dilluns, 21 d’abril del 2025

Represión sexual y control social: nuevas miradas sobre el franquismo

 https://elpais.com/babelia/2025-04-16/represion-sexual-y-control-social-nuevas-miradas-sobre-el-franquismo.html

Mujeres rapadas en 1936 en Toledo durante la Guerra Civil por tener familiares del bando republicano.

Dos estudios de una nueva generación de historiadores ponen frente al espejo la historiografía de la represión durante la dictadura

Dos nuevos libros de historia, coordinados por una nueva generación que trabaja con fuentes cada vez más amplias y complejas, vienen para quedarse. Su mirada aporta nuevas claves para entender un pasado, oculto y silenciado de raíz, que nunca llegó a transmitirse. De ahí la importancia de este tipo de estudios, que parten en busca del tiempo, sin renunciar al rigor ni a las reglas de la investigación científica. Las mil caras de la violencia contra las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1966) (Comares), coordinado por María de los Llanos Pérez y Damián González, pone frente al espejo a nuestra historiografía sobre la represión. Hemos avanzado mucho en las últimas décadas, pero sin considerar a las mujeres como un objeto de estudio válido. Demandan un cambio y lo hacen predicando con el ejemplo. A través de este conjunto de estudios no solo demuestran lo contrario, sino que explican cómo la única forma posible de avanzar, de lidiar con la invisibilidad y el paternalismo que envuelve todo el periodo, es a través de las fuentes y los archivos. Hay tres grandes ejes temáticos y cronológicos: la Guerra Civil, las cárceles y la prostitución. Cada uno se desdobla, a su vez, en una particular mirada sobre la represión sexual. Una estructura que dirige todo el estudio y consigue ir más allá del mero refrito o estado de la cuestión, tan habitual de la mayoría de los libros colectivos. Las mujeres colaboraron, denunciaron y fueron instigadoras de la violencia que siguió el río de la guerra (documenta Sofía Rodríguez). Pero también fueron víctimas de innumerables violaciones a lo largo y ancho de las respectivas retaguardias (Adriana Cases). Sus huesos nos llevan a la profunda desolación de las fosas comunes. La mayoría sufrió un enterramiento ejemplar, imposible de documentar hasta el momento (Queralt Solé y Eulàlia Díaz-Ramoneda).

La parte central del estudio corresponde a las mujeres encarceladas, en todas sus etapas y dimensiones. Desde su paso inicial por los tribunales militares, a la condena social más larga, la de la libertad condicional (Beatriz García Prieto). Destaca la utilización de nuevas evidencias que parecían solo destinadas al ámbito privado o familiar. De los expedientes gubernativos (Llanos Pérez) a los miles de cartas que escribieron durante años para mantenerse vivas (Francisca Moya), hasta obtener una radiografía completa de las encausadas a través de las duras sentencias de los consejos de guerra (Encarnación Barranquero). Porque estas “mil caras” tienen detrás un rostro, un impacto colectivo. La represión, la solidaridad y la movilización política (Irene Abad) nunca fueron fenómenos aislados. Como tampoco desapareció la violencia sexual entre los grupos afines. Las exiliadas la sufrieron de manera continuada en tres lugares muy particulares: en los campos de internamiento, en el trabajo y en la propia familia (Rocío Negrete). La violencia invisible, la cotidiana, la de todos los días, también llegó a los tribunales ordinarios franquistas (Tamara López). La despacharon con la costumbre. La asimilación de cualquier transgresión femenina con la prostitución domina, de principio a fin, todo el periodo (Laura Bolaños). El discurso abolicionista del nacionalcatolicismo (Carmen Guillén) llega hasta los años sesenta, donde una versión más moderna de la peligrosidad social desplaza a la caduca obra de mujeres caídas (Lucía Prieto).

