Blog d'en Jordi Grau i Gatell d'informació sobre les atrocitats del Franquisme.....
"Las voces y las imágenes del pasado se unen con las del presente para impedir el olvido. Pero estas voces e imágenes también sirven para recordar la cobardía de los que nada hicieron cuando se cometieron crímenes atroces, los que permitieron la impunidad de los culpables y los que, ahora, continúan indiferentes ante el desamparo de las víctimas" (Baltasar Garzón).
Nati Camacho y Luis Suárez apoyan la decisión del TC que suspende la reforma con la que Ayuso impedía declarar lugar de memoria al edificio de la Puerta del Sol
"La Memoria Democrática en Madrid es un pozo negro"
Natividad Camacho García-Moreno y Luis Suárez-Carreño fueron torturados en la antigua Dirección General de Seguridad, el edificio de la Real Casa de Correos en Sol y actual sede del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
"A mí me detienen en 1965 por primera vez, después en 1967 y dos veces en el 1968; en 1970 no me encuentran y me ponen en busca y captura, pero en 1973 lo tengo más difícil porque me detienen y estoy embarazada", cuenta Natividad, más conocida como Nati. Ella militaba en las Comisiones Obreras de Madrid y era aprendiz en una fábrica textil de Madrid. "Me decían que me iban a hacer escupir al niño por la boca y yo pasé una crisis muy fuerte en esos interrogatorios", recuerda.
"Me decían que me iban a hacer escupir al niño por la boca"
Luis pasó por los sótanos de la Dirección General de Seguridad en dos ocasiones. "La primera vez que me cogen es en el año setenta en la calle, porque llevaba unos documentos de organizaciones ilegales antifranquistas", explica. "Esa vez solo me golpearon porque no tenían mucha información sobre mí, podríamos decir que fueron benignos..., la segunda detención fue en 1973, y por entonces, ya sabían que yo militaba en la Liga Comunista Radical", confiesa.
"Los tres días de interrogatorio de rigor fueron de tortura, me ponían una casaca para que sudara, no me daban agua y me golpeaban continuamente en la planta de los pies", dice Suárez. "Te destrozaban los pies y después no podías andar porque es una zona muy sensible, pero además no deja marcas y ellos quedaban mucho mejor, aunque los jueces no creo que prestaran mucha atención a esas torturas", asegura.
Entre los tres miembros de la Brigada Político Social del franquismo que llevaron a cabo su interrogatorio -y sus torturas- se encontraba Juan Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño.
Ambos supervivientes han apoyado la decisión del Tribunal Constitucional que a principios de abril suspendía el blindaje legal con el que la presidenta madrileña evitaba que este edificio fuera declarado 'lugar de memoria'. No obstante, también han lamentado que los poderes públicos, en este caso el Gobierno regional, pongan tantas trabas para un ejercicio de reparación tan simple.
"Estamos acostumbrados a tan poco, que cualquier reconocimiento nos parece tremendo"
"Esa declaración, como la propia Ley de Memoria Democrática indica, es un gesto simbólico, pero estamos acostumbrados a tan poco, que cualquier cosa nos parece tremenda", explica Luis. La reforma legal de Ayuso impedía también que se colocara una placa en la fachada del edificio en la que se recordara que, en este lugar, se vulneraron los derechos humanos durante casi cuarenta años.
También impedía con esta reforma legal que se colocara una placa en la fachada del edificio, en la que se recordara que en este lugar se vulneraron los derechos humanos durante casi cuarenta años.
"Les molesta cualquier cosa que suene a antifranquismo"
"La ciudad de Madrid en particular, dentro de un país deficitario en este sentido, es un agujero en relación con la Memoria", dice Luis. "No tendríamos que estar discutiendo si colocar una placa en la fachada del edificio, eso tendría que ser algo obvio". Sobre que el Ejecutivo de Ayuso ponga tantas trabas a la colocación de esa placa, insiste Suárez, la interpretación es poca: "les molesta cualquier cosa que suene a antifranquismo".
