiones con restos pertenecientes a personas que tuvieron un juicio sumarísimo y fueron condenados a morir fusilados y los que murieron en prisión. Esos serán los más difíciles de identificar”, indica. Romero no quiere avanzar cuántas víctimas pueden hallar porque no hay documentación específica: “Sería aventurar”.
Pico Reja como ejemplo
Familiares de víctimas dejan claveles sobre las cajas con restos de represaliados antes de ser depositados en el columbario-memorial de Pico Reja que se inauguró en abril en el cementerio sevillano de San Fernando.PACO PUENTES
Ramírez y Tejero asistieron el domingo 22 de octubre al homenaje de las asociaciones memorialistas a las víctimas en el cementerio de La Salud. Un acto simbólico para poner un punto y final a su larga labor de impulso para abrir las fosas. Pero van a estar vigilantes para que los trabajos no solo se ciñan a la exhumación, sino que permitan arrojar luz sobre cómo fue la represión. “Si esto solo se limita a un trabajo de exhumación, la verdad no va a conocerse por completo. Lo que aquí pasó forma parte del patrimonio cordobés, es una herramienta para evitar que se cometan errores del pasado”, afirma Mar Téllez, portavoz del Foro Ciudadano para la Recuperación de la Memoria Histórica en Andalucía.
El ejemplo está en Pico Reja, la fosa del cementerio de San Fernando en Sevilla que ha permitido certificar la crueldad de los sublevados sobre la población. Entre las asociaciones memorialistas hay cierto recelo sobre la relevancia histórica y social que el Ayuntamiento cordobés, gobernado por el PP, vaya a darle a las exhumaciones de La Salud y San Rafael.En la reunión que mantuvieron con el consistorio consiguieron arrancar el compromiso para la creación de una oficina de la memoria que intermedie con los familiares. “Si el Ayuntamiento no lo hace, nosotros elaboraremos nuestros folletos para explicar lo que pasó allí”, advierte Luis Naranjo, presidente del Foro por la Memoria Histórica. “La oficina debería estudiar cómo fue la represión y cómo murieron las víctimas”, sostiene Carmen Sánchez, presidenta de la plataforma Comisión de la Verdad.
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Ramírez y Tejero están esperando a que se confirme si se levantará un columbario para honrar a los represaliados, como en Pico Reja y decidir entonces qué hacer si encontraran a sus antepasados. Mayoral ha perdido la esperanza de localizar a su abuelo. “ Nos han engañado mucho”, sostiene, atendiendo a la demora en el arranque de las exhumaciones y en la tardanza en el cotejo de ADN en el caso de otras fosas. Deza piensa en el futuro: “Si con esto se aporta un granito de arena para la paz de las nuevas generaciones, el esfuerzo habrá merecido la pena”.
Les periodistes Marta García Carbonell i María Palau Galdón publiquen ‘Indignas hijas de su patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià’, editat per la Institució Alfons el Magnànim.
Carmen Polo rep al Pardo les vocals de la Junta Nacional del patronat.
Castics, proves de virginitat, treballs forçosos, cel·les d’aïllament i molta moral catòlica. El franquisme va crear el Patronat de Protecció a la Dona –amb la dona del dictador, Carmen Polo, com a presidenta d’honor–, una institució que va propiciar el tancament d’un nombre incalculable de menors d’edat en convents a tall de reformatoris. “Els motius de l’internament van ser molts i molt diversos, des de portar-se malament fins a anar de bracet d’un xic o fumar pel carrer”, explica la periodista Marta García Carbonell (Gandia, 1999), autora juntament amb María Palau Galdón (Bicorp, 1999) d’Indignas hijas de su patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià, editat per la Institució Alfons el Magnànim després d’obtindre la ‘Beca de periodisme d’investigació Josep Torrent’ que atorga la Unió de Periodistes Valencians.
Les autores han rastrejat la trajectòria de la institució en desenes de caixes dels arxius oficials de la dictadura, amb l’ajuda dels treballs de la investigadora Consuelo García del Cid, pionera de l’estudi del patronat i supervivent del tancament, o de les historiadores Mélanie Ibáñez i Vicenta Verdugo, especialistes en gènere i repressió franquista.
A pesar que les arrels històriques més llunyanes de la institució es remunten al 1902 i de l’experiència fallida de reforma durant la II República, va brillar en tota la seua esplendor durant la dictadura franquista i no es va extingir fins al 1985.