Bajo sospecha. Historia de una sociedad vigilada. España, 1939-1975 (Espasa), coordinado por Ana Asión y Sergio Calvo, profundiza aún más en esta última etapa o segundo franquismo, pero sin olvidar la fuerte inversión en violencia que sacudió la primera. No entra, por tanto, en la Guerra Civil, para centrarse en los años cincuenta y el desarrollismo, vistos todavía de manera muy complaciente. Parten de un tiempo y de un objetivo distinto para llegar a un público mucho más amplio y diverso. A todos aquellos interesados en comprender los múltiples aspectos del franquismo que hemos normalizado histórica y, sobre todo, sociológicamente. Porque no existió un escenario de socialización que no cayera bajo el control de la dictadura. Todos eran sospechosos. Bajo sospecha es la historia de una sociedad en perpetua vigilancia y coerción constante, en la que no se podía pensar o actuar de manera diferente. Esta cuestión, aparentemente aceptada y sencilla, vuelve a ser hoy muy necesaria. De ahí la importancia de la lección didáctica de este libro.

Tres generaciones de historiadores colaboran en una reconstrucción más visual y narrativa del pasado que permite comprender y analizar la dictadura con otros ojos. Hablan de la historia social del país, siguiendo aspectos distintos, pero con una trama común en todos ellos. Empezando por una mayoría silenciosa, la población indiferente que se dejó llevar o miró para otro lado. Cómplices o desinteresados, comparten posición hasta nuestros días (Carlos Forcadell). Siguieron la pauta de un régimen formado por unas élites dirigentes absolutamente activas y conformes con la dictadura, con la represión como verdadero pegamento o elemento aglutinante (Nicolás Sesma). La Dirección General de Seguridad, cuyos archivos siguen cerrados a cal y canto a los investigadores, fue su principal núcleo operativo. Su papel como central de información y catalizador del miedo durante décadas se vio redoblado en la “contención de la subversión” de la recta final de los años setenta (Pablo Alcántara). Prácticas consolidadas que, lejos de desaparecer, mutaron y se coordinaron claramente contra la organización y reconstrucción del movimiento obrero (Cristian Ferrer); pero también afectaron de lleno al estudiantil, cuyos mecanismos de depuración académica siguen siendo poco conocidos (Carrillo-Linares), cuando no desconocidos del todo, como la presencia permanente de la Brigada Político Social en cada uno de los distritos universitarios (Sergio Calvo). El mundo de la cultura y de la prensa fueron depurados al milímetro (Ríos Carratalá). Apenas quedó una rendija, una tímida apertura en determinados espacios, como el cine, ensanchada ya en los comienzos de la Transición (Ana Asión). El libro se cierra con un capítulo sobre la represión sexuada (Irene Abad y Sescún Marías) que nos devuelve a las mil caras de la violencia que encarnó y desfiguró la sociedad franquista. Donde no había lugar para el olvido, ni para nada ni nadie que pensara o actuara diferente.

Portada de 'Las mil caras de la violencia contra las mujeres'.

Las mil caras de la violencia contra las mujeres durante la guerra civil y la dictadura franquista (1936-1966)

Coordinación de María de los Llanos Pérez Gómez y Damián A. González Madrid
Comares, 2024
300 páginas. 28,50 euros
Portada de 'Bajo sospecha'

Bajo sospecha. Historia de una sociedad vigilada (España, 1939-1975)

Coordinación de Sergio Calvo Romero y Ana Asión Suñer
Espasa, 2025
392 páginas. 21,90 euros

‘Querida mía’, una novela epistolar con las cartas de mujeres desde 1936 a 1951

 https://efe.com/andalucia/2025-04-17/querida-mia-una-novela-epistolar-con-las-cartas-de-mujeres-desde-1936-a-1951/


La escritora sevillana y activista por la memoria histórica Paqui Maqueda. EFE/Fermín Cabanillas

17 abril 2025


Fermín Cabanillas | Sevilla (EFE).- Hace más de 20 años que Paqui Maqueda (Sevilla, 1964), está peleando activamente por la memoria histórica, por las víctimas del franquismo en todos los sentidos, y una parte de esa lucha la realiza a través de la cultura, con la que ha dado un nuevo paso ahora contando la historia de cinco mujeres a través de sus cartas desde 1936 a 1951.

Se trata de ‘Querida mía’ (Libros de la herida), un libro en el que, con la difícil técnica de la novela epistolar, recoge las cartas de unas mujeres separadas por la guerra, mezclando su conocimiento personal de historias que han llegado a la actualidad con la licencia que da la novela a la autora para completar el relato, historias duras de quienes solo tenían un trozo de papel y un lápiz para ganar un poco de libertad.