Para Natividad, la solución está clara. "Es fundamental que se reconozca como lugar de memoria y merecemos que se recuerde, sobre todo para que lo que pasó no se repita", concluye. "A ese edificio no se le puede quitar el honor de haber tenido una triste desgracia, la de haber cobijado a tanta gente que luchó por la democracia".
Asociaciones de memoria histórica y partidos políticos rechazan que se proteja la estatua e inciden en que la obra no tiene valores excepcionales y que incumple la Ley de Memoria Democrática
Asociaciones, partidos políticos y el Gobierno de España han presentado alegaciones en las últimas semanas para impedir que el monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El Cabildo de la isla, gobernado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), inició en marzo el expediente para dictaminar si proteger o no esta escultura de Juan de Ávalos, que se encuentra en la intersección de la Rambla de Santa Cruz y la Avenida de Anaga. Se trata de una decisión que se toma después de una sentencia que obliga a ello. Una jueza dio la razón a la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel, que en el anterior mandato había pedido al Cabildo que iniciara ese expediente. La corporación insular, dirigida entonces por el socialista Pedro Martín, descartó que hubiera valores artísticos que obligasen a mantener el monumento.
Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, la escultura “constituye un elemento de exaltación del régimen franquista y, por ende, resulta contraria a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que fundamentan las leyes de memoria histórica y democrática”. La obra, además, se encuadra dentro de la “propaganda franquista que, mediante símbolos artísticos pretendió consolidar un discurso de legitimación de un régimen dictatorial y represivo”. Por ello, recuerda que múltiples estudios han documentado que el monumento fue concebido como una apología de la “paz franquista”, un concepto que “encubría la represión y persecución sistemática de miles de ciudadanos en Canarias y en todo el país”.
La asociación que preside Mercedes Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife y represaliado por el franquismo, remarca que la incoación del procedimiento de declaración de BIC “resulta contraria a la legislación vigente y a los principios de una sociedad democrática que respete los derechos humanos”.
Además, recalca que la presencia del monumento en un espacio público “supone un agravio para las víctimas del franquismo y sus familias” y recuerda que la represión en las Islas fue “especialmente dura”. En Tenerife, según un informe que maneja la asociación, fueron 182 las víctimas mortales. Muchas personas además fueron ejecutadas extrajudicialmente, sometidas a torturas o desaparecidas forzosamente.
La Asociación para la Memoria Histórica de Arucas es otra de las que han presentado alegaciones al procedimiento y añade que en todo el Archipiélago fueron represaliadas entre 2.500 y 3.000 personas, por lo que la permanencia del monumento en un espacio público es un “agravio” para las víctimas. También incide en la idea de que es “propaganda franquista”. Pino Sosa, su presidenta, lamentó esta semana en un comunicado que a sus 88 años y tras 50 años de democracia, víctimas de la represión fascista como ella tengan que seguir recordando a algunas instituciones “la barbarie y dura represión que hicieron en cada una de nuestras las islas los militares rebeldes sublevados contra el gobierno democrático legitimado por las urnas”. “Es un insulto a la memoria de los desaparecidos, sus familias, y a la historia real de lo que ocurrió en Canarias”.
Esta asociación solicita la suspensión del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y su retirada del espacio público. Asimismo, pide que se estudie la propuesta presentada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, que plantea una remodelación integral a través de un concurso público de ideas que permita la reutilización del espacio y que tenga como temática una propuesta dedicada a la exaltación de los valores democráticos.
Una representación de la partida de Franco para iniciar el golpe
Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica estatal, que preside Emilio Silva, recuerda que la estatua representa “el avión Dragón Rapide, en el que partió Franco para iniciar el levantamiento militar que desencadenaría la Guerra Civil española. Sobre su espalda se encuentra una figura masculina representando a Francisco Franco, sosteniendo una espada en forma de cruz cristiana cuya punta señala hacia abajo”.
