Álvaro Vega
Córdoba, 23 feb (EFE).- El historiador Antonio Barragán Moriana aborda en su último libro el análisis de cómo la represión franquista se cebó sobre los alcaldes al ser la representación municipal “la más alta instancia de encarnación y simbolismo de lo que la República significaba”.
De esta manera lo expresa Barragán en su nuevo libro, 'Culpable de todos los desmanes habidos… La aniquilación de la democracia municipal republicana. Córdoba 1936-1942' (Utopía Libros, 2025), en la que es la tercera entrega de un proyecto de investigación que lleva desarrollando tres lustros.
Antonio Barragán (Aguilar de la Frontera -Córdoba-, 1949), catedrático jubilado de Historia de la Universidad de Córdoba, ya había definido que “la justicia militar fue planificada, y que, naturalmente, atendió a un orden, a una organización que efectivamente tenía unos objetivos muy claros”.
Entre estos objetivos, Barragán, uno de los referentes del estudio de la represión durante la Guerra Civil y la posguerra en la provincia de Córdoba, identificó a “las personas más relevantes del sector republicano, fueran alcalde, diputados, dirigentes sindicales o políticos, lo que no quiere decir que también fueran objeto de la represión personas normales que tenían una vinculación muy sencilla con la República”.
Represión continuada en el tiempo
Es una represión que “fue continuada en el tiempo, porque en el ADN del franquismo está la existencia de una represión, que llega hasta los años 70”.
En el caso de los máximos representantes municipales, ya fueran alcaldes o presidentes de los consejos locales municipales que se crearon tras el golpe militar, el autor ha identificado en la provincia de Córdoba a 66 personas que fueron ejecutadas por su condición de dirigentes municipales leales a la República y vinculados al Frente Popular, ganador de las elecciones generales de febrero de 1936.
En su mayoría eran miembros del PSOE y UGT, pero también los hay que pertenecían a Unión Republicana, PCE y CNT.
Catorce de ellos fueron fusilados en aplicación del bando de guerra, en las semanas posteriores al golpe militar, entre ellos los alcaldes de Córdoba, Manuel Sánchez Badajoz; Aguilar de Frontera, José María León Jiménez; y el de La Carlota, Francisco Afán Otero.
“Pero las cosas no quedan ahí, cuando finaliza la guerra, 68 alcaldes más van a ser condenados a muerte y de ellos 52 ejecutados”, desvela Antonio Barragán en su nuevo trabajo.
Esto da “una cifra total de 66 alcaldes ejecutados entre aplicación de bando de guerra y sentencias de condena a muerte en los consejos respectivos que se le abren”.
Indultados sin beneficio
Además de ello, otros catorce fueron condenados a muerte y “conmutada su pena de muerte por la inmediata inferior, que no era otra que la de reclusión perpetua, con lo cual no pudieron hacerse beneficiarios”, ha precisado el historiador.
Otros tres murieron, dos de ellos en prisión. En el caso de Francisco Jiménez, alcalde de Espejo, se suicidó en la sede de la Falange de su pueblo; y Julián Caballero Vaca, alcalde de Villanueva de Córdoba, falleció en un enfrentamiento con la Guardia Civil, “ya muy entrada a la posguerra, el 11 de julio de 1947”.
Para Barragán, “la justicia militar sobre los alcaldes fue implacable y muy grave”, hasta el punto de que, “si analizamos el porcentaje de condenas a muerte de la población general cordobesa que ha pasado por los Consejos de Guerra, vemos que, del conjunto de los 12.000 aproximadamente expedientes que consulté, el 15,5 % son condenas a muerte; y, en el caso de los expedientes referidos a alcaldes y presidentes de los consejos locales, ese porcentaje sube casi al 47 %, por tanto, es una primera característica de implacabilidad”.
Otra característica “es la ejemplaridad”. Con ella “se intentaba, aplicando un castigo ejemplar a los alcaldes, que fuera, evidentemente, algo que subyaciera, algo que se proyectara durante todo el tiempo y a lo a lo largo de toda la década de los 40 en toda la ciudadana”.
Símbolos de la República
A su juicio, el hecho de que “los alcaldes son el especial objetivo, el específico objetivo, con estos niveles de contundencia, de intensidad, de ejemplaridad, es, sencillamente, por una razón: los alcaldes son los que simbolizan a nivel local la cota más alta de representación de lo que la República había significado a nivel local”.
De esta manera, “eliminando a los alcaldes, obviamente se eliminaba a quienes habían representado a la República y lo que las políticas de la República habían significado”.
Para el director de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, Francisco Acosta, que escribe el prólogo del libro, el trabajo de Barragán, además de haber animado al estudio local de la represión franquista, representa “una contribución a la historia de la democracia en nuestro país que se produce como consecuencia del triunfo de los sublevados en la Guerra Civil y la subsiguiente instauración del régimen dictatorial franquista”.
En su opinión, “la erradicación integral de la institucionalidad municipal republicana fue un aspecto estratégico de la represión franquista”. EFE
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