La novela ha salido a la luz “tras un proceso complicado, pero era la única forma que había de contar el apoyo que tenían estas mujeres a la hora de relacionarse con las otras, y de saber de la vida de cada una de ellas”, porque en sus páginas se mezclan las cartas desde México, Sevilla, las prisiones de Málaga y de la sevillana de Ranillas o Toulouse.

Ha sido casualidad, pero la cita de la escritora con EFE es un 14 de abril, para hablar de historias entremezcladas de mujeres como Esperanza, que da vida al triste caso real de muchas mujeres fusiladas nada más dar a la luz en la cárcel. “Le quería hacer un homenaje a mujeres como ella, a tantas a las que secuestraron a sus hijos nada más nacer y terminaron en el paredón” y Esperanza lo cuenta en una carta para que su historia no se olvide.

La escritora sevillana y activista por la memoria histórica Paqui Maqueda posa durante la entrevista con EFE con motivo de su libro ‘Querida mía’. EFE/Fermín Cabanillas

La amante prostituta de Queipo de Llano

Paqui Maqueda ha llevado al libro a una mujer que conoció realmente hace más de 30 años. Era la encargada de un prostíbulo en La Alameda de Hércules en Sevilla. Le contó, entre otras cosas, que había sido la amante del general Queipo de Llano. Una historia real que baja a lo terrenal a alguien que “era un dios para algunos, pero un diablo para mucha gente”.

“Yo era trabajadora social con mujeres prostituidas, y una señora mandó llamarme porque le gustaba como trabajaba con las mujeres. Era una ‘madame’. Me contó que había sido amante de Queipo de Llano”. Y la novela recoge el momento en que se conocieron ella y el general franquista. Ese que llamó a través de Radio Sevilla a violar a las mujeres republicanas mientras él tenía a su amante. Cuando Paqui la conoció ya tenía más de 85 años.

En la novela, el que fue causante directo de la muerte de más de 20.000 personas “aporta la tapadera que Reyes necesita para que las cartas lleguen a sus destinatarias”. Algo que ha desarrollado la autora a partir de lo que le contó aquella mujer. “Aparte de un traidor, era una persona que no tenía moral, que se podía vender a cualquier postor, que no tenía empatía ninguna, y solo hay que ver las salvajadas que hizo”.

La noche de la exhumación

Algo que ella ha vivido en su familia en primera persona. La noche del 3 de noviembre de 2022, Paqui Maqueda era una de las pocas personas que estaba a las puertas de la basílica de La Macarena durante la exhumación de Queipo de Llano y su esposa, y a los gritos de “Viva Queipo” y las risas de algunas personas ante su presencia, ella respondió recitando en voz alta los nombres de sus familiares ajusticiados por el general o sus mandos intermedios.

«No me callé esa noche y no me he callado, porque creo que hay que señalar, hay que visibilizar. Hay que señalar los crímenes y los responsables, y, por supuesto, hay que señalar las víctimas y hacerles un homenaje”. Esto resume a la hora de contar qué le ha llevado a implicarse en esta novela y en su lucha diaria.

‘Querida mía’ es un nuevo paso de Paqui Maqueda en la defensa de los que se quedaron sin voz. Además, ha publicado el libro de artículos ‘En la silla del criminal’ (2014), a partir de sus vivencias en Argentina durante la querella contra los crímenes del franquismo. Y la novela ‘La cuerda’ (2019), basada en hechos reales y ambientada en la guerra civil española. Además del relato ‘Azul oscuro’ (2003), en el que narra la represión sufrida por su familia tras el golpe de Estado de 1936. EFE

diumenge, 20 d’abril del 2025

El Gobierno presenta el concurso público para la resignificación del Valle de Cuelgamuros

 https://elpais.com/espana/2025-04-15/el-gobierno-presenta-el-concurso-publico-para-la-resignificacion-del-valle-de-cuelgamuros.html

El PP retira flores republicanas de un monumento en memoria de las víctimas del franquismo en Badajoz

 https://www.publico.es/politica/memoria-publica/pp-retira-flores-republicanas-monumento-memoria-victimas-franquismo-badajoz.html