“Queda patente que la escultura resulta ser una mención conmemorativa en exaltación de la sublevación militar de 1936”, apunta Emilio Silva, presidente de la ARMH y nieto del primer desaparecido por la represión franquista identificado por una prueba genética. “No se puede conmemorar la puesta en marcha de una maquinaria asesina que todavía tiene miles de víctimas desaparecidas. Un monumento como ese está celebrando el sufrimiento de cientos de miles de personas y enaltece al responsable de terribles violaciones de derechos humanos que convirtió la violencia de los pistoleros falangistas en el mayor acto terrorista de nuestra historia”, añade.
Un escultor que no está en ningún museo importante
Asimismo, la Asociación para la Recuperación Masónica de Canarias destaca que, para declarar la escultura como BIC, habría que determinar la importancia del escultor y Juan de Ávalos “no está en ningún museo de primera línea de España o del resto del mundo”. En este sentido, alude al informe de la Universidad de La Laguna que sirve de apoyo a su oposición “a que sean postergados los derechos reconocidos en las leyes de memoria histórica por unos valores artísticos que no suponen ninguna aportación sustancial al rico y valioso arte contemporáneo español del siglo XX”.
La asociación que preside Emilio José Fresco apunta que la ciudad de Santa Cruz de Tenerife tiene “una representación notable de lo mejor del arte contemporáneo español e internacional en un simple recorrido por las Ramblas de la ciudad, el parque de Sanabria y muchos otros rincones urbanos”. Y subraya que “el conjunto escultórico no reúne las características de ser uno de los bienes más sobresalientes”, así como tampoco constituye “un testimonio singular de la cultura canaria como exige la ley para esta distinción”. Y añade que sería un “oprobio” para la ciudad que el monumento alcance esa distinción de BIC “y se pisotee de esa manera las leyes de memoria histórica y a las víctimas”.
El Gobierno de España alude a que no hay valor excepcional en la obra
El Gobierno de España también informaba de que, a través de la Delegación de Gobierno en Canarias, ha presentado alegaciones en este expediente. La principal razón que argumenta es que “no existe ningún informe que refleje el carácter excepcional y sobresaliente de la obra de Juan de Ávalos”. En este sentido, remarca que las instituciones académicas consultadas coinciden en que no existen elementos artísticos relevantes.
El Ejecutivo también manifiesta que esta obra supone “un ejemplo de cómo el arte se puso al servicio del régimen en aquellos años”. En el documento presentado ante el Cabildo de Tenerife se señala que la propuesta desvirtúa la categoría de BIC y que la resignificación y el mantenimiento de la obra es incompatible con la Ley de Memoria Democrática.
El PSOE de Tenerife recalca que CC y PP están “intentando utilizar la figura de BIC como un subterfugio para evitar la retirada de un símbolo franquista que, según las leyes vigentes, debe ser eliminado del espacio público”. La argumentación de esta formación política se apoya en dos dictámenes desfavorables clave: el de la Universidad de La Laguna y el de Museos de Tenerife, “únicas instituciones reconocidas como consultivas por la Ley del Patrimonio Cultural de Canarias”. Ambas concluyen que “la escultura no posee los valores artísticos excepcionales necesarios para su declaración como BIC”.
Podemos Canarias subraya la importancia del dictamen técnico elaborado por la Universidad de La Laguna en 2021, que descarta “de manera razonada el valor artístico excepcional de la obra”. El informe concluye que la escultura “responde a un academicismo anacrónico y que la trayectoria de Juan de Ávalos se inscribe más como herramienta propagandística del régimen que como exponente de innovación artística”.
La formación alude a que la resolución judicial que obligó a iniciar el expediente BIC se apoyó en informes periciales aportados por Luis Eugenio Togores Sánchez y Santiago Milans del Bosch, “informes que incurren en apreciaciones claramente sesgadas, minimizando deliberadamente la función conmemorativa y propagandística del monumento, y calificándolo de neutral”.
Sí se Puede insiste en que las leyes establecen que se declare Bien de Interés “aquellos bienes muebles, inmuebles e inmateriales más sobresalientes”, que implica un grado de originalidad y un carácter único. En la alegación presentada aclaran que la obra de Juan de Ávalos “es una escultura que reitera la iconografía franquista más básica, usada en cuadros y en las esculturas del Valle de los Caídos, además de las realizadas por el propio autor para el Alcázar de Toledo en 1961, para Valdepeñas en 1964 y posteriormente, ya en etapa democrática, para Badajoz en 1983”.