En plena postguerra, el 1941, la dictadura va crear el Patronat de Protecció a la Dona, dependent del Ministeri de Justícia (el titular de la qual exercia de president efectiu) i amb representants dels bisbes, militars, policies i de la Secció Femenina de la Falange Espanyola Tradicionalista i de les JONS, entre altres estaments del règim. Tot amb l’objectiu d’imposar la moral catòlica, de manera especialment activa en les zones que havien estat sota control republicà fins al final de la contesa.
En el punt de mira van quedar els “comportaments homosexuals o altres anomalies d’ordre mental”, la prostitució de carrer –disparada a conseqüència de la pobresa i la fam durant la postguerra–, els passejos de diumenge de parelles amb bicicleta (“vehicle de moda”, segons les memòries del patronat), la foscor de les sales de cinema i, especialment, les sales de ball (“És l’arrel d’incomptables pecats i ofensives contra Déu Nostre Senyor que té prohibida la luxúria en tots els seus graus”, alertava la revista Ecclesia el 1945).
Les encarregades d’aplicar el tancament, en última instància, van ser monges de diversos ordes religiosos. En els centres de classificació previs al tancament en convents, “els feien exàmens de virginitat per veure quins havien sigut els seus pecats”, recorda María Palau. “En el patronat les dones podien acabar tancades a conseqüència de batudes de carrer o perquè les enviava un metge, un professor o una monja”, explica la periodista.
Així doncs, segons els informes interns “sobre la moralitat pública a Espanya”, les Adoratrius assumien les joves més “fàcilment regenerables”, les Religioses del Bon Pastor a les que “oferien fundades esperances de rehabilitació” i les Oblates a les “caigudes més poc inclinades a l’acció reeducadora”. “Les pitjors eren les Oblates i les Adoratrius”, postil·la Marta García, que recorda que va haver-hi molts intents de suïcidi.
En els reformatoris, les internes cosien, resaven i poc més. Per descomptat, sense remuneració. “La vida diària era silenci, por, fam, oració i treball forçat”, detalla María Palau. A més, les fugues es castigaven amb tancaments en cel·les d’aïllament o amb el desterrament a centres situats en altres províncies “per a aconseguir que es trencara la xarxa familiar i social d’amistats”, recorda Marta García. Després de l’internament, les joves continuaven vigilades.
Les memòries de la institució serveixen de termòmetre de la moral catòlica a l’Espanya franquista. Les periodistes, a més de traçar el mapa dels reformatoris al País Valencià, han trobat algunes de les memòries de la institució, que advertien de la “recrudescència de la blasfèmia” i la “desaprensió del llenguatge”, a més de l’“augment de l’impudor femení” i la substitució del descans dominical en la llar per la gresca en els “centres de diversió”.
El 1944, la Junta Provincial de València del patronat avisava de la “relaxació de l’honestedat de la dona” en llocs de la ciutat com les “ribes solitàries” del llit del riu Túria o a l’Albereda, on, aprofitant la “falta de llum, particularment en les hores de poqueta nit”, es gaudia de “tota mena d’immoralitats per ser lloc de passeig favorit de moltes parelles”.
Les autores del llibre també reprodueixen un informe del Servei d’Informació de la Direcció General de Seguretat que adverteix, el 1950, de la presència d’homes a les platges de Benicàssim amb “el típic tapacul” o de dones prenent el bany “llevant-se els sostenidors”.
La dècada de 1960, amb l’arribada del turisme i els nous aires en la moda o la publicitat, va suposar més control per part del Patronat de Protecció a la Dona, tal com subratlla la historiadora Lucía Prieto.
El 1975, almenys 3.386 dones van ser internades en reformatoris del patronat, castigades per la “lletjor dels seus vicis”. La institució va sobreviure a la dictadura fins ben entrada la democràcia, malgrat els intents de reforma per part del Govern de la UCD. “En ple procés democratitzador, el Patronat de Protecció a la Dona tenia encara un total de 123 centres, propis, col·laboradors i auxiliars, repartits per la geografia espanyola”, escriuen les autores d’Indignas hijas de su patria.
El residu franquista va ser retratat per revistes com a Vindicación Feminista o el diari El País. El principi de la fi dels reformatoris del franquisme va arrancar el 1983, amb la mort d’Inmaculada Valderrama, una jove de 15 anys que va caure d’un tercer pis, despenjant-se amb un llençol mentre intentava fugir d’un centre regentat per les Croades Evangèliques a San Fernando de Henares (Madrid).
Després d’aquest succés, el president del Consell Superior de Protecció de Menors, Enrique Miret, va visitar el reformatori i va prohibir les agressions físiques i l’ús de cel·les de castic. La institució es va extingir definitivament mitjançant un decret el 1985. “Si hui existira el patronat, Marta i jo estaríem tancades ací dins”, conclou la periodista María Palau.