Más de setenta asesinados por el franquismo en Colmenar Viejo sin identificar por falta de financiación

 https://cadenaser.com/cmadrid/2025/04/15/mas-de-setenta-asesinados-por-el-franquismo-en-colmenar-viejo-sin-identificar-por-falta-de-financiacion-ser-madrid-norte/

La ilegalización de la Fundación Franco se frena a la espera de un informe pedido hace nueve meses

 https://www.infolibre.es/politica/ilegalizacion-fundacion-franco-frena-espera-informe-pedido-nueve-meses_1_1977013.html


Francisco Franco y su mujer, Carmen Polo

La ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), última trinchera de la dictadura en democracia, continúa en su fase inicial nueve meses después de que el Gobierno activara la maquinaria de disolución. El procedimiento ha quedado paralizado a la espera de un informe que el Ministerio de Cultura, que es quien lo lidera, encargó el pasado mes de junio a la Secretaría de Estado de Memoria. Sin él, señalan las fuentes consultadas por infoLibre, no se puede seguir avanzando. Un documento que, confirman desde el órgano dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria, está aún en fase de elaboración.

La disolución de este tipo de entidades viene contemplada en la Ley de Memoria Democrática, que lleva dos años y medio en vigor sin que haya desplegado todavía todos sus efectos. Una norma en la que se establece como causa de extinción de las fundaciones "la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes" con "menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas" del golpe, la guerra o el franquismo, así como la incitación al "odio o violencia contra las mismas por su condición de tales". Algo que han reclamado históricamente los colectivos memorialistas.

Es al Ministerio de Cultura a quien compete la puesta en marcha de un procedimiento de borrado que depende, en último término, de los jueces. "Corresponderá al Protectorado de Fundaciones –que depende de la cartera que dirige Ernest Urtasun– instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa, pudiendo en tal caso el órgano judicial [...] acordar la suspensión provisional de las actividades de la fundación hasta que se dicte sentencia, así como adoptar las medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades", recoge la norma.

Cultura activó el pasado mes de junio la maquinaria. Lo hizo con la puesta en marcha de un periodo de actuaciones previas, fase en la que se busca recopilar toda la "información y elementos de juicio" que permitan sostener la petición de extinción. Una vez concluya esta primera etapa, el segundo paso sería la apertura formal del procedimiento, comunicando a la fundación la existencia del expediente y dándole un tiempo para que formule alegaciones. Tras esto, se solicitaría informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual la cartera que lidera Urtasun elaboraría la resolución con la que instaría judicialmente a su cese.

Un largo procedimiento que se ha frenado en la primera fase. Hace nueves meses, en el marco de esas actuaciones previas, se solicitaron dos informes: uno al Registro de Fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria. El primero, confirman fuentes conocedoras de las actuaciones, ya está sobre la mesa de Cultura. No así el segundo. El dosier sobre la posible vulneración de la normativa memorialista por parte de la Fundación Franco todavía no ha sido entregado. Y sin él, sostienen las fuentes pulsadas, el proceso no puede continuar: "Hasta que no se tenga no se puede seguir avanzando".

Desde la Secretaría del Estado de Memoria explican que dicho documento "se está elaborando". "En el momento en el que esté terminado, se remitirá al Ministerio de Cultura", añaden. Sin embargo, no se concretan plazos ni hay fecha prevista de entrega. "Será trasladado de la manera más inmediata posible", aseguró a mediados de marzo del ministro de Política Territorial y Memoria, Ángel Víctor Torres, quien en respuesta parlamentaria explicó que el primer informe que elaboraron "exigió una complementación" para armar bien el expediente ante posibles vericuetos legales. "La voluntad de Gobierno es que el proceso de extinción lo podamos concluir en el presente ejercicio", culminó.

Último gran reducto franquista

La Fundación Franco nació cuando ni siquiera se había cumplido un año del fallecimiento del dictador. Se constituyó formalmente el 8 de octubre de 1976. Y se apoyó sobre 226 fundadores, según la información oficial. Entre ellos se encontraba, por supuesto, la hija del caudillo, Carmen Franco Polo, que ejerció como presidenta de honor de la entidad hasta su fallecimiento. O Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de Falange y delegada nacional de la Sección Femenina. Y también un nutrido grupo de empresarios, religiosos, militares, diplomáticos, políticos o ministros del régimen: desde José Utrera Molina o Licinio de la Fuente hasta Antonio María de Oriol y Urquijo o Jaime Miláns del Bosch. Lo más granado de la dictadura.