La formación entiende que “si por la puerta de atrás meten al monumento a Franco en esta categoría de protección sería un despropósito” y reprocha que “apenas hay ejemplos de bienes escultóricos protegidos en Canarias, siendo la excepción la obra el Atlante de Toni Gallardo”. Sí se Puede considera que “proteger como BIC el monumento franquista de Ávalos, en una tierra donde ninguna escultura urbana de autores excepcionales como César Manrique, Martín Chirino o el recientemente fallecido José Abad, sería una enorme injusticia histórica y un ridículo cultural”.
Izquierda Unida Canaria, por su parte, incide en que “este monumento no es un simple elemento escultórico, sino un vestigio propagandístico del franquismo, promovido por el régimen para glorificar la figura del dictador. Su presencia en el espacio público perpetúa un discurso de legitimación del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura que lo siguió”. Además, subraya que “la obra no ha tenido un impacto significativo en el desarrollo del arte español ni ha sido objeto de estudios académicos que la sitúen como un referente en el campo escultórico”.
La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina pone en marcha una iniciativa para reclamar una reforma legislativa que permita la investigación judicial de los crímenes del franquismo
El 14 de abril de 2010, en virtud del principio de Justicia Universal, se inició una causa judicial sin precedentes en el ámbito internacional: la Querella Argentina, dirigida a investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Quince años después, y coincidiendo con el aniversario, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha lanzado la campaña ‘50 años de impunidad’, en referencia a las cinco décadas transcurridas desde la muerte del dictador Francisco Franco.
“La causa se tramita en Argentina porque el Estado español continúa desarrollando políticas de impunidad impropias e incompatibles con un sistema democrático”, señala CEAQUA en su nota de prensa. Hoy en día, España sigue negando el acceso a la justicia a las víctimas del franquismo, amparándose en una ley de amnistía que impide abrir procesos judiciales para investigar delitos de tortura, desapariciones forzadas, robo de bebés o trabajos forzados durante la dictadura.
Para Charo Arroyo, miembro del equipo de comunicación de CEAQUA, el lanzamiento de esta campaña es una respuesta directa a la conmemoración oficial del 50 aniversario de la muerte del dictador. “Nosotras también queríamos conmemorar los 50 años, pero no desde el relato oficial, sino desde el dolor de las víctimas. Llega el Gobierno y hace esta celebración que nos pareció hiriente. Por eso sacamos la campaña con ese mismo eslogan: 50 años sí, pero de impunidad”.
La Querella Argentina ha supuesto un punto de inflexión en el movimiento memorialista. “Uno de los grandes logros ha sido haber conseguido unificar un número importante de víctimas”, explica Arroyo. “Partíamos de un movimiento muy desunido, con poca cohesión entre unas luchas y otras. La querella ha servido como un nexo de unión”. Este proceso judicial permitió imputar a altos cargos del régimen, tomar declaración a un exministro franquista —Rodolfo Martín Villa— e impulsar más de 300 querellas individuales y unas 30 de ayuntamientos. “Aunque la situación judicial en Argentina también es compleja, lo más sencillo habría sido que el tribunal tumbara completamente el auto de procesamiento de Martín Villa, acusado de ser el autor intelectual de varias muertes a manos de la policía franquista. Pero no lo hizo. Eso ya fue un gran paso”.
CEAQUA insiste en que el reconocimiento institucional de las víctimas no es suficiente. “No queremos que todo acabe en un acto simbólico. Queremos que se investigue, que se juzgue y que se condene. Y que sea un juez quien lo decida”, reivindica Arroyo. La Coordinadora recuerda que en el Estado español ya se han presentado más de 115 querellas judiciales vinculadas a crímenes del franquismo. La mayoría han sido archivadas. “Esto es ir piano piano, como decía el Chato: horadar el muro con una cuchara hasta que caiga”, como decía Chato Galante, fallecido en 2020.