En busca de la recuperación de su memoria, la doctora Laura Pego Otero encabezará este martes una conferencia en la Biblioteca del Congreso de la Nación.
Comentarios desactivadosen La represión del franquismo sobre las mujeres vascas
Este martes 14 de noviembre a las 18 horas la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina realizará una conferencia sobre la “Represión del franquismo sobre las mujeres vascas. Hacia la recuperación de su memoria”, a cargo de la doctora Laura Pego Otero.
Con entrada libre y gratuita, la presentación se llevará a cabo en el Bar Piglia del Espacio Cultural BCN sito en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Laura Pego Otero es doctora en Derecho y estará en Buenos Aires en el marco de la cátedra Amale Artetxe del Instituto Vasco Etxepare de difusión cultural, para brindar un curso de doctorado en la Universidad de Lanús y mantener encuentros con investigadores de la UBA sobre jurisdicción universal y la querella de crímenes del franquismo y sobre prevención de la tortura.
De este modo, la catedrática de la Universidad del País Vasco (UPV) relatará los detalles de la investigación realizada sobre la represión del franquismo sobre las mujeres vascas. Un trabajo encargado por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) al Instituto Vasco de Criminología (Kriminologiaren Euskal Institutua), que centra su atención en el tratamiento recibido por 602 mujeres presas en la cárcel de Saturrarán entre 1937 y 1944, durante la guerra civil española y la primera posguerra.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica extrae de una fosa los restos de dos personas asesinadas el 1 de noviembre de 1939 por la dictadura franquista, cuando mataron a Francisco Mesas Paredes.
Restos hallados en los trabajos en la fosa del cementerio de Belalcázar.
En 2022, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) emprendió la búsqueda de una fosa en Belalcázar (Córdoba) para encontrar los cuerpos de cinco guerrilleros antifranquistas asesinados por la Guardia Civil en 1950. A raíz de aquellos trabajos, la investigación les llevó a encontrar nuevos casos de personas represaliadas por el franquismo y constataron con documentación histórica que en el cementerio del municipio habría once grupos de enterramientos diferentes donde yacerían 35 fusilados por el franquismo entre mayo y noviembre de 1939. Ahora, los trabajos acaban de dar frutos hallando uno de esos enterramientos con los restos de dos personas y, probablemente, dando con el que fuera alcalde republicano del municipio, Francisco Mesas Paredes.
Estas personas represaliadas fueron asesinadas en el otoño de 1939, ya en la dictadura franquista. La documentación situaba los enterramientos a la derecha de la capilla del camposanto, explica a Cordópolis el coordinador de los trabajos y vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Marco González. Y en ese espacio se han desarrollado ahora unos trabajos que han arrojado luz sobre el paradero de dos represaliados.
“Se cree que fueron asesinadas el 1 de noviembre de 1939”, comenta el experto por los hechos conocidos por la documentación y la ubicación donde se les buscaba y ahora se les ha encontrado. Se cree que son los restos de José Gómez Carrasco, que pertenecía a las Juventudes Socialistas, y de Francisco Mesas Paredes, apodado Mesilla, de Izquierda republicana y alcalde de Belalcázar antes del Golpe de Estado de 1936.
Ambos fueron sentenciados en juicios sumarísimos, donde consta la fecha de su muerte. Actualmente, no se conoce que haya familiares vivos de estas dos personas pero, se buscará la manera de que el Ayuntamiento del municipio otorgue un lugar “para que sean enterrados dignamente”.
Trabajos en la fosa del cementerio de Belalcázar.
Exhumación y análisis de los restos
Del resto de enterramientos que se buscaban, nada se ha encontrado de momento, aunque se espera hacer un nuevo sondeo en una zona anexa a donde se ha trabajador ahora. Lo que es seguro es que “hemos constatado que se trata de un cementerio megaintervenido”, con una actividad que a lo largo de los años ha movido el terreno, se han hecho acopio de restos removidos y es complicado encontrar los enterramientos en el mismo lugar en que se hicieron.
El equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está concluyendo ya los trabajos en esta fosa, tras el hallazgo y la exhumación de los dos cuerpos. Los trabajos han sido financiados por la propia asociación sin aportación de recursos públicos y los restos serán analizados en el campus de Ponferrada de la Universidad de León.
El proyecto de intervención ha sido dirigido por el arqueólogo Serxio Castro y en los trabajos han participado un grupo de 15 voluntarios llegados desde diferentes puntos de España e incluso un estudiante de Historia de la Universidad Humboldt de Berlín.