Entre sus fines estaba entonces el contribuir a la "proyección del ideario" del dictador sobre el futuro de la vida española, la "exaltación" de su vida como "modelo de virtudes" o el enaltecimiento de su "figura" y la preservación de su "legado". Mes y medio después de su constitución ante notario, el rey Juan Carlos I recibió en audiencia a la Fundación Franco, que le entregó su primera medalla de oro. Una reunión en la que, según las crónicas de la época, los representantes de la entidad solicitaron al monarca su intervención para que se pusiera fin "a la campaña de descrédito, insultos y falsedades" contra el fallecido dictador que se estaban "propagando" en "determinados medios de comunicación social".

De entre todos los bienes de los que dispone, su principal activo es el archivo del dictador. Cerca de 30.000 documentos que incluyen correspondencia con otros jefes de Estado, ministros y personalidades tanto de España como del extranjero; informes confidenciales del Estado Mayor, ministerios o embajadas; o borradores de leyes con anotaciones manuscritas del dictador. En 2001, con José María Aznar al frente del Gobierno, suscribió un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura para inventariar y digitalizar toda esa documentación. Para ello, se concedió una subvención a la entidad de 150.843,82 euros. A cambio, se tenía que facilitar el acceso público a dichos fondos.

En 2009, según el Portal de Archivos Españoles del Ministerio de Cultura, el Centro Documental de la Memoria Histórica, ubicado en Salamanca, recibió copia en microfilm del fondo. En total, 27.357 documentos de 27.490 que, en teoría, están en poder de la fundación. El centenar de documentos que faltan no se digitalizaron por falta de fondos, y para su consulta es necesario acudir a la propia entidad. En resumen, la documentación original de quien fuera jefe del Estado continúa, a día de hoy, en el depósito de la entidad privada. La Ley de Memoria, sin embargo, contempla en su artículo 26 la recuperación de este tipo de archivos en manos de entidades privadas.

Maniobras para evitar su extinción

En los últimos años, la Fundación Franco, que cuenta con alrededor de dos millares de afiliados, ha retocado sus estatutos en un par de ocasiones para intentar esquivar la extinción. Entre sus fines ya no figura, por ejemplo, ni "contribuir a la proyección" del ideario del dictador "sobre el futuro de la vida española" ni "enaltecer" su figura ni "exaltar su vida" como "modelo de virtudes". Y se ha incluido una frase para resaltar que en el desarrollo de sus actividades velarán por "el máximo respeto a las víctimas de cualquier significación" entre 1931 y 1977, "evitando siempre el desprecio, descrédito o humillación a ellas o a sus familiares".

PP y Vox tumban la propuesta del PSOE para declarar 'Lugar de Memoria Democrática' el túnel de La Engaña

https://www.eldiario.es/cantabria/ultimas-noticias/pp-vox-tumban-propuesta-psoe-declarar-lugar-memoria-democratica-tunel-engana_1_12220691.html

Túnel de La Engaña en Vega de Pas.

Europa Press

Santander —
14 de abril de 2025 14:34 h

0

Los grupos parlamentarios de PP y Vox, y el diputado no adscrito Cristóbal Palacio han tumbado la propuesta del PSOE para declarar 'Lugar de Memoria Democrática' el túnel de La Engaña, construido entre 1941 y 1959 en el marco del ferrocarril Santander-Mediterráneo y en el que trabajaron presos republicanos durante el franquismo.

Los socialistas solo han sumado el apoyo del PRC a su proposición no de ley (PNL), debatida en el pleno de este lunes y en la que pedían colocar una placa en la boca norte del túnel y también para que los paneles que se coloquen en la estación de Yera cuando se habilite como centro de visitantes expliquen el papel que tuvieron los presos republicanos en la obra.