En este sentido, Charo Arroyo subraya una de las ideas centrales de la campaña: “No se puede amnistiar a quien no ha sido juzgado. Eso no es justicia. Los presos que estaban en la cárcel estaban condenados. Pero los que cometieron los delitos no han sido juzgados. Por lo tanto, no se les puede amnistiar de algo de lo que ni siquiera se les ha juzgado”.
La Coordinadora denuncia que ni la Ley de Memoria Histórica de 2007 ni la actual Ley de Memoria Democrática de 2022 han abierto el camino para que la justicia actúe. “La Ley de Memoria Democrática vendía la posibilidad de la investigación de crímenes, pero los jueces y el Constitucional han dicho claramente que con esta ley no se pueden investigar los crímenes. Y volvemos a lo mismo: necesitamos una modificación o derogación de la Ley de Amnistía”.
Arroyo destaca que la impunidad no es solo jurídica, sino también económica. “La ley dice que no va a haber restituciones ni indemnizaciones. Hay también un juego económico detrás. Muchas incautaciones, viviendas, empresas… Cuanto menos se resuelva el tema de las culpabilidades, menos se puede entrar en ese terreno, que es el que más quieren tener protegido”.
Uno de los casos paradigmáticos es el de los trabajos forzados. “Fue una querella presentada en Navarra y archivada. Las empresas que se enriquecieron con la sangre de los presos nunca han rendido cuentas. Y muchas víctimas directas han fallecido. Pero lo que queda es la necesidad de reparación: que se reconozca el daño, que se refleje quiénes se beneficiaron”.
CEAQUA lamenta también la actitud de los gobiernos que se autodenominan progresistas. “Hay poca implicación. El PSOE no está interesado en hacer la reforma legislativa que corresponde. Ni en renovar la judicatura que permita aplicar los tratados internacionales. El mantenimiento de ese franquismo sociológico y económico es lo que va poniendo palos en las ruedas”.
En cuanto al papel de la justicia argentina, la Coordinadora reconoce que ha sido clave. “La jueza —María Servini— ha procurado facilitar el acceso a la justicia para las víctimas. El equipo del juzgado ha mostrado mucha empatía con el sufrimiento de las personas que han declarado en la sede judicial de Buenos Aires. Lo más sencillo habría sido que se lo quitaran de encima, pero no lo han hecho. Las dificultades nos las pone España, no Argentina”. Aunque también reconoce que el contexto político actual, con el gobierno de Javier Milei, puede complicar las cosas: “Puede haber más obstáculos ahora. Pero también es posible que, paradójicamente, Milei, por fastidiar a Pedro Sánchez, acelere las cosas”.
La campaña ‘50 años de impunidad’ culminará con la entrega de los apoyos recogidos en el Congreso de los Diputados en septiembre, coincidiendo con el 50 aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo. La Coordinadora llama a la ciudadanía a firmar la campaña y a participar en actos públicos. Arroyo insiste en la importancia de firmar “los políticos si saben que tienes detrás a mucha gente, te toman más en serio”.
Por último, Charo Arroyo lanza un mensaje a las nuevas generaciones: “Si no sabes qué pasó, puedes pensar que no existió. Y si piensas que no existió, puedes volver a encontrarte con las mismas situaciones, como parece que nos estamos encontrando ahora. Por humanidad, por justicia, hay que conocer la historia de quienes lucharon por un mundo mejor”.
Las familias de desaparecidos se quejan de que las subvenciones del Gobierno con las que se rescataron 77 cuerpos no alcanzan para identificarlos, mientras la Secretaría de Estado de Memoria Democrática asegura: “Se tiene la firme decisión de encontrar la vía de financiación” para culminar el proceso
Ha pasado un año y medio desde que las arqueólogas que trabajaron en la mayor exhumación de víctimas de la represión franquista en la Comunidad de Madrid cerraran la tierra. Era octubre de 2023 y habían finalizado los trabajos para recuperar los restos de los republicanos fusilados entre abril y noviembre de 1939 en Colmenar Viejo. En total, lograron sacar 77 cuerpos. Sin embargo, el proyecto está ahora en suspenso: no hay dinero para pasar a la siguiente fase, la de identificación, y el tiempo sigue alargándose para unas familias a las que les hurtaron la posibilidad de abrazar a sus muertos hace ya 86 años.