Sevilla, 12 nov EFE).- Un estudio histórico constata algo más de doscientas exhumaciones de víctimas del franquismo efectuadas en España en los años 70 y 80 -algunas incluso durante los últimos años de la dictadura, de manera clandestina-, antes de la entrada en vigor de las leyes de Memoria Histórica.
El estudio ha sido efectuado por la historiadora Zoé de Kerangat (Toulouse, 1989), profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), y publicado por la editorial granadina Comares con el título "Remover cielo y tierra. Las exhumaciones de víctimas del franquismo en los años 70 y 80".
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Zoé de Kerangat ha explicado a EFE que el desencadenante de su investigación estuvo en las exhumaciones efectuadas desde la década del 2000, en aplicación de las leyes de Memoria Histórica, cuando antropólogos y arqueólogos comprobaron que en algunos de estos enterramientos -por lo general fosas comunes- se había excavado con anterioridad y que de alguno incluso ya habían sido extraídos algunos restos humanos.
La mayor parte de esas exhumaciones de los años 70 y 80 se efectuaron sin protocolo alguno y sin normas, lo que, según la historiadora, ha dificultado enormemente su investigación y la ha imposibilitado para llegar a conclusiones numéricas concretas.
La prensa, ajena
"La principal base documental es el testimonio de los vecinos que quedan con vida" y que fueron testigos de aquellas exhumaciones, según De Kerangat, quien ha asegurado que su investigación ofrece una "visión general" del asunto pero que para concretar un repertorio completo sería preciso "ir de pueblo en pueblo" por toda España.
Además de la discreción con que se efectuaron estas exhumaciones -casi la totalidad promovidas por familiares-, la prensa de esos años se mantuvo ajena y apenas si alguno de estos casos trascendió como hecho noticioso, de modo que la única publicación que informó con cierta asiduidad fue el semanario Interviú.
La historiadora ha lamentado que se tratara de una publicación sensacionalista, más conocida por ofrecer desnudos y alejada del rigor ofrecido por otras fuentes históricas.
Por lo general, fueron exhumaciones que se llevaron a cabo de manera espontánea "en un ambiente de miedo", lo que no impidió que con la muerte de Franco se produjera "una ola de exhumaciones, sobre todo en La Rioja y Navarra, donde se formaron redes que conectaron unos pueblos con otros, se prestaban ayuda, intercambiaban información y acudían a los entierros", según la historiadora.
De Kerangat ha señalado que a los promotores de las exhumaciones, que siempre actuaban a título particular, se les pedía que no exhibieran banderas ni eslóganes políticos en el momento de las reinhumaciones "para que todo transcurriera bajo control", lo que no evitó que algunas suscitaran pintadas, como las registradas en Casas de Don Pedro (Badajoz).
El alcalde y su vaca
Uno de los casos que trascendió a la prensa nacional fue el de Benito Benítez, alcalde de Torremejía (Badajoz), obrero del empleo comunitario y miembro del Partido del Trabajo de España (PTE) que en agosto 1979 accedió a la petición de una comisión de familiares para exhumar una fosa con 33 víctimas -32 hombres y una mujer- y trasladar sus restos al cementerio nuevo de la localidad -una reinhumación a la que asistió un millar de personas, también vecinos de los alrededores-.
Como Benito Benítez decidió costear la exhumación con fondos del plan de empleo rural fue denunciado, condenado y se le embargó una vaca que poseía al no disponer de las 50.000 pesetas por responsabilidad subsidiaria, pero finalmente, mediante una suscripción popular, recuperó su vaca.
También con fondos del Plan de Empleo Rural se financió, en 1980 y 1981, la exhumación de los fusilados en Écija (Sevilla) en 1936, por iniciativa de un militante comunista con el apoyo de la mayoría andalucista en el Ayuntamiento, en una operación tan compleja que su investigación sigue abierta hoy.
En Écija los cadáveres de los fusilados se enterraron en una fosa común activa desde 1889 que recogía también los cuerpos que quienes no podían pagarse un enterramiento individual, de modo que se extrajeron 668 cuerpos cuando la historiografía certifica 212 fusilados en la Guerra Civil en Écija.
En fecha sin concretar de los años sesenta ha recogido la historiadora la exhumación a cargo de sus familiares de los restos de Leonardo Enciso en el cementerio de Urzante (Navarra): "Gracias a la ayuda del enterrador, localizaron la fosa de día, y volvieron de noche, con caballería, para desenterrar y bajar los restos, que reinhumaron en la tumba donde reposaba su esposa, en Ablitas (Navarra)". EFE