El portavoz del PSOE, Mario Iglesias, ha defendido que lo que pide su grupo “es un acto de justicia” y se plantea ante el proyecto turístico que el Gobierno regional va a desarrollar en este enclave y que sería una “propuesta complementaria para poner en valor nuestra historia”.

Con ello, Iglesias ha señalado que se pretende recordar a quienes “con su esfuerzo, sudor, sangre, y algunos con su vida”, participaron en la construcción del túnel de La Engaña, entre ellos 560 presos republicanos que lo hicieron como parte de “batallones de trabajadores penados”.

“Sabemos que hablar de la Dictadura y de sus víctimas aún incomoda a algunos sectores, pero reconocer nuestro pasado no es un ajuste de cuentas con nadie, es un acto de justicia”, ha manifestado el socialista, que ha considerado que colocar “una placa en recuerdo a las víctimas de la construcción del túnel no es abrir viejas heridas, sino impedir que se vuelvan a abrir”.

Con motivo de esta propuesta, Iglesias ha recordado que la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria está en vigor tras suspender el Tribunal Constitucional su derogación, aprobada en noviembre por PP y Vox, y esta iniciativa se ajusta tanto a esa ley como a la nacional.

Frente a ello, PP y Vox han criticado que los socialistas traten una vez más de “explotar la parte más oscura de la historia de España” o de “modificarla” en cuanto “ven la oportunidad”, y también traten de “revivir y resucitar” la ley autonómica de memoria que fue derogada “atendiendo al voto mayoritario expresado por los cántabros en las urnas en mayo de 2023”.

El diputado del PP y senador autonómico, Iñigo Fernández, ha asegurado que los 'populares' n tendrían “ningún problema en colocar una placa” en el túnel de La Engaña “en recuerdo de quienes allí murieron, como presos y el resto, que sería de justicia”, pero no apoya la iniciativa del PSOE que, a su juicio, lo que pretende es “lo de siempre: ir al pasado, a la Guerra Civil, reabrir heridas y volver a los bandos”.

Fernández también ha lamentado que la PNL del PSOE se apoya “muy malamente” en que el túnel de La Engaña es “un proyecto franquista” cuando se aprobó por el gobierno de la monarquía en 1908 y comenzó en la etapa de Primo de Rivera, y además “solo exalta a un bando”.

“No busca la concordia sino explotar la parte más oscura de la historia de España”, ha dicho el 'popular', que ha abogado por “reconocer la Historia desde la reconciliación y la concordia” y “sin volver a los bandos”.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Vox, Leticia Díaz, para quien la boca del túnel de la Engaña “no puede ser declarado un monumento de la mal llamada memoria democrática”. “No vamos a hacerles el juego de reescribir la historia, su memoria es revanchista, la nuestra es de concordia”, ha enfatizado.

Mientras que el PRC ha apoyado la proposición no de ley del PSOE y su portavoz, Pedro Hernando, ha recordado que una de las empresas de la construcción de La Engaña ya se planteó en su momento colocar una placa de mármol para recordar a quienes fallecieron trabajando, porque lo que ocurrió allí no se puede “reescribir”.

Incorporar a Cantabria al Corredor Atlántico

Por otro lado, se ha aprobado por unanimidad una iniciativa dirigida a mitigar los efectos adversos de que Cantabria esté fuera del Corredor Atlántico.

En concreto, la iniciativa aprobada --que ha partido de una moción Vox, que ha contado con enmiendas de modificación del PRC y PSOE-- insta al Ejecutivo autonómico a evaluar el impacto económico que genera la exclusión de Cantabria del corredor y aprobar una estrategia institucional conjunta con los agentes sociales y económicos para incorporar a Cantabria al mismo, en igualdad de condiciones con las comunidades de su entorno, reivindicando ante el Ministerio de Transporte el desarrollo de esta estrategia.

La iniciativa también propone instar al Gobierno de España a ejecutar un plan alternativo de conexiones logísticas, que incluya mejorar las infraestructuras y establecer alianzas logísticas intermodales; y a impulsar “de manera inmediata” la conexión ferroviaria entre Santander y Bilbao con la contratación de la redacción del proyecto antes de que finalice 2025.