“Tememos que el proyecto se vea truncado”, lamenta Carmen Carreras, secretaria de la Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes, impulsora de la exhumación. Hasta ahora, solo se ha podido identificar a dos de los represaliados, pero los restos de 75 víctimas siguen esperando en cajas al análisis genético. Los trabajos fueron posibles gracias a dos subvenciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pero los fondos no han sido suficientes para abarcar todo el proceso. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aseguran que “se está trabajando en la solución a este caso”, que califican de “muy complejo de resolver administrativamente”.
La exhumación comenzó en el verano de 2022 con una primera fase de intervención en una zona del cementerio de Colmenar. Allí la Sociedad de Ciencias Aranzadi, encargada de elaborar el proyecto, consiguió recuperar 12 esqueletos. Fueron diez días de faena costeados gracias a una primera partida de 22.900 euros concedida por la Secretaría de Estado al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El consistorio contaba con el apoyo de los seis municipios de origen de los 108 republicanos que se buscaban, todos ellos fusilados en la tapia del cementerio una vez los sublevados ganaron la Guerra Civil.
Las arqueólogas de Aranzadi volvieron a Colmenar al verano siguiente y emprendieron una segunda fase de trabajos gracias a otra subvención directa. Esta vez eran 156.000 euros dirigidos a financiar la “exhumación e identificación” de los restos de desaparecidos. En esta ocasión, las excavaciones se produjeron en la zona del cementerio llamada el paseo, donde la historia popular contaba que había enterrados solo unos pocos cuerpos. Sin embargo, aparecieron 65. A la fosa, acudieron prácticamente todos los representantes de partidos de izquierdas madrileños, incluso el entonces ministro de la Presidencia –bajo la que se englobaba memoria democrática–, Félix Bolaños.
El equipo de Aranzadi, trabajando en la fosa de Colmenar Viejo (Madrid), donde fueron enterradas 109 víctimas Ana Beltrán
La Comisión de la Verdad reclama directamente los fondos a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, a la que desde hace año y medio se dirige sin éxito. “Desde el principio nos dijeron que se haría hasta el final”, remacha Carreras, que afirma que el secretario de Estado, Fernando Martínez, “ha participado en dos actos con las familias en los que se comprometió públicamente”. “Se nos ha trasladado que la directora general de atención a víctimas sería nuestra interlocutora, pero hasta este momento no hemos logrado entrar en contacto con ella. Hemos ido confiando, pero ha pasado mucho tiempo...”, esgrime la secretaria, que lamenta “la falta de respuesta” ante “las promesas”.
A preguntas de este medio, el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres asegura que busca fórmulas para que el proceso pueda ser culminado. “Se tiene la firme decisión de encontrar la vía de financiación que permita la identificación de los restos que han podido ser exhumados a través de las subvenciones directas aportadas por la secretaría de Estado de Memoria Democrática”, añaden fuentes del ministerio. Por su parte, la Comunidad de Madrid no está implicada en los trabajos ni se ha puesto en contacto con las familias en ningún momento.
Solo dos cadáveres con nombre
En la práctica, el paseo del cementerio en el que, contra todo pronóstico, se encontraron la inmensa mayoría de cuerpos es una zanja cavada junto al muro que en 1939 hacía de límite del cementerio, pero con la ampliación ya está hoy integrada en el camposanto y rodeada de sepulturas. Los franquistas fusilaban a los rojos en la tapia, en la que aún puede verse algún hueco de bala, y los enterraban sin que sus familias supieran qué había pasado con ellos.
Entre ellas está Benita Navacerrada López, una mujer que a sus 91 años acudía cada día a la exhumación en busca de su padre, Facundo, fundador de UGT en San Sebastián de los Reyes. Tenía siete años cuando le vio por última vez. “Las familias llevan mucho tiempo esperando. Durante los trabajos era lógico, pero ahora están ansiosos por conocer los resultados, seguir diciéndoles que esperen es inhumano porque los pocos hijos que quedan se están yendo”, cuenta Carreras.