Desde Vox, Díaz ha destacado que se trata de una cuestión “de justicia territorial” y “una urgencia política”, después de que la región haya sido “excluida del Corredor Atlántico en los planes oficiales del Gobierno de España y, en consecuencia, en los planes europeos”, lo que, ha advertido, “supone una gravísima pérdida de oportunidades, tanto económicas como logísticas, como industriales o portuarias”.

Para Díaz, “este aislamiento” de Cantabria es “más que preocupante”. “Es inaceptable que seamos la única comunidad sin conexión directa con la alta velocidad ferroviaria”, ha manifestado.

Por su parte, Hernando (PRC) ha indicado que “toca hacer los deberes todos juntos todos unidos por el futuro de Cantabria” y, en la misma línea, la diputada socialista Ana Belén Álvarez ha abogado por “reivindicar y no estar permanentemente echando culpas a unos y a otros”. Ambos han subrayado que la región “reúne todas las condiciones por su situación geográfica sus capacidades y potencialidades para ser un eje prioritario del sector logístico y el transporte de pasajeros y mercancías con el resto de Europa”.

Otros asuntos

En la sesión matinal, se ha aprobado una PNL de Vox para mejorar las políticas de atención a la discapacidad y la dependencia en Cantabria, con una batería de doce medidas, que ha sumado el apoyo de PRC y PSOE y en la que el PP se ha abstenido al considerarla “impracticable” para el Gobierno. También se ha abstenido el diputado no adscrito Cristóbal Palacio.

Díaz (Vox) ha defendido esta amplia propuesta que “va de personas, de justicia y de dignidad” y, aunque “el dinero hace falta” para su puesta en marcha, ha pedido “mirar más allá del papel” para sacar adelante estas medidas, como crear unidades de convivencia, garantizar el acceso a terapias de rehabilitación, programas específicos de ocio y tiempo libre o un programa de respiro familiar para los cuidadores.

Desde el PP, el diputado Alejandro Liz ha instado a Vox a retirar la PNL para que el Gobierno lleve todas las medidas a la Comisión de Discapacidad, pero lo que no puede hacer el grupo que sustenta al Ejecutivo es “postureo político”.

En la sesión y por unanimidad, ha salido adelante una PNL del PRC para que el Gobierno diseñe la creación de un departamento -o figura similar- relacionado con la cultura musical de Cantabria dentro de los conservatorios, para impulsar la investigación etnomusical y las enseñanzas elementales de instrumentos de la música tradicional cántabra, así como las distintas modalidades de cante y danzas y bailes.

La propuesta también recoge implantar este departamento en el futuro Conservatorio de Música y Danza y Escuela de Artes de Torrelavega.

La Asociación por la Memoria de Arucas presenta alegaciones contra la declaración del monumento a Franco como BIC: “Es un insulto a los desaparecidos”

 https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sociedad/asociacion-memoria-arucas-presenta-alegaciones-declaracion-monumento-franco-bic-insulto-desaparecidos_1_12218682.html


Pino Sosa Sosa, presidenta de la AMHA con el retrato de su padre represaliado José Sosa Déniz en el Congreso de los Diputados. (Foto Mónica Rodríguez Medina).

Canarias Ahora

13 de abril de 2025 20:45 h

2


La Asociación por la Memoria Histórica de Arucas (AMHA) que preside Pino Sosa Sosa, ha anunciado este domingo que el pasado 7 de abril presentó por registro al Cabildo de Tenerife alegaciones contra la declaración de Bien de Interés Cultural del monumento a Franco de la escultura de Juan de Ávalos García Tarboda situada en la confluencia entre la Avenida de Anaga y La Rambla de Santa Cruz de Tenerife. El documento rubricado por Pino Sosa Sosa, presidenta y Manuel Ortego Sánchez, secretario de la AMHA, ha sido aprobado por unanimidad por la Junta Directiva tras ser elaborado por el jurista voluntario de la AMHA Jacobo Ojeda Pérez.

Pino Sosa, su presidenta, lamenta que a sus 88 años y que con casi 50 años de democracia las victimas de la represión fascista en Canarias tengan que seguir recordando a algunas instituciones “la barbarie y dura represión que hicieron en cada una de nuestras las islas los militares rebeldes sublevados contra el gobierno democrático legitimado por las urnas”. “Es un insulto a la memoria de los desaparecidos, sus familias, y a la historia real de lo que ocurrió en Canarias”, señala. 

Desde la AMHA, se defiende la incompatibilidad de la declaración como Bien de interés Cultural (BIC) con la categoría de monumento de la escultura de Juan de Ávalos García Tarboda, “por vulnerar los más básicos preceptos democráticos de convivencia y respeto a las libertades ideológico-políticas de la ciudadanía canaria”. La asociación hace hincapié “en el agravio que supone para la sociedad canaria, además de ser una clara vulneración de los principios establecidos en la ley 20/2022 de 19 de Octubre, de Memoria Democrática y sus principios de ”Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de NO Repetición“ y por todo lo expuesto y argumentado en su alegación”.

La histórica asociación memorialista creada en 2003 en Arucas, la segunda en crearse en España, recuerda en un comunicado que está comprometida con la memoria democrática, la reparación de las víctimas del franquismo en Canarias y, especialmente, con la democracia, y por ello formula la mencionada alegación de conformidad a lo dispuesto en la ley 20/2022 de de 19 de Octubre, de Memoria Democrática (LMD), y especialmente, con lo establecido en la ley 5/2018 de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

En ella considera que dicha obra se encuadra dentro de la propaganda franquista que, mediante símbolos artísticos, pretendió consolidar un discurso de legitimación de un régimen dictatorial y represivo. En este sentido, tal y como se ha documentado en múltiples estudios, el monumento fue concebido como una apología de la “paz franquista”, concepto que encubría la represión y persecución sistemática de miles de personas de la ciudadanía canaria y en todo el país. 

Argumenta la alegación que la presencia de este monumento en el espacio público de Tenerife supone un agravio para las víctimas del franquismo y sus familias en Canarias. La represión franquista en la región fue especialmente dura, como se ha documentado en investigaciones entre 2.500 y 3.000 personas; muchas fueron ejecutadas extrajudicialmente, sometidas a torturas o desaparecidas forzosamente, dejando un legado de dolor y sufrimiento en nuestra comunidad, por lo que mantener este monumento en el espacio publico y otorgarle la máxima protección cultural es un agravio al pueblo canario en general, a su autonomía, su historia y su población en particular, además que implica desoír el derecho a la reparación y la justicia que merecen las víctimas del franquismo perpetuando la impunidad de las atrocidades cometidas.

Tras esta amplia argumentación con informes, estudios, dictámenes, y parrafos legales la AMHA solicita en primer lugar la suspensión del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) con la catego- ría de monumento de la escultura de Juan de Ávalos García. Asimismo la retirada de la escultura del espacio público conforme a los art. 15 de la Ley 5/2018, de Memoria democrática, que ordena la eliminación de sím- bolos y elementos contrarios a la memoria democrática y el art. 35 de la ley 20/2022, de 19 de Octubre, el cual establece en su punto tercero el deber de adoptar, por parte de las administraciones públicas, “las medi - das oportunas para la retirada de dichos elementos” en base al Deber de Memoria, que fija el art. 34 LMD.

La asociación que preside Pino Sosa solicita a su vez que se estudie la propuesta presentada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, la Gomera y El Hierro, a la cual se suman, con una política de remodela - ción integral que dé lugar a la creación de un concurso público de ideas como alternativa a dicha escultura que permita la reutilización del espacio y que tenga como temática una propuesta dedicada a la exaltación de los valores democráticos y constitucionales dado que nos encontramos ante un proyecto de vital importancia para la convivencia ciudadana cuyo alcance excede la mera transformación de un elemento escultórico del espacio urbano.

Pino Sosa cuyo tesón ha logrado que se encuentren los cadaveres de 38 asesinados en los Pozos del Olvido de Arucas, setencia que es muy sencillo; “se trata de hacer cumplir la Ley de Memoria Democrática y de no seguir haciendo daño a la dignidad de las personas asesinadas y a sus familias represaliadas durante cuarenta años por el franquismo con monumentos y vestigios que engrandecen la barbarie y al Golpe de Estado perpetrado por militares rebeldes. En la Constitución y en la Democracia cabemos todos y todas pero sin olvidar lo ocurrido, las nuevas generacione