La cuestión es que los 156.000 euros concedidos por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática “no han sido suficientes” para cubrir la última parte del proceso de una exhumación que fue creciendo a medida que fueron apareciendo restos. Y es que los trabajos no solo implican sacar los cuerpos de la tierra: deben seguir en el laboratorio con el análisis antropológico y el cotejo de muestras para su identificación. La primera parte se ha llevado a cabo “de forma totalmente altruista” en la Unidad de Antropología Física de la Universidad Complutense de Madrid, señala Carreras, donde “los estudiantes están limpiando esqueletos y analizando edades, sexo, estatura...”.
El equipo de Aranzadi trabajando en la exhumación de Colmenar Viejo (Madrid). Ana Beltrán
Sin embargo, la segunda parte, la de identificación, está actualmente paralizada. El grupo de análisis de ADN BIOMICs, de la Universidad del País Vasco, “ha analizado las 12 muestras esqueléticas de la campaña de 2022 y una de las 65 de 2023, pero están pendientes de cobro y está claro que no pueden seguir trabajando si no hay garantía de que se va a pagar”, sostiene la secretaria de la Comisión de la Verdad.
Estos análisis han servido para hacer las dos únicas identificaciones hasta el momento: la de Florencio Elipe y Martina Aparicio, fusilados ambos el 13 de julio de 1939 y cuyos restos ya han sido entregados a sus familias. A Florencio le faltaba un brazo y Martina era la única mujer del grupo, dos excepciones que han facilitado la identificación.
Los imprevistos de las exhumaciones
La directora de la excavación, Almudena García-Rubio, explica que “es común” que en los procesos de exhumación surjan imprevistos que acaban aumentando los costes, al igual que también es frecuente que se frustren porque no se hallan restos. “En nuestra experiencia, en el 50% de los casos, sobre todo si es en cementerio, no les encontramos. En este caso, una vez que empezamos vimos que la cosa iba bien”, indica la experta, para la que “lo importante” es que los trabajos “finalicen”: “Si es con nosotros y BIOMICs fenomenal y si tiene que ser de otra manera, bienvenida sea, la cuestión es que se haga”.
En este sentido, durante las exhumaciones fueron apareciendo dificultades que implicaron “más tiempo y más gastos”, sostiene García-Rubio. “El paseo son 47 metros de longitud y es muy estrecho, los cuerpos los encontramos a una profundidad que implicaba que no podíamos estar muchos arqueólogos dentro porque no cabíamos y eso alargó los tiempos”, ejemplifica sobre las complicaciones, a las que añade: “Hubo que asegurar una parte de la zanja que era complicada y al final no pudimos meter excavadoras, por lo que tuvimos que sacar y volver a meter a mano 350 metros cúbicos de tierra”.
Los obstáculos también pueden aparecer una vez los restos se sacan. “Con Florencio hubo que hacer hasta tres intentos de extracción de ADN, eso aumenta los costes”, explica la arqueóloga. Con todo, la Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes insiste en que “en todo momento” a lo largo de la exhumación “hubo proactividad” por parte del Gobierno ante la idea “de que hiciera falta más financiación”.
Las tropas franquistas entraron en Colmenar Viejo al filo del final de la Guerra Civil, el 29 de marzo de 1939, según explica el historiador Roberto Fernández, que ha coordinado el libro La sierra convulsa, en el que se cuenta la represión de Franco en esta zona del norte de Madrid. Los sublevados usaron Colmenar como cabeza de partido judicial y procedieron al arresto masivo de denunciados de los pueblos desde Hortaleza, entonces independiente, hasta Moralzarzal. El plan era liquidar a la élite política y sindical de izquierdas de toda la zona, desde secretarios de sindicatos a miembros de colectividades, alcaldes y concejales. Los fusilamientos no tardaron ni un mes en comenzar.